¿Cómo se legitima la desigualdad? Desigualdades y tipos de justicia distributiva. Por Pablo Villarreal

20/12/2019

Desigualdad y tipos de justicia distributiva. Articulaciones político-ideológicas en la Argentina actual

Pablo Villarreal

Introducción

En su discurso de asunción ante el poder legislativo, el presidente Alberto Fernández mencionó en varias oportunidades la idea de justicia social y la constituyó como uno de los pilares que van a marcar el rumbo de su gobierno. En ciertos pasajes clave de su alocución, Fernández sostuvo que intentará erigir un “Estado presente y constructor de justicia social”, que sea solidario con los más postergados en tiempos de crisis y desde el cual se debe incluir empezando “por los últimos para luego llegar a todos”. También señaló que uno de sus principales objetivos será lograr el desarrollo con justicia social, pero comenzando por lo más inmediato: combatir la pobreza y el hambre.

Fue precisamente esa la temática que dominó el último tramo de la campaña electoral en Argentina, luego de que se dieran a conocer nuevos datos oficiales que indicaban un aumento considerable de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. Esto avivó las críticas a las promesas incumplidas del macrismo y la brutal transferencia regresiva de los ingresos que llevó adelante: la promesa de pobreza cero terminó en una tasa del 35,3%, (último registro INDEC) que afecta a unos 15,9 millones de argentinos, al tiempo que las medidas económicas que beneficiaron a los sectores de mayor poder adquisitivo terminaron por generar un rebote en la desigualdad, que había tenido una tendencia decreciente durante el kirchnerismo. Esto último vale para Argentina, pero también para la mayor parte de América Latina: durante los primeros años del siglo XX, la tendencia dominante en la región fue de una importante reducción de las desigualdades. Los estudios sobre el tema señalan una combinación de factores que explican esa tendencia, como el aumento de los precios internacionales de la commodities, los cambios en el mercado laboral –tanto por el lado de la oferta como de la demanda–, la aparición de programas de transferencias condicionadas o, en general, la orientación política de los gobiernos.

Sin embargo, es posible abordar el problema del reciente aumento de las desigualdades desde otro ángulo y preguntarnos como se justifica ideológicamente una distribución regresiva del ingreso como la que ha tenido lugar en Argentina durante los últimos años. En este sentido, nos interesa pensar la forma en que se relacionan las identificaciones políticas e ideológicas con respecto a los modos de la justicia distributiva. En especial, nos interesa comprender cuándo surgen con mayor fuerza los posicionamientos anti-distribucionistas que rechazan la intervención del Estado, cómo se relacionan con el punitivismo y el autoritarismo social, y como se han articulado estas posiciones ideológicas con las identificaciones políticas en el proceso electoral argentino. Este informe es un intento por dar respuesta a esas preguntas, señalando que el nuevo plan económico de Alberto Fernández, centrado en fortalecer el mercado interno y apalancar el crecimiento vía mayor distribución de los ingresos y aumento de la capacidad de consumo, deberá lidiar no solo con la escasez de recursos derivada de la persistente restricción externa, el endeudamiento elevado, el escaso margen para el gasto estatal o la resistencia de los grupos sociales de altos ingresos a perder sus privilegios, sino también con un clima cultural en el que los discursos anti-distributivos, anti-estatales, meritocráticos y competitivos constituyen el sentido común de amplios sectores de la sociedad.

 


 

1.- Distribución regresiva del ingreso y desigualdad durante los últimos años

Para tener en claro los procesos socioeconómicos sobre los que vamos a hablar, comencemos por ver la magnitud de la distribución regresiva del ingreso en los últimos cuatro años: en el gráfico N°1 se observan las series para la pobreza, la indigencia y la desigualdad medida en coeficiente de Gini1

 


Los datos de pobreza, indigencia y coeficiente GINI para los años 2016-2019 son tomados de las bases de datos del INDEC. Los datos del coeficiente GINI para los años 1999-2017 son construidos a partir de una combinación de las bases del Banco Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).

 

Para todos los casos, se observa durante los últimos años una tendencia a la regresión en las cifras, llegando en 2019 a una pobreza del 35,3%, una indigencia del 7,7% y un índice de Gini de 0,447. Lo interesante aquí, sin embargo, es observar las tendencias y comprender lo que ellas nos dicen sobre los procesos en el largo plazo. En primer lugar, se observa que durante los 12 años kirchneristas se da un proceso de reducción constante de las tres series de datos, con una leve meseta hacia el final, dado el estancamiento económico posterior a la crisis financiera global del 2009. Para el año 2015, el coeficiente Gini alcanzaba cifras similares a las del año 1979, es decir, una retracción de 36 años en los niveles de desigualdad.

En segundo lugar, los cuatro años de política económica macrista dejan como resultado final un evidente deterioro de las variables analizadas. Es sorprendente ver que en todos los casos, las cifras retroceden unos 10 u 11 años, alcanzando niveles similares a los del bienio 2008-2009, marcados por el enfrentamiento entre las patronales del campo y el inicio de la gran recesión global.

