Nota de coyuntura: "Una declaración en apoyo al macrismo, o de cómo se intenta ocultar la naturaleza política de la educación" - por Analía Peralta
La Academia Nacional de Educación (1) publicó en el mes de octubre de 2014 en su página web una declaración que hiciera en razón de la sanción de la "Unidad de Evaluación de la Equidad y la Calidad Educativa" (2) en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta declaración, la flamante Unidad de Evaluación es señalada como oportuna, acertada y necesaria, en tanto los miembros de la Academia consideran prioritario para el país consolidar una "cultura evaluativa" del sistema educativo en su conjunto.
Ya hemos reflexionado en otras oportunidades sobre las críticas que pueden hacerse a la Unidad de Evaluación y los interrogantes que se abren con su creación (3); por ello, en este caso, nos gustaría detenernos en algunas consideraciones respecto a la declaración citada.
En primer lugar, la afirmación en el escrito de que es necesario "superar ciertas desconfianzas e innecesarias cargas ideológicas y políticas"; como si las resoluciones sobre la evaluación educativa -qué evaluar, cómo evaluar, quién evaluará y con qué fin- estuvieran exentas de intereses y como si estas decisiones fueran tomadas de modo desideologizado y neutral. Al respecto, debemos considerar que las reformas en educación no solamente se tratan de "hacer cosas", sino que cada una de las medidas que se implementa está cargada de sentidos, es decir, no se trata de construcciones fácticas o naturales, sino políticas e ideológicas, en tanto los significados y los argumentos que las sostienen defienden ciertos intereses.
En segundo lugar, el hecho de que se haga hincapié en la evaluación de "la formación docente inicial y en servicio". Aquí, la realidad educativa pareciera ser responsabilidad de los y las docentes, omitiendo en esta consideración las condiciones en las que todos los días maestros y profesores desarrollan su tarea: edificios precarios, con falta de material y con condiciones laborales que también se precarizan sistemáticamente. Antes de señalar como responsables protagónicos a los docentes más allá de lo razonable, deberíamos pensar que hay otros factores que son también influyentes. En este contexto, la reflexión debería pasar por pensar que son los y las docentes, en todo caso, quienes en estas condiciones sostienen día a día las trayectorias de los y las estudiantes. Por otro lado, la formación docente en servicio es un reclamo histórico del gremio docente y pocas veces se lograron avances en esta materia. Una vez realizada la formación inicial (la de su profesorado) los docentes deben seguir actualizándose, por ello su formación permanente resulta un factor clave; pero sobre este punto no debemos considerar sólo la cantidad de actividades formativas ocurridas, sino su relevancia, su valor y las contribuciones al aprendizaje del profesorado. Al respecto, debemos recordar que el cuestionamiento al Gobierno de la Ciudad ha sido en reiteradas oportunidades en relación al vaciamiento de la Escuela de Capacitación Docente - CePA, la cual es la encargada de realizar cursos y postítulos para la formación permanente de maestros y profesores (4).
En tercer lugar, el hecho de que en la declaración, la creación de esta Unidad sea considerada una muestra de madurez política que debería imitarse en lo gremial. Al respecto, cabe mencionar que en el mes de agosto de este año, Mauricio Macri y su ministro de educación Esteban Bullrich mantuvieron un espacio de intercambio con los miembros de la Academia de Educación (5), donde hablaron (entre otras cosas) de los obstáculos que pone el sindicalismo para llevar adelante las reformas que impulsa el oficialismo urbano. En este sentido, debemos decir que tanto las afirmaciones que contiene la declaración como el encuentro que mencionamos, apoyan la idea de los diferentes intereses que atraviesan la educación. Las organizaciones sindicales docentes se oponen a muchas de las reformas macristas no en un afán caprichoso y de oposición sin sentido, sino que lo hacen porque defienden la escuela pública y porque entienden que estas medidas atentan contra las conquistas sindicales que se consiguieron a lo largo de la historia, como fue el caso de las Juntas de Clasificación en 2011 (política que en el mismo encuentro el Jefe de Gobierno se enorgullece de haber logrado y cuya ley aún no fue aplicada).
En cuarto lugar, la declaración afirma que es necesario consolidar una "cultura evaluativa". Ante esto, vale decir varias cuestiones. Por un lado, estas declaraciones dan a pensar que estos agentes son los primeros que piensan que la evaluación es necesaria, cuando nuestro país tiene históricamente programas y métodos específicos de evaluación de muchos de los actores y políticas. Por otro lado, pareciera ser que la evaluación es algo que falta, cuando en realidad se desconoce lo ya realizado, aún en el propio ámbito de la Ciudad. Y aquí vale aclarar que fue toda una disputa política el hecho de incluir en esta ley a los trabajadores pre existentes que se ocupaban de la evaluación en el propio Ministerio porteño, como si la evaluación nunca hubiese sido tarea de nadie. Finalmente, agregamos sobre esta afirmación que el hecho de considerar la necesidad de consolidación de una "cultura evaluativa" posiciona a la evaluación como un todo homogéneo. No negamos la importancia de la evaluación; ésta debe permear todas las artistas y actores de "lo educativo", pero de ninguna manera las cosas empiezan con el gobierno de turno, sino que, en muchos casos, hay historia y personas que pensaron esos asuntos y tienen voz para transmitirlas y mejorarlas.
