LA “PRIMERA INDEPENDENCIA” DE NUESTRA AMERICA: ALGUNAS LECCIONES DE LA HISTORIA.

Por: Dr. Cs. Luis Suárez Salazar*

Jamás hubo en América, de la independencia acá, 
asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, 
ni pida examen más claro y minucioso, 
que el convite que los Estados Unidos potentes, 
repletos de productos invendibles, 
y determinado a extender sus dominios en América, 
hacen a las naciones americanas de menos poder […] 
De la tiranía de España supo salvarse la América española; 
y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, 
causas y factores del convite,
urge decir, porque es la verdad, 
que ha llegado para la América española
 la hora de declarar su segunda independencia.  

José Martí, 1890

Si el político es un historiador 
(no sólo en el sentido de que hace historia 
sino en el sentido de que operando en el presente interpreta el pasado), 
el historiador es un político y en ese sentido […] 
la historia es siempre historia contemporánea, es decir la política.

Antonio Gramsci, 1931

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Olvidando todos o casi todos los antecedentes mediatos e inmediatos (como las grandes insurrecciones populares que sacudieron el continente a lo largo del siglo XVIII, las conspiraciones independentistas que se produjeron en la última década de ese siglo y, dentro de ellas, la largamente preparada “expedición revolucionaria” encabezada entre 1805 y 1806 por Francisco de Miranda), así como el carácter predominantemente aristocrático y anti-popular de las “Juntas protectoras de los derechos de Fernando VII” y de la mayoría los gobiernos autonomistas o independentistas que se instauraron en la América anteriormente española entre 1808 y 1815, a partir del año 2010 buena parte de las actuales autoridades oficiales de los Estados-nacionales hispanoamericanos celebrarán, con bombos y platillos, de manera separada, al igual que escasamente crítica el bicentenario del inicio de “sus” correspondientes contiendas emancipadoras frente al colonialismo español. 
Salvo excepciones que confirmen la regla (cuales pudieran ser las de los gobiernos y otros actores sociales, políticos e intelectuales de raigambre popular de Bolivia, Ecuador, Paraguay, la República Bolivariana de Venezuela y de otros países del continente), es de esperar que en esas ocasiones se repitan, una y otra vez, las diversas tergiversaciones y falacias que sistemáticamente han acompañado a las historias más o menos “oficiales” recreadas, con escaso rigor científico, por los intelectuales “liberales” o “conservadores”, “románticos”, “positivistas”, “revisionistas” o “neo-revisionistas”,  orgánicos a las clases dominantes locales o a las principales potencias coloniales e imperialistas con vistas a tratar de legitimar en el plano ideológico-cultural el sistema de dominación –hegemonía, acorazada con la fuerza— establecido sobre cada uno de sus correspondientes países, así como sobre buena parte del llamado “hemisferio occidental”.
En contraposición, también es de esperar que se reediten algunos de los textos considerados como “clásicos” de la llamada Nueva Historia de América Latina que –inspirada en ciertas lecturas del marxismo y en otros saberes de las Ciencias Sociales— proliferaron en todo el continente luego del triunfo de la Revolución Cubana del primero de enero de 1959. No obstante sus innegables aportes a la comprensión crítica de las “historia nacionales” de la mayor parte de los actuales Estados hispano-luso-americanos (al igual que de algunos países del “Caribe insular”), en general esos textos carecen de un enfoque continental que permita comprender, en toda su magnitud, complejidad y trascendencia, el contradictorio desarrollo y los sucesivos desenlaces de las que denomino “cíclicas dinámicas entre la reforma, la revolución, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución” que han caracterizado (y todavía caracterizan) el devenir del espacio geográfico, humano y cultural que, a fines del siglo XIX, José Martí denominó Nuestra América. 
Por ello, e inspirado en la palabras de Antonio Gramsci acerca de la función política de los historiadores y sobre la perenne contemporaneidad de la historia que aparecen en el exordio,  la ocasión me parece propicia para realizar o retomar, según el caso, algunas reflexiones sintéticas y seguramente incompletas acerca de las lecciones que han dejado esas bicentenarias e inconclusas gestas para los y las que desde los movimientos sociales y políticos, desde el periódico, la cátedra, las ciencias o las artes todavía continuamos luchando por la que, en la última década del siglo XIX, José Martí denominó “segunda independencia” de  “la América española” frente al entonces naciente, hoy poderoso y, a la vez, decadente, imperialismo (o imperio) estadounidense. 