 

 

 

En el gráfico N°2 observamos la contraparte de este aumento de la desigualdad a partir de lo sucedido con los ingresos, donde se hace evidente una brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, medido en términos del salario promedio del sector privado (SPSP) y el salario mínimo vital y móvil (SMVM). El SPSP comienza la serie en unos USD 1127, después mejora levemente hasta noviembre de 2017, cuando se única en los USD 1468, y luego comienza a decaer de manera definitiva. El valor más bajo lo alcanza en septiembre de 2018, cuando se ubica en los USD 814, y al final de la serie se estaciona en USD 951, lo que significa una caída para toda la serie del 15,6%. Este proceso singular adquiere sentido si pensamos que los trabajadores registrados están más protegidos que los demás del proceso inflacionario, aunque está claro que no pudieron resistir los efectos de la crisis de mediados del 2018, que terminó por erosionar su poder adquisitivo. En cuanto al SMVM, muestra una tendencia mucho más lineal a la baja. Comienza con un pequeño crecimiento durante el primer año del macrismo para luego empezar a caer y llegar a los USD 261 al final de la serie, lo que implica una caída del 38,9% y niveles similares a los de la salida de la convertibilidad.    

El cuadro se completa si observamos estos cambios en el poder adquisitivo, la pobreza, la indigencia y la desigualdad a la luz de los procesos económicos que beneficiaron a los grandes actores económicos y a los sectores de mayores ingresos. Vamos a encontrar la interacción de al menos cuatro elementos que influyeron en la dinámica de distribución regresiva: el proceso inflacionario, que para todo el período del macrismo alcanzó un promedio anual cercano al 42% y se estima que el acumulado total puede superar el 170%2, lo que afectó gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, más teniendo en cuenta que la puja distributiva se resolvió en favor de los grandes empresarios; la instauración de una bicicleta financiera y tasas de interés exorbitantes que vaciaron de recursos a la economía real y favorecieron a los capitales especulativos; el creciente endeudamiento externo, que alcanza unos MUSD 283.600 al segundo semestre del 20193; endeudamiento que sirvió sobre todo para financiar la fuga de capitales, que para todo el período del gobierno de Cambiemos llegó a una cifra acumulada de MUSD 82.100 lo que significa un 456% más que el total acumulado para el período 2012-20154.

 

Datos del OPP de la UNDAV: http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/25342.pdf

Datos del INDEC: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/bal_09_19BAE8FB4C93.pdf

4 Datos del OPP de la UNDAV: http://undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/25342.pdf

 

Ahora que hemos detallado la magnitud de la distribución regresiva del ingreso operada por el macrismo, volvamos a la cuestión central de nuestra reflexión, la desigualdad. Antes habíamos mencionado que durante las primeras décadas del siglo XXI y por lo menos hasta el retorno de los gobiernos de derecha a la región, los niveles de desigualdad en los países latinoamericanos habían presentado, por lo general, una tendencia a la baja. En el gráfico N°3 podemos observar la evolución de la desigualdad en algunos países latinoamericanos, a los que sumamos los casos de Canadá y Estados Unidos5.

Tal como venimos diciendo, los países latinoamericanos presentan tendencias a la baja durante todo el período, con excepción de Brasil a partir del año 2016, lo que está asociado a la crisis económica y el paquete de medidas de ajuste estructural aplicado por Michel Temer. Dentro de este grupo seleccionado, es destacable lo que sucede con Ecuador, que arranca la serie con una desigualdad similar a la de Brasil y termina ubicándose cerca de los Estados Unidos. Por el otro lado, Canadá y Estados Unidos tienen una menor volatilidad que los países latinoamericanos, pero están inmersos en proceso de aumento constante de la desigualdad. Este problema ya había sido señalado por Barack Obama durante su discurso sobre la Unión del 2012, dónde defendió la idea de un país más equitativo, con un “capitalismo domesticado” y un Estado capaz de nivelar las desigualdades sociales. A eso lo había conceptualizado como una mayor “justicia económica”6.

 


 

Para aquellos países donde la información es esporádica, ya que no presentan una medición de la desigualdad para todos los años, agregamos una línea de tendencia que nos permite tener una idea más clara de la trayectoria de la desigualdad en el largo plazo.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20120125/54245842305/discurso-union-barack-obama.html

 

Ahora bien, si los trabajos canónicos sobre la reducción de la desigualdad en América Latina sostienen que las explicaciones posibles incluyen modificaciones en el mercado laboral, las transferencias condicionadas, el aumento del precio de los commodities o la orientación política de los gobiernos, ¿podemos nosotros decir algo más al respecto?, ¿qué hay de las justificaciones o rechazos con respecto a estos procesos de distribución progresiva del ingreso que aparecen en la sociedad?, ¿con qué posiciones políticas se articulan? Vamos a tratar de complejizar estas lecturas abordando el campo ideológico-político en torno a la problemática de la desigualdad. Para empezar, a partir del gráfico N°4, vamos a encontrarnos con el nivel de anti-distribucionismo en los países seleccionados, entendido como el desacuerdo con la frase “El Estado debería implementar políticas fuertes para reducir la desigualdad”.

