La sociedad cubana está atravesando un proceso de discusión, revisión y reformulación de las políticas económicas. El “Proyecto de lineamientos de la Política Económica y Social”, que organiza y articula ese debate, le otorga a las cooperativas un nuevo papel, como parte de las “nuevas formas de gestión no estatal”. En este contexto, resulta de particular interés profundizar en el conocimiento de las experiencias cooperativas desarrolladas hasta ahora en la isla, por lo que consideramos que la publicación del «Ensayo crítico sobre el cooperativismo agrícola en Cuba», tomado de Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 135, 2010 es un aporte para una mejor comprensión de la experiencia cooperativa cubana.

Ensayo Crítico sobre el Cooperativismo Agrícola en Cuba

Dr. C. Alberto Matías González

profesor de filosofía de la Universidad de Sancti Spíritus, José Martí Pérez, Cuba

 Tomado de: Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 135, 2010.

www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2010/amg.htm

Resumen:

La tradición cooperativa en Cuba comienza con el triunfo de la Revolución, el 1º de enero de 1959, su historia es parte del devenir de una sociedad empeñada en liberarse del atraso que generó el colonialismo, durante casi cinco siglos y ha coexistido dentro del sistema de contradicciones reproducidas durante los 50 años de cambios sociales de la sociedad cubana. El presente trabajo, parte de un bosquejo histórico de la experiencia cooperativa cubana y en el se expresan las opiniones del autor relacionadas con las realidades de dicho desempeño; desde una perspectiva crítica, se analizan las variantes asumidas por el cooperativismo y hasta que punto las mismas consolidan verdaderas relaciones de cooperación y de acción colectiva. Al redactar el trabajo, se ha tenido en cuenta que el cooperativismo, en sus éxitos y fracasos, no ha tenido una historia aislada del resto de los procesos socioculturales y económicos del país; también fueron consultados los estudios realizados por los investigadores más reconocidos del mundo académico, además de contar con la fortaleza de que el autor ha vivido durante más de 50 años ligado a la historia de la agricultura cubana, lo que le ha permitido participar de numerosos debates sobre el tema. La reflexión permanente sobre las estructuras de organización de la agricultura es una necesidad insoslayable a enfrentar, pues ello favorecerá la conformación de formas y mecanismos que ayudarán en la tarea del perfeccionamiento de la gestión productiva de dichas instituciones.  

Introdución

 

Gran parte de la población cubana se muestra preocupada por la realidad de la agricultura en Cuba, entre otras cosas por las formas socioproductivas en que se ha estructurado para funcionar; la preocupación tiene razones suficientes, pues escasean los productos agrícolas en los mercados, el país importa gran cantidad de alimentos y los cañaverales, base histórica de la economía cubana, abastecieron en el último año poco más del 20% de las capacidades de la industria.

Ante estas insuficiencias, que afectan sensiblemente la vida de las personas, los preocupados, someten constantemente a examen crítico las formas de tenencia y gestión de la tierra, pues se cree que las causas del mal se encuentran en ellas. Demás está decir que la diversidad de opiniones caracteriza el panorama.

Actualmente el cooperativismo como estructura organizativa de gestión de la tierra, es uno de los puntos del debate, posee una presencia generalizada en todas las provincias del país, en sus principales versiones: Cooperativas de Crédito y Servicio(CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).

El presente ensayo centra su atención en el tema del cooperativismo agrícola en Cuba, y expone la visión crítica del autor, tomando como hilo conductor las siguientes interrogantes: ¿Qué presencia tienen las relaciones cooperativas en Cuba?, ¿Qué hay de realidad en ellas y qué de ficción?, y ¿En qué medida sus esfuerzos iníciales han conducido a su posterior despliegue y realización?

La historia de la civilización moderna cuenta con una larga tradición cooperativa, a lo interno del capitalismo han sido, por diversas razones, estimulada su creación; muchas veces surgen de manera espontánea, como mecanismos protectores ante los anacronismos y anarquías del mercado.

De acuerdo con la definición dada por la Alianza Cooperativa Internacional, “una cooperativa es una asociación autónoma y voluntaria de personas que, para atender a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, se unen en una empresa que les pertenece conjuntamente y que controlan democráticamente, (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001).

La autogestión, la democracia en las decisiones y la cooperación solidaria, se convierten en valores compartidos que hacen del cooperativismo un hecho económico y cultural con identidad propia; que dentro del mundo moderno ha jugado un importante papel en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo de espacios sociales a partir de los procesos productivos.

