Marx y la Carta Orgánica del BCRA - Moneda e inflación

Por Alfredo T. García

Se está originando una actitud cada vez más reiterada por parte de la ortodoxia, de asociar el marxismo y sus desarrollos posteriores, así como asociar también al keynesianismo y al post keynesianismo, a una determinada visión de la inflación, para mostrarlos coincidentes  con la neoclásica teoría cuantitativa de la moneda, con sus diversos desarrollos. Es decir, marxismo y neoliberalismo se unen para combatir la inflación.

Nada más bizarro.

En el Plenario de Apertura del año 2012 del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, su director, Juan Carlos Junio, hizo referencia a este tema, mencionando una utilización de este argumento por parte del Diputado del Pro, Federico Pinedo.

En una nota en Pagina 12 del domingo 15 de abril, quien escribe publicó un comentario saliendo al cruce de las posturas de Orlando Ferreres que establecía directamente esa confluencia entre el marxismo y la teoría cuantitativa del dinero.

Los dichos y análisis de estos dos intelectuales se realizan a continuación:

I. Marx y la Carta Orgánica del BCRA

En el debate en la cámara de diputados debido a las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA, Federico Pinedo expresó:

Marx escribió un libro maravilloso y cortito, que se puede leer con bastante facilidad, titulado Crítica de la economía política. Allí decía que lo que circula en la economía son las mercancías, que hoy llamaríamos los bienes y servicios. Para él, la moneda era una mercancía más, que reunía dos cualidades: primero, ser reserva de valor –o sea, algo que pudiera corporizar un valor- y segundo, servir como medio de cambio.

Marx pensaba que la moneda era una mercancía general que se usaba para intercambiar todas las mercancías entre sí. También señalaba que la cantidad de moneda que circulaba no era arbitraria, sino que representaba a las mercancías en circulación. Si alguien quisiera reemplazar esa función de la moneda por los billetes impresos,  se observaría –según Marx- un golpe de gracia muy conocido por los banqueros: quedarse con la plata de la gente.

Los billetes impresos no reemplazan a la moneda, sino que simplemente le quitan valor y hacen que pierda la gente que tiene la plata en sus bolsillos, porque cuando las personas van a gastarla, se dan cuenta que el dinero vale menos de lo que valía antes. Este truco de los banqueros hacía que Marx no considerara positivo que se le robara plata a la gente emitiendo billetes alegremente y generando inflación. (extractado de la copia taquigráfica de la sesión Especial del 14 de marzo de 2012)

La idea expresada por Juan Carlos Junio es que la derecha ya no tiene argumentos, y trata de apropiarse de argumentos de doctrinas externas a ella para validarla.  Concuerdo con esta formulación, entre otras cuestiones, porque la fuerza impetuosa de los sucesos a nivel internacional originados en la crisis de los países desarrollados, disparada a partir de 2007 con los problemas generados por las hipotecas de baja calidad de inmuebles estadounidenses, y las políticas de respuesta, han demostrado que la aplicación ciega de la teoría neoliberal no hace más que profundizar esa crisis. Estos resultados están generando una deslegitimación del corpus teórico neoliberal, aunque los gobiernos insistan en aplicarlo.

La nota del 18 de Abril pasado en La Nación de Paul Krugman, que reproduce su nota del New York Times, lleva por título “El suicidio económico de la clase política europea” epígrafe que exime de mayores comentarios.

El propio FMI se ha empantanado en las explicaciones de cuánto ajuste es necesario y cuánto es sostenible, desde una inconsistencia teórica abrumadora.

De allí que se intente arrastrar impropiamente en esta debacle teórica a doctrinas totalmente opuestas a la neoliberal, como la marxista o la keynesiana, cerrando las posibilidades de cualquier otra solución “posible” a la ortodoxia neoliberal. No será entonces raro encontrar frases que intenten desvirtuar teorías que hacen a la conformación de la ciencia económica o economía política para asociarlas con la fracasada teoría neoclásica.

II. Moneda e inflación

Página 12 Domingo, 15 de abril de 2012 Suplemento Cash

Sólo la ortodoxia sostiene la teoría cuantitativa que dice que la emisión monetaria es igual a la inflación. Además de los marxistas, el keynesianismo y otras escuelas le encuentran defectos y debilidades.

“Otro enfoque de la inflación sitúa sus orígenes en la puja distributiva.”

La lectura consuetudinaria de los periódicos en busca de la información relevante de coyuntura siempre depara sorpresas que desafían los conceptos preexistentes de un lector metódico.

Una de esas oportunidades fue la lectura de “Algunas reflexiones sobre la inflación”, de Orlando J. Ferreres aparecida en La Nación del 4 de marzo pasado. En ella, Ferreres expresa que “para tener una perspectiva aceptada hasta por los marxistas, nos referiremos a la principal ecuación de la teoría económica respecto de la moneda: la teoría cuantitativa del dinero”, una aseveración que no deja de sonar bizarra.

Puede escribirse mucho sobre el tema, pero para refutar esta afirmación de OJF, puede citarse a una experta marxista en teoría del dinero, Suzanne de Brunhoff, quien expresa que “la noción de capital dinero es propia de Marx, en relación con la de la plusvalía. Está ligada a su concepción de la moneda que excluye la teoría cuantitativa”. “Al principio del libro 1º de El Capital, Marx expone su concepción de la circulación de mercancías en relación con los valores de cambio y la moneda. En ruptura con todas las teorías cuantitativas, introduce la moneda como ‘equivalente general’, con su valor y sus diferentes formas y funciones.”

La cita fue extraída de Notas sobre las Finanzas, una contribución de Brunhoff a un Seminario de Estudios Marxistas del 2 de junio de 2005, breve texto muy interesante, puesto que además indica varias de las características conflictivas del sistema financiero que harían eclosión dos años después, con la crisis de las hipotecas subprime.