Lo llamativo es que en todos los países donde se registra una disminución de la desigualdad, se genera también un crecimiento de las posiciones anti-distribucionistas. Al contrario, en los países donde hay aumentos de la desigualdad, disminuyen las posiciones anti-distribucionistas. Por ejemplo, si antes habíamos destacado el proceso de caída de la desigualdad en Ecuador, aquí también llama la atención el notable crecimiento de las posiciones anti-distribucionistas en esa sociedad, que pasan del 7% en 2010 al 21,4% en 2016. Brasil, por su parte, realiza un recorrido bastante similar al de Ecuador, pasando del 7,6% en 2007 a un 18,7% en 2016. Finalmente, en Chile el anti-distribucionismo se mantiene estable hasta el 2014 para luego aumentar durante el último bienio de la serie.

 

 

El caso chileno merece una mención especial. La caída de la desigualdad en la última década es uno de los datos que alimentó la imagen de “ejemplo a seguir” como modelo neoliberal, mientras que el aumento de las posiciones anti-distributivas nos habla de una sociedad en la que los valores neoliberales parecían haber ganado el sentido común. Estos datos entran en contradicción con la coyuntura actual en Chile, donde las protestas en contra del modelo económico y el régimen político llevan casi dos meses ininterrumpidos; y en la medida en que una de las principales razones por las cuales se producen los levantamientos de los sectores populares es el elevado nivel de desigualdad. Al respecto, hemos de señalar algunas cuestiones: el nivel de desigualdad de ingresos en Chile, aunque con una tendencia a la baja, continúa siendo elevado. Es cierto que el nivel de desocupación es bajo –7,0% en 2019 según el INE–, pero a costa de una creciente precarización, ya que casi un tercio de los trabajadores está bajo el régimen de subcontrataciones. Esto produce una gran segmentación social en un país donde los bienes y servicios están en gran parte mercantilizados. En este sentido, es necesario decir que los coeficientes que miden las brechas de ingreso representan una de la dimensiones más visibles de la desigualdad y son importantes para comprender las tendencias en una sociedad, pero no dan cuenta de otras dimensiones de la desigualdad que permanecen ocultas, como aquellas que están relacionadas al género, el hábitat, la salud o la educación. En la actualidad, son esas otras formas de la desigualdad las que están siendo rechazadas de manera masiva por los sectores populares chilenos, en especial las territoriales, las de género, de oportunidades y participación política.         

Luego tenemos a Canadá y Estados Unidos. Ambos inician la serie como los países más anti-distribucionistas, con Estados Unidos en un 41,1% acorde a su tradición cultural y económica de libre mercado, mientras que Canadá tiene un más modesto 20,2%. Hacia el final de la serie, Estado Unidos reduce de manera leve sus posiciones anti-distribucionistas y se ubica en un 37,8%, pero Canadá retrae drásticamente su anti-distribucionismo para ubicarse en 11,9%, un nivel similar al de Argentina. 

En nuestra sociedad se observa un devenir más sinuoso. Para una historia política y económica que ha reservado siempre un rol relevante para el Estado, es coherente un nivel bajo de anti-distribucionismo al inicio de la serie. Sin embargo, del año 2008 al 2010 pasa de 5,6% a 10,9%, lo que sin dudas está asociado con el efecto sobre las posiciones ideológicas y los discursos en contra de la intervención estatal que tuvo el conflicto entre el gobierno y el campo del 2008. Luego, en el año 2012 vuelve a bajar hasta el 5%, quizás debido al éxito de las políticas anti-cíclicas aplicadas por el gobierno de CFK en respuesta a la crisis financiera global. Finalmente, hasta el 2016 se ve un incremento que llega al 11,7%, lo que es acorde al estancamiento económico de los últimos años del kirchnerismo y la rearticulación de un bloque neoliberal que se mostró abiertamente anti-estatal.  

Nuestra primera hipótesis es que el momento presente, con imaginarios sociales dominados por una profunda aversión a la redistribución de los ingresos y la riqueza, y más aún si es llevada a cabo por la intervención estatal, es el corolario de los sentidos y los discursos sobre la justicia distributiva que se gestaron al fragor de los conflictos del bienio 2008-2009. Estamos hablando de un largo período que culmina con el aumento de la desigualdad durante el macrismo, y que es la expresión de esa tendencia creciente en la demanda de una igualdad meramente de oportunidades, una retracción en el rol distributivo del Estado y una justicia distributiva basada en los mecanismos del libre mercado. La demanda por la igualdad de oportunidades suena muy bien para los oídos ubicados en la superficie del sentido común, pero como se sabe, implica la omisión y el ocultamiento de las inequidades sociales pre-existentes que hacen que el punto de partida no sea el mismo para todos y que, por lo tanto, la igualdad de oportunidades no sea realizable en los hechos. La igualdad de oportunidades no es más que un bello ideologema que nos deja a los pies de la competencia laboral en el mercado. Por eso mismo, hemos vivido un clima cultural en el que fueron hegemónicos los discursos sobre la importancia del esfuerzo individual, la meritocracia y la desigualdad como un incentivo a la productividad. Y en este contexto, no es extraño que entre los mitos sobre el ascenso social, la posición primordial la ocupe la figura del emprendedor.