El cooperativismo ha ocupado un lugar central en el debate de emancipación socialista, en principio fue entendido como un proceso participe del encargo social colectivo de la fuerza de trabajo asalariada en su lucha emancipadora, su reconocimiento como instrumento de lucha se aprecia en la labor intelectual de Marx, Engels y Lenin, desde un concepto de interpretación que argumenta el tránsito de las cooperativas de corte pequeño burgués, hacia estructuras de producción socialistas.

Sin embargo la estatización de la economía en los países del llamado “socialismo real” y los procesos estalinistas de cooperativización forzosa, tuvieron un efecto deprimente en sus resultados económicos e ideológicos, al mismo tiempo que socavaron la circulación del pensamiento crítico; lo que a la larga no solo lesionó su posterior evolución, como instrumento liberador, sino que se convirtió en lo contrario.

En Cuba no existen estudios que muestren evidencias de formas cooperativas en el período anterior a 1959, en la agricultura, puede que hayan existido algunos gérmenes de asociación cooperativa, fundamentalmente para comerciar productos, pero esto no ha sido lo suficientemente estudiado.

Con el triunfo de la Revolución en enero de 1959 y la formulación de las leyes de reforma agraria, se formó un sector de propiedad estatal sobre la tierra cultivable, que estaba en posesión del 70% de la misma y el resto en manos de campesinos privados, (Valdés Paz, 2003). El gobierno revolucionario, a partir de la legislación aprobada, estimuló el desarrollo priorizado de las cooperativas agrarias, promoviendo formas de cooperación, así surgieron las Asociaciones Campesinas(AC), las Cooperativas Cañeras(CC), las CSS, las Sociedades Agropecuarias (SA), las CPA y finalmente las UBPC. En octubre de 1960 fueron creadas las CC que incorporaron cerca de 200 000 obreros agrícolas en 500, cooperativas, (Valdés Paz, 2003), en los antiguos terrenos de los latifundios cañeros. El Estado poseía el derecho de la propiedad sobre la tierra y los medios de producción, y los integrantes de las cooperativas detentaban el poder económico y jurídico en la gestión de la tierra. Según la economista cubana Blanca Rosa Pampín, el tamaño promedio de estas era de 1409 ha, con un total de 876 142 ha dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. Estas cooperativas a fines de 1962 son transformadas por acuerdo de sus miembros en Granjas del Pueblo, condicionado por el poco interés de los obreros agrícolas de ser poseedores de la gestión de la tierra.

En 1962 surgen las SA, la cuales se constituyeron, sobre la base de la voluntariedad de los campesinos privados de unir sus tierras, equipos y animales de labor, para de forma colectiva hacer uso de la tierra. Según las estadísticas de la época, las SA no tuvieron en su momento, la solidez imprescindible que presupone una asociación de este tipo. En 1963, solo el 2.5 % de los agricultores pequeños se había integrado a ellas y a juzgar por la dimensión promedio, 132 ha, todas eran pequeñas. En mayo de 1962 existían 220 SA, que contaban con más de 2 000 socios y 24 mil hectáreas de tierras, el mayor nivel de desarrollo se alcanza a finales de 1963 con un total de 411 sociedades que agrupaban a 3 700 miembros y más de 52 mil ha3. Estas SA, desaparecieron en la década de los 70.

 

Cooperativas de crédito y servicio (CCS)

Los campesinos desde los inicios mismos del proceso revolucionario comienzan a organizarse en Bases Campesinas para coordinar la distribución de insumos, a fin de garantizar las producciones agrícolas y recibir centralizadamente los créditos, estas formas cimientan la formación de las CCS, que recibieron el estímulo estatal, para unir a los campesinos que habían recibido la tierra en propiedad y aquellos que ya eran propietarios desde antes de 1959.

A través de las leyes de Reforma Agraria, el Estado promovió la creación de cooperativas y le dio respaldo jurídico, generando con ello la posibilidad de lazos de cooperación y trabajo conjunto.

Según la definición que contempla la Ley N. 95 de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios de 2002, en el Capítulo II del Artículo 5, una CCS: “es la asociación voluntaria de agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la producción que obtienen. Es una forma de cooperación agraria mediante la cual se tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y material que el Estado brinda para aumentar la producción de los agricultores pequeños y facilitar su comercialización. Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos con su patrimonio”.

En las CCS los campesinos miembros mantienen la propiedad privada individual sobre la tierra, pero se unen para contratar determinados servicios, hacer trámites legales, recibir créditos y otros. En el año 2000 existían en el país 2203 de estas cooperativas, que agrupan a casi 150 mil socios, (Borroto, 2000). Actualmente estos números se han incrementado con la entrega de nuevas parcelas y se está reconfigurando; aunque según el decreto ley las nuevas parcelas se entregan por un tiempo estimado de 10 años, con posibilidades de prórroga y no deja claro que va a pasar después.

