Por Alex Kodric

El ejercicio de elaboración del presupuesto por parte del Estado es cualitativamente diferente al que realiza cualquier empresa privada. La principal diferencia radica en que el presupuesto de un Estado expresa necesariamente una intencionalidad política que, articulada con un programa económico, se manifiesta en diversas medidas que tienen como resultado sectores socio-económicos favorecidos y desfavorecidos. Si lo anterior es verdadero, resulta un ejercicio interesante intentar desentrañar cuáles son los lineamientos de política económica que expresa esta primera Ley de Presupuesto de la gestión Cambiemos.

Si de sectores ganadores y perdedores se trata, es evidente que se privilegia a los sectores que históricamente tuvieron y tienen ventajas comparativas en la economía argentina: mientras se expresa una intencionalidad de desarrollo y promoción del sector agroindustrial, no se menciona ninguna política específica dirigida a la promoción del sector industrial.

Esta presunción de retorno a un modelo de reprimarización de la estructura económica, se confirma al analizar los presupuestos macroeconómicos sobre los que se estructura el Presupuesto. Luego de una caída prevista de la economía del orden del 1,5 por ciento para 2016, se predice un crecimiento de 3,5 por ciento para 2017. Los motores de dicho crecimiento se sedimentan en un incremento de la inversión y “la eliminación de las distorsiones que afectaban la eficiente asignación de recursos productivos que redundan en una mejora de la capacidad productiva de la economía” (Ley de Presupuesto, 2017). En otros términos, se espera que la famosa “lluvia de inversiones” derivada de una mayor liberalización de la economía traccione el crecimiento.

Otro rasgo saliente es la explicitación de una dinámica deficitaria en la balanza comercial hasta 2019. En este sentido, la gestión Cambiemos prevé que durante todo su gobierno las importaciones serán mayores a las exportaciones. Es más, conforme a dichas previsiones, para 2019 el déficit comercial se incrementará aproximadamente 5 veces respecto al de 2016. Hasta ahora pocas novedades respecto a la dinámica de apertura, endeudamiento, liberalización y reprimarización de la economía característica de los programas económicos de la última dictadura militar y la década del 90. Veamos que ocurre con la dinámica del accionar del Estado.

Tanto para el cierre del ejercicio del corriente año, como para 2017 se prevén resultados deficitarios de orden primario y financiero. La característica saliente de este fenómeno es el incremento de la brecha entre ambos resultados, lo cual confirma la dinámica de un modelo económico basado en el endeudamiento del Estado.

Por el lado de la recaudación tributaria, resulta saliente la profundización de una estructura regresiva asentada en el incremento de la participación del IVA y la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Mientras que, por el lado del gasto, se observa la priorización del rubro de intereses de la deuda por sobre el de servicios sociales (con un crecimiento del 32 por ciento del primero, contra 29 por ciento del segundo). A su vez, se observa una reducción en el rubro de subsidios a los servicios públicos, lo cual debe leerse como un aumento de tarifas.

Un comentario aparte merecen tanto la promulgada Ley de Reparación Histórica como la política de remuneraciones y ocupación de los empleados estatales. Respecto al sistema de previsión social, en un documento reciente del Centro de la Cooperación se muestra claramente como dicha medida implica un beneficio para el sector de jubilados de más altos ingresos e incrementa la insustentabilidad interna del sistema. Respecto a las políticas del mercado de trabajo del sector público, la Ley supedita el crecimiento del salario y la ocupación a la sustentabilidad fiscal general y diversos criterios de eficiencia derivados de la implementación del plan de Modernización del Estado.

En conclusión, en tanto programa económico, la reciente Ley de Presupuesto de la gestión Cambiemos, muestra un claro retorno a las dinámicas observadas durante la década del 90, dentro de las cuales la Reforma integral del Estado representó uno de los elementos principales para la implementación del programa económico neoliberal.