 

 

Los vínculos entre posicionamientos ideológicos, afinidades políticas y justicia distributiva se desplegaron en los últimos años a través de una serie de representaciones que funcionaron como espejos invertidos. La primera de estas inversiones está relacionada con la tendencia de la desigualdad en América Latina en general y Argentina en particular: mientras que numerosos economistas, políticos e intelectuales han subrayado como preocupante el aumento de la desigualdad en los países avanzados a partir de mediados de los ’70, período histórico que coincide con la irrupción del neoliberalismo y la modificación de la relaciones sociales y productivas que caracterizaban al capitalismo del Estado de Bienestar; en América Latina esa tendencia ha sido revertida durante los primeros tres lustros del siglo XXI. Tanto en Argentina como en la mayoría de los países latinoamericanos, la tendencia ha sido la de una reducción progresiva de la desigualdad.

Sin embargo, mientras que en los países centrales la preocupación por el aumento de la desigualdad se ahondaba; en América Latina y Argentina comenzaban a aparecer discursos que se hacían eco de una profunda aversión hacia la distribución de los ingresos y la búsqueda de una mayor igualdad, justo cuando se estaban dando los mejores resultados en la materia. Esto constituye el segundo espejo invertido del que hablamos. Para nuestro país es necesario tener en cuenta que estos discursos anti distributivos tomaron mayor fuerza luego del conflicto entre el gobierno y el campo con respecto a la resolución 125, conflicto que visto con agudeza, puso en evidencia el carácter históricamente distributivo de los conflictos socioeconómicos de Argentina.

 

 

Esa confrontación, un momento de lucha político-económica excepcional, constituye el tercer espejo invertido: si hasta el momento las grandes conflictos que habían marcado el triunfo del neoliberalismo y el doblegamiento del campo popular en su intento de sostener relaciones de producción más igualitarias se habían caracterizado por grandes enfrentamientos entre gobiernos neoliberales y actores socio-económicos que resistían las reformas; en este caso particular, el enfrentamiento se dio entre un gobierno que sostenía el retorno a relaciones sociales de solidaridad en el marco de un Estado de Bienestar dañado y patronales que sostenían la necesidad de abandonar esas prácticas de construcción de ciudadanía para retomar la senda del libre mercado y la pasividad de la intervención estatal que habían caracterizado a los años anteriores. Es posible afirmar, salvando las distancias históricas, que esa disputa entre gobierno y “campo” fue una especie de reflejo invertido de los enfrentamientos de Ronald Reagan con los controladores aéreos y de Margaret Thatcher con los mineros británicos. 

En este sentido, podríamos ubicar al año 2008 como el punto de partida de una reacción autoritaria frente a la redistribución progresiva de los ingresos. Es en ese momento cuando se empiezan a generar discursos sobre la desigualdad social y la intervención del Estado que sirven para justificar la resistencia a la pérdida de privilegios por parte de los sectores más acomodados. El conflicto del 2008 es un momento de quiebre en el que los discursos y la ideas que sostenían la necesaria intervención del Estado en la economía para redistribuir recursos, que se habían erigido como hegemónicos luego de la salida productivista a la crisis del 2001, se vieron seriamente cuestionados e impugnados. A partir de entonces, fueron tomando fuerza y espacio en la opinión pública los nuevos discursos anti-distributivos que, a la larga, terminaron por articularse con las nuevas formas de autoritarismo social y punitivismo. La estela que ha dejado ese conflicto, por lo tanto, puede verse hasta nuestros días.

 


 

2.- Justicia social vs justicia de mercado  

 

A partir de la instauración del Estado de Bienestar, en principio como salida de la gran crisis norteamericana del ’30 bajo la forma del new deal, y luego extendido como forma de capitalismo dominante durante la posguerra, asistimos a la coexistencia conflictiva de dos modelos de la justicia distributiva: la justicia social y la justicia de mercado. La historia del capitalismo durante el siglo XX y el actual resurgimiento del autoritarismo devenido en neoliberalismo punitivo, pueden abordarse desde esta puerta de entrada.

En esta dicotomía, la justicia de mercado es el criterio de justicia distributiva a partir del cual se piensa lo justo como un emergente de la repartición de los resultados de la producción social en función de las prestaciones individuales realizadas por los individuos en el mercado, expresadas en sus precios relativos. El criterio de recompensa y jerarquización social es el desempeño de las personas medido en su productividad marginal. En el modelo de justicia social, en cambio, lo justo está determinado por normas establecidas políticamente de manera colectiva antes que por contratos entre privados en el mercado. Por lo tanto, sigue una concepción colectiva de justicia, imparcialidad y reciprocidad, a partir del reconocimiento de derechos civiles y humanos, cuyos ejemplos tradicionales son el acceso a la salud, la seguridad social, la participación en la vida de la comunidad, la protección del empleo y la organización sindical.

En la justicia social, la justicia se piensa como el resultado de una construcción social, por lo tanto, se constituye en el conflicto y está sujeta a cambios históricos. Lo que es justo socialmente surge de la movilización política y se regula a través de instituciones sociales formales. Todo esto, por lo tanto, está mediado por el contacto permanente con el otro, reconociendo sus carencias y necesidades. En la justicia de mercado, en cambio, la justicia es concebida como el resultado de reglas de orden general que son a-históricas y socialmente descontextualizadas: se basa en la teoría económica ortodoxa según la cual el mercado recompensa productividades y asigna precios que representan el punto de equilibrio del mercado, o lo “justo”. Por esta razón, la justicia de mercado se presenta como una justicia natural en la que el contacto con otros se reduce a la competencia en el mercado. De ahí que los discursos que impugnan la justicia social como un modo de “ensuciar” el libre juego de las fuerzas del mercado, sean también aquellos que resaltan valores como el mérito, el individualismo o la aversión a la intervención redistributiva del Estado.

