Por Leandro Ziccarelli

La proximidad del juicio político a Dilma dispara la posibilidad de realizar una serie de reflexiones respecto de la política económica encarada, al menos, desde el comienzo de las últimas dos gestiones del PT. En esta línea argumentativa se encontrarán algunos indicios que fueron utilizados por la oposición, es decir, por el “frente anti-PT” constituido por el arco opositor de siempre y ahora también por los partidos otrora integrantes de la coalición de gobierno, donde se destaca el emblemático caso del PMDB, partido presidido por el mismísimo Michel Temer, vicepresidente de la nación. Al respecto, y pensando este ejercicio en clave comparativa con lo sucedido en nuestro país, vale destacar que ningún argumento político o económico logra justificar la escalada reaccionaria al que han llegado en Brasil la alianza entre las corporaciones, la justicia y la oposición política. Aún peor, la instrumentación de un juicio político como herramienta destituyente sienta un precedente antidemocrático peligroso para la región. Esta última cuestión pudo verse en la justificación de los camaristas a la hora de votar el “sí” al impeachment, la gran mayoría de ellos (por no decir la totalidad) apelaron a argumentos políticos, históricos, sociales pero nunca a la cuestión de fondo, que es la que deben probar: que la presidenta de la nación haya incurrido en un delito. Pero no un delito corrupción al que nos tienen acostumbrados los medios dominantes, sino al delito de violación de las normas fiscales.

Si bien generalmente los procesos políticos brasilero y argentino han sido comparados hasta el hartazgo, en materia de política económica ambos han transcurrido por carriles sustancialmente diferentes. La divergencia principal se materializó de manera clara con la crisis internacional de 2008-2009, donde Brasil aceleró el giro de su economía de la producción hacia las finanzas. En realidad, la crisis aceleró un lento pero sostenido proceso de financiarización y extranjerización al que estaba sometida la economía brasilera desde 2005. Los altos rendimientos en dólares garantizados por una tasa interna de referencia elevada y la apreciación del Real, las metas de inflación –que no son otra cosa que restricciones monetarias, es decir: anclas al crecimiento de la demanda agregada- y la disciplina fiscal fueron estandartes llevados adelante por los dos gobiernos de Lula que, sumados al desendeudamiento público, posicionaron a Brasil como un interesante destino financiero para los fondos que salían de las economías centrales ya en franca crisis. Estas medidas explican tanto el éxito financiero de Brasil, como el bajo nivel de crecimiento mostrado, llegando a promediar un máximo de crecimiento de apenas el 4% entre 2003 y 2007. Cuando uno observa el caso argentino, fácilmente encuentra las divergencias en una política cambiaria y de tasas inversa a la descripta para Brasil. En nuestro país se priorizó garantizar una tasa de interés real baja o negativa para fomentar el crédito interno a la par que se extendían las funciones estatales hasta la administración del comercio y los flujos de capitales. El resultado en este caso fue una tasa de crecimiento promedio del doble de la de Brasil (8%) pero con algunos desajustes macroeconómicos relevantes.

Lo cierto, es que ambos países lograron superar la crisis sin mayores complejidades, sólo que de formas diferentes. Brasil optó por financiarse vía cuenta capital (inversiones en cartera, directas o endeudamiento privado externo) y Argentina por extender los controles y fomentar la demanda agregada. En principio, la salida de Brasil resultó ser más exitosa puesto que el financiamiento externo llegó de manera masiva y permitió expandir el consumo financiado, mantener la producción y el tipo de cambio, mientras que nuestro país comenzó a tener problemas de diversas índoles en relación a la inflación, la falta de divisas y diversos inconvenientes financiero-cambiarios. Claro está que los problemas de nuestro país reflejaban una realidad genuina que surge de manera sistemática en los ciclos de expansión industrial y que puede ser asociada a la estructura productiva desequilibrada de nuestra economía, mientras que para el caso brasilero (donde la estructura productiva es similar) los problemas de restricción de divisas fueron aplazados con un incremento de la vulnerabilidad externa vía financiarización del balance de pagos y extranjerización de la estructura productiva, combinado con una tasa de crecimiento estructuralmente menos volátil, es decir: para este caso más baja.