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En ese ámbito, lo primero que hay que consignar es que las luchas por la “primera independencia” de la que ahora llamamos América Latina y el Caribe ni comenzaron, ni terminaron en 1810. Como ha documentado, entre otros, el historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy, el que denomino “primer ciclo emancipador –y a la vez, reformador y revolucionario— de ese continente frente a algunos colonialismos europeos (España, Francia y Portugal) y a sus aliados locales” comenzó en 1790 (año en que se inició la poderosa insurrección antiesclavista y anti-racista en la isla caribeña que Cristóbal Colón había denominado La Española y los franceses Saint Domingue), y virtualmente terminó en 1826 con el fracaso del Congreso Anfictiónico de Panamá. 
Tal como pretendían las autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, así como los gobiernos oligárquicos, conservadores o liberales “nacionalistas” instaurados en buena parte de los entonces nacientes Estados nacionales o multinacionales latinoamericanos (Estados Unidos Mexicanos, la Federación Centroamericana, las Repúblicas de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil), ese negativo desenlace –ratificado con la inoperancia del Congreso de Tacubaya (disuelto en octubre de 1828)— pospuso indefinidamente las independencias de Cuba y Puerto Rico del colonialismo español; propició la nefasta “balcanización” de la que, previamente, Francisco de Miranda había denominado “Colombia”, El Libertador Simón Bolívar “la América Meridional”, y José Gervasio Artigas y José de San Martín “la Patria Grande”. También posibilitó las continúas agresiones de España y de otras potencias extranjeras contra diversos Estados latinoamericanos y caribeños, la neocolonización de ese continente, primero, por el Imperio británico (que también mantuvo su control político-económico sobre el Imperio de Brasil, así como su dominio colonial sobre diversos territorios bañados por el Mar Caribe) y, más tarde, por el imperialismo estadounidense. 
Ese violento proceso confirmó la anticipación de Simón Bolívar: “…los Estados Unidos […] parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la Libertad”. Y, sesenta y un años más tarde de esas palabras, motivó el mencionado llamado de José Martí a luchar por la “segunda independencia” de la “América española”,  así como su silente, pero consecuente y consistente decisión de “impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América”. 
Como esa utopía martiana sólo pudo hacerse realidad a partir de la victoria de la  Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro, desde la mal llamada “guerra hispano-norteamericana” de 1898 hasta del 1ro de enero de 1959, los grupos dominantes, los poderes fácticos y sucesivos gobiernos temporales estadounidenses (ya fueran demócratas o republicanos) instauraron un férreo régimen neocolonial sobre la mayor de las Antillas. Paralelamente, colonizaron al archipiélago de Puerto Rico y, mediante diversas intervenciones directas o indirectas, así como del exitoso despliegue de su multifacética “cooperación antagónica” con los imperialismos británico, francés y holandés (a lo largo del siglo XX estos terminaron reconociendo que América Latina y el Caribe eran parte intrínseca de la “esfera de influencia” de Estados Unidos), cayeron sobre todos los Estados independientes, formalmente independientes o “semi-independientes” de América Latina y el Caribe.  
Y, como había previsto el Apóstol de la Independencia de Cuba,  lo hicieron con tal fuerza política, económica, ideológica-cultural y militar que todavía hoy, dos cientos dieciocho años después de haberse iniciado las primeras batallas por la liberación nacional y social de ese continente, en el Caribe insular subsisten 16 territorios coloniales y semi-coloniales (entre ellos, Puerto Rico), las Islas Malvinas (pertenecientes a la República Argentina) siguen controladas por el imperialismo británico, al par que los pueblos de la mayor parte de los 33 Estados-nacionales situados al sur del río Bravo y de la península Florida todavía tienen que seguir luchando por lograr la que la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, efectuada en febrero de 1962, denominó “su segunda, verdadera y definitiva independencia”.              
