Por Martin Burgos

El aspecto económico más importantes del neoliberalismo en su faceta financiera es la creciente deuda externa de los estados nacionales y el tamaño de la fuga de capitales del sector privado, ambos íntimamente ligados en una relación en la cual el sector privado se queda con las ganancias y la población se queda con la deuda.

La dimensión notable de la fuga de capitales a partir de los años setenta refleja la dolarización de los grandes agentes financieros a nivel mundial, solo se puede financiar mediante las inversiones extranjeras, las privatizaciones y, en última instancia, la deuda externa. Esta modalidad implica que la restricción externa, desde entonces, se volvió principalmente financiera antes que productiva.

Esta problemática, que retoma vigencia con la relevación de las cuentas de los grandes empresarios en los paraísos fiscales, es una de las fuentes de desestabilización de los países periféricos. Luego de que los países tomen consciencia del problema de las reestructuraciones de deuda externa con la presencia de los fondos buitres, lo que llevó a tomar una resolución fundamental en la ONU, ahora parece que los sindicatos siguen con preocupación la situación que, en última instancia, termina en ajuste y reducción salarial.

La semana pasada se desarrolló en Puerto Rico el seminario “Deuda pública, un problema global: Experiencias internacionales y la situación de Puerto Rico” organizado por la organización de sindicatos Internacional de Servicios Públicos, en la cual diversas exposiciones nos permitieron comparar las realidades de Islandia, Grecia y Argentina con la situación del país anfitrión.

En efecto, Puerto Rico tiene una deuda que asciende a 70 mil millones de dólares, casi 100% de su PBI y el gobierno reconoce que los vencimientos de junio serán impagables. En este escenario, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le prohibió reestructurar su deuda mientras que el congreso estadounidense tiene preparado un proyecto de ley para implementar una “Junta de control fiscal”, es decir en la práctica, una intervención política en ese Estado libre Asociado cuyo único fin es poner en marcha medidas de ajuste fiscal.

Como lo comentó Bodo Ellmers, de Eurodad, Puerto Rico y Grecia tienen en común el hecho de no controlar su Banco Central, y por lo tanto se ven imposibilitados de hacer política monetaria a la vez que déficit fiscal y endeudamiento público “externo” se encuentran muy ligados. En ambos casos, vemos que la deuda va creciendo a pesar de los sucesivos recortes implementados estos años en el gasto público: la principal razón está en que la recesión achica la economía y la recaudación tributaria. A esta problemática, Puerto Rico le agrega que cobra muy pocos impuestos, lo que lo ubica en el listado de los principales “paraísos fiscales” del mundo. Ante esta situación, las alternativas que se presentan son una auditoría de la deuda -como fue el caso de Ecuador-, y/o una reestructuración al estilo argentino o islandés.

Tal como lo comentó durante el evento el diputado Ogmundur Jonnason, que fuera ministro de varias carteras entre 2009 y 2013, Islandia atravesó un proceso peculiar en el cual la hipertrofia de su sistema bancario en 2008 quedó reducida a su mínima expresión en la actualidad, y gran parte de sus sistema bancario fue nacionalizado -es decir que se estatizaron los activos y no los pasivos, como ocurrió en otros países desarrollados. En cuanto a los pasivos de esos bancos respecto de residentes extranjeros, quedaron defaulteados y causaron grandes pérdidas para los capitales que buscaban mayores tasas de interés en la isla. Luego de un acuerdo de stand-by con el FMI, se implementaron severos controles de capital, la creación del ombudsman de la deuda, un mayor control al sistema bancario, aumentos de impuestos pero también recortes en los gastos públicos -aunque no en salarios. Luego de un largo período de gobierno de la izquierda surgida de las revueltas del 2009, la vuelta del partido progresista al gobierno en 2013 acaba de terminar en un escándalo involucrando al primer ministro Gunnlaugsson por las cuentas bancarias que revelaron los Panamá Papers.

En los casos argentinos e islandeses, fue notable la recuperación del empleo y del crecimiento económico luego de sus respectivos default, muy por encima de los promedios latinoamericanos y europeos. El fallo de Griesa tiene el notable efecto de dificultar toda reestructuración de deuda dado que el incentivo de todo acreedor es de judicializar toda suspensión de pago y cobrar la totalidad de lo adeudado, antes que aceptar una quita a través de una reestructuración. Puerto Rico podría ser uno de los primeros Estados en conocer las consecuencias de este nuevo diseño jurídico financiero, y ya se informa que los fondos buitres tendrían comprado 40% de la deuda por defaultear.

Si bien la resolución de la ONU realiza un aporte sustancial, también tiene sus límites, dado que vale para toda deuda que se emita a partir de la fecha de aprobación por los parlamentos de cada país: sabiendo que las principales plazas financieras votaron en contra de la resolución, es posible que no la aprueben fácilmente y que en la práctica se obstaculice su funcionamiento. Es por eso que la declaración final de la Internacional de Servicios Públicos marca el involucramiento de los sindicatos, instando a poner la reestructuración de la deuda pública como prioridad en la agenda global, además de mostrar su solidaridad al pueblo de Puerto Rico frente a los fondos buitres y las medidas de austeridad que le quiere imponer el poder estadounidense.