En ese contexto de asume Dilma su primera presidencia en 2011, intentando compatibilizar ese proceso subyacente de financiarización y extranjerización económica con el mantenimiento de la inclusión social como política de Estado. Es durante su primer gobierno donde se modifica la política cambiaria devaluando el Real e se intenta re-impulsar la demanda agregada desde el BNDES (Banco de desarrollo de Brasil), la herramienta de política industrial por excelencia, y la permisión del comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento privado, tanto interno por parte de los hogares (para financiar consumo) como externo por parte de las empresas. Este último factor, el endeudamiento externo privado, fue comandado por las multinacionales a escala global con filiales en Brasil que durante los últimos años incrementaron su nivel de giro en descubierto con sus casa matrices para realizar dos procesos: en primer lugar, expandir sus dominios en destino, es decir: aprovechar la depreciación del Real para adquirir empresas en plaza; y en segundo lugar, financiar las importaciones intra-firma desde el resto de las filiales en los países centrales, en los cuales la demanda interna se desplomó durante la pos-crisis. En otras palabras, Brasil se expuso a la volatilidad de los mercados financieros internacionales para paliar la crisis y obtuvo a cambio una fuerte dinamización del proceso de financiarización y extranjerización económica.

Las promesas de campaña de Dilma de cara a su segunda presidencia en 2015, marcan a las claras los condicionamientos políticos y económicos que el modelo arrastraba consigo en la nueva coyuntura mundial. El trasladado de la crisis global desde Europa hacia los BRICS obligaba al país vecino a reformular su modelo económico de manera sustancial o a intentar buscar un paliativo al mismo. La estrategia del PT fue la segunda vía: mantener las alianzas políticas y entregar a la banca el manejo de la economía. La intención era evitar que la crisis financiera que azotaba a Rusia y China termine de impactar en Brasil; ya en un contexto de aceleración en la depreciación cambiaria, empeoramiento de las cuentas externas y fuga de capitales. Así fue que Joaquim Levy llegó a la cartera económica a modo de “guiño” para con el establishment financiero, con la ilusión de que el vuelco económico prometido logre alentar a los inversores extranjeros a seguir financiando a la economía brasilera.

El ajuste llevado a cabo durante 2015 fue el corolario político que necesitaba la oposición para sentar mejor las bases de su crítica al gobierno del PT. La brusca contracción económica, la reducción del gasto y las sucesivas devaluaciones del Real impactaron de lleno en todo el pueblo brasilero y lejos estuvieron de garantizar financieramente la continuidad del modelo económico: la fuga de capitales se magnificó, las calificadoras de riesgo le bajaron la nota al país, el roll-over de deuda se pospuso frenando en gran parte la demanda y la actividad de las multinacionales. Asimismo, la inflación alcanzó los dos dígitos por primera vez en más de una década y la pobreza se incrementó golpeando directamente el núcleo electoral del PT.

En este marco analítico, vale la pena volver a interpretar el impeachment como el último golpe al gobierno del PT, el corolario a un proceso político que no supo (hasta el momento) resolver el problema de fondo que le presentó su economía. El capital político de la oposición allí es, justamente, que lograron imponerle a fuerza de extorsión la aplicación de un ajuste a un gobierno popular, sin necesidad de hacerlo por propia mano. Caso contrario al de nuestro país, donde el kirchnerismo logró sostener su proyecto político y gobernar de manera soberana hasta el 9 de diciembre.

Para concluir, la fuerza diferencial que le dio al gobierno argentino la posibilidad política de no realizar el ajuste es la de haber luchado, de manera más o menos prolija y con menor o mayor éxito, contra el proceso subyacente de financiarización y extranjerización económica. La peor consecuencia para el derrotero del PT no sólo es la de estar hoy al borde de un golpe institucional, sino la de llevar en su haber para futuras elecciones la realización de un brutal ajuste por orden de terceros. La tarea parecería ser aprovechar esta crisis para retornar a los orígenes populares que supo tener el PT y que gran parte de sus dirigentes orgánicos, entre ellos Lula y Dilma, aún conservan.