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Cualesquiera que sean los juicios que merezcan todas las afirmaciones anteriores, lo cierto fue que sin la solidaridad de los dirigentes más lúcidos de la victoriosa Revolución Haitiana del primero de enero de 1804 (Jean Jacques Dessalines y Alexander Pètion) prácticamente le hubiera resultado imposible al recientemente denominado Precursor de las independencias de América Latina, Francisco de Miranda, culminar la organización de la frustrada expedición independentista con la que desembarcó el 3 de agosto de 1806 en Coro, localidad ubicada en la actualmente denominada República Bolivariana de Venezuela (RBV). Tampoco le hubiera resultado fácil a El Libertador Simón Bolívar reemprender, a partir de 1816, las luchas político-militares con un alto contenido de emancipación política y social que, en la primera mitad de la década de 1820, culminaron con la “primera independencia” de los actuales territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y la RBV. 
A la liberación de algunos de esos países también contribuyó el Ejército Libertador de Perú, formado gracias al apoyo del entonces jefe del gobierno chileno, Bernardo O’Higgins, encabezado por José de San Martín e inicial y mayoritariamente conformado por rioplatenses y chilenos. Bajo las ordenes del Lugarteniente de Simón Bolívar,  posteriormente nombrado Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, oficiales y soldados de ese ejército participaron en la derrota de las tropas españolas en la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 (ésta garantizó la independencia del territorio de la actualmente denominada República de Ecuador), así como –junto a  oficiales y soldados hispanoamericanos nacidos en diferentes localidades, entre ellos indios, negros, pardos y mestizos— en la destrucción de las fuerzas realistas en la Batalla de Ayacucho (diciembre de 1824) que selló la derrota de la monarquía ibérica en el territorio continental hispanoamericano. 
Como veremos después, a esa derrota también contribuyeron las naciones originarias de Perú y el Alto Perú, las que –enriqueciendo el legado de las insurrecciones indígenas encabezada entre 1781 y 1783 por Tupaj Amaru, Tomás Katari y Tupaj Katari, respectivamente— habían sido rápidamente incorporadas a la causa independentista gracias a las prédicas libertarias de los integrantes más radicales (“jacobinos”) de la Junta de gobierno instaurada en Buenos Aires en  mayo de 1810 y, en particular, de Mariano Moreno y del jefe del Ejército del Norte, Juan José Castelli. Ambos martirizados por los representantes políticos y militares de los sectores más reaccionarios y pro británicos de la oligarquía de la ciudad-puerto de Buenos Aires y habitualmente ignorados en las “historias oficiales” de la actual República Argentina. 
En su perenne ánimo de contraponer la figura de Simón Bolívar con la de José de San Martín, esos relatos igualmente desconocen que la Batalla de Ayacucho también contribuyó a preservar la independencia de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, entonces integradas por las actuales República de Argentina y República Oriental del Uruguay. Esta última fundada el 4 de octubre de 1828 gracias a una virtual imposición del gobierno británico y a la claudicación del entonces presidente rioplatense, Bernardo Rivadavia; acontecimiento que también ignoran las historias más o menos oficiales –y algunas historias críticas— de la República Oriental del Uruguay.
 Del mismo modo que buena parte de las historiografías “oficiales” mexicana y de los actuales Estados-nacionales centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) raramente reconocen que las estrategias de lucha continental desplegadas por Simón Bolívar y José de San Martín (con la consiguiente derrota de las principales fuerzas de operaciones militares de la monarquía ibérica) también contribuyeron a la consolidación de las independencias de los Estados Unidos Mexicanos –entonces encabezados por su primer presidente republicano Guadalupe Victoria; quien en 1825 finalmente logró derrotar las tropas españolas acantonadas en la fortalezaza de San Juan de Ulúa, Veracruz— y de la entonces llamada República de Centroamérica. Esta –al igual que la ahora llamada “Gran Colombia” para diferenciarla de la actual República de Colombia— desapareció en 1840 a causa de las acciones emprendidas contra el gobierno liberal-unitario de Francisco de Morazán por los representantes políticos, militares y religiosos de sus correspondientes oligarquías conservadoras y “nacionalistas”. A pesar de sus contradicciones, estos contaron con el decidido y en algunos casos decisivo respaldo de las principales potencias de  la época; en primer lugar, Gran Bretaña y Estados Unidos; cuyas autoridades también intervinieron reiteradamente en los asuntos internos y externos de los Estados Unidos Mexicanos, tanto antes, como después de que en 1848 lograron arrebatarle a ese país más de la mitad de su territorio original. 

