El proyecto Potasio Rio Colorado

15/04/2013

Por Nicolas Gutman

En 1942 el gobierno de Getúlio Vargas creaba en Brasil la empresa Vale do Rio Doce, fruto de una fuerte disputa con los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos por el control de los gigantescos yacimientos de mineral de hierro. Por varias décadas y aun mucho antes que Petrobras, Vale encarnó para los brasileños el símbolo de la empresa que es orgullo nacional y demostración de que el país se puede desarrollar con el ingenio humano y la suerte de contar con los recursos naturales, tal como lo fue por décadas en la Argentina nuestra querida y pionera YPF. En mayo de 1997, 55 años después de su fundación, el presidente Fernando Henrique Cardoso privatizaba Vale en medio de una batalla campal entre 600 policías militarizados y más de siete mil manifestantes frente a la Bolsa de Valores de Río de Janeiro (BVRJ), con el resultado de 33 personas heridas y una privatización tan escandalosa que motivó la aparición de un nuevo neologismo del idioma portugués en Brasil, la privataria, una conjunción de privatización y piratería. La privatización con el consiguiente control accionario de un 41,73 por ciento de las acciones ordinarias de Vale se realizó el 6 de mayo de 1997 por un valor de 3,3 mil millones de dólares. El Banco Merrill Lynch y el gobierno de Enrique Cardoso aceptaron valuar la compañía por el flujo de caja y no por el valor de sus yacimientos, que están entre los más grandes del planeta, los argentinos conocimos también en la noche neoliberal esta misma película pero aplicada a YPF.

Hoy la minera tiene un valor de mercado de 124 mil millones de dólares, aproximadamente seis veces el PBI de Paraguay o dos veces el PBI de Ecuador. En 2006, con la compra de la minera canadiense INCO, el mayor productor de níquel del mundo, por 17 mil millones de dólares, Vale pasa a ser la 31ª mayor empresa del mundo. A pesar de la “privataria” sufrida, el 41 por ciento de las acciones con voto de Vale están repartidas en diferentes organismos del gobierno de Brasil, y si se suman los inversores privados brasileños el 65 por ciento del capital votante de Vale está en suelo brasileño.

Ante la noticia del supuesto abandono de la concesión para explotar los yacimientos de potasio en Mendoza, el corillo de economistas ortodoxos y varios medios salieron a clamar por la falta de seguridad jurídica, se rasgaron vestiduras por los empleos que quedaron en suspenso, y como siempre insinuaron supuestos hechos de corrupción. Es triste que una y otra vez tengamos que escuchar o leer el latiguillo de la falta de seguridad jurídica; en primer lugar, dado que la jurisprudencia es muy específica, deberían señalar exactamente en dónde se violaron los términos a las concesiones mineras entregadas a Vale, pero como el problema no es ése, lo único que resuena es el grito declamatorio sin más. El concepto de seguridad jurídica en el caso de los recursos naturales es un factor poco relevante a la hora de decidir una inversión, porque no hay otra forma que ir a buscarlos donde los puso la madre naturaleza, y para quienes creen que no es así sólo tienen que ver en dónde se desarrollan grandes proyectos mineros actualmente: Sudán, República Centroafricana, Papúa Nueva Guinea, Colombia o Camboya entre otros, difícilmente paraísos de la estabilidad jurídica.

Brasil, a diferencia de Argentina, no firmó en la infame década noventista tratados bilaterales de inversión –TBI– ni cedió soberanía jurídica al Ciadi, de forma que si pensamos en seguridad jurídica en el Mercosur, Argentina es un lugar mucho más seguro que Brasil para invertir desde el punto de vista empresarial-corporativo tan exaltado por los economistas ortodoxos. Sin embargo, todos estos tratados no favorecieron a la Argentina con más inversión, sino que, por el contrario, la dejaron en el primer puesto del ranking de demandas en tribunales internacionales.

Las verdaderas causas de la decisión tomada por Vale de suspender el proyecto es algo que difícilmente se pueda saber con exactitud fuera de los pasillos del poder. Aun dentro de estas grandes corporaciones estas decisiones son fruto de fuertes pujas de interés, pero hay algo que aún sin conocer en detalle podemos intuir: cuando un gobierno se resiste a los fortísimos lobbies empresariales, que por otra parte son muy comunes en estos gigantescos proyectos, es porque se está negociando en defensa del interés nacional, y por lo tanto de los ciudadanos. Que se le nieguen más beneficios a los ya inauditos otorgados en el Código Minero es una muestra de fuerza en la negociación de nuestros recursos, pero esta situación no excluye el debate de por qué seguimos pensando un país que gestiona la entrega de los recursos mineros en vez de tener soberanía sobre éstos, cuando ya se recuperó el control de los hidrocarburos. Tampoco debe quedar de lado el debate sobre el grave impacto ambiental, especialmente en Mendoza, una zona árida que tanto sacrificio costó recuperar para la agricultura y la vinicultura.

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