En realidad, sólo la ortodoxia sostiene la teoría cuantitativa, dado que, además de los marxistas, el keynesianismo y otras escuelas le encuentran defectos y debilidades.

Sin embargo, Ferreres hace recaer todo el peso de su reflexión sobre la fórmula de la teoría cuantitativa, a la que él mismo define: “Es una ecuación que se cumple siempre, es decir, es una tautología, es siempre verdadera”. ¿Cómo confiar entonces en el poder explicativo de una tautología? Según escribe, el aumento de los precios (P) es igual al aumento de los medios de pago (M2) por la variación de la velocidad de circulación del dinero (V), dividido por el aumento de la actividad económica (PIB)” (sic). En su nota toma el incremento que espera para M2, le resta el crecimiento del Producto y de allí deriva la inflación para este año, teniendo en cuenta “que la velocidad del dinero, siendo optimistas, podemos suponer que no se modificará mucho en este año”.

Sin embargo, la velocidad de circulación del dinero cayó un 10 por ciento en 2010 y un 8 por ciento en 2011, magnitudes que influyen significativamente en la fórmula propuesta y no resulta eficiente descartarlas. Porque en realidad están indicando que se requiere mayor volumen de medios de pago (M2) para obtener la misma masa monetaria total para satisfacer la totalidad de las transacciones. Más precisamente, estarían justificando el aumento de un 18 por ciento en M2 en el bienio, si las otras dos variables, PIB y los precios, se hubiesen mantenido congeladas. Una cuestión que los economistas ortodoxos suelen no tener en cuenta cuando se desesperan ante el menor aumento de M2, temerosos de la inflación que pueda causar.

Más allá de los valores asignados a cada variable, este abordaje es meramente contable, no puede aplicarse a un verdadero análisis económico. Es un análisis tan estricto, que ni siquiera admite los efectos sobre los precios de excesos de demanda o estrecheces de oferta como también lo analizan los neoclásicos. Ni hablar del impacto sobre la economía doméstica, de los aumentos de precios internacionales de las materias primas. Derivar que el aumento de los precios es causa de las variaciones en los otros miembros de la ecuación es una cuestión puramente ideológica: los factores que inciden en la formación de precios son múltiples, y exceden a los agregados que expresa esa ecuación.

Partamos de otro enfoque de la inflación, que sitúa sus orígenes en la puja distributiva. Ante un aumento de salarios, los empresarios de mercados oligopólicos aumentan los precios, para captar parte o la totalidad de ese mayor poder de compra que el aumento salarial les otorga a los trabajadores.

En ese caso, los precios aumentan independientemente de las otras variables de la teoría cuantitativa, pero si no se convalidaran los mayores saldos de dinero demandados por el aumento de precios, sin duda ello afectaría a la producción, puesto que se produciría una contracción de la misma en términos reales. Es lo que plantea la teoría cuantitativa y que hoy se aplica en Europa: frenar la inflación con enfriamiento de la actividad económica.

Analizando el mismo fenómeno desde otro punto de vista, hay una ecuación sobre la cual los economistas ortodoxos nunca hablan, y que es la distribución funcional del ingreso, es decir, qué parte de la torta le corresponde al salario y cuál a las ganancias empresarias. Si ante un aumento de precios por sobre la variación de costos generado por la presión de los empresarios que actúan en mercados oligopólicos, la emisión monetaria no se incrementa, ello termina por convalidar el aumento de la ganancia de los formadores de precios. En el mediano plazo, probablemente la menor expansión monetaria tienda a reducir la inflación futura, pero a costa de un menor nivel de actividad y de una menor participación de los salarios en el PIB. Es decir, el clásico ajuste ortodoxo que inclina el fiel de la balanza hacia las ganancias empresarias y contra los salarios.

Por eso hay que poner todas las relaciones relevantes sobre la mesa, como así también reconocer los determinantes ideológicos que se encuentran tanto en la economía ortodoxa como en la heterodoxa. Porque, en definitiva, la ciencia económica es una ciencia social, y no una ciencia dura matemática. Esta última también es una definición ideológica.

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Modelos a Seguir

Por Diego Mansilla

El proyecto oficial de retomar la mayoría accionaria de YPF SA permite poner el foco en un tema olvidado por mucho tiempo en nuestro país: la estructura energética. Durante la discusión del proyecto oficial se plantearon diversas formas de organizar nuestra energía. Es necesario conocer algunos de esos modelos para comprender qué puntos son posibles de replicar en el país.

Uno de los más mencionados fue el “modelo Petrobras” como un ejemplo a seguir, aunque con significados bastante distintos. La petrolera brasileña se convirtió, dependiendo el interlocutor, en un paraíso del liberalismo gracias a la apertura al capital extranjero o un ejemplo de intervención estatal eficiente.

La estructura energética brasileña es diametralmente distinta a la argentina. Para comenzar, el control del Estado brasileño sobre Petróleo Brasileiro SA es mucho mayor que en el caso argentino. Si bien el gobierno federal apenas cuenta con el 28,7 por ciento del total de las acciones de la empresa, controla el 50,2 por ciento de las acciones con derecho a voto. A lo cual deben sumarse las acciones del Bndes, el Fondo Soberano y varios fondos sociales y previsionales, por lo que el control federal llega al 65,4 por ciento. El resto de las acciones cotizan en las Bolsas del mundo y es una empresa conocida por su eficiencia, profesionalismo y transparencia (algo que no pueden decir grandes petroleras como Shell, Enron o Repsol, que reconocieron haber falseado sus reservas).

Además, mientras que YPF controla el 30 por ciento de la extracción en el país, Petrobras mantiene el control casi monopólico de los hidrocarburos en Brasil (tanto la extracción como la refinación). No obstante, es importante la participación del capital privado extranjero en la extracción de hidrocarburos. Esto es así ya que en muchas concesiones las petroleras privadas son socias minoritarias de Petrobras (que también es el operador).