Desde el principio, las CCS se convirtieron en un mecanismo de protección del campesino, quien en épocas anteriores a 1959, había sido víctima del saqueo despiadado de guardias rurales4, terratenientes y mercaderes. Las CCS a lo interno, se organizan de manera natural y espontánea en familias campesinas, que funcionan como células básicas dentro de una red de relaciones sociales que interactúan entre sí, con las comunidades urbanas más cercanas y con el Estado. Como tendencia han explotado la tierra estableciendo estrategias de supervivencia, para lo cual usan el mercado ya sea estatal, (Que de hecho fue el único mercado legal en que participaban durante los primeros años de la Revolución), libre, en sus distintas denominaciones e informal, es decir no reconocido por la ley.

Desde el punto de vista jurídico no era obligatorio incorporarse a las CCS, pero la realidad llevó a que la mayoría de los campesinos se incorporara de inmediato, pues por esta vía se obtenían los créditos y recursos necesarios como fertilizantes, semillas, insumos para la cría de ganado, apoyo técnico y algunos medios de producción que se convierten en bienes cooperativos comunes, como bombas hidráulicas, tractores, etc.

Nacieron en el momento de la efervescencia revolucionaria de los años 1960, en el cual los campesinos tuvieron un importante protagonismo, e incorporarse a ellas era presentada, a la vez, como la actitud correcta de todo revolucionario y de aquel que amara la patria.

Desde el principio, la política estatal se interesó en promover la movilidad social de los campesinos hacia formas de socialización socialista, que fusionaran los medios de producción, incluidos la tierra y demás medios de producción. La alta dirección de la Revolución creía que las supuestas ventajas que presentaban las formas de la agricultura estatal: como acto de liberación humana, así como las ventajas económicas que resultarían de los aumentos productivos, por la utilización de la técnica, más las posibilidades que ofrecían en materia de educación y de atención médica, generarían la movilidad social necesaria para que ese campesino fuera abandonando sus formas privadas de organización y gestión. Pero esto se vio obstaculizado por varias razones:

• Producto a la propaganda de los enemigos internos de la Revolución, más la desarrollada desde los

Estados Unidos, quienes manifestaban que las intenciones del gobierno era expropiar la tierra a los

campesinos, (Díaz, 2000).

• También el Estado poseía el 70% de la tierra y a ella dedicó todos sus esfuerzos en los primeros años, (Ibídem).

• Los campesinos habían participado de la lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista y una de las demandas históricas, de las luchas campesinas, había sido la posesión de la tierra. Era evidente que una vez triunfada la Revolución debía cumplir con este anhelo.

En realidad la agricultura estatal no fue una opción atrayente para los diversos sujetos productivos del país, por lo que a parir del año 1975 el Estado orientó la creación de las CPA, como forma de socialización cooperativa, esto no eliminó la posibilidad de que los campesinos se integraran a las granjas estatales. Por supuesto no todos los campesinos decidieron unirse a estas estructuras; siempre se respetó el principio de voluntariedad; de hecho lo que sucedió fue que se generó una tendencia de incorporación hacia las CPA.

En 1987 quedaba en manos del sector de campesinos privados, organizados en las CCS, el 10% de la tierra cultivable del país, (Valdés Paz, 2003), sin embargo su papel productivo siguió siendo fundamental y decisivo en cultivos como tabaco, café, viandas, hortalizas y frutas.

Con la crisis generada por el derrumbe del campo socialista, en la década de los 90, se produce una reducción significativa de los insumos que recibía la agricultura, esto afectó sensiblemente los niveles de producción, de las granjas estatales y de las CPA, como respuesta el Estado decidió, a fin de reanimar la producción agrícola, repartir parcelas en usufructo, esta decisión permitió un aumento de la tierra en posesión del número de miembros de las CCS. A nivel del país existían en 1994 más de 2300 CCS con alrededor de 70 mil miembros, entre productores y familiares; y en el año 2000, la cifra había aumentado a unas 2709 CCS con alrededor de 90 mil asociados, (Figueroa, 2001).

La parcelación de la tierra estatal, en esta década del 90, se realiza en régimen de usufructo gratuito y por tiempo indefinido. Se mantiene la intangibilidad del monopolio estatal, objeto de propiedad, sobre la mayor parte del suelo nacional; el resto pertenece a las cooperativas campesinas (propiedad colectiva) y a campesinos y parceleros (propiedad privada o en usufructo), (Ibídem ).

