Leandro Salgado

Las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno desde diciembre de 2015 traen aparejado un peculiar diagnóstico del mercado laboral. El empleo se habría mantenido estancado en los últimos años, y la razón se encontraría en que los altos costos laborales (léase salarios elevados) impedirían a los empresarios contratar nuevos trabajadores. La falta de oportunidades debería haber forzado a los trabajadores a aceptar menores salarios, pero la posibilidad de conseguir empleo en el sector público habría mantenido los salarios artificialmente altos a costa de un gasto público aparentemente excesivo. La solución elegida, entonces, consistió en disminuir abruptamente los salarios mediante tres mecanismos: devaluación, paritarias muy inferiores a la inflación y despidos en el sector público.

El primero de los mecanismos, la devaluación, implicó una inmediata caída de los salarios medidos en dólares. De un día para el otro nuestro trabajo pasó a valer un 40% menos que el de los trabajadores del resto del mundo. La pérdida de valor del peso implicó el encarecimiento de los productos importados, desde las góndolas hasta los combustibles, con la consecuente caída del poder de compra del salario. En el mismo sentido, la quita de retenciones a la exportación de granos con la que se acompañó a la devaluación hizo aumentar su precio en pesos, encareciendo productos alimenticios básicos como el pan. El aumento generalizado de las tarifas terminó de configurar un panorama de inflación anualizada de entre el 42% y el 50%.

Sin embargo, la devaluación y el aumento de los precios no son suficientes para explicar nuestra gran pérdida de poder de compra, que podría haber sido compensada mediante aumentos salariales acordes (como ocurrió en 2014). Sin embargo, las paritarias de 2016 promovieron aumentos muy debajo de la inflación y, en los pocos casos que estuvieron más cerca, serán otorgados en varias partes diluyendo su efecto con la inflación del resto del año. Un análisis apresurado podría atribuir la razón de que los gremios hayan aceptado paritarias tan bajas a la falta de datos oficiales sobre la inflación. Sin embargo, en los últimos 8 años las negociaciones se han basado siempre en datos extraoficiales logrando en casi todos los casos aumentos similares, y a veces superiores, al aumento de los precios. El motivo de las bajas paritarias parece estar más vinculado al tercer mecanismo desplegado por el gobierno: el temor a los despidos.

La política de despidos en todos los niveles del Estado estuvo maquillada con la no renovación de contratos anuales que en su mayoría enmascaraban relaciones laborales permanentes. La señal de ajuste fue replicada por las firmas privadas, que primero suspendieron las nuevas contrataciones y luego dejaron de renovar los contratos vencidos. El surgimiento de nuevos desempleados, dispuestos a aceptar salarios más bajos con tal de recuperar el empleo, permitió a los empresarios endurecer su postura durante las paritarias. Los sindicatos también perdieron poder de negociación, ya que su preocupación pasó a ser la de cuidar los puestos de trabajo de sus afiliados que no fueron despedidos, incluso cuando eso implicó aceptar menores aumentos.

En resumen, cuando la principal preocupación del gobierno es que bajen los salarios, la estrategia elegida es el disciplinamiento de los trabajadores mediante la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo. En la jerga económica se conoce a este mecanismo como la formación de un “ejército de reserva” de desempleados que no tienen otra opción que competir entre ellos aceptando menores salarios y peores condiciones de vida.

El enfermo imaginario

Las políticas de ajuste, impopulares incluso entre las clases altas, suelen determinar la caída en la pobreza de parte de los sectores medios y, en sus versiones más extremas, marcan la diferencia entre la vida y la muerte en los grupos más vulnerables de la sociedad. No sorprende, por lo tanto, que en democracia se las suela presentar como “necesarias medidas de austeridad” en “períodos extraordinarios de crisis”. Sucedió en Argentina con el Rodrigazo, la salida de la hiperinflación y con la profunda recesión que marcó el agotamiento de la convertibilidad. La crisis es el argumento esgrimido actualmente en Grecia y España para sostener el enfriamiento de la economía, a pesar de que sus tasas de desempleo superan el 20%. Es también la justificación de la política de ajuste iniciada por el gobierno macrista en diciembre de 2015.

Los datos, sin embargo, distan mucho de respaldar la hipótesis de una crisis previa a la asunción del nuevo gobierno que justifique la magnitud del ajuste. En primer lugar, las propias cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo contradicen el mantra macrista de los cuatro años de estancamiento del empleo privado: entre finales de 2015 y principios de 2012 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo registrado por fuera del Estado. Más aún, luego de dos períodos de estancamiento a mediados de 2012 y en la primera mitad de 2014, el empleo creció un 2% en 2015. Los últimos datos de crecimiento del producto presentados por el nuevo INDEC van en el mismo sentido. Podría decirse que el macrismo recibió un país con una economía imperfecta, susceptible de numerosas correcciones y que debe avanzar aún más en la inclusión y la disminución de la pobreza, pero difícilmente sumida en una crisis que justifique el despiadado ajuste del que somos víctima las y los trabajadores de todo el país.