 

 

Una de las consecuencias de la expansión del neoliberalismo desde los ’70 en adelante es la hegemonía de la justicia de mercado y el consiguiente aumento de las desigualdades que produce. La desigualdad es una de las formas primordiales de las relaciones en los mercados desregulados. Si la exigencia es un individuo cada vez más competitivo, esa competencia no tendría sentido sin un amplio nivel de desigualdad que le permita, al menos en el nivel imaginario, ocupar posiciones en la jerarquía social que lo diferencien de los demás y justifiquen los esfuerzos. Por eso mismo, la ideología neoliberal de competencia y responsabilización absoluta, termina por rechazar criterios de justicia otros que los del mercado.

El avance de la lógica neoliberal y la absolutización de los valores de mercado a todas las instancias de la vida humana, incluso hasta ocupar el “alma de los ciudadanos” conlleva, entre muchas otras consecuencias, a un creciente malestar social con las políticas redistributivas del Estado. En este sentido, para que una distribución regresiva como la que tuvo lugar en Argentina durante los últimos cuatro años efectivamente se produzca, no solo es necesario un gobierno de corte neoliberal que la lleve adelante, sino también la legitimación por parte de un amplio sector de la sociedad que acepta y toma como propio el criterio de justicia de mercado que justifica desde las bases esa distribución regresiva del ingreso.

 


 

3.- Justicia distributiva, punitivismo y autoritarismo

Ahora bien, ¿Qué podemos decir de la sociedad Argentina desde este clivaje político-ideológico sobre la distribución del ingreso? ¿Cuáles son las demandas sociales  a los que este aumento de la desigualdad ha respondido? ¿Qué otros discursos y posicionamientos políticos se enlazan hoy con esta aversión a la igualdad? A partir de estas preguntas, vamos a rastrear como es la correlación de fuerzas actual entre los modelos de justicia de mercado y justicia social en nuestra sociedad, cuáles son las afinidades e identificaciones que tiene cada modelo con los posicionamientos políticos y cuáles son las articulaciones que se presentan con otros discursos sobre lo social, en especial aquellos que forman parte de la nueva ola punitiva y autoritaria.

El primer acercamiento que vamos a realizar se basa en los datos del gráfico N°5. Allí podemos ver la distribución porcentual entre las diversas posiciones con respecto a la justicia distributiva, construidas a partir de la combinación de respuestas de los encuestados a preguntas que buscan rastrear su nivel de acuerdo con frases que denotan anti-sindicalismo, individualismo, oposición a la intervención distributiva del Estado por medio de planes sociales y el reconocimiento de la importancia de la solidaridad en los logros personales7.

 

 

La mayor cantidad de encuestados se pronuncia a favor una justicia de mercado moderada (JMM), con el 41,3% del total, luego le sigue la justicia de mercado intensa (JMI) con 26,4% y solo después aparecen las posiciones a favor de una justicia social moderada (JSM), con 22,8%, y una justicia social intensa (JSI), con apenas 9,5%. Finalmente, si sumamos las posiciones a favor de la justicia de mercado, nos encontramos con un amplio 67,7%.

 

Los datos aquí presentados surgen de la encuesta realizada por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia (GECID-IIGG), que abarcó la provincia de Buenos Aires, durante la última semana de mayo de 2018, con un total de 1800 encuestas (IVR). En función del tamaño, los errores muestrales correspondientes son de +/- 2,3%  para el total de la Provincia de Buenos Aires. Ver http://gecidiigg.sociales.uba.ar

 

Estos datos nos dan el pie para formular nuestra segunda hipótesis: si en la Argentina se intensificaron las críticas a la intervención distributiva por parte del Estado justo cuando los niveles de desigualdad presentaban una tendencia a la baja; y si esas posiciones articularon una base social que apoyó y legitimó cuatro años de distribución regresiva del ingreso, es porque se han mantenido sedimentados en el sentido común imaginarios de corte neoliberal donde el criterio de justicia de mercado ocupa aún un lugar preponderante. Estos imaginarios modulan con dos formas de posicionamiento social que se han extendido en nuestras sociedades durante los últimos años: el primero es de corte conservador y se traduce en un temor al avance de la democratización del consumo que tuvo lugar durante los años de gobierno popular, en la medida en que cuestiona el statu quo y trastoca las posiciones en la jerarquía social que habían sido previamente establecidas; por otro lado, articula muy bien con los discursos que demandan “reglas de juego claras” y el “normal funcionamiento” de una sociedad, funcionamiento que en su “normalidad” siempre tiene por detrás las premisas de la competencia, la meritocracia y una justicia distributiva definida por el libre mercado.