Un punto que puede ser tomado como referencia del comportamiento de Petrobras en Brasil es su fuerte compromiso inversor. Por ejemplo, el año pasado perforó 123 pozos exploratorios con una inversión de 5300 millones de dólares. Muy lejos quedan los YPF y sus 17 pozos del 2011 y 8 del 2010. Acompañando la inversión en perforación, Petrobras invierte millones en el desarrollo de ciencia y tecnología propia, al punto de ser la petrolera con mayor inversión en I+D, lo que le permitió ser líder mundial en la perforación en aguas profundas. La YPF estatal mantenía este ideal en su centro de investigación en Florencio Varela y debe ser retomado. En cuanto a los precios de los combustibles en el mercado, Petrobras aclara públicamente que no se ajustan a los mercados internacionales, contra lo que se suele aclamar, sino que son manejados como una herramienta de política energética estatal.

Todo esto cuando los hidrocarburos apenas representan el 48 por ciento de la matriz energética, debido al uso de combustibles de caña y el gran peso de la generación de electricidad hidráulica. En ambos casos, producto de una fuerte intervención estatal mediante regulaciones y empresas públicas (como Electrobras, encargada de las centrales hidroeléctricas, el transporte y distribución de electricidad). En nuestro país, donde los hidrocarburos son casi el 90 por ciento de la matriz, el control estatal se hace aún más necesario.

Si miramos para Europa, los modelos energéticos son diversos. Noruega, por ejemplo, es el único país de Europa occidental que es un importante exportador de petróleo. Pero su matriz no depende de los hidrocarburos sino que es fundamentalmente hidroeléctrica (64 por ciento), siendo el país con más uso de esta energía del mundo. El petróleo esta manejado por la empresa estatal Statoil, que abona entre el 85 por ciento y el 63 por ciento de sus ventas en impuestos. Con los fondos, el Estado noruego creó un Fondo Soberano de Inversión, para financiar las jubilaciones y pensiones. De esta forma, se garantiza la redistribución de la renta petrolera entre sus habitantes.

Francia, por su parte, tiene una estructura energética basada en la energía nuclear que es complementada con la importación de hidrocarburos (del Norte de Africa, Noruega y Rusia). El mercado francés de electricidad y gas es dominado por las empresas EDF y GDF Suez, ambas con capital privado pero dominadas por el Estado. En hidrocarburos, la principal empresa es Total, donde el Estado francés tiene una participación minoritaria. Pero el control del mercado de combustibles se obtiene mediante regulaciones e impuestos. Así, el 64 por ciento del precio al público de los combustibles son impuestos.

Se observa que el control estatal de todo el sector energético (y no sólo los hidrocarburos) se repite por todo el mundo. Si bien cada estructura es diferente, es necesario tomarlas en cuenta para diagramar un nuevo modelo energético, donde el Estado argentino retome el rol central que perdió en los noventa. El control del 51 por ciento de la principal petrolera del país debe entenderse como un primer paso. Una herramienta en la redefinición del modelo energético nacional.

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Un cambio de rumbo en la política hidrocarburífera del kirchnerismo

Por Diego Mansilla

Sobre todo en la difícil situación energética en la que nos encontramos, importando enormes cantidades de gas natural a precios exorbitantes y con la importación de petróleo y naftas como una posibilidad cada vez más cercana.
La expropiación de la mayoría accionaria de YPF permite recuperar el control estatal de recursos estratégicos que nuestro país había entregado.
Esta medida marca un interesante cambio de rumbo en la política hidrocarburífera del kirchnerismo, que no había realizado modificaciones en la estructura heredada de los noventa y que la “Ley Corta” sólo profundizó.
Debemos comprender que no fue la mala operación de los españoles de Repsol o la entrada del Grupo Petersen lo que nos llevó a la actual situación (aunque su política de maximizar los beneficios y descapitalizar YPF mediante la distribución de la totalidad de los dividendos contribuyó a acelerar la debacle). Lo que se está demostrando es el fracaso del modelo implementado en los noventa de concesiones a empresas privadas con libre disponibilidad y sin ningún tipo de regulación estatal. No se entiende, en este sentido, la necesidad de mantener a Eskenazi como socio privado, ya que nada aportó desde su llegada.
Queda por discutir el modelo de gerenciamiento que tendrá la nueva YPF y cuánto será lo abonado a Repsol.
El monto de expropiación, que según el mencionado artículo 10 de la Ley N° 21.499 implica reconocer el “valor objetivo del bien”, deberá basarse en el Patrimonio Neto (diferencia entre Activos y Pasivos) y no en la valuación de las acciones en los mercados accionarios (que depende de la especulación financiera).
De esta forma, la empresa tiene un valor “de libro” de unos 18.735 millones de pesos (unos 4200 millones de dólares), de los que deben deducirse los pasivos ambientales que deja la empresa por su mala gestión. No se debería, en cambio, abonar en efectivo dicho monto (como indica esa ley) sino que los pagos deben surgir de las propias ganancias de YPF, una vez que se reintegren las reservas que fueron depredadas.
Es interesante el hecho de que las provincias con reservas sean propietarias de parte del capital accionario con la obligación de mantener su participación por 50 años, evitando lo sucedido con la privatización de YPF, cuando todas las provincias se apresuraron en vender sus acciones a precios irrisorios.
La recuperación del control de YPF tiene que ser apenas la punta del iceberg de una modificación estructural del sector energético, si queremos que los hidrocarburos estén al servicio de los argentinos y su desarrollo económico.
La nueva YPF debe volver a ser un referente del sector, invirtiendo en nuevas reservas y marcando la política energética nacional.

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La nueva recesión mundial empezó a impactar sobre la actividad económica en Argentina

Por Martin Burgos


La nueva recesión mundial empezó a impactar sobre la actividad económica en Argentina. Ante esa perspectiva el gobierno decidió aplicar distintas restricciones a las importaciones, como las declaraciones juradas de importaciones, y reforzar otras como las licencias no automáticas, con el fin de defender la industria nacional.

