Ante el inminente tratamiento del Proyecto de Presupuesto 2013 para la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, desde Familias x la Escuela Pública presentamos las siguientes apreciaciones y solicitamos su consideración a la hora de votar, ya que observamos con profunda preocupación el impacto que tendrá en el corto plazo también en el futuro del sistema público de educación porteño, afectando el derecho constitucional de miles de niñas, niños y jóvenes.

Tras analizar el presupuesto propuesto por el Ministerio de Educación, concluimos en que se profundiza la orientación de la actual gestión en cuanto a consolidar un sistema privado de educación, en desmedro de las escuelas públicas. Más allá de las declamaciones y los conceptos vertidos en los fundamentos del proyecto educativo para el próximo año, el análisis del presupuesto diseñado expresa muy claramente cuáles son las prioridades y ponen en jaque a las escuelas que garantizan el pleno ejercicio del derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad, consagrado en nuestra Constitución.

Por lo tanto llamamos a modificar sustancialmente el proyecto de presupuesto educativo 2013 presentado, para orientarlo definitivamente al apoyo a la educación pública en la Ciudad.

Las apariencias no nos engañan

Entendemos que cada Ley de Presupuesto que se aprueba, año tras año, es una herramienta de gestión fundamental. Por eso hemos realizado un pormenorizado análisis, considerando también nuestra experiencia concreta y el conocimiento acumulado en los últimos años, observando minuciosamente el desempeño del Ministerio y los resultados a la vista.

El punto central que venimos a destacar tiene que ver con la reducción efectiva, en términos porcentuales y ajustados por inflación de los principales ítems que conforman el presupuesto educativo 2013, lo que constituye una situación inaceptable, dado que compromete aspectos centrales de la responsabilidad del Estado en brindar las condiciones adecuadas para un pleno ejercicio del derecho a la educación pública.

Lo primero que surge a la vista es la reducción de alrededor de dos puntos porcentuales del presupuesto para educación respecto del presupuesto total de la Ciudad. Ya se hecho público esto, lo mismo que el aumento nominal para llevar el proyecto presentado a los 9915 millones de pesos. Como hemos señalado en un informe reciente presentado junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ajustado por la misma inflación que determinó el Gobierno de la Ciudad, el aumento nominal propuesto constituye una reducción real del presupuesto educativo del 6%. De la misma forma, lo que en la presentación de los funcionarios se presenta como un aumento previsto por estudiante del 18%, en realidad se transforma en 5% negativo a la luz del proceso inflacionario que se toma para el cálculo presupuestario en general.

Otros ítems del proyecto son más escandalosos. Para inversión en infraestructura, la reducción alcanza el 62% tras ajustar el importe propuesto por inflación respecto del año que concluye. Las autoridades del Gobierno porteño han dicho que no es necesario más porque ya se hizo mucho. Necio sería negar algunas obras realizadas, algunas bajo la presión y exigencia de una comunidad educativa que se mantuvo firme en sus reclamos. Sin embargo también sería necio no reconocer que sigue habiendo muchísimos problemas de infraestructura y que el sistema de tercerización del mantenimiento de las escuelas no funciona eficazmente, por más que se reporten cientos o miles de intervenciones, porque sabemos perfectamente que son menores, suelen ser reparaciones mal hechas que se repiten una y otra vez, no hay mantenimiento preventivo y, dado que no se han dado a conocer los términos de los contratos pese a continuos reclamos de familias, comunas y cooperadoras, no se termina de conocer cuál es la responsabilidad de estas empresas que fueron beneficiadas con jugosos contratos. Por otra parte, no se ha alcanzado ni siquiera un mínimo porcentaje de la construcción de nuevas escuelas que establecen las normas vigentes y las necesidades reales. Escuelas anunciadas como nuevas fueron, mayoritariamente, relocalizaciones de instituciones existentes en nuevos edificios o edificios remodelados, o bien fueron obras de infraestructura parciales. Es evidente la falta de vacantes en muchos barrios y comunas de la Ciudad, y los planes actuales de construcción de escuelas no atienden esta problemática, que se extiende a las 74 escuelas que funcionan en edificios alquilados. Es así que miles de chicos esperan una vacante para ingresar a una institución educativa de nivel inicial pública, y sus familias son obligadas de hecho a inclinarse por la oferta privada o de tipo asistencial con gestión asociada, como los Centros de Primera Infancia. En primaria, vemos cómo en la zona sur de la Ciudad hay hacinamiento en las aulas o los alumnos son obligados a trasladarse a distritos alejados de sus domicilios, lo que está presente en el proyecto 2013 para paliar la situación, contra todo criterio pedagógico y sociológico de integración de la familia y consolidación de la comunidad educativa.

En este contexto, se incrementa el subsidio a la educación de gestión privada en un 24%, al menos lo suficiente para compensar la inflación, lo que no es poco frente a las situación adversa que viven las escuelas públicas. Es sabido que estos fondos se destinan al pago de sueldos; lo que resta señalar es que esta asistencia financiera a instituciones mayoritariamente con fines de lucro, libera recursos para ser invertidos en infraestructura, materiales, recursos, viajes, etc. Esto es más irritante aun cuando se observa, con la poca información disponible -ya que nunca se termina de dar a conocer toda la información respecto a estos subsidios-, que se financian hasta en un 80 ó 100% los sueldos de instituciones que cobran elevadas cuotas. Además, las escuelas privadas tienen mayor libertad de acción para recaudar fondos con eventos especiales, y nadie les controla la cantidad de alumnos que tienen por aula, entre otras arbitrariedades.

En este punto, como ciudadanos y contribuyentes, exigimos que se asuma finalmente el debate legislativo del financiamiento a la educación privada, se reduzca para 2013 y se deriven esos recursos a las escuelas públicas.

Tampoco podemos menos que encender una alarma, al vislumbrar el sobredimensiona-miento coyuntural de la estructura del Ministerio, cuando vemos Programas de gestión en el que los fondos destinados a sueldos de personal contratado supera en hasta un 2000% (dos mil por ciento), al pago de sueldos de personal de planta.

El presente proyecto de presupuesto educativo para el año 2013 expone un estilo de gestión y comunicación que abunda en falacias, inexactitudes, medias verdades y propuestas que priorizan la consolidación del sistema privado de educación, en desmedro de la escuela pública.

Por eso solicitamos a los Legisladores que retomen la tradición histórica de nuestra Ciudad, en la que las escuelas públicas son cuna de integración cultural, desarrollo de ciudadanía, construcción de valores de democráticos, de justicia y de equidad. Porque la escuela pública es el mejor lugar del mundo, donde hacer del mundo un lugar mejor.

Familias por la escuela pública