 

 

Dicho esto, es preciso que develemos cuales son las posiciones ideológico-políticas que demuestran mayor afinidad con los discursos anti-distribucionistas. Para empezar, vamos a cruzar las respuestas sobre la justicia distributiva con las respuestas a una pregunta que rastrea el nivel de punitivismo social de los encuestados, y que apunta al núcleo de sentido de lo que durante el macrismo se denominó “doctrina Chocobar”. En el gráfico N°6 se puede ver que el acuerdo con la frase “para resolver crímenes muy graves, a veces es necesario que la policía rompa algunas reglas” tiene una alta correlación con la posiciones que defienden la justicia de mercado. Entre los que se muestran muy de acuerdo con esta frase punitiva, el 48,1% se muestra a favor de una justicia de mercado intensa, mientras que el 46,0% se muestra a favor de una justicia de mercado moderada, lo que significa que un 94,1% de los que están muy de acuerdo con la doctrina Chocobar están también de acuerdo con la justicia de mercado.

En el otro extremo, el 35,1% de los que están en desacuerdo con esta frase punitiva se muestran a favor de una justicia social intensa, mientras que el 31,9% opta por una justicia social moderada. Por lo tanto, el 67% de los que se manifiestan anti-punitivos, se muestran a favor de la justicia social. Pero de todos modos, y esto es lo importante, incluso dentro de los más anti-punitivos tenemos un 33,0% que se muestra favor de la justicia de mercado. Esto nos señala dos cosas: en primer término, es cierto que la correlación entre punitivismo y justicia de mercado existe y tiene un peso explicativo muy fuerte; pero al mismo tiempo también es cierto que la justicia de mercado es hegemónica en la sociedad más allá de los posicionamientos conservadores y puntivos, ya que incluso un tercio de los que critican el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, sostiene que la forma correcta de distribución es la justicia de mercado.

 

 

Lo mismo sucede cuando cruzamos las posiciones en torno a la justicia distributiva con el nivel de autoritarismo social (problemática que hemos estudiado en nuestros informes anteriores). En el gráfico N°7 se puede ver que el 42,9% de aquellos que son muy autoritarios defiende una justicia de mercado intensa, mientras que el 46,8% se inclina por una justicia de mercado moderada, lo que nos da un total de 89,7% de individuos muy autoritarios que al mismo tiempo se muestran a favor de la justicia de mercado. 

 

 

Por otro lado, entre los anti-autoritarios, un 34,3% se muestra favor de una justicia social intensa y un 41,5% a favor de una justicia social moderada. Sin embargo, otra vez encontramos que incluso al interior de estas posiciones anti-autoritarias, un 24,1% se muestra de acuerdo con algún tipo de justicia de mercado. Por un lado, estos porcentajes nos llaman la atención nuevamente acerca del peso y la legitimidad que tiene la justicia de mercado a nivel social; pero al mismo tiempo, nos permite sacar una conclusión tajante: en todos los casos que hemos visto, la opción por la justicia de mercado es más fuerte en los individuos conservadores, punitivos y autoritarios. Por lo tanto, esto desmiente de plano los discursos de los gurúes económicos liberales, libertarios y ultra ortodoxos que ven en el mercado el reino absoluto de las libertades humanas. Al contrario, tal como lo hemos demostrado, la justicia de mercado aparece una y otra vez asociada a las posiciones más autoritarias y antidemocráticas que tienen su fundamento en el desprecio de la diversidad, los derechos civiles y las libertades individuales más allá de la esfera económica.

 

 


 

4.- Justicia distributiva e identificaciones político-ideológicas

La cuestión de cómo se articulan las posiciones en torno a la justicia distributiva con las elecciones políticas le agrega complejidad al análisis que venimos haciendo. En el cuadro N°1 se observan las posiciones en torno a la justicia distributiva según voto en las elecciones, tanto al interior de cada fuerza, como por el peso que tiene cada fuerza al interior de las posiciones sobre la justicia distributiva.

En este último sentido, podemos ver que dentro de los que se inclinan por una JMI el mayor porcentaje pertenece a votantes de Juntos por el Cambio con 48,1% del total, seguidos por los votantes de Todos –bastante alejados– con un 18,3%. En el otro extremo, dentro de los encuestados que eligen las JSI, la amplia mayoría pertenece a los votantes del frente Todos, con el 72,5% del total, y a continuación se ubican los votantes del FIT con un 15,0%. Cuando nos corremos hacia la JSM, los votantes de Todos continúan siendo la mayoría, con 54,2% del total, seguidos de nuevo por los votantes del FIT que representan el 11,5%.

 

 

Lo interesante es que cuando nos corremos hacia la JMM, los votantes de Todos vuelven a ser mayoría con 34,9%, esta vez seguidos por los votantes de Juntos por el Cambio, con el 28,9%. Esto reafirma lo que veníamos diciendo con anterioridad y articula nuestras dos hipótesis: más allá de las elecciones políticas, en la sociedad argentina está ampliamente legitimada la justicia de mercado, y constituye una de las herencias más arraigadas de la construcción neoliberal del sentido común. Esto explica el hecho de que incluso entre los votantes de la fuerza electoral que se plantea más abiertamente partidaria de la justicia social, un amplio sector se inclina por la justicia de mercado.