Esa política comercial parece tener por objetivo cambiar la “función de producción” agregada: a través de un proceso de producción más orientado hacia la compra de insumos y partes nacionales, lo que se está tratando es de sustituir importaciones sin afectar el nivel de producción. Para lograr este objetivo, habría que sortear varios obstáculos, entre los cuales la falta de oferta nacional en varios rubros –herencia de los años de desindustrialización.

Paradójicamente, esa política conoce ciertas resistencias entre los mismos industriales, dado que afecta la decisión de las empresas y las empuja a cambios siempre traumáticos. Sin embargo, ante la perspectiva de la restricción de divisas que pesa sobre la macroeconomía, dicha política se hace necesaria y sin dudas resulta un mal menor.

Tan importante como las resistencias internas, las amenazas de represalias internacionales son a tener en cuenta. La OMC, institución creada en pleno apogeo del neoliberalismo, es la encargada de frenar todo intento proteccionista. No por casualidad la Unión Europea y Estados Unidos realizaron sus planteos contra nuestro país en dicho organismo, que en los hechos controlan. Si bien los planteos realizados en ese ámbito son discutibles, lo que hoy es discutido es la propia institución en un mundo donde las tensiones proteccionistas se incrementan.

En suma, el gobierno parece aprovechar el contexto económico mundial para introducir cambios en el ámbito industrial y comercial, que van en sentido de una mayor sustitución de importaciones.

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Derecho a decidir

Por Laura Alvarez

En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción del 100 por ciento de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del pago de los derechos de importación, límite del 3 por ciento para el cobro de regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el ex presidente Carlos Menem.

El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 por ciento del PIB en 1990, al 5 por ciento en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...] todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos absolutamente dispuestos a escuchar…”.

Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han construido. Un ejemplo es la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por consenso. La UAC, nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería, pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas, contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.

En otros espacios, ante este debate existen distintas posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo el 18 por ciento de las mineras en la Argentina son de capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 por ciento, respectivamente. Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 por ciento, el empleo pasó de 9718 asalariados en 2003, a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la etapa de construcción, pero disminuyó a 1165 puestos en 2005. Por último, se encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua, recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos de agua.

No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 por ciento de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera, el 81 por ciento de la población dijo “No a la megaminería”.

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El veto como herramienta de gestión

Por Valeria Mutuberría Lazarini y María Florencia Rodríguez

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra transitando el segundo gobierno de Mauricio Macri (2011-2014), actual jefe de gobierno de la Ciudad. Durante su primer mandato, que se desarrolló en el período 2007-2010, Macri impulsó varias medidas que fomentaron la exclusión. La aplicación de desalojos, la desarticulación de las políticas habitacionales, la subejecución presupuestaria de programas sociales y la no resolución de los problemas vinculados a la educación, fueron algunos de los aspectos que caracterizaron su gestión. No obstante, esta situación persiste en su segundo mandato, puesto que –hasta el momento– ha tendido a profundizar estos lineamientos.
Mauricio Macri ha desarrollado, a lo largo de estos años, un proceso sistemático del uso del veto, en el cual alcanzó a desafectar 107 propuestas de ley –todas ellas vinculadas al fortalecimiento de los Derechos Humanos y sociales– a pesar de contar con la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lleva a preguntarnos, en qué consiste el uso de la herramienta del veto. A muy grandes rasgos, el veto constituye una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de observar los proyectos de ley sancionados por la Legislatura. En nuestro régimen actual donde hay un sistema colegislativo (Poder Ejecutivo – Poder Legislativo), el veto es uno de los mecanismos a través de los cuales el Ejecutivo interviene en el proceso de formación de las leyes. Si bien en la etapa constitutiva (la sanción del proyecto de ley) interviene exclusivamente la Legislatura, la norma legal no adquiere existencia sino hasta después de ser aprobada o desaprobada (a través del veto) por el presidente, el jefe de gobierno en este caso.

Actualmente, el Poder Legislativo está representado por 60 legisladores ubicados en 12 bloques políticos, de los cuales el PRO representa el 43% (26 legisladores). Le sigue el FPV con el 13% (ocho legisladores), Proyecto Sur con el 10% (seis legisladores), Buenos Aires para todos 7% (4 legisladores), Nuevo Encuentro, Coalición Cívica y Frente Progresista y Popular representan cada uno el 5% (tres legisladores cada uno), UCR y Bases para la Unión representan el 3% (cada uno dos legisladores) y el MST, PJ – Sindical peronista y Unión Federal el 2% (cada uno un legislador). Esto muestra que en términos absolutos el PRO tiene la mayoría; pero que en términos relativos hay una participación plural de distintas fuerzas. De esta manera, con la utilización del veto el Poder Ejecutivo se garantiza la posibilidad de frenar las decisiones de un grupo más plural y democrático, como es una Legislatura o el Congreso donde las minorías están representadas.

Ahora bien, llama mucho la atención que el propio jefe de gobierno haya vetado proyectos de ley presentados por su propio bloque, aduciendo que hay problemas técnicos sobre cómo se han presentado los proyectos, y en este sentido nadie de su fuerza se ha pronunciado.
Con esto queremos decir que independientemente del bloque político que presenta los proyectos en la Legislatura, hay aspectos que inquietan al jefe de gobierno de la Ciudad y que derivan en la utilización sistemática de la herramienta del veto. Si nos adentramos en el análisis de la misma, podemos reforzar esta idea. Hay que tener en cuenta que las normas que se han desafectado se concentran en temáticas vinculadas al espacio público, al trabajo, a los Derechos Humanos, así como a la salud y a la vivienda.

