Por Nicolás Gutman

El 9 de enero, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Ken Salazar, anunció la decisión de la administración de Obama de prohibir por un período de 20 años proyectos de minería de roca dura en un área mayor a 400 mil hectáreas adyacente al Gran Cañón del Colorado. Esto es resultado de una fuerte disputa entre los ciudadanos y la industria, que está respaldada por un muy poderoso lobby en Washington y las capitales estatales. El congresista demócrata por Massachusetts Edward Markey argumentó ante el Congreso norteamericano que la minera angloaustraliana Rio Tinto tiene una compleja historia de confrontación con sus empleados y gremios en todo el mundo. La minera está acusada ante el Noveno Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y discriminación racial. El congresista Alcee Hastings, de Florida, declaró que “estas compañías extranjeras venden el cobre en el mercado internacional al mejor postor, dejando poco y nada al país”, no habiendo “nada que evite que Rio Tinto traiga trabajadores desde su base en Australia y de la masa laboral flotante de la industria” en condiciones indignas. La Asociación de Mineros Retirados de Arizona, en un comunicado público, afirmó que “estas compañías extranjeras van al banco riéndose, mientras que los norteamericanos se quedan con un legado de degradación ambiental y promesas vacías”.

La zona protegida por la moratoria fue liberada a la explotación minera y petrolera durante el gobierno de George W. Bush, junto a áreas protegidas en Alaska y otras regiones de ecosistemas únicos y amenazados. El dato llamativo es que alrededor del mundo cientos de proyectos mineros se llevan a cabo en zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales y áreas declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco y otros organismos supranacionales. El republicano John McCain, que perdió en las elecciones presidenciales frente a Obama, amigo personal de George W. Bush, se mostró indignado por la prohibición, argumentando que sería “un golpe devastador contra la creación de empleo en el norte de Arizona, y le quita al país una fuente critica de energía”. La zona del Gran Cañón contendría el 40 por ciento de las reservas de uranio del país. ¿Cuánto es el catastrófico impacto económico anunciado por McCain? De acuerdo con la Oficina Federal de Manejo de Tierras, la prohibición reduciría la producción de uranio en un 6 por ciento, los impuestos locales, estatales y federales perderían 16,6 millones de dólares anuales, y no se materializarían 465 empleos.

Lo que está sucediendo es la ampliación de zonas restringidas a la minería a gran escala en Estados Unidos; en un intenso debate que hoy es muy revelador para entender la situación en Argentina. En primer lugar, quienes defienden los intereses específicos y concentrados de la industria minera son el ala más dura del Partido Republicano, con el discurso de progreso, creación de empleo, aporte a las arcas fiscales y derrame; que es una copia del discurso y las políticas Banco Mundialistas y neoliberales que tanto sufrimiento le han costado al país, y que regresan disfrazadas de promesas de empleo y desarrollo.

Sumado a esto, el Congreso norteamericano tiene muy en claro a quienes deja explorar y explotar yacimientos; y a pesar de la retórica de libre mercado, las compañías chinas y hasta las australianas tienen cada vez más dificultad para acceder al subsuelo norteamericano.

Finalmente, la presión de los ciudadanos estadounidenses por vivir sin contaminación y conservar sus recursos hídricos es la contracara de la presión provincial-empresaria que resurge de este lado del continente; en otras palabras, la conciencia ambiental del norte y su mejora en la calidad de vida tiene que ser equilibrada con el opuesto en otro lugar del planeta. A muchos economistas ortodoxos que están trabajando en el entramado del lobby minero local, les va a ser difícil negar esta correlación sin negar los principios de la tendencia al equilibrio automático de los mercados.