Nota de coyuntura: "Acerca de las contradicciones y omisiones en el financiamiento educativo en la Ciudad de Buenos Aires"

20/05/2012

Los primeros inconvenientes a la hora de hacer un análisis sobre el financiamiento educativo en la ciudad de Buenos Aires, período 2007-2011, tienen que ver con la gran dificultad que implica acceder a la información requerida

La educación es un derecho de todos los habitantes. A tal punto es así que existen leyes que regulan el modo en que esta debe ser comunicada públicamente para garantizar la accesibilidad del conjunto de los habitantes (priorizando a los sectores más desfavorecidos. En tal sentido, la ley 104, establece la responsabilidad del Estado para garantizar el acceso a la información pública. y por tanto la ausencia de ésta constituye una violación a dicha ley.

El carácter público de los datos implica que la sociedad toda pueda tener al alcance las herramientas necesarias para defender sus derechos básicos y oponer acciones frente a decisiones del Estado que afectan dichos derechos.

Por ejemplo, poder dar cuenta de las problemáticas en torno al financiamiento educativo es una potencial posibilidad de construcción de este conocimiento. El punto es sustantivo como parte del conjunto de las políticas públicas, en cualquier gobierno y para cualquier proyecto político. Como hemos demostrado en otros análisis, la inspiración neoliberal-conservadora del PRO y su jefe Mauricio Macri han sido evidenciadas en medidas que vaciaron el espacio público – especialmente en los rubros de protección de derechos a los más vulnerables, salud, vivienda, cultura, educación- y, por el contrario, fortalecieron oportunidades de negocios para empresarios amigos.

El financiamiento educativo es una expresión concreta de las orientaciones macristas para la definición e implementación de su política pública

Así, el análisis del financiamiento educativo proporciona una clave de interpretación. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno de la ciudad haya subejecutado el presupuesto destinado a la educación sin llegar así a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad es un suceso que nos ayuda a comprender el contexto en el cual se dan conflictos tales como los paros docentes, la reforma de las juntas de clasificación, el cierre de cursos en escuelas de gestión estatal, las denuncias de la comunidad sobre las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, entre otros. Cabe consignar que la subejecución a la que nos referimos en este mismo párrafo reconoce una única excepción: la transferencia de recursos públicos al sector privado. En este rubro sí el Gobierno cumplió cabalmente lo planificado y comprometido.

Entendemos que estos elementos corresponden no a uno sino a varios factores. Los programas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires contemplan, al menos en el plano formal, algunos puntos con base en la mejora y la inclusión al sistema educativo de los niños que vivan en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, puede observarse un claro abandono del sector público en esta materia.

Por ejemplo, en lo que concierne a infraestructura escolar, a pesar de las reiteradas demandas del conjunto de la comunidad se viene dando desde 2008 no sólo la nombrada subejecución del presupuesto, sino un recorte del mismo año tras año.

A pesar de esto la gestión hace gala de una gran cantidad de obras de refacción y construcción de escuelas. Sin embargo, los números arrojan otra realidad un tanto más desafortunada.

En 2008 se asigna al programa de infraestructura escolar 307 millones de pesos, al año siguiente se asignan 243 millones. En 2010 la cifra crece a un poco mas de 525 millones de pesos, para terminar ejecutando al final de este 254 millones (según cuenta de inversiones año 2010). Finalmente, en el año 2011 se ve en el presupuesto aprobado una partida de 513 millones de pesos, que luego de las modificaciones asignadas por el poder ejecutivo ascendió a 728 millones. De estos fueron ejecutados 487 millones (según informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ).

En este estado de incumplimiento de las metas físicas fijadas para los diferentes programas, los jóvenes en edad escolar pierden días de clase, crecen los conflictos docentes y gran cantidad de padres termina tomando la decisión, forzosa, de anotar a sus hijos en escuelas de gestión privada. Desde ya, los que no puedan optar por esta alternativa se ven obligados a padecer el abandono de quienes deberían asegurar su derecho a la educación, siendo víctimas de medidas como el cierre de cursos.

Como contrapartida de este abandono al sector estatal, la educación privada parece dar cuenta de una lógica totalmente distinta de asignación presupuestaria. Es importante este contraste porque, más allá de las cifras que expondremos, existe una realidad social clara que refleja esta tensión. No obstante, al momento de centrarnos en los números la información aparece aún de manera más difusa y contradictoria. Los datos publicados son escasos e insuficientes a la hora de querer dar cuenta de los criterios de asignación de subsidios o cuáles y cuántas exactamente son las escuelas que los reciben. Para un primer acercamiento a esta cuestión, elegimos mirar las asignaciones presupuestarias que se hacen al comienzo del año fiscal 2008-2011, lo cual nos otorgará un panorama parcial sobre el cual ya pueden inferirse algunas conclusiones:

Aquí las asignaciones aumentan de manera progresiva, comenzando por el año 2008 con unos 482 millones de pesos, le sigue el año 2009 con 705 millones, para llegar a 2010 con poco más de 806 millones de pesos. Finalmente, para el año 2011 se presupuestaron 1.008 millones.

Si bien los números expuestos ya parecen hablar por sí mismos, nos referimos a una mirada parcial del presupuesto a la educación privada ya que estos no dan cuenta de las reasignaciones presupuestarias asignadas durante el ejercicio de cada año fiscal.

Es importante no perder de vista lo que arrojan estas cifras y poder establecer un correlato entre aquellas y los conflictos que ha tenido la actual gestión con la comunidad educativa. Detrás este complejo entramado podríamos ver una forma de “administración” en la cual los sectores populares son progresivamente aislados en miras no sólo de reproducir las desigualdades existentes, sino de acrecentarlas.

Por estas razones elegimos plantear estas conductas en términos de “intencionalidad”, porque la inacción es en estos casos una forma que obedece a una concepción de lo político y lo económico. Porque el análisis del financiamiento educativo se convierte en un territorio de disputa.

Romina Galucci

Observatorio Nuestro Americano de Políticas Educativas

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