En lo que respecta a las normativas de trabajo vetadas, podemos mencionar algunas de ellas. Macri arremetió contra el programa de empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social; el régimen de protección de fábricas recuperadas; así como la creación de un fondo fiduciario para estas y mini pymes.  En materia de Derechos Humanos se vetó el otorgamiento de subsidios a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; la creación de una oficina contra la trata de personas; la creación del comité contra la tortura y otros tratos o penas crueles; la creación de un fondo para la localización y restitución de niños en cautiverio, entre otras normas.

Asimismo, varias leyes en torno a salud fueron vetadas. La creación de un laboratorio estatal orientado a la producción de medicamentos genéricos de bajo costo; el subsidio por 50 mil pesos a la Asociación Síndrome de Down; y la implementación de la libreta de salud de niñas y niños, fueron alcanzadas por esta modalidad.

En torno a las propuestas de ley sobre vivienda y hábitat, se vetaron varias normas, entre ellas, la desafectación de predios para la construcción de vivienda social; la prórroga de emergencia habitacional por tres años; la protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle, como también el veto a la prórroga de plazos de expropiación de inmuebles a cooperativas. Este conjunto de medidas afectan de manera directa a los sectores populares y a todos aquellos que tienen dificultad para acceder al suelo y a la vivienda por las vías del mercado formal, generando así una mayor exclusión y precariedad en materia habitacional.

En función de esto, interesa señalar que un alto porcentaje de las normas que se desafectaron están vinculadas al espacio público y sus usos.

El jefe de gobierno vetó la ley de “trapitos” que consistía en crear un Registro de Cuidadores de Vehículos, a los fines de que estos pudieran trabajar dentro de los horarios y los lugares establecidos por el gobierno de la Ciudad. Los cuidacoches recibirían así un permiso renovable por dos años, que podía ser revocado y podrían ser multados si cometían alguna contravención o delito en el desarrollo de su actividad. En este marco, los “trapitos” sólo podían recibir una retribución voluntaria por su actividad.

Esto mismo ocurrió en el caso de los “manteros”, a quienes se les prohibió trabajar en la vía pública y, de esa manera, comerciar sus mercaderías en peatonales y veredas. Interesa señalar que estas prácticas son justificadas y sostenidas bajo ciertos argumentos y discursos en torno a la “recuperación de los espacios públicos”. Así, la argumentación de que se “socava el principio de libre disfrute que caracteriza el uso del espacio público” o “que hay una utilización indebida del espacio público” está presente en los discursos de los funcionarios del gobierno de la Ciudad.No obstante, a esta argumentación en defensa y protección de los espacios públicos se le suman también discursos tendientes a estigmatizar y generar peligrosidad hacia estas personas, planteando que “hay mafias”, “son ilegales”, “no tienen autorización” o que “venden mercadería de dudosa procedencia” tal como ocurrió con los manteros.

Un aspecto relevante a mencionar es que detrás de todo lo expuesto, lo que se pone en cuestión es quiénes son merecedores de vivir y producir en la Ciudad, puesto que estas medidas afectan directamente a los sectores más vulnerados, quienes parecerían “desentonar” con el tipo de Ciudad que pretende gestionar el jefe de gobierno actual.
Nuestra reflexión intenta poner en cuestión, ni más ni menos, quiénes son los que finalmente tienen el derecho al acceso y uso del espacio urbano. Con relación a este punto, y de acuerdo con lo que sostiene Oscar Oszlak, el derecho al espacio no se agota en la dicotomía propietario – no propietario, a la vez que este derecho conlleva diversos aspectos como es el acceso a la vivienda y a una localización adecuada, el acceso a infraestructura, al transporte, a los servicios públicos, a la educación, a la recreación, a la salud, a la fuente de trabajo.

Con ello, el derecho al espacio urbano debe entenderse como un derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas asociadas a la localización de la vivienda así como a la actividad que se desarrolla. Vetar esto desde el área gubernamental es de alguna manera avasallar a los seres humano, en su derecho a “hacer” ciudad.


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Minería: un debate para la ley

Por Federico Nacif

A 19 años de la sanción de la Ley de Inversiones Mineras las autoridades nacionales y provinciales, junto a las cámaras empresariales, plantean la necesidad de tener un “debate serio y sin dogmatismos” sobre la explotación de nuestros minerales metalíferos. Sin embargo, dicha invitación adolece de una doble falencia.

En primer lugar, el debate propuesto surge como reacción a los crecientes cuestionamientos de amplios sectores sociales, y es posterior, por lo tanto, al diseño, sanción e implementación de la normativa que conforma el régimen de inversión y explotación minera vigente. En 1993, en el marco de la Ley de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1976), se aprobó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y se suscribió el Acuerdo Federal Minero entre el Estado Nacional y las provincias. De esta forma, el régimen de inversiones actualmente vigente -basado en amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales- fue diseñado y aprobado al margen de un verdadero debate político nacional, con el silencio cómplice de la prensa masiva nacional. En el debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras, el entonces diputado Castillo (PJ Catamarca) explicó la urgencia del momento: “Pocas veces en el mundo se dan situaciones coyunturales donde hay gran cantidad de capital que busca una inversión; esta es una de ellas. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto” (pág. 6618).

En realidad, el “debate” sobre las reformas que las mineras exigían se desarrolló en otros ámbitos, lejos de la participación social que provee a las normas su legitimidad. Según un informe de la Subsecretaría de Minería, a partir de 1994 el Banco Mundial comenzó una serie de “intercambios analíticos” con las autoridades del gobierno de Menem para desarrollar un “plan de reordenamiento” acorde a la “transformación general del sector provocada por la fuerte inversión de empresas extranjeras”. Para ello, se propuso acelerar la desregulación del sector “en forma orgánica y coincidente con el resto de las áreas”, y se recomendó la inmediata implementación del Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector Minero Argentino (PASMA). Luego del traspaso de los recursos naturales a los estados provinciales (art. 124 de la nueva Constitución Nacional), este proyecto funcionó como guía de acción para las reformas que faltaban. Por un lado, el ordenamiento y la unificación de los códigos de minería nacional y provinciales. Por otro, la subordinación de las Evaluaciones Ambientales a las propias secretarías mineras provinciales (Ley Nº 24.585). No se consultó, para ello, a las distintas organizaciones políticas y sociales, pero sí a las instituciones privadas interesadas (la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras), a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la ONU, y hasta empresas como Minera Alumbrera, BHP y Barrick Gold (http://www.mineria.sanjuan.gov.ar/pasma/pdf/PASMA-1.pdf).