Esto se hace aún más evidente cuando analizamos lo que ocurre al interior de cada fuerza. La fuerza con la que se identifican de manera más fuerte los que prefieren la justicia de mercado es Juntos por el Cambio: el 92,8% de sus votantes se ubica entre la JMI y la JMM, con una leve inclinación hacia la JMI que tiene el 47,7% del total. Luego le sigue Consenso Federal: dentro de esa fuerza electoral, el 78,8% de los votantes elige algún tipo de justicia de mercado, con una tendencia mayoritaria hacia la JMM, que tiene un 47,8% del total dentro de esa fuerza. Por su parte, los votantes de Todos se posicionan más al centro con un sesgo hacia la justicia de mercado, ya que la mayoría prefiere la JMM, con un 41,3% y luego la JSM, con un 31,7%. Por su parte, los votantes del FIT se agrupan con mayor fuerza en torno a la JSM, con un 48,9% y luego se reparten de manera casi igual entre la JMM (22,2%) y la JSI (20,0%).

Es interesante ver que en las fuerzas más a la derecha, Juntos por el Cambio y Consenso Federal, los votantes se abroquelan con claridad en el polo de la justicia de mercado; en cambio, las fuerzas más a la izquierda articulan posiciones más diversas con respecto a la justicia distributiva. En particular, es llamativo que cuando se comparan la fuerzas electorales según su posición con respecto a la justicia distributiva, los votantes de Todos se ubican con claridad hacia el polo más extremo de la justicia social, pero cuando analizamos al interior de esta fuerza, los posicionamientos tienden a templarse e incluso se inclinan hacia la JSM.

Lo que venimos analizando aparece con más claridad cuando observamos el mapa de articulaciones político-ideológicas con respecto a la cuestión de la justicia distributiva plasmado en el gráfico N°8. Recordemos por un instante que este tipo de representaciones gráficas, generadas a partir de un análisis de correspondencias múltiples (ACM), sirve para reconocer similitudes, afinidades, diferencias y oposiciones entre perfiles subjetivos dentro de un determinado campo de relaciones entre grupos sociales. La ventaja que ofrecen estos análisis consiste en que permite leer las relaciones al interior de un conjunto amplio de variables en un espacio de dos dimensiones, resumiendo un gran caudal de información en una sola imagen. Al realizar la lectura del ACM podemos notar que las posiciones que aparecen muy próximas (en cada una de las dimensiones y en ambas leídas en conjunto) se encuentran muy relacionadas, las que aparecen distantes en el espacio implican una diferencia y las que aparecen muy distantes, al otro lado del campo, muy probablemente estén en una relación de contraposición. En el eje horizontal encontramos la mayor capacidad explicativa del modelo, y obtenemos una buena representación de la articulación de los posicionamientos políticos con las disposiciones ideológicas.

El primer elemento que demos señalar es que existe una polarización entre las posiciones de los perfiles subjetivos que optan por la justicia de mercado o la justicia social, lo que implica que están en posiciones de clara diferencia. A la derecha del gráfico aparece el polo de la justicia social, que dentro de su círculo de afinidades incluye a los sujetos que muestran algún tipo de rechazo a las FFAA, los sujetos menos autoritarios y los votantes del FIT y Todos. A la izquierda del gráfico, el polo de la justicia de mercado incluye en su círculo de afinidades a todos los grupos etarios que incluimos en el análisis, los sujetos más autoritarios, los que muestran cierto acuerdo al retorno de las FFAA a un rol preponderante en la sociedad y los votantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal.

Ahora bien, se pueden hacer dos lecturas complementarias con respecto a este mapa ideológico-político. Lo primero es que vuelve aparecer, hacia la parte superior izquierda del gráfico, un subgrupo social de sujetos muy autoritarios, a favor de las FFAA y que articulan muy bien con Juntos por el Cambio y Consenso Federal como sus representantes políticos. A su vez, estos grupos son los más afines a una justicia de mercado, dado que se encuentran dentro de su esfera de proximidades. Sin embargo, al encontrarse levemente alejados y hacia la izquierda, también podríamos decir que es esperable que estos grupos sean mucho más proclives a demandar una justicia de mercado intensa.

 

 

Del otro lado, al interior del polo de la justicia social podemos ver que se replica una polarización interna: los votantes del FIT, los anti-autoritarios y los que están muy en contra de las FFAA quedan a la derecha (en el sentido del gráfico) de la justicia social, mientras que los poco autoritarios, los que están en desacuerdo con un nuevo rol para las FFAA y los votantes de Todos se ubican a la izquierda de la justicia social. Esto no es menor dado que este último grupo social termina ocupando una posición dentro del gráfico que lo acerca de cierto modo a las justicia de mercado. Lo que vemos entonces es que el mapa del campo ideológico de la sociedad argentina confirma lo que veníamos diciendo desde el análisis del cuadro N°1: en la sociedad argentina, la justicia de mercado está legitimada de manera amplia y es la forma hegemónica de ordenar la distribución de los ingresos y la riqueza.

