El interés de pensar la inclusión educativa en nuestra Ciudad se basa en una premisa fundamental: la educación es un derecho humano. Esto implica que el Estado es el garante de que todos podamos ejercerlo.

En términos jurídicos, a nivel nacional, contamos con la Ley 26.206/2006 - Ley de Educación Nacional, que establece la obligatoriedad desde la sala de 5 años, hasta la finalización de la secundaria, y a nivel jurisdiccional con la Ley 898/2002 (sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) que también establece la obligatoriedad del nivel medio. "Sobre este punto, es necesario aclarar que no basta con la exigencia de que los padres envíen a sus hijos a la escuela, sino que es el Estado el responsable de generar políticas específicas que permitan y garanticen no sólo el acceso, sino también la permanencia y la finalización de los estudios

Al año 2002 de sanción de la Ley 898, las estimaciones realizadas por la Secretaría de Educación de la CABA indicaban la necesidad de incorporar a 15.000 adolescentes no escolarizados, para lo cual dicha norma establecía el plazo de 5 años, a fin de su incorporación gradual al sistema educativo.

Para ésto, el Poder Ejecutivo de la jurisdicción, léase Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debía adecuar la infraestructura escolar y proveer los equipamientos necesarios a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad del nivel medio (Art. 2). También se establecía que el GCABA debía desarrollar programas que garantizaran la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, y el logro académico de los alumnos a través de:

• "Programas de promoción y apoyo a la escolaridad, (...) destinados a estudiantes cuya situación socioeconómica lo justifique.

• Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y reducir la tasa de repitencia.

• Reformas curriculares y procesos de formación continua del personal docente para mejorar la calidad educativa del nivel medio." (Ley 898, Art. 3)

A fin del ciclo lectivo 2007 debía haberse obtenido el cumplimiento pleno de la obligatoriedad.

Teniendo en cuenta que la Ley 898 tiene más de 10 años ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la inclusión educativa en el nivel medio?

Las estadísticas no son muy alentadoras. Al año 2010, tanto los datos del Censo Nacional de Población como los de la Encuesta Anual de Hogares (EAH, que realiza el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires) muestran una disminución en la población de 13 a 17 años que asiste a la escuela con respecto a los datos de 2001.

Los datos de la EAH también nos permiten establecer una diferenciación al interior de la Ciudad entre las Comunas. Así, encontramos en algunas una cobertura del 100%, por lo general las comunas del norte de la Ciudad (que abarcan los barrios de Saavedra, Coghlan, Palermo, Recoleta, Villa Urquiza) y una cobertura que ronda el 90%, por lo general las del sur de la Ciudad (Constitución, Monserrat, Retiro, San Telmo, San Nicolás, Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano).

Este primer acercamiento a los números debería resultarnos, cuanto menos, alarmante: más del 10% de los jóvenes en edad de cursar la secundaria en 2010 están fuera del sistema o cursando otro nivel; o pensando en la asistencia a la escuela, hay un 5.9% de adolescentes que no asisten, cuando según los datos elaborados por la Secretaría de Educación al 2007 la obligatoriedad debería haberse cumplido en su totalidad. El dato de la inequidad imperante al interior de nuestra Ciudad, por otro lado, es un dato que parece no poder (por no decir "querer") revertirse.

Pensar más allá del acceso

Consideramos que la inclusión educativa no debe platearse únicamente en lo que es acceso a la escuela. Si bien es un paso fundamental, hay otras variables que entran en juego en la inclusión escolar que es necesario atender a fin de que una vez en la escuela los estudiantes no tengan experiencias poco significativas, concluyendo en resultados desiguales al final del trayecto.

Una de las conclusiones de los números presentados con anterioridad puede ser que la desigualdad social se articula con la desigualdad educativa, no por nada las comunas más rezagadas en los indicadores educativos son las que se corresponden con mayor pobreza al interior de la Ciudad: según el Censo Nacional del año 2010, las Comunas con más baja Tasa de Asistencia Escolar en la Ciudad de Buenos Aires se corresponden con las que mayor porcentaje de población tienen que reside en villas y asentamientos, es decir, la población que mayor grado de vulnerabilidad social presenta.