En segundo lugar, el actual llamado al debate requiere de ciertos presupuestos mínimos para que sea “serio y sin dogmatismos”. Esto es, la disponibilidad de un ámbito común, público y abierto, de contrastación empírica, evidente y accesible, de los axiomas en que se respalda el discurso de la “Minería Sustentable”, más allá de la información técnica producida por las mismas fundaciones vinculadas al sector. El único evento de este tipo fue el Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan en octubre de 2010,  que con valentía y no sin inconvenientes dispuso el Rector Benjamín Kuchen (pueden verse las ponencias en www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar).

Este debate público, urgente y necesario, pero también complejo y extremadamente sensible (y por ello, propenso a que los medios masivos busquen reducirlo a escándalo mediático), requiere para ser llevado en forma seria y responsable de una última condición. La Ley General del Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable del ambiente, se basa en el principio precautorio: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”.

Si llegó la hora de debatir en la Argentina sobre el mejor uso y destino de nuestros minerales metalíferos, deben suspenderse los proyectos megamineros en explotación y los que están por inaugurarse. Muchos de ellos, como el binacional Pascua Lama (que pretende comenzar la extracción en 2013) no sólo importan a la problemática ambiental, económica y social, sino también a los debates sobre la propia soberanía nacional.

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Veto a la Ley de Expropiación en Ciudad de Buenos Aires. Balance y desafíos actuales de las empresas recuperadas por sus trabajadores.


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Charla-debate. La Ciudad de Buenos Aires nuclea aproximadamente el 20% de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) a nivel nacional, esta cifra representa alrededor de dos mil puestos de trabajo. En el caso de la Ciudad, las ERT contaron desde fines de la década de los años noventa, con Leyes de expropiación que declaran de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles y maquinarias que hacen posibles la continuidad de las fábricas. El viernes 23 de diciembre, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, vetó por Decreto, la Ley 4008 aprobada el 17 de noviembre por la Legislatura Porteña, que prorrogaba por seis años más la vigencia de las Leyes de expropiación. Con ello se abre un futuro incierto para las ERT en la Ciudad.
Panelistas:

  • Plácido Peñarrieta (Presidente de la Red Gráfica Cooperativa)
  • Edgardo Form (Gerente General del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro)
  • María Eleonora Feser (Contadora y Abogada de la UBA, Asesora de Cooperativas y Empresas Recuperadas por sus Trabajadores)
  • Rodrigo Salgado (Investigador del Dto. de Estudios Sociológicos del CCC).
  • Coordina: Valeria Mutuberría Lazarini (Investigadora del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del CCC).

Fecha y hora: viernes 24 de febrero - 19 horas

Lugar: Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, Av. Corrientes 1543,
Sala Jacobo Laks [3º P]
Organiza: Departamento de Economía Política y Sistema Mundial y Departamento de Estudios Sociológicos del CCC. Sala Jacobo Laks [3º P] 19:00.

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Congreso Internacional “La Economía Social y Solidaria en la Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado”

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La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Argentina, ADHILAC Internacional), el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” adhilac-ccc-2(CCC) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)

CONVOCAN a conmemorar el Bicentenario del inicio de las luchas por la Independencia de Nuestra América. En tal sentido, al cumplirse diez años de la puesta en marcha del CCC organizamos el Congreso Internacional de la ADHILAC - Terceras Jornadas del Depto. de Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini:  “La Economía Social y Solidaria en la Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado”, invitando a investigadores y docentes de Historia y Ciencias Sociales a presentar trabajos sobre las numerosas experiencias de Economía Social a lo largo de nuestra historia como también sobre el pensamiento crítico, la teoría de la Historia y la historiografía sobre esta temática.

Buenos Aires (Argentina)  24, 25 y 26 de Septiembre de 2012

Desde el punto de vista histórico, no podemos dejar de mencionar las personalidades y movimientos revolucionarios de Nuestra América que llevaron adelante, en su época, avanzadas propuestas de cambios políticos, económicos y sociales, de lo que fueron exponentes Túpac Amaru, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Toussaint Louverture, Francisco de Miranda, Mariano Moreno, Miguel Hidalgo, José Artigas, Bernardo O´Higgins, Manuel Belgrano, Gaspar de Francia, Félix Varela, Juana de Azurduy, José de San Martín, Simón Bolívar o Manuela Sáenz. Con sus escritos y acciones, estas relevantes figuras de este continente dejaron a las siguientes generaciones todo un legado de aspiraciones, proyectos e ideas que son la base para alcanzar y completar en el presente la liberación nacional y social de nuestros pueblos.

Desde el levantamiento de Haití, a lo largo de estos doscientos años la lucha anticolonial ha continuado como también han sido incesantes los intentos por trabajar a favor de la igualdad social tanto en el plano económico como socio cultural. Ese camino no ha sido sencillo dado que el poder económico y político tendió a concentrarse en pocas manos imponiendo políticas económicas, sociales y culturales tendientes a reforzar los lazos con las grandes potencias extra regionales con las que estas élites han estado asociadas.

Sin embargo, en nuestros países frente a un Estado orientado la mayoría de las veces a fortalecer a los sectores dominantes, la resistencia se ha expresado a través de procesos revolucionarios o de movimientos sociales destinados a expresar los reclamos de los sectores subalternos.

En tal sentido es centro de nuestro interés convocar al análisis, reflexión y debate sobre los procesos que se desarrollaron y/o fueron surgiendo con formas de organización asociativas más democráticas orientados a la realización de actividades económicas, políticas o socio-culturales en diferentes ámbitos sociales.