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De todos lo antes dicho, de otros elementos excluidos en aras de la síntesis y de algunos datos que veremos después, se desprende que las multiformes luchas por la “primera independencia” de Nuestra América tuvieron un carácter continental, bastante alejado del  alcance “localistas” que le han atribuido a ellas y a sus principales héroes y mártires las diversas “historias nacionales” que se han elaborado desde la fundación de cada uno de los actuales Estados hispanoamericanos. Por lo general y dada su carácter elitista, racista y machista esos relatos también desconocen el significativo aporte que realizaron a esas contiendas los criollos y las criollas más humildes (entre ellos, los gauchos y los llaneros), los y las afro descendientes liberadas por los ejércitos independentistas de la esclavitud y de otras oprobiosas formas de explotación, así como los hombres y mujeres de los pueblos y las naciones originarias del espacio geográfico, humano y cultural que algunos de ellos llamaban y continúan llamando Abya Yala, como expresión de su desconocimiento de los nombres, así como de las artificiales y cambiantes fronteras político-administrativas que a sangre y fuego les impusieron, primero, las monarquías ibéricas (España y Portugal) y, más tarde, los representantes políticos, militares, religiosos e intelectuales de las clases dominantes que controlaron los destinos de los Estados-nacionales fundados como fruto de “la balcanización” de la que, en 1890, José Martí llamó “Nuestra América”.
En párrafos anteriores ya referimos el importante papel desempeñado por los pueblos quechuas y aymaras en la derrota definitiva del colonialismo español en los actuales territorios de Perú y Bolivia. Pero a ello es imprescindible agregar la poderosa insurrección que entre 1814 y 1815 sacudió a esos territorios bajo la dirección del anciano curaca Mateo García Pumacagua y otros líderes populares criollos y mestizos. También la decisiva  contribución de los pueblos originarios de esa región andina en la contención de la poderosa y sanguinaria ofensiva político-militar desatada por las autoridades coloniales españolas (con el silencio cómplice de las autoridades británicas, francesas, holandesas y estadounidenses) luego de la derrota de las tropas napoleónicas y de la reimplantación de la monarquía absoluta de Fernando VII. Gracias a las multiformes resistencias de esas fuerzas populares (peyorativamente identificadas como “republiquetas”) y de “los montoneros” de Salta, así como a diferencia de los demás gobiernos autonomistas o independentistas del resto del continente, las posteriormente llamadas Provincias Unidas del Río de La Plata pudieron proclamar en 1816 y preservar su independencia del colonialismo español. 
Del mismo modo que gracias al apoyo de  las comunidades guaraníes, el gobierno “jacobino” de Gaspar Jorge Rodríguez de Francia logró conservar la independencia absoluta de Paraguay, proclamada en 1813 tanto de España, como de las fuerzas oligárquicas y pro-británicas de la ciudad-puerto de Buenos Aires que, paulatinamente, lograron derrotar a sus oponentes en la Banda Oriental del río de la Plata, así como en las demás provincias mediterráneas y del litoral del río Paraná; incluidas las encabezadas por el Protector de los Pueblos Libres, José Gervasio Artigas, a cuyas fuerzas político-militares también se había incorporado importantes contingentes de los pueblos originarios de esas regiones, como fue el caso de los charrúas.  
Algo parecido hay que decir del poderoso movimiento popular que sustentó la que algunos historiadores inadecuadamente llaman “la primera Revolución Mexicana”, iniciada el 16 de septiembre de 1810. Siguiendo la convocatoria y las decisiones libertarias de su líder y proclamado Capitán General del Ejército de Redención de las Américas, el sacerdote Miguel Hidalgo, en esta gesta precursora de la independencia de toda “la América española” (no sólo de México) también participaron importantes contingentes de antiguos esclavos y esclavas afro-descendientes, así como de las naciones y pueblos originarios del extenso territorio del denominado Virreinato de Nueva España que, como se sabe, se extendía desde el sur del