A inicios de un nuevo ciclo lectivo, la educación en la Ciudad de Buenos Aires continúa con muchas deudas sin saldar.

Las denuncias por obras de infraestructura mal realizadas, inconclusas o aún sin haberse iniciado se multiplican mientras el Ministro de Educación defiende un presupuesto donde la inversión en el área disminuye en un 51%, argumentando el agotamiento de los fondos por la venta de los terrenos de Catalinas y que las obras ya están concluidas.

Sin embargo, se calculó para los subsidios a las escuelas privadas un aumento del 24% con respecto a 2012. Esto indica que en el presupuesto 2013 las escuelas de gestión privada contarían con una partida de $ 1.652.057.674, mientras que el programa de Infraestructura y Equipamiento dispondría solo de $157.876.079.

Los programas del área socioeducativa que apuntan a la inclusión de niños y adolescentes son atacados con medidas que se orientan a su vaciamiento: disminución en las viandas, dilación en el nombramiento de docentes, quita de subsidios a las cooperadoras que traen aparejado que no se cuente con los insumos necesarios para su funcionamiento. Mientras tanto, los indicadores educativos en cuanto a inclusión, repitencia, sobreedad, entre otros, son alarmantes, sobre todo en las comunas más vulnerables de la Ciudad.

Florecen los contratos con empresas privadas que brindan “servicios”, permitiendo que particulares hagan negocios con fondos públicos. Uno de los ejemplos fueron los descuentos para docentes en universidades privadas como la UADE promocionando carreras de grado y posgrado mediante la tarjeta BAdocente. El 2012 fue un año de fuertes resistencias de la comunidad educativa en su conjunto, logrando en la puja algunas reivindicaciones ante el avasallamiento dispuesto desde el Ministerio de Educación: el cese del 0-800 para denunciar “la intromisión política en las escuelas”, el cierre de una menor cantidad de cursos de los que se intentaba desde la cartera educativa y la reincorporación de los cinco maestros y el auxiliar desplazados de sus cargos de la escuela de Monte Castro.

Mientras tanto, en un impulso del conocido “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, el Gobierno de la Ciudad implementa medidas de forma inconsulta que llevan a la organización de la comunidad educativa en pos de reclamar debate y participación en las decisiones que los afectan; tal es el caso del cambio curricular en las escuelas técnicas al que los estudiantes respondieron con tomas que se sostuvieron durante más de un mes en muchos casos.

En este escenario, cobra especial importancia el tema del salario docente dado que en esta puja entre sectores están en juego las reivindicaciones de los trabajadores, en donde no solo el salario es objeto de disputa, sino también las condiciones laborales que garantizan tanto a los maestros como al resto de la comunidad educativa la posibilidad de ejercer el derecho a la educación.

Si bien desde el Gobierno Nacional la paritaria fue cerrada sin llegar a un acuerdo, argumentando la imposibilidad de algunas jurisdicciones para realizar un aumento tal como lo pedían los gremios al inicio de la negociación (25%), debemos resaltar que éste no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, una de las más ricas del país. Si bien la paritaria en la Ciudad cerró con un aumento del 26% (en dos pagos para el cargo testigo, que elevó el sueldo básico de $ 3100 a $ 4200 para el cargo inicial, más una suma fija por material didáctico de $ 790 en marzo y $ 925 en julio), el acuerdo no fue firmado por los gremios involucrados quienes alegan que el mismo no incluye las condiciones laborales docentes que se exigían como parte de la negociación. Las críticas fueron hacia la falta de inversión en infraestructura escolar, la falta de docentes en CABA, la desinversión histórica que sufre la escuela pública sumada a la falta de criterio a la hora de asignar subsidios a la educación privada y la falta de jardines de infantes. Las clases comenzaron pero en un escenario inestable, pues se planea seguir un plan de lucha.

Medidas que son ejemplos de un proyecto político con aspiraciones nacionales y regionales, ante los que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular deben estar atentos para responder con más denuncias, más organización y mejor articulación de sus distintos sectores a fin de que no logre imponerse como es el claro objetivo que tienen quienes gobiernan la Ciudad de Buenos Aires.

La revalorización de la educación como un derecho es una discusión que, lejos de estar saldada, está siendo construida por docentes y alumnos.