Las políticas educativas que apuntan a la inclusión deberían operar sobre la multiplicidad de factores que llevan al rezago y a la exclusión de los estudiantes del sistema escolar, pues ambos podrían resultar en un abandono de la escolaridad a futuro. Si pensamos que la sobreedad y la repitencia son factores que influyen en el abandono de la escolaridad, podemos ver cómo esta situación parece agravarse en los últimos años.

En el caso de alumnos repetidores, encontramos (según los datos que produce el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) en las comunas con mayor vulnerabilidad social datos preocupantes y que empeoran con el correr de los años. Por ejemplo, para el sector estatal la Comuna 1 presenta en 2007 12.4% siendo en 2011 de 15.5%; la Comuna 4 en 2007 16.4% y en 2011 16.8%; la Comuna 8 14.1% en 2007 y en 2011 15.9%¹.

En el caso de los alumnos con sobreedad encontramos (según la misma fuente y siempre refiriéndonos al sector estatal) datos que podrían mostrar el esfuerzo por sostener la escolaridad a pesar de la repitencia o por haber ingresado tardíamente al nivel. En el caso de las comunas anteriormente detalladas, encontramos: Comuna 1, año 2007 35.3% - año 2011 45.5%; Comuna 4, año 2007 47.9% - año 2011 54.4%; Comuna 8, año 2007 39.5% - año 2011 55.9%.

Si entendemos el derecho a la educación como no únicamente poder acceder, sino también respecto a las trayectorias educativas, vemos cómo gran cantidad de adolescentes tienen vulnerado su derecho a la educación.

Los problemas que signan las trayectorias educativas en el nivel medio pueden ser de distinta índole, algunas que refieren eminentemente a lo educativo, como el ingreso tardío al sistema en el nivel inicial (por ejemplo por falta de vacantes) o al primario, la repitencia reiterada, entre otras, pero también existen aspectos que pertenecen a otros ámbitos pero que inciden en sus resultados. Así, la falta de vivienda digna y las enfermedades que se vinculan con ésta, la mala alimentación, el ingreso al mercado de trabajo en edades precoces, el embarazo, la maternidad y paternidad adolescente que afectan mayormente a los sectores más vulnerados de la CABA, son ejemplos de ésto y en muchos casos de aspectos de la realidad de los adolescentes respecto de los cuales el Gobierno de la Ciudad no ha sabido o no ha querido dar respuesta. En este sentido, podemos mencionar la política de vivienda casi inexistente del actual gobierno de la CABA, o el (alarmante) recorte de presupuesto que ha sufrido la educación sexual durante los últimos años.

Algunas conclusiones

Desde el Gobierno de la Ciudad, y aún antes del inicio de la gestión de Mauricio Macri, se despliega una serie de programas y proyectos que tienden a revertir el estado de situación de la inclusión en la CABA. Sin embargo, deberíamos decir que parece existir un techo que aún hoy a más de 10 años de la sanción de la Ley 898 las políticas no logran superar.

Hablar del ejercicio del derecho a la educación mostrando porcentajes de lo realizado es una forma de "leer" los números, otra forma es pensar en lo que resta por hacer.

Si por un momento pensamos que el derecho a la educación es únicamente "estar en la escuela" podemos decir que según los datos del último Censo (2010) 143.628 adolescentes (94.1%) tienen garantizado su derecho a la educación. Sin embargo, la cifra que completa para llegar al 100% de las personas entre 13 a 17 años en la Ciudad de Buenos Aires es de 9.006, es decir que al año 2010 9.006 personas en edad de cursar la secundaria no tienen garantizado el derecho a la educación en la CABA, porque están fuera de la escuela.

Al ampliar la mirada y pensar en las trayectorias educativas de quienes están en el sistema pero aún excluidos, la preocupación es mayor.

Negar la educación a un único individuo supone cuestionar su validez como derecho universal. Y ya no hablamos únicamente del mandato social de incluir a todos, sino también de un mandato legal que no se cumple. La inclusión en la escuela no puede depender de intervenciones individuales, sino que debe construirse desde el Estado. No negamos la incidencia que situaciones como la pobreza tienen en la educación, pero retardar las políticas para la inclusión esperando tener una sociedad más justa, sería relativizar la política como agente de cambio.

Analía Peralta

Observatorio de Política Educativa

1 Sobre este indicador es necesario aclarar que algunas comunas presentan peores datos, llegando en algunos casos a superar el 20% de repetidores en el sector estatal.