A partir del año 2008, con la aprobación del Decreto-Ley No.259 sobre la entrega de tierras ociosas, la tendencia a la parcelación de las tierras que estaban en manos del Estado, las UBPC y las CPA, se incrementó aceleradamente, a pesar de las trabas burocráticas y prácticas corruptivas que han acompañado el proceso de entrega.

Esta política de parcelar nacida con la crisis de los 90 e incrementado a partir del 2008, pone en evidencia que el “Estado comienza a reconocer al campesino de las CCS, como un componente importante de la agricultura cubana y no como un mero agente de tránsito hacia formas de propiedad social socialista”, (Díaz, 2000).

La evolución de la comunidad campesina organizada en las CCS, no ha sido estática, ha contenido

movimientos internos y hacia lo externo, después del triunfo de la Revolución en enero de 1959 y básicamente posterior a la década de 1970, se produce una tendencia a la movilidad social, dentro de las familias campesinas, dirigida a lo urbano, fundamentalmente de los hijos que ante la apertura de la posibilidad de estudios prefirieron hacerse profesionales, a seguir como agricultores; esta tendencia toma un giro inverso con la crisis de los 90, en que comienza una marcha de retorno o de permanencia de jóvenes a las fincas de sus familiares, en muchos casos esta tendencia favoreció la transferencia de tecnología, pues entre los que se reincorporaban los había con títulos universitarios y de formación técnica.

A partir de la década de los 80, también se dan procesos de capitalización y asalarización a lo interno de las CCS, que generan tendencias que pueden ser consideradas anticooperativas, estos agricultores, cuya gestión productiva la realizan de forma privada y con una fuerte mirada en el mercado, ya no solamente reciben a partir del Estado los insumos para producir, (Estos, además, se restringieron a partir de la crisis generada por el derrumbe del socialismo), sino que se apropian por vía del comercio ilegal de una parte significativa, de los fertilizantes, combustibles, herbicidas y otros recursos y servicios de las empresas estatales, de las CPA y de las UBPC, prácticas que reproducen improductividad en estas últimas y aumentan la productividad de los primeros, pero a un alto costo ambiental, pues no existe ningún tipo se control sobre ello.

En este proceso de capitalización ha influido el aumento, por parte del Estado, de los precios de los productos agrícolas, así como legalización de escenarios de mercado libre o regulado, creados a fin de aumentar el suministro de productos agrícolas en oferta, y también, la participación de estos agricultores en mercados informales.

Este sector cooperativo de las CCS ha sido conceptuado por los que estudian el tema como el más productivo del país, lo cual es relativamente cierto, pero no se puede idealizar, pues han ido fundiendo prácticas de la agricultura tradicional con métodos de agricultura industrial, en una simbiosis muy endógena, con efectos muy negativos al medio ambiente, por el uso intensivo del suelo, muchas veces con mecanismos erróneos de rotación de cultivos, y exceso de agroquímicos.

A lo interno de estas comunidades campesinas de las CCS se dan procesos de diferenciación social, como resultado de actitudes diferentes ante el uso del capital que ingresan, la contratación de fuerza de trabajo y por la participación que logran en el mercado ilegal, unido a condiciones físicas diferentes de las tierras que posen: los que poseen acceso a fuentes de agua, o terrenos propicios para el cultivo del tabaco o alguna especies, están en ventaja. Por lo que no todos tienen éxito en sus resultados.

En las unidades de producción campesina de las CCS, la familia tiene un protagonismo significativo en los procesos productivos, manteniendo la capacidad de reproducción de la economía campesina, a ella se incorporan, muchas veces, la parte de la familia que no vive en el predio, que trabaja en ocupaciones urbanas y que se manifiestan como ramificaciones de trabajo que no son cooperativas, a lo interno de estas entidades.

También se aprecia la contratación de fuerza de trabajo como jornaleros, fundamentalmente en épocas de cosecha. Otra práctica no cooperativa es el arrendamiento de las fincas, se paga por ello con parte de la producción, lo más común es el terciario, aunque en producciones como el ajo y la cebolla en ocasiones el arrendatario acuerda entregar la cuarta parte de la cosecha.

Si se hiciera un estudio de lo sucedido a partir de la desaparición física de los cabeza de familia, pudiera partirse de la hipótesis bien probable que considera que los hijos una vez muerto sus padres, dividen las fincas y con ello minifundizan las parcelas, es en realidad una prueba de que desde el punto de vista cultural la tendencia es a individualizar el trabajo agrícola.

El autor no ha podido encontrar en los estudios que se han desarrollado sobre las CCS, explicaciones dirigidas a evaluar si los campesinos que las conforman lo hacen por intereses cooperativos o por compromisos de otra índole. Es un déficit que tienen los estudios que toman como objeto al campesino, generalmente se dirigen constatar eficiencia y rentabilidad, los problemas de género o a determinar cantidades de tierra y de personas laborando en ellas.

