Por Valeria Mutuberría Lazarini y María Florencia Rodríguez

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra transitando el segundo gobierno de Mauricio Macri (2011-2014), actual jefe de gobierno de la Ciudad. Durante su primer mandato, que se desarrolló en el período 2007-2010, Macri impulsó varias medidas que fomentaron la exclusión. La aplicación de desalojos, la desarticulación de las políticas habitacionales, la subejecución presupuestaria de programas sociales y la no resolución de los problemas vinculados a la educación, fueron algunos de los aspectos que caracterizaron su gestión. No obstante, esta situación persiste en su segundo mandato, puesto que –hasta el momento– ha tendido a profundizar estos lineamientos.
Mauricio Macri ha desarrollado, a lo largo de estos años, un proceso sistemático del uso del veto, en el cual alcanzó a desafectar 107 propuestas de ley –todas ellas vinculadas al fortalecimiento de los Derechos Humanos y sociales– a pesar de contar con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lleva a preguntarnos, en qué consiste el uso de la herramienta del veto. A muy grandes rasgos, el veto constituye una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar los proyectos de ley sancionados por la Legislatura. En nuestro régimen actual donde hay un sistema colegislativo (Poder Ejecutivo – Poder Legislativo), el veto es uno de los mecanismos a través de los cuales el Ejecutivo interviene en el proceso de formación de las leyes. Si bien en la etapa constitutiva (la sanción del proyecto de ley) interviene exclusivamente la Legislatura, la norma legal no adquiere existencia sino hasta después de ser aprobada o desaprobada (a través del veto) por el presidente, el jefe de gobierno en este caso.

Actualmente, el Poder Legislativo está representado por 60 legisladores ubicados en 12 bloques políticos, de los cuales el PRO representa el 43% (26 legisladores). Le sigue el FPV con el 13% (ocho legisladores), Proyecto Sur con el 10% (seis legisladores), Buenos Aires para todos 7% (4 legisladores), Nuevo Encuentro, Coalición Cívica y Frente Progresista y Popular representan cada uno el 5% (tres legisladores cada uno), UCR y Bases para la Unión representan el 3% (cada uno dos legisladores) y el MST, PJ – Sindical peronista y Unión Federal el 2% (cada uno un legislador). Esto muestra que en términos absolutos el PRO tiene la mayoría; pero que en términos relativos hay una participación plural de distintas fuerzas. De esta manera, con la utilización del veto el Poder Ejecutivo se garantiza la posibilidad de frenar las decisiones de un grupo más plural y democrático, como es una Legislatura o el Congreso donde las minorías están representadas.

Ahora bien, llama mucho la atención que el propio jefe de gobierno haya vetado proyectos de ley presentados por su propio bloque, aduciendo que hay problemas técnicos sobre cómo se han presentado los proyectos, y en este sentido nadie de su fuerza se ha pronunciado.
Con esto queremos decir que independientemente del bloque político que presenta los proyectos en la Legislatura, hay aspectos que inquietan al jefe de gobierno de la Ciudad y que derivan en la utilización sistemática de la herramienta del veto. Si nos adentramos en el análisis de la misma, podemos reforzar esta idea. Hay que tener en cuenta que las normas que se han desafectado se concentran en temáticas vinculadas al espacio público, al trabajo, a los Derechos Humanos, así como a la salud y a la vivienda.

En lo que respecta a las normativas de trabajo vetadas, podemos mencionar algunas de ellas. Macri arremetió contra el programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social; el régimen de protección de fábricas recuperadas; así como la creación de un fondo fiduciario para estas y mini pymes.  En materia de Derechos Humanos se vetó el otorgamiento de subsidios a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la creación de una oficina contra la trata de personas; la creación del comité contra la tortura y otros tratos o penas crueles; la creación de un fondo para la localización y restitución de niños en cautiverio, entre otras normas.

Asimismo, varias leyes en torno a salud fueron vetadas. La creación de un laboratorio estatal orientado a la producción de medicamentos genéricos de bajo costo; el subsidio por 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down; y la implementación de la libreta de salud de niñas y niños, fueron alcanzadas por esta modalidad.

En torno a las propuestas de ley sobre vivienda y hábitat, se vetaron varias normas, entre ellas, la desafectación de predios para la construcción de vivienda social; la prórroga de emergencia habitacional por tres años; la protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle, como también el veto a la prórroga de plazos de expropiación de inmuebles a cooperativas. Este conjunto de medidas afectan de manera directa a los sectores populares y a todos aquellos que tienen dificultad para acceder al suelo y a la vivienda por las vías del mercado formal, generando así una mayor exclusión y precariedad en materia habitacional.

En función de esto, interesa señalar que un alto porcentaje de las normas que se desafectaron están vinculadas al espacio público y sus usos.

El jefe de gobierno vetó la ley de “trapitos” que consistía en crear un Registro de Cuidadores de Vehículos, a los fines de que estos pudieran trabajar dentro de los horarios y los lugares establecidos por el gobierno de la Ciudad. Los cuidacoches recibirían así un permiso renovable por dos años, que podía ser revocado y podrían ser multados si cometían alguna contravención o delito en el desarrollo de su actividad. En este marco, los “trapitos” sólo podían recibir una retribución voluntaria por su actividad.

Esto mismo ocurrió en el caso de los “manteros”, a quienes se les prohibió trabajar en la vía pública y, de esa manera, comerciar sus mercaderías en peatonales y veredas. Interesa señalar que estas prácticas son justificadas y sostenidas bajo ciertos argumentos y discursos en torno a la “recuperación de los espacios públicos”. Así, la argumentación de que se “socava el principio de libre disfrute que caracteriza el uso del espacio público” o “que hay una utilización indebida del espacio público” está presente en los discursos de los funcionarios del gobierno de la Ciudad.No obstante, a esta argumentación en defensa y protección de los espacios públicos se le suman también discursos tendientes a estigmatizar y generar peligrosidad hacia estas personas, planteando que “hay mafias”, “son ilegales”, “no tienen autorización” o que “venden mercadería de dudosa procedencia” tal como ocurrió con los manteros.

Un aspecto relevante a mencionar es que detrás de todo lo expuesto, lo que se pone en cuestión es quiénes son merecedores de vivir y producir en la Ciudad, puesto que estas medidas afectan directamente a los sectores más vulnerados, quienes parecerían “desentonar” con el tipo de Ciudad que pretende gestionar el jefe de gobierno actual.
Nuestra reflexión intenta poner en cuestión, ni más ni menos, quiénes son los que finalmente tienen el derecho al acceso y uso del espacio urbano. Con relación a este punto, y de acuerdo con lo que sostiene Oscar Oszlak, el derecho al espacio no se agota en la dicotomía propietario – no propietario, a la vez que este derecho conlleva diversos aspectos como es el acceso a la vivienda y a una localización adecuada, el acceso a infraestructura, al transporte, a los servicios públicos, a la educación, a la recreación, a la salud, a la fuente de trabajo.

Con ello, el derecho al espacio urbano debe entenderse como un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda así como a la actividad que se desarrolla. Vetar esto desde el área gubernamental es de alguna manera avasallar a los seres humano, en su derecho a “hacer” ciudad.