Recordar, resistir, construir: La restauración del Modelo Neoliberal Financiero nos exige ser memoriosos

18/01/2016

La restauración del Modelo Neoliberal Financiero nos exige ser memoriosos

A comienzos de la década del ´90, una de las placas rojas de Crónica TV difundía el vaticinio del entonces presidente constitucional sobre la superación de los problemas que afectaban al país.

La receta que se aplicó para recuperar la grandeza de la Nación y la felicidad de su Pueblo fue la apertura de la economía, el endeudamiento externo,  el achicamiento del Estado. Muchos de los que creyeron que estábamos mal, pero íbamos bien, a fines de 2001 asistieron desconcertados a la implosión del modelo que los dejó sin plata y sin fe 1. Pero a diferencia de entonces, su actual revalval nos encuentra a los argentinos con mucho para perder. Basten algunos datos sobre la situación que hallaron al asumir sus cargos los presidentes Kirchner y Macri




  2003 2015
DESOCUPACIÓN POBREZA PBI ADEUDADO RESERVAS 25 (%) 54 (%) 160 (%) U$S 10 MM 7 (%) 10 (%) 30 (%) U$S 27MM

En el contexto de las políticas en desarrollo desde el 10 de diciembre pasado, nuestro Grupo de Reflexión se propone analizar en qué medida favorecerán o dificultarán la expansión de prácticas pedagógicas emancipadoras en la escuela pública, cuestión de la que nos venimos ocupando desde 2011 El primer hecho a considerar es la modificación de la Ley de Ministerios por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 13/2015. Según su Considerando los cambios introducidos propenden a la adecuación de la organización ministerial a los objetivos propuestos para cada área de gestión con el fin de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública. En lo que respecta a educación (Art. 23 quater), el Ministerio respectivo asistirá al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en lo referente a su área “de conformidad a lo establecido por la Ley N° 24.195, Ley Federal de Educación” sancionada en 1993 y derogada por el artículo 132 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que desde 2006 regula el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender en todo el país El Ministro Esteban Bullrich calificó, ante los cinco gremios docentes nacionales, de “error involuntario” enmarcar la política educativa del nuevo gobierno en una ley carente de vigencia que implicó en su momento concebir a la educación como un servicio y no como un derecho humano y una necesidad social En declaraciones al diario El Litoral, Ana Lorenzo evaluaba los resultados de diez años de aplicación de la Ley Federal diciendo: “Nos legó palabras, axiomas y principios del neoliberalismo que siguen circulando: oferta educativa, demanda, usuario de la educación, estandarización de conocimiento, monitoreo y gestión de la educación, auditoría pedagógica, producto, competitividad, eficacia, eficiencia, calidad y equidad. Estas palabras no son neutras, construyen categorías de pensamiento y esconden ideas peligrosas, entre ellas, que la educación es un servicio susceptible de ser comprado en el mercado” Susana Vior, en el debate convocado en 2005 por el Plan Fénix en vísperas del segundo centenario,  sostenía que como consecuencia de políticas educativas neoliberales pasamos de un sistema educativo homogéneo a una triple red constituida por una educación de elite, una educación pública y privada sostenida en parte por el Estado y por la familia y una educación pública de carácter asistencial en la que los alumnos aprenden a ser pobres Pablo Imen en mayo de 2002 señalaba que la Ley Federal marcaba la culminación de un largo proceso histórico por el cual el derecho social  a la educación mutó en dos fenómenos escindidos provocados desde la política educativa: conocimiento como mercancía para los que puedan pagar y escuelas como depósitos y comedores para los pobres. Ese proceso, continúa Imen, se desarrolló mediante dos mecanismos simultáneos de desresponsabilización del Estado Nacional en la prestación educativa: transferencia de escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales, iniciado por el golpe cívico militar de 1955, continuado por las dictaduras de Onganía y de Videla y Martínez de Hoz  que culmina con la Ley de Transferencias de 1991, que traspasó todo el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario no universitario. El otro mecanismo fue la progresiva ampliación de atribuciones a la educación privada que la Ley Federal denominó “servicio educativo de gestión privada”, a cargo de la Iglesia Católica y demás Confesiones Religiosas, las Sociedades, Asociaciones, Fundaciones y Empresas con personería jurídica y las Personas de existencia visible, a las que se les reconoció por primera vez en nuestra historia el derecho a formular planes y programas de estudio, otorgar certificados y títulos reconocidos y participar en el planeamiento de la educación La evocación de la oprobiosa década del ´90 no es gratuita ya que anticipa las consecuencias esperables del retorno a una economía real caracterizada por la desindustrialización, la concentración y la extranjerización. En este contexto, enmarcar la educación en las prescripciones de la Ley N° 24.195/93 y complementarias no es un “error involuntario” sino, en el mejor de los casos, un lapsus que desnuda las intenciones de un Estado que ha quedado en manos de los dueños del país Que no lo logren dependerá de nuestra capacidad para recordar, resistir y construir Marta Marucco

Compartir en

Añadir nuevo comentario

Image CAPTCHA