Finalmente, puede afirmarse que este modelo de agricultura, no ha agotado sus potencialidades productivas, pues puede ofrecer más si se le suministran recursos técnicos, por supuesto siempre dirigidos a la agricultura sostenible, digamos la transferencia de estrategias más eficientes para la cría de ganado; hoy se hacen cosas en esta dirección, han aparecido programas de cría de cerdos, ceba de toros, etc., pero no llegan a todos por igual.

Puede también garantizarle el acceso a molinos para triturar granos, bombas hidráulicas sumergibles. El autor no se refiere tanto al acceso de tecnología de agricultura a gran escala, ese tipo de práctica, con limitaciones y en lo que esta agricultura es capaz de asimilar, la han tenido en parte, fundamentalmente el uso de tractores, algunas máquinas cortadoras de arroz, bombas hidráulicas, aunque estas últimas se conectan fundamentalmente a microembalses y cuando en estos se agota el agua, durante los períodos de mayor sequía, se limita el regadío.

Y en materia de gestión cooperativa se necesita, a través de la educación y de las políticas institucionales del Estado, fortalecer los lazos de acción conjunta típicos de los modelos cooperativos.

 

Sociedades agropecuarias y CPA

El 17 de mayo de 1974, Fidel Castro, define los dos caminos para que los

campesinos individuales de las CCS, se integraran a la agricultura socialista: las empresas estatales y la colectivización socialista o cooperativas campesinas. A partir de 1975 la dirección de la Revolución impulsa la creación de las CPA, y fueron instituidas a partir de un interés estatal de lograr equidad social, mejorar las condiciones de vida del campesinado cubano, en cuanto a vivienda, alimentación, educación e ingresos, y con ello, superar el abandono que había significado el capitalismo para las zonas campesinas en Cuba.

Las CPA tienen como antecedentes las SA, y se diferencia de ellas porque contemplan el patrimonio indivisible, con ello expresan un eslabón más alto de socialización, (Donéstevez, Nápoles y Figueras, 1995). Según la Ley N. 95 de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios de 2002, en el Capitulo II Articulo 4, Gaceta Oficial de la República de Cuba. Artículo 4.2002:1406, “La cooperativa de Producción Agropecuaria es una entidad económica que representa una forma avanzada y eficiente de producción socialista con patrimonio y personalidad jurídica propios, constituidas con las tierras y otros bienes aportados por los agricultores pequeños, a la cual se integran otras personas para lograr una producción agropecuaria sostenible”.

A partir de su convocatoria el Estado les dio prioridad, en la construcción de viviendas, transferencia de tecnologías, créditos, suministro de combustibles y otros recursos. Este apoyo, aunque existió, no fue tan generoso para agricultores de las CCS.

En adelante, hasta 1983, se despliega un creciente movimiento de incorporación de los campesinos de las CCS a las CPA, esta tendencia al crecimiento se desacelera a partir de 1983, llegando a estancarse a finales de la década. Las CPA se asociaron a un gigantismo de dimensiones incontrolables a lo interno, que a la larga contribuyó a su improductividad; carentes de correspondencia entre la inmensidad de las magnitudes de sus terrenos y el número de asociados, en la práctica no lograron los resultados productivos esperados, y en no pocas ocasiones ante la falta de rentabilidad manifiesta, el Estado tuvo que correr con las deudas contraídas.

Sin embargo, representaron la posibilidad para que los campesinos que vivían dispersos por los campos, se agruparan en asentamientos comunitarios, accediendo a la electricidad y al mejoramiento de los servicios médicos y educacionales.

El principio de la democracia electiva: un socio un boto, libre expresión en torno a la gestión cooperativa y la toma de decisiones de manera colectiva, se instituyó en su estructura jurídica; sin embargo se ha visto limitado por el espíritu de desconfianza de los asociados hacia sus directivos, la no preparación de estos para defender sus intereses y por las prácticas corruptivas que enajenan a sus integrantes. A toda comunidad humana le han contenido conflictos de intereses, los cuales solo se resuelven con la más amplia transparencia y con la más amplia adecuación de los mecanismos de participación a las características culturales de las comunidades sociales en que se instituyen, las CPA carecieron de esto, no basta con que ello sea un hecho jurídico y que el Estado las apoye.