Las formas  asociativas de organización social ancestrales de América Latina y el Caribe han sobrevivido a pesar de haber soportado el impacto desestructurante de la invasión, conquista y colonización impuestas por las potencias coloniales europeas. Durante las guerras de la Independencia si bien en algunas regiones apoyaron el bando realista, en muchas otras su participación a favor del proceso emancipatorio fue clave. Sin embargo, cuando se fueron conformando las jóvenes repúblicas volvieron a soportar una nueva embestida que volvió a afectar sus formas organizativas asociativas.

Paralelamente, junto a nuevos flujos inmigratorios que con nuevas formas de pensamiento crítico participaron también en la conformación de organizaciones rurales y urbanas, campesinas y obreras, como también nacionales y étnicas que dieron  lugar a diversas experiencias asociativas: sistema comunitarios, mutuales, cooperativas y otras organizaciones no gubernamentales. Muchas veces estas organizaciones debieron sufrir la embestida de la represión de las dictaduras o de las políticas regresivas, como en la última década del siglo XX, cuando las políticas neoliberales empujaron al desempleo y la marginación a una parte importante de la población latinoamericana y caribeña. Asimismo, se desarrollaron en gran magnitud prácticas de economía popular,  procesos de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores (fábricas, supermercados, centros de salud, etc.), cooperativas, experiencias de moneda social, etc. Estas experiencias han tenido  como objetivo resolver la subsistencia de las personas desde una perspectiva alternativa a la desigualdad y exclusión imperante bajo el sistema capitalista. Estos procesos han dado lugar a nuevos aportes al pensamiento crítico de la economía social y solidaria.

Mesas temáticas

1. La Historia de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe.

a.      Teorías de la Historia, corrientes historiográficas y pensamiento crítico sobre la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe.

b.      Debates de la perspectiva de la colonialidad del poder en torno a la construcción de la Historia de América Latina y el Caribe.

2.      Educación y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe.

a.      La enseñanza de la economía social y solidaria en el sistema educativo  latinoamericano

b.      Experiencias educativas de y en la economía social y solidaria

3. La  economía social y solidaria en América Latina y el Caribe.

a.      Cooperativismo, mutualismo y otras empresas y emprendimientos asociativos en América Latina y el Caribe.

b.      Experiencias de economía social y solidaria en América Latina y el Caribe: cosmovisiones, aspectos políticos e ideológicos.

c.      Aportes de las organizaciones de economía social y solidaria a los procesos históricos de América Latina y el Caribe.

4.      Escenarios regionales de la economía social y solidaria en la Historia de América Latina y el Caribe (en cada país, entre países).

5. La economía social y solidaria y el Estado en América Latina y el Caribe.

a.      La economía social y solidaria en las políticas económicas y sociales

b.      El papel de Estado en el desarrollo social y comunitario en la Historia de  América Latina y el Caribe.

c.      Estado, violencia y represión de la economía social y solidaria en la Historia de  América Latina y el Caribe.

d.      Política exterior y relaciones internacionales: su impacto en la Economía Social en los procesos históricos de los países latinoamericanos y del Caribe.

e.      Cooperación internacional y economía social y solidaria en América Latina y el Caribe.

6. Las sociedades de América Latina y el Caribe y la economía social y solidaria

a.      Actores y movimientos sociales en la economía social y solidaria.

b.      La economía social y solidaria frente a las problemáticas socio-culturales: género, minoridad, diversidad étnica y nacional, discriminación, adicciones, educación, actualización profesional, de apoyo a la producción y manifestaciones culturales, etc.

c.      Formaciones sociales y económicas en el Abya Yala (América).

Estimado socio y participante, hemos pensado una cantidad de mesas de trabajo. Sin embargo, si considera que hay temáticas que no están contempladas, Ud. podrá proponer la presentación de un simposio.

Presentación de simposios para socios de ADHILAC

Se debe presentar una fundamentación de una extensión máxima de 250 palabras. El simposio estará constituido por un mínimo 5 expositores y un máximo de 8. El Comité Organizador le informará oportunamente si la propuesta fue aprobada.

Vencimiento: 31 de marzo de 2012

Presentación de Resúmenes

Extensión: Hasta 250 palabras

Colocar:

Nombre/s y Apellido/s; Título de la ponencia;

Institución a la que pertenece;

Dirección Postal

e-mail:

Documento de Identidad

Formatos: Hoja A4; Letra Arial 11

vencimiento: 30 de abril de 2012.

Contacto: jornada_historia_ccc_adhilac@yahoo.com.ar

info@adhilac.com.ar

Presentación de ponencias

Extensión: Entre 6 y 12 carillas (páginas o cuartillas)

Llamadas: deben ir al final del texto (y no a pie de página)

Cita de autor o compilador de libro (impreso o digital)

Nombre/s y Apellido/s: Título (en itálica), editorial, ciudad, fecha, volumen,

Página/s de referencia.

Cita de libro colectivo

Nombre/s y Apellido/s: “título del capítulo” (entre comillas) en varios autores

(VV AA) Título del libro (en itálica),  editorial, ciudad, fecha, volumen, página/s de referencia.

Cita de Revista Científica

Nombre/s y Apellido/s: “título del trabajo” (entre comillas) en Nombre de la revista (itálica) número (año de publicación), editorial, página/s de referencia

Vencimiento: 31 de julio de 2012.

Contacto: jornada_historia_ccc_adhilac@yahoo.com.ar

info@adhilac.com.ar

Normas para entrevistas ver: http://adhilac.com.ar/?p=5218

Idiomas

Ponencias: el trabajo escrito podrá presentarse en castellano, portugués e inglés.

Idiomas oficiales para la presentación oral: castellano y portugués

COMITÉ  EJECUTIVO

Horacio López. Vicedirector del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

Carolina Crisorio. FCE, UBA. ADHILAC Argentina. Vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Internacional).

