Argentina: un país acreedor?

14/07/2011

Por Andrés Asiain*


Si uno le preguntara a cualquier hijo de vecino si los argentinos somos acreedores o deudores respecto al resto de los países del globo, la respuesta más probable es que conteste que somos deudores. Pero eso no es cierto: según la última información del INDEC sobre la Posición de la Inversión Internacional (PII), al finalizar el 2010 los residentes en Argentina tenían Activos Externos por u$s 238.443 millones, mientras que los extranjeros tenían activos en nuestro país por u$s 205.602 millones (o u$s189.130 millones si se toman los bonos de la deuda a valor de mercado y no el nominal). La diferencia a favor de los locales es de u$s 32.841 millones (u$s 49.314 millones con títulos de deuda a valores de mercado).

Pero, ¿qué significa ser acreedor neto? En primer lugar, sumar acreencias y deudas de diferentes actores sociales puede ser un indicador poco útil. En términos de poder económico, no es lo mismo tener dólares en los colchones como lo tienen muchas familias argentinas, que una empresa extranjera como Repsol YPF controlando el petróleo del suelo argentino, por más que el valor depositado en el interior de los colchones sume más que el de los activos de la compañía española. Por eso es conveniente discriminar quienes son los acreedores y deudores.

Empecemos por el sector público. En el año 2000, el Sector Publico (financiero y no financiero) era un deudor neto por u$s52.539 millones (u$s45.024 millones, tomando los títulos públicos a valor de mercado). En 2010, la deuda neta era de u$s15.057 millones (o se había transformado en un acreedor neto por u$s820 millones, si se contabiliza la deuda a valor de mercado). Este fuerte cambio en la posición financiera internacional del sector público se debe a la política de acumulación de reservas internacionales que pasaron de un piso de u$s10.476 millones en 2002 a un máximo de u$s52.190 millones en 2010. Este incremento permite al gobierno manejar el valor del dólar evitando sobresaltos desestabilizadores como los que terminaron con la convertibilidad. En este caso, el incremento de los activos externos en forma de reservas es una fuente de poder estatal que permite llevar adelante una determinada política económica con relativa estabilidad.

El otro elemento que cambio la posición financiera internacional del Estado nacional es el desendeudamiento externo. Los pasivos externos del sector público sumaban u$s85.121 millones (u$s77.553 a valores de mercado) en 2000. Diez años más tarde éstos habían descendido a u$s71.638 (u$s56.708 millones a valores de mercado). Ésta política de reducción de la deuda se dio en un marco de recuperación de la soberanía en el diseño de la política económica local, que dejó de ser la moneda de cambio de eternas refinanciaciones por parte de la banca extranjera acreedora y organismos como el FMI.

Pasando al sector privado local, una parte de los activos externos son las inversiones de empresarios argentinos en otros países, que han pasado de u$s 12.767 millones en 2002 a u$s 21.395 millones en 2010, mostrando el crecimiento de las inversiones extranjeras de grupos locales trasnacionalizados. El impacto sobre la economía local es difícil de predecir, dependiendo de si se trata de una inversión que permitirá expandir nuestras exportaciones al país receptor o bien repatriar futuras utilidades y dividendos, o se trata de una exportación de capital sin contrapartidas a futuros.

Otro componente importante de los activos externos, es el acumulado de lo que suele denominarse "fuga de capitales". Es decir, el ahorro de muchos argentinos que en lugar de invertirse en activos financieros locales - como ser un plazo fijo en pesos- lo hacen en acciones, bonos, inversiones inmobiliarias o monedas extranjeros (los famosos "dólares en el colchón"). Los capitales fugados tenían un valor estimado de u$s 109.166 millones en 2002,  y se calculan en u$s 172.888 millones en 2010.

