Por Martin Burgos

La nueva recesión mundial empezó a impactar sobre la actividad económica en Argentina. Ante esa perspectiva el gobierno decidió aplicar distintas restricciones a las importaciones, como las declaraciones juradas de importaciones, y reforzar otras como las licencias no automáticas, con el fin de defender la industria nacional.

Esa política comercial parece tener por objetivo cambiar la “función de producción” agregada: a través de un proceso de producción más orientado hacia la compra de insumos y partes nacionales, lo que se está tratando es de sustituir importaciones sin afectar el nivel de producción. Para lograr este objetivo, habría que sortear varios obstáculos, entre los cuales la falta de oferta nacional en varios rubros –herencia de los años de desindustrialización.

Paradójicamente, esa política conoce ciertas resistencias entre los mismos industriales, dado que afecta la decisión de las empresas y las empuja a cambios siempre traumáticos. Sin embargo, ante la perspectiva de la restricción de divisas que pesa sobre la macroeconomía, dicha política se hace necesaria y sin dudas resulta un mal menor.

Tan importante como las resistencias internas, las amenazas de represalias internacionales son a tener en cuenta. La OMC, institución creada en pleno apogeo del neoliberalismo, es la encargada de frenar todo intento proteccionista. No por casualidad la Unión Europea y Estados Unidos realizaron sus planteos contra nuestro país en dicho organismo, que en los hechos controlan. Si bien los planteos realizados en ese ámbito son discutibles, lo que hoy es discutido es la propia institución en un mundo donde las tensiones proteccionistas se incrementan.

En suma, el gobierno parece aprovechar el contexto económico mundial para introducir cambios en el ámbito industrial y comercial, que van en sentido de una mayor sustitución de importaciones.