Daniel Plotinsky. Director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

Alejandro Pisnoy. Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Instituto del Profesorado Joaquín V. González.

COMITÉ ORGANIZADOR

Graciela Romanelli. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Argentina.

Reynaldo Pettinari. Secretario de Educación del Banco Credicoop Coop. Ltdo. Argentina.

Sergio Guerra Vilaboy. Universidad de La Habana. Cuba. Presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Internacional).

Jorge Elías Caro. Universidad de Magdalena. Colombia. Secretario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Internacional).

Valeria Mutuberría Lazarini. Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

COMITÉ CIENTÍFICO

José Luis Coraggio. Director Académico de la Maestría en Economía Social, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento (UNGS). Argentina.

Antonio Cruz. Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL). Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Brasil.

Christian Cwik. Universidad de Cartagena, Colombia. Universidad de Viena, Austria. Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Internacional).

Pablo Imen. Coordinador de la Secretaría de Estudios e Investigaciones y Vicedirector del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia (PLED) del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. Argentina.

Boris Marañon. Coordinador del GT CLACSO “Economía solidaria y transformación social. Una perspectiva descolonial”. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. México.

Ángel Petriella. Sociólogo. Presidente de IDELCOOP. Argentina

Juan Pablo Martí. Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. Uruguay.

Juan Paz y Miño Cepeda. Pontificia Universidad Católica de Quito. Cronista de la Ciudad de Quito. Director del Archivo Histórico Metropolitano de Quito. Ecuador. (ADHILAC Internacional).

Anibal Quijano. Prof. Emérito Univ. Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Director de la Cátedra América Latina y la colonialidad del poder. Univ. Ricardo Palma. Perú. Prof. Departament of Sociology, Binghamton University. Binghamton, New York. USA.

Contacto: jornada_historia_ccc_adhilac@yahoo.com.ar -   info@adhilac.com.ar

La información será actualizada en las siguientes páginas:  www.adhilac.com.ar -

www.centrocultural.coop/blogs/nuestramericanos/

Primera Circular: congresointernacional-adhilac-3asjornadas-ccc-circular-1-bbis1

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Conciencia ambiental

Por Nicolás Gutman

El 9 de enero, el secretario del Interior de los Estados Unidos, Ken Salazar, anunció la decisión de la administración de Obama de prohibir por un período de 20 años proyectos de minería de roca dura en un área mayor a 400 mil hectáreas adyacente al Gran Cañón del Colorado. Esto es resultado de una fuerte disputa entre los ciudadanos y la industria, que está respaldada por un muy poderoso lobby en Washington y las capitales estatales. El congresista demócrata por Massachusetts Edward Markey argumentó ante el Congreso norteamericano que la minera angloaustraliana Rio Tinto tiene una compleja historia de confrontación con sus empleados y gremios en todo el mundo. La minera está acusada ante el Noveno Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y discriminación racial. El congresista Alcee Hastings, de Florida, declaró que “estas compañías extranjeras venden el cobre en el mercado internacional al mejor postor, dejando poco y nada al país”, no habiendo “nada que evite que Rio Tinto traiga trabajadores desde su base en Australia y de la masa laboral flotante de la industria” en condiciones indignas. La Asociación de Mineros Retirados de Arizona, en un comunicado público, afirmó que “estas compañías extranjeras van al banco riéndose, mientras que los norteamericanos se quedan con un legado de degradación ambiental y promesas vacías”.

La zona protegida por la moratoria fue liberada a la explotación minera y petrolera durante el gobierno de George W. Bush, junto a áreas protegidas en Alaska y otras regiones de ecosistemas únicos y amenazados. El dato llamativo es que alrededor del mundo cientos de proyectos mineros se llevan a cabo en zonas protegidas, parques naturales, parques nacionales y áreas declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco y otros organismos supranacionales. El republicano John McCain, que perdió en las elecciones presidenciales frente a Obama, amigo personal de George W. Bush, se mostró indignado por la prohibición, argumentando que sería “un golpe devastador contra la creación de empleo en el norte de Arizona, y le quita al país una fuente critica de energía”. La zona del Gran Cañón contendría el 40 por ciento de las reservas de uranio del país. ¿Cuánto es el catastrófico impacto económico anunciado por McCain? De acuerdo con la Oficina Federal de Manejo de Tierras, la prohibición reduciría la producción de uranio en un 6 por ciento, los impuestos locales, estatales y federales perderían 16,6 millones de dólares anuales, y no se materializarían 465 empleos.

Lo que está sucediendo es la ampliación de zonas restringidas a la minería a gran escala en Estados Unidos; en un intenso debate que hoy es muy revelador para entender la situación en Argentina. En primer lugar, quienes defienden los intereses específicos y concentrados de la industria minera son el ala más dura del Partido Republicano, con el discurso de progreso, creación de empleo, aporte a las arcas fiscales y derrame; que es una copia del discurso y las políticas Banco Mundialistas y neoliberales que tanto sufrimiento le han costado al país, y que regresan disfrazadas de promesas de empleo y desarrollo.

Sumado a esto, el Congreso norteamericano tiene muy en claro a quienes deja explorar y explotar yacimientos; y a pesar de la retórica de libre mercado, las compañías chinas y hasta las australianas tienen cada vez más dificultad para acceder al subsuelo norteamericano.

Finalmente, la presión de los ciudadanos estadounidenses por vivir sin contaminación y conservar sus recursos hídricos es la contracara de la presión provincial-empresaria que resurge de este lado del continente; en otras palabras, la conciencia ambiental del norte y su mejora en la calidad de vida tiene que ser equilibrada con el opuesto en otro lugar del planeta. A muchos economistas ortodoxos que están trabajando en el entramado del lobby minero local, les va a ser difícil negar esta correlación sin negar los principios de la tendencia al equilibrio automático de los mercados.

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