 


 

Conclusiones

¿Qué podemos decir de estos posicionamientos y valoraciones en torno a la justicia distributiva que parecen contradictorios? ¿Por qué si la gran mayoría sostiene que el Estado debe intervenir para corregir desigualdades, al mismo tiempo, en los últimos años aumentan las posiciones anti-distribucionistas? ¿Por qué incluso dentro de la fuerza electoral que más se ha identificado con la justicia social existen sujetos que se inclinan por la justicia de mercado?

En primer lugar, debemos aceptar que las elecciones y las identificaciones políticas muchas veces pueden entrar en contradicción con los posicionamientos ideológicos en otros temas. Esto es así porque hay una distancia entre las identificaciones políticas, que por lo general son justificadas desde argumentos racionales, y aquellos elementos de orden afectivo que operan en las opiniones y los posicionamientos ideológicos de los sujetos. En este sentido, nuestra conclusión es que más allá de las identificaciones políticas, la sociedad argentina se caracteriza por una legitimación amplia de la justicia de mercado como modelo distributivo para la asignación de recursos y distribución de los ingresos.

Por lo tanto, consideramos que en la sociedad argentina hay una mayoría que se inclina por la JMM, pero al mismo tiempo tiende a aceptar la JSM como forma de subsanar las inequidades que el mercado genera. Sin embargo, también es preciso decir que las posiciones más extremas de la justicia de mercado articulan de manera fuerte con las subjetividades más autoritarias, punitivas y anti-democráticas. La articulación de estas posiciones no se da solo porque compartan ideas que rechazan la intervención estatal en el mercado, o porque sostengan los mismos argumentos sobre el “correcto” funcionamiento de la economía; también están asociadas a las sensibilidades y afectos que el neoliberalismo como proyecto de sociedad incentiva, y que en la práctica, justifican el uso de la violencia y la discriminación de tipo racista y xenófoba hacia un otro que se considera beneficiario de la redistribución progresiva del ingreso por parte del Estado. Este otro, cuando se lo llena de sentido concreto más allá de la abstracta redistribución de los recursos, resulta ser el “negro de alma” o “planero” en Argentina, el indígena o la “chola” en Bolivia, el “favelado” en Brasil.

Es interesante observar que el clima político-cultural que se abrió luego del triunfo electoral del macrismo en 2015, clima cultural que aportó las narrativas e imaginarios sociales que justificaron el brutal proceso de redistribución regresiva del ingreso, fue la consecuencia de la nueva legitimación que obtuvieron los discursos anti-pobre, anti-distributivo, autoritario y anti-democrático para expresarse en la esfera pública con cierto aire de autoridad moral. Lo importante es tener en claro que estos discursos no aparecieron de la nada, sino que empezaron a tomar mayor fuerza a partir de la disputa por el sentido común que se abre en la coyuntura de los conflictos sociales del bienio 2008-2009. No queremos decir que las posiciones anti-distributivas no hayan existido con anterioridad, pero sí que a partir de ese momento empezaron a articularse con nuevos actores políticos que luego gestaron el frente neoliberal que termina llegando al poder en el 2015. Si en ese momento de conflicto entre campo y gobierno, la crítica anti-distributiva se centró en la intervención del Estado en la economía a través de las retenciones, medida que era vista como una distorsión del “buen funcionamiento” del mercado y una especie de saqueo de la riqueza generada por el sector agro-exportador; luego, esos discursos habilitaron desplazamientos de sentido que terminaron en una crítica y una oposición abierta a toda intervención del Estado, y en especial, a las transferencias condicionadas que se implementaron a partir del 2009. De nuevo, al llenar de contenido fantasioso una política redistributiva y de ampliación de derechos como la AUH, es posible para los sectores más conservadores imaginar un individuo “planero”, al que es posible personalizar e individualizar, dándole atributos como el de la inclinación a la vagancia, la astucia o la viveza. Además, ese tipo de políticas redistributivas son fácilmente inteligibles, desde el individualismo competitivo y meritócrata que ha establecido el sentido común neoliberal, como una “viveza”, una “trampa” o un “atajo”, para usar palabras de Mauricio Macri.

En el ocaso de la gestión macrista, el discurso amarillo de la revolución de la alegría terminó licuado por sus promesas incumplidas: de la idea de una comunidad ilimitada de ciudadanos emprendedores e hiperactivos, hacia el final solo quedó su anverso más violento y discriminatorio; de aquel dominio de las ideas de meritocracia, competencia y esfuerzo en la opinión pública, presentes en los medios de comunicación, el marketing y los discursos presidenciales, al final solo quedó el resto punitivo y autoritario; de la promesa de que “cada argentino iba a encontrar su lugar para ser feliz explotando al máximo sus posibilidades”, solo quedó el desgarro social de aquellos que se vieron obligados a buscar ese lugar de “felicidad” atravesando el proceso de ser arrojados a la situación de incertidumbre, precariedad y competencia donde impera la justicia de mercado.

Para cerrar, es preciso tener en cuenta que más allá del triunfo electoral de Todos, que avizora un retorno de políticas progresivas de redistribución del ingreso mediantes las cuales es posible un retorno a la tendencia de reducción en las desigualdades, de ninguna manera se puede pensar en un cambio cultural acorde al proceso político-electoral: la justicia de mercado sigue siendo, en el imaginario social de los argentinos, el modelo adecuado para la asignación de recursos y la distribución de la riqueza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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