En esta declaración, la Academia Nacional de Educación sienta posición. Una posición antagónica con la que sostenemos nosotros, pues sabemos que los temas fundamentales de la educación -el qué, el cómo y el para qué- son cuestiones que no tienen una única respuesta, y por ello afirmamos eso que el oficialismo y sus intelectuales orgánicos intentan ocultar: la educación es política. Y podemos decirlo porque sabemos que entre la multiplicidad de respuestas que puede darse a esos debates que deben cobrar protagonismo en la escena educativa encontramos: aquella que empobrece la educación pública, reduciendo año tras año el presupuesto del área y aquella que piensa en fortalecer las instituciones y a sus docentes, principales artífices del acto educativo y quienes deben tener poder de decisión sobre lo pedagógico; aquella que extranjeriza los contenidos a través de la implementación de pruebas internacionales de las cuales se desprende lo que se va a enseñar y aquella que piensa en un sistema educativo que atienda nuestra realidad, nuestra historia y que recupere las tradiciones pedagógicas emancipadoras de Nuestra América para pensar la educación que queremos; aquella que pone en marcha una vez más un sistema de inscripción on-line lleno de falencias que no permite (como ellos afirman) que la inscripción se haga más fácil, sino que da como consecuencia la migración a escuelas privadas que son calificadas como las que "funcionan" (tales los dichos del Jefe de Gobierno) y aquella que valoriza la actividad que se desarrolla en las escuelas públicas, esas que son de todos, que no discriminan por la posibilidad de pagar un arancel y donde entendemos es el único lugar donde se construye lo común, haciendo lugar a lo diverso y donde sabemos está el germen para construir una sociedad más justa y cada vez más democrática. Por último, está la respuesta que deslegitima la tarea que llevan adelante muchos maestros y profesores en las escuelas públicas, y aquella que la valoriza (6), pues sabe que a pesar de las regulaciones políticas que pesan sobre los docentes, son ellos quienes intentan día tras día hacer de la escuela un lugar habitable, donde se construyan trayectorias significativas que permitan a nuestros estudiantes conformarse como ciudadanos críticos, capaces de entender la realidad y que les permita imaginar realidades distintas, y que en el mismo proceso, el acto pedagógico, los nutra en la capacidad de crearla y transformarla y no los deje sujetos a ser individuos empleables para el mercado, aquel futuro prefijado que les tiene destinado el neoliberalismo.
El apoyo brindado por los miembros de la Academia Nacional de Educación a la creación de la Unidad de Evaluación no nos asombra; sabemos que allí se nuclean los sectores más conservadores de la intelectualidad educativa: la membresía a ella de Abel Posse -ministro de Educación del macrismo que debió renunciar a 12 días de comenzada su gestión dada la resistencia de la comunidad educativa por sus escandalosas declaraciones haciendo apología de la última dictadura militar, de la cual, además fue funcionario- es un ejemplo, la declaración a la que hacemos referencia, otra, pues ella invisibiliza los argumentos que sostienen su crítica, naturalizando cuestiones que son de índole política. Esta declaración, al contrario, nos fortalece en la idea de que es necesario construir una alternativa pedagógica para la Ciudad, para que el derecho a la educación no siga siendo sólo una declaración de buenas intenciones, sino el horizonte que nos mueva para seguir en la batalla cultural tan necesaria para conformar una escuela para todos y para todas.
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(1) Creada en 1984, se presenta en su página web como un ámbito de reflexión sobre los problemas de la educación del país con el objetivo de apoyar los avances que favorezcan el avance de la democracia y la justicia social.
(3) Nota de Coyuntura del Observatorio de Políticas Educativas: "La Ciudad ya tiene ley de evaluación: el faro macrista". http://www.centrocultural.coop/blogs/observatorio/2014/08/25/nota-de-coyuntura-la-ciudad-ya-tiene-ley-de-evaluacion-el-faro-macrista-natalia-stoppani/
(4) http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-252759-2014-08-12.html; http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144154-2010-04-19.html
(5) http://www.youtube.com/watch?v=DXrzC3uPoYM#t=1942
(6) Muestra de ello fueron los Encuentros "Hacia una pedagogía emancipadora" que se desarrollaron en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en 2013 y 2014.
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