Página 12 / Lunes 14 de diciembre de 2009

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Los pequeños emprendimientos que se consolidan a partir de proyectos innovadores son clave en la trama productiva y han mostrado mayor capacidad de adaptación a las crisis. Los especialistas remarcan la necesidad de alentar estas iniciativas y destacan el caso de las cooperativas.

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Valores solidarios

Por Daniel Plotinsky

Coordinador del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Las cooperativas que guían su accionar sobre la base de valores y principios solidarios, centrándose en la satisfacción de las necesidades de las personas, han resultado ser relativamente más resistentes a la actual crisis internacional que las empresas cuyo fin es el lucro. Tal como ocurre en nuestro país desde fines de la década del noventa, se reconoce además su contribución a la creación de empleos decentes, la movilización de recursos y la generación de inversiones, mitigando los efectos de las crisis.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) da cuenta de que casi dos tercios de las 14.679 cooperativas registradas hoy en la Argentina, están relacionadas con el trabajo. Le siguen las de vivienda y construcción (10 por ciento), consumo y provisión (8), agropecuarias (6,5), de servicios públicos (6) y de créditos y seguros (5). Casi 10.200 de aquel total se registraron en los últimos 6 años, de las cuales más de 8000 son cooperativas de trabajo. En conjunto, el sector genera aproximadamente el 9 por ciento del PIB.

Más allá de las cifras, el desarrollo de las cooperativas –en tanto empresas y movimientos sociales– está siempre ligado al contexto institucional y económico en el que deben desenvolverse. Al mismo tiempo, persiguen cumplir con una función correctiva o transformadora de la realidad, por lo que actúan modificando ese contexto. En tanto movimiento social, las relaciones de tipo horizontal que se dan entre sus asociados se potencian en las múltiples relaciones que cada uno de ellos establece con otros miembros de la comunidad, creando un terreno fértil para el desarrollo local de relaciones y prácticas participativas y democráticas.

Pocas veces el desarrollo de esa red social cuenta con el visto bueno estatal, y cuando el neoliberalismo instala sus valores en la cultura dominante, las transforma en un potencial enemigo. En tanto empresas sin fines de lucro, las cooperativas operan –compitiendo en el mercado– con las ventajas que les dan sus características distintivas: voluntariedad, autogestión, reciprocidad, territorialidad y sentido de pertenencia. Como contrapartida, suelen tener que enfrentarse a una normativa legal que no está orientada a que esas ventajas puedan desarrollarse y que en períodos de auge de políticas neoliberales entra directamente en contradicción con las mismas.

Es por eso que el cambio en la actitud del Estado hacia el cooperativismo, expresado en los últimos años, es auspicioso. Abre nuevas posibilidades y desafíos para el sector, al tiempo que lo impulsa a continuar y profundizar los reclamos y a ocupar espacios concretos de poder desde los cuales incidir en las políticas públicas, constituyéndose en una herramienta de transformación social. Para eso, el movimiento cooperativo debería sumar a su tradicional integración institucional federativa, la interacción económica, avanzando en emprendimientos empresariales conjuntos como la utilización recíproca de servicios y el desarrollo de proyectos comunes.

Entre los reclamos específicos, se destacan: creación de órganos locales en materia cooperativa en las provincias donde no los hay; elevar la jerarquía institucional del organismo nacional que regule y establezca estrategias para el sector; reconocimiento estatal de la peculiar situación jurídica, económica y social de las cooperativas de servicios públicos; ley nacional de expropiación y modificación de la ley de quiebras para las empresas recuperadas. A éstos se suma la necesidad de modificar la normativa que regula algunas áreas particularmente sensibles, como el sector financiero. Se solicita también la incorporación, en una futura reforma constitucional, del reconocimiento expreso de la función económica y social que cumplen las cooperativas. Tal como se dio en los últimos procesos de reforma constitucional latinoamericanos, desarrollados en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En ese contexto, el cooperativismo de trabajo merece especial consideración. El reciente Plan Ingreso Social con Trabajo, en tanto apunta no sólo a resolver la desocupación e informalidad laboral, sino a que la gente se organice socialmente para combatir la pobreza, refleja un importante esfuerzo del gobierno nacional. Presenta, sin embargo, el riesgo de que las cooperativas actúen como pasivos instrumentos de contención social, desnaturalizando su carácter autónomo y transformador. Por eso el desafío para el movimiento cooperativo es acompañarlas en un camino que les permita despegarse gradualmente del Estado y promueva una participación real y efectiva de sus asociados, consolidando su carácter autogestivo a partir de la sustentabilidad económica.

Clave del desarrollo

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Director de la Maestría en PyMES de la UNGS.