Estas instituciones productivas desde sus inicios se convierten en espacios, donde las mujeres encontraron oportunidad para la participación social, acceso a un ingreso propio, además de, mayores y más flexibles opciones de empleo y por lo tanto perspectivas efectivas para mejorar su vida, y con ello aumentaron sus posibilidades para participar de los servicios médicos, de educación y acceder a puestos de dirección. También se beneficiaron de las ventajas de los desarrollos tecnológicos para las labores domésticas. Sin embargo, la participación femenina como sujeto productivo sigue siendo minoritaria y las decisiones son generalmente responsabilidad de los hombres.

Por otra parte, en las CPA se establecieron pésimas relaciones con el medio ambiente natural: destruyeron las cercas vivas que dividían los predios de las fincas campesinas, establecieron una dependencia excesiva de la maquinaria agrícola y del combustible fósil, eliminaron progresivamente las barreras de piedras que impedía la erosión excesiva del suelo; los resultados ambientales del modo de producción de estas formas de asociación significó la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los suelos y un cambio del paisaje tradicional campesino.

Sin embargo, hay que reconocer que desde el Estado, fundamentalmente después de los años 90, se ha proyectado por políticas de desarrollo sostenible, a partir de programas de educación ambiental y de la incorporación de la dimensión ambiental al desempeño de la agricultura, asociadas a la difusión de prácticas agro ecológicas, de uso de abonos orgánicos, de métodos de roturación del suelo, etc.

También las prácticas corruptivas han tenido un efecto de fuerza anticooperativa, al desestimular a los

campesinos que las conformaron, que en muchos casos fueron abandonando estos proyectos y a la larga ha sido una causante más del déficit de mano de obra de que han padecido.

La cooperativa como hecho de socialización ideo-cultural tampoco se logró, no se formó una cultura cooperativa, es decir una identidad con principios cooperativos. Principios que de hecho no existían como antecedentes, lo cooperativo está asociado a valores espirituales que si no existen, no existe tampoco la cooperativa, aun aunque esta tenga resultados económicos favorables. Todo ello impidió la conformación de objetivos comunes, lo que tiene que ver con el hecho de que el cooperativismo se desarrollo en Cuba, sin estudiar el contorno cultural, es decir, sin determinar si este era propicio o no y sin entender las estrategias de vida de las comunidades campesinas.

El concepto de objeto social exigido desde el Estado, para guiar el desempeño de las cooperativas, según el cual, una cooperativa agrícola debe desarrollar solo producciones agrícolas y no debe beneficiarse de ninguna otra labor ya sea de procesamiento industrial o artesanal, en opinión del autor, ha afectado la realización exitosa de las prácticas cooperativas, limitando, además, la incorporación de la mujer al trabajo. La multifuncionalidad en el cooperativismo es viable, siempre que se apoye en conceptos legales.

Se puede considerar, como una hipótesis muy plausible, que el movimiento de socialización que significó la creación de las CPA, fue más una respuesta a una intencionalidad política y de solución de circunstancias sociales, que el resultado de necesidades económicas de intencionalidad cooperativa de quienes lo integraron, pues el modelo de agricultura campesina privada no había agotado sus potencialidades económicas de crecimiento. Aunque la incorporación no fue forzosa, la propuesta se presentó como un llamado de la patria y del socialismo, de hecho un compromiso para el campesino revolucionario, que ha sido siempre mayoría. Por otra parte, y aunque no existen estudios que lo avalen, puede afirmarse que en las CPA entraron, como tendencia, familias cuyos hijos habían elegido ocupaciones urbanas y vivir en los pueblos o en la grandes ciudades, los padres con una edad avanzada se incorporaron, no tanto por las ventajas productivas, sino por obtener un retiro y vivir un poco más cómodos en los asentamientos, muchos con el tiempo se arrepintieron de su decisión, así como sus hijos, llegando a reclamar que les devuelvan las parcelas.

Está muy difundida la falsa opinión de que con el derrumbe del llamado “socialismo real”, donde Cuba pierde sus principales suministradores de insumos productivos, las CPA entran en crisis, al verse privadas del combustible los fertilizantes y demás insumos que recibían, es cierto que el acontecimiento las afectó sensiblemente, como afectó la sociedad cubana en general, pero el autor es de la opinión de que la crisis de estas instituciones, con algunas excepciones, venía de antes: el intento de incorporar estilos productivos de la “revolución verde” no tenía nada que ver con los comportamientos culturales campesinos, por otra parte muchos de los campesinos que reunieron sus parcelas, lo hicieron buscando pensiones de jubilación, que incluían no solo al hombre, sino también a su esposa, de hecho un justo beneficio que la Revolución les concedió; por otro lado a los hijos, como tendencia, no les interesaba para nada laborar en la cooperativa, ni nadie se preocupó por inculcar otra cosa; así nacieron estas instituciones que desde el principio fueran huérfanas de suficiente fuerza de trabajo y muchas veces el Estado tuvo que hacerse cargo de sus deudas, esto es sin hablar de la improductividad permanente que desde un principio la mayoría manifestaron y del negativo impacto de su gestión en el medio ambiente.

