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Declaración del
Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia en un día histórico, en vísperas de cumplirse treinta años consecutivos de vigencia democrática.

Esta norma, cuya aplicación plena será posible a partir de la resolución dispuesta por la máxima instancia del Poder Judicial, constituye un avance de singular trascendencia en la batalla cultural contemporánea. Se trata, en esencia, de posibilitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, al permitir el acceso a los medios audiovisuales a los más diversos sectores de la comunidad. Entre ellos, a las cooperativas y mutuales.

Cabe recordar que la Ley de Radiodifusión impuesta por la última dictadura genocida fue un instrumento más del terrorismo de Estado. En particular, aquella disposición dictatorial constituyó una mordaza para impedir que las entidades de la economía solidaria pudieran difundir sus enfoques, principios y valores.

Desde el primer instante de la nueva etapa constitucional, iniciada el 30 de octubre de 1983, comenzó una lucha incesante para lograr que la recuperada democracia le diera un marco normativo apropiado a ese derecho humano inalienable.

Así, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó un acto multitudinario en diciembre de ese año, en el estadio Luna Park, bajo la consigna "La cooperación, por una Argentina unida y democrática". En ese marco y a la par de un amplio abanico de propuestas, estuvo presente el legítimo anhelo para disponer de instrumentos comunicacionales.

Una mención especial corresponde a la Coalición por una Radiodifusión Democrática -actualmente denominada "por una Comunicación Democrática"-, donde confluyeron las más diversas vertientes del campo popular, para reclamar la derogación de la norma dictatorial por otra acorde con los nuevos tiempos.

Este nucleamiento condensó, en veintiún puntos, los ejes conceptuales que debería contener ese nuevo marco normativo. Una verdadera plataforma doctrinaria que le fue entregada a la Presidenta de la Nación en los primeros tramos de su mandato y posteriormente pasó a formar parte de los fundamentos de la llamada "Ley de Medios", la número 26522, aprobada por el Congreso de la Nación en 2009.

La constitucionalidad de esta disposición legal ha quedado ratificada por la Corte Suprema cuatro años después de su sanción, luego de un proceso inédito en el cual se sometió al debate de la ciudadanía, en todo el territorio de nuestro país, el contenido de su articulado.

Llegar hasta este momento histórico llevó tiempo y una lucha consecuente. Hubo que atravesar obstáculos judiciales interpuestos por el monopolio mediático, en su intento por preservar sus intereses económicos y el poder acumulado durante décadas, so pretexto de la defensa de la libertad de expresión.

En esa batalla se encolumnaron, a favor del multimedio, los mismos sectores que sistemáticamente ponen trabas, para impedir que el pueblo argentino pueda concretar el sueño de construir una nueva y gloriosa nación.

Ahora que la democracia acaba de cumplir sus primeras tres décadas de vigencia consecutiva, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitirá que se hagan escuchar todas las voces, entre las cuales ocupará un lugar destacado el movimiento cooperativo.

Se inaugura una nueva etapa y con ella el desafío de ocupar el espacio mediático con inteligencia, calidad y profesionalismo, para instalar en la sociedad los valores de la solidaridad, el patriotismo, la defensa del patrimonio material y cultural de nuestro país y el compromiso con la construcción de una Argentina para todas y todos.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013.