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Al disminuir las partidas presupuestarias para educación, el Gobierno de la Ciudad pone en peligro el cumplimiento de su deber constitucional de asumir la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. (Art. 24 – Constitución de la Ciudad)

Sin presupuesto adecuado es imposible garantizar el derecho del pueblo a la educación. No avalemos con nuestro silencio la violación de una obligación constitucional

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