El siguiente articulo surge a partir del informe realizado por el Observatorio de Políticas Educativas del año 2011 producto del relevamiento y sistematización  de denuncias públicas  correspondientes a situaciones  que vulneran el derecho a la educación, realizadas por diferentes actores de la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Estas denuncias corresponden a los primeros cuatro años de  Gestión  del Jefe de gobierno Mauricio Macri.

En dicho informe se indicaba que existía en el imaginario social la errónea percepción de que la gestión del GCBA en cuanto a políticas educativas se caracterizaba principalmente por llevar  adelante políticas de abandono respecto del sistema público de educación  y que por el contrario desde el Observatorio nos proponíamos argumentar que el macrismo había desplegado toda una serie de prácticas y acciones concretas tendientes a atacar la escuela pública.

De la lectura del informe surge que las áreas más afectadas son las vinculadas a trabajo docente (25%), esto es,  precarias condiciones laborales, errónea liquidación de háberes, etc.  e  infraestructura (24 %)  entendiendo por ésta la falta de edificios escolares o abandono edilicio debido la falta de obras o término de las mismas en distintas escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Buenos Aires. Resultando como principales afectados por estas  los y las estudiantes así como sus docentes.

En relación a ésto la zona sur es la más afectada, faltan edificios y mejoras en los que funcionan, y la ausencia de vacantes en los jardines de infantes continúa siendo un tema central.

Las denuncias son efectuadas en su gran mayoría mediante los sindicatos docentes, algunos medios de comunicación así como también  marchas y movilizaciones con las cuales se pretende visibilizar estas situaciones .Es importante no dejar de señalar que muchos  medios de comunicación no hacen referencia a estas problemáticas, las cuales continúan en este segundo mandato sin solución.

Otra área en la que también se producen incumplimientos u omisiones es la de financiamiento educativo. La falta de cumplimiento del presupuesto educativo o la subejecución del mismo   que se suscita año a año tiene un impacto directo sobre las áreas infraestructura y trabajo docente . Hecho que además se produce en claro contraste con la educación privada, para la cual las partidas presupuestarias aparte de ser mayores, se ejecutan en su totalidad  mientras que las escuelas privadas reciben mayores subsidios en detrimento del financiamiento necesario para   la modernización y  mantenimiento de las públicas, para el año 2011 se presupuestaron 1.008 millones frente a los  728 asignados a la infraestructura de la escuela  pública.

A partir de dicho informe y de la posterior ampliación del mismo mediante el agregado de nuevas denuncias correspondientes a los últimos meses de la primera gestión, aparece  un conflicto  que entendemos expresa la profundización del macrismo en políticas educativas: la eliminación de juntas de clasificación docente .El mismo puede leerse como quiebre o una clara vulneración de los derechos docentes.

En septiembre de 2011 Victoria  Morales Gorlieri, titular de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presentó un proyecto que modificaría  18 artículos del Estatuto Docente y proponía la disolución de las Juntas para reemplazarlas por una Dirección de Clasificación Docente integrada exclusivamente por funcionarios del ejecutivo. El argumento esgrimido era que el procedimiento de designación docente era  antiguo y que la facultad de designar educadores debía estar sólo en manos del ejecutivo.

A esta propuesta los gremios docentes respondieron con  paros, marchas  e inclusive acampes en la vía pública, pero una vez más el gobierno de la Ciudad desestimó sus reclamos y  se decidió la aprobación de un segundo proyecto presentado correspondiente al diputado de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya. Este proyecto convertido en ley no eliminó la totalidad de las juntas existentes, pero sólo dejó siete de las previamente constituídas, creó la  Comisión de Registro y Evaluación de  Antecedentes Profesionales y estableció la informatización de un Lejano Único Docente a confeccionarse en los dos años posteriores a la sanción de la ley. La sanción final de esta ley se sucedió en la madrugada del 1º de diciembre, luego de una gran jornada de lucha y protesta y desoyendo a los gremios y a los docentes, una vez más.

Todo esto nos indica que lejos de advertir la política del gobierno como de abandono, existe un claro corrimiento hacia políticas tendientes a desvalorizar la educación pública, y favorecer la gestión privada.

La fusión de cursos  y  el cierre de grados  con las que el macrismo dio inicio a su segunda gestión, sumados a la falta de respuestas a los antiguos pero no menos urgentes reclamos, representan actualmente la cara visible de la segmentación educativa que amplía la brecha entre la gestión educativa  pública y privada,  y que tiene claras reminiscencias de la política de los 90.

Desde el Observatorio consideramos fundamental que se conozcan y se problematicen estas situaciones que vulneran el derecho la educación .Sabemos de las muchas iniciativas docentes propuestas para debatir estas problemáticas, pero consideramos necesario continuar trabajando en la visibilización de las mismas, difundiendo y repudiando el accionar autoritario y profundamente antidemocrático del gobierno de la ciudad , no podemos y no queremos ser meros espectadores ante el vaciamiento  de nuestra escuela pública.

Yanina Calzon Fernández

Observatorio de Política Educativa