Hay factores externos que han jugado, también, un papel en la no realización exitosa de las CPA:

• La no existencia de una política de precios de mercado estable y realista, así como la política de centralizar el mercado, donde los cooperativistas están obligados a vender sus producciones, es decir el Estado como único comprador; ha afectado el desempeño de estas instituciones, aunque por períodos han tenido la posibilidad de participar del mercado libre campesino, (Prohibido en el año 1986) en el mercado agropecuario, instituido en el año 1994 y también en las ferias, organizadas fundamentalmente después del 2000, en los distintos municipios.

• La presencia de la economía informal, principalmente después de la década del 90, que permite ingresos superiores o más “fáciles” a los que se obtienen como trabajador de la CPA, las personas eligen dedicarse al comercio ilícito, muchas veces hijos de cooperativistas, a trabajar en ellas. El resultado es que un fenómeno externo, nacido de las estructuras de la economía nacional, genera un impacto en el déficit interno de fuerza de trabajo y en los resultados económicos.

 

Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)

Las UBPC surgen a partir del Decreto Ley 142 de septiembre de 1993, que establece la conversión de gran parte de las granjas estatales en estructuras cooperativas, en principio fueron integradas por los obreros de las empresas estatales, a los que se les entregaron las tierras en usufructo gratuito y se les vendieron las instalaciones, equipos y animales en un ambiente favorable.

Las tierras quedaron en propiedad estatal, recibidas por trabajadores que deciden unirse por voluntad propia y explotarlas en usufructo por tiempo indefinido, se reconoce jurídicamente autonomía en su gestión administrativa y propiedad colectiva de la producción y sus medios. El cambio se establece en la gestión de la tierra y no en la propiedad que se mantiene en manos del Estado.

A partir de esta reforma, el 52% de la tierra administrada por el Estado se concedió en usufructo para su explotación por las UBPC, actualmente hay 1600 UBPC, las cuales ocupan 1 millón y medio de hectáreas, (Periódico Granma, 10 de mayo, 1995). En la rama cañera más del 85% del fondo de tierra estatal se conformó como UBPC, (Figueroa, 2001).

Según Víctor Figueroa, (2001), la “UBPC viene a resultar una cooperativa proletaria de tipo empresarial, constituida por los granjeros asalariados procedentes de las empresas estatales agropecuarias. La formación del sector UBPC representa un proceso singular de desestatización de la posesión de la tierra y de los activos estatales y, socialmente hablando, de desclasamiento de los asalariados estatales en proceso de transición a propietarios colectivos con sus intereses correspondientes, (Ibídem ). Las UBPC se crearon con distintos fines productivos, pero destaca en lo fundamental la producción de caña de azúcar, viandas y hortalizas. Las UBPC están sustentadas en cuatros principios básicos, (Jiménez, 2009):

1.       La vinculación del hombre al área como forma de estimular su interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva,

2.       El autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familias con esfuerzo cooperado, así como mejorar progresivamente las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con la atención del hombre,

3. Asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la producción alcanzada,

4. Desarrollar ampliamente la autonomía de la gestión. Las unidades de producción que se proponen deben administrar sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo.

Desde su creación, las UBPC se dividieron en dos grandes grupos, las que se dedican al cultivo de la caña de azúcar y las dedicadas a otros cultivos y a la actividad pecuaria. Ambos grupos son atendidos respectivamente por el Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ) y el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI). Según Juan Valdés Paz (2003), las características de estas nuevas cooperativas son:

• Poseerán usufructo de la tierra por tiempo indefinido, la cual se explotará en toda su extensión útil.

• Serán los dueños del producto de su gestión.

• La venta de su producción se hará al Estado o en la forma que este decida.

• Asumirán todos los costos de su gestión.

• Tendrán personalidad jurídica propia y autonomía financiera. Serán sujetos de crédito y obligaciones

fiscales.

• La organización y gestión de las unidades económicas se harán sobre bases cooperativas.

• La producción y el uso del suelo estarán regulados por el Estado.

• La tierra será entregada a las cooperativas gratuitamente, pero estas deberán pagar todos los demás

bienes.

• Elegirán en colectivo a su dirección y ésta rendirá cuenta periódicamente ante sus miembros, igual que se hace en las Cooperativas de Producción Agropecuarias.

El origen básico de la fuerza de trabajo que ingresó en las UBPC procede de los obreros agrícolas de las antiguas granjas estatales.

Aunque algunas UBPC han tenido éxitos productivos, en realidad la tendencia de su evolución se ha caracterizado por bajos niveles de eficiencia y pobres resultados económicos productivos. Diversas investigaciones han demostrado las deficiencias que las han afectado:

• Déficit de fuerza de trabajo, ha sido poco atrayente como estructura productiva.

• La fuerza de trabajo con que cuentan está envejecida, la UBPC no es atractiva para los jóvenes.

• Los móviles fundamentales que inducen a las personas a incorporarse están relacionados con la garantía que significa el autoconsumo para la supervivencia, generalmente logrado a través de pequeñas parcelas que reciben sus integrantes en forma de conuco5 temporal, para ponerlas en producción de manera individual y la posibilidad de obtener pensiones de jubilación, esto en realidad pone en evidencia espacios de ausencia de lo cooperativo e influye negativamente en los resultados de una estructura social cuya misión social no existe en las perspectivas de sus integrantes.

• Falta de autonomía de su gestión, (Pérez y Echevarría, 2006), por la constante dependencia de las empresas a las que se subordinan y la intromisión del Estado y de los funcionarios públicos en las políticas de inversiones y en la comercialización de los productos cosechados.

• Los trabajadores actúan más como obreros agrícolas que como productores que se unen por lazos cooperativos, (Noguera, 2004), lo que estaba condicionado por ser el Estado el único comprador, quien fija los precios y participa de las estrategias de planificación de estas entidades.

• Tendencia a la corrupción, muchas veces los recursos que reciben del Estado, para producir, son vendidos por los asociados o administrativos, en el mercado ilegal a campesinos privados; los recursos que deben ser usados para la producción agrícola de estas entidades, cambia de destino, lo cual limita los resultados y evidencia la ausencia de objetivos cooperativos.

• Como una resultante de estas deficiencias se aprecia débiles resultados productivos y acumulación de deudas con los bancos. Durante el primer año de su creación, 1993, el 59 por ciento de las UBPC no cañeras proyectaban pérdidas para 1994 de 30,6 millones, (Ibídem ).

• El ubepecismo no se construyó desde una orientación que incorpore la familia, no existe una comprensión de la familia como entidad que puede participar de la producción.

En resumen, la interrogante de si ¿existe mentalidad de acción conjunta y fines cooperativos en la UBPC? Está por ser respondida a través de las investigaciones, sin embargo todo parece indicar que la respuesta es negativa, no existe hasta hoy.

 

Conclusiones

Las distintas formas de cooperación instituidas, a pesar de sus limitaciones significaron un progreso, si los comparamos con la realidad campesina y del resto de las comunidades agrícolas anteriores a 1959, en que el campesino era víctima de los atracos de mercaderes, terratenientes y guardias rurales, más la pobreza extrema en que se vivía. La revolución suspendió el desalojo y humanizó la vida de las familias campesinas y de obreros agrícolas.

Las relaciones cooperativas en Cuba, pese al estímulo estatal recibido que incluye apoyo financiero y técnico, no son sólidas y en muchos casos no existen, a pesar de que se le dé la denominación de cooperativas, no basta con crear una institución y llamarla cooperativa para que funcione; por lo que se necesita fortalecer la labor educativa de manera que permita un aprendizaje y comprensión de la labor cooperativa, que proporcione conocimientos acerca de los principios y métodos cooperativos; induzca a los asociados a participar activamente en su cooperativa, a deliberar correctamente en las asambleas, a elegir conscientemente a sus autoridades y a controlar su actuación.

Las cooperativas en Cuba, principalmente las CPA, no han tenido un desempeño ambiental favorable, están llamadas a incorporar la idea del desarrollo sostenible, de una manera más sistemática; lo que exige una mayor labor educativa y políticas activas que hagan cumplir la legislación aprobada en materia de protección del medio ambiente.

La agricultura cooperativa puede ser multifuncional, la idea del objeto social afecta los resultados económicos y principalmente la incorporación de la mujer al trabajo. Cualquier actividad lícita puede ser organizada y desarrollada dentro de una sociedad cooperativa.

El crecimiento exagerado de la economía informal, que se acrecienta con la crisis de los 90, en Cuba; afecta sensiblemente la funcionalidad del cooperativismo, al privarlo de fuerza de trabajo; esta no funcionalidad, a su vez, genera desconfianza popular y falta de credibilidad en las estructuras cooperativas. Esta disfuncionalidad manifiesta no significa que el cooperativismo no tenga futuro en sus expresiones más socializadas y socialistas, pero necesita de una profunda y desprejuiciada evaluación de la historia y realidad de su institucionalización y de la solución del resto de los problemas del país.

 

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