Este incremento del capital fugado tiene múltiples explicaciones que van desde el cálculo económico de futuras ganancias especulativas ante una devaluación de peso que se juzga apreciado, hasta una "irracional" confianza en el dólar producto de pasadas historias de bruscas devaluaciones. Un ejemplo de lo poco que interviene a veces el cálculo económico en la fuga de capitales es que en el año 2008 -en plena crisis financiera internacional - se fugaron u$s 20.677 millones pese a que el valor de los activos externos fugados se estaban desvalorizando ampliamente por efecto de la crisis ocasionándoles pérdidas por u$s 12.685 millones.

Y la fuga de capitales es un problema grave ya que genera una fuerte presión sobre las cuentas externas, constituyéndose en un limitante para la construcción de un sistema financiero local. Muchas de las limitaciones institucionales heredadas de los años noventa para generar crédito interno con el que financiar las políticas públicas, la producción y el acceso a la vivienda, se sostienen en la amenaza de que la monetización de la economía local termine volcándose a la compra de dólares. Al respecto, el gobierno ha avanzado en algunas restricciones a la compra de divisas, pero estas son aún bastantes moderadas y de relativamente fácil elusión.

Yendo a los pasivos externos, uno de sus componentes es la inversión extranjera de las multinacionales en nuestro país cuyo valor pasó de u$s7.012 millones en el 2001 a u$s4.353 millones en 2010. Este descenso se explica por la pérdida de valor de las empresas extranjeras a partir de la devaluación y pesificación de las tarifas (en el caso de los servicios públicos), ya que el nivel extranjerización empresarial se ha mantenido a niveles muy elevados. Para el 2009, último dato disponible, el 65% de las 500 empresas más grandes del país eran extranjeras, y además concentraban el 75% de las utilidades de dicha cúpula. Y el impacto de la extranjerización no es sólo distributivo,  sino que las ganancias que se llevan, al irse en dólares, constituyen una pesada carga sobre las cuentas externas. Así, para el primer trimestre de 2011, el débito de utilidades y dividendos fue de u$s2.007 millones (sin contar las remitidas como intereses por autopréstamos, pago de patentes o sueldos de ejecutivos), lo que equivalió al 81% del superávit comercial de ese período. La fuerte exportación de utilidades es consecuencia lógica del alto nivel de ganancias empresariales en una economía extranjerizada, pero también muestra la necesidad de revisar la nula regulación sobre el capital extranjero que impone una legislación heredada de los tiempos de la última dictadura militar.

El último componente que nos queda son los demás pasivos externos del sector privado (préstamos, títulos y acciones). Éstos pasaron de un valor de u$s66.353 millones (a u$s63.151 millonesa valor de mercado), a u$s42.475 (u$s41.059 millones a valor de mercado). La disminución de la deuda externa privada da cuenta de las mayores dificultades empresariales de endeudarse en el exterior, y la opción que tomaron de financiarse con ganancias propias u aportes de capital (ya que el nivel de crédito interno a las empresas se ha mantenido a niveles muy bajos).

En resumen, las cuentas externas muestran que los activos externos de los argentinos valen más que el capital invertido por los extranjeros en nuestro país. En el caso del sector público, la mejora de su posición financiera externa es consecuencia del incremento de las reservas del banco central y la política de desendeudamiento. Ambas son piezas indispensables para el diseño de una política económica con autonomía nacional que evite ser sometido a la extorsión de los especuladores y sus ataques desestabilizadores.

Por parte del sector privado, reflejan que todavía no se ha logrado romper con los comportamientos de fuga del excedente local, por un lado, y búsqueda de inversiones externas, por el otro. Éstas dinámicas sociales se construyen sobre un sistema financiero cuyas reglas vienen de tiempos de la última dictadura militar y el menemismo. Las mismas pueden sintetizarse en reducidas restricciones a la salida de capitales, ausencia de regulación sobre el capital extranjero y baja intervención estatal en la creación y dirección del crédito interno. Su modificación puede ser una forma de "profundizar el modelo".

*Andrés Asiain es economista, investigador del departamento de economía política y sistema mundial del CCC, del CEMOP-Madres de Plaza de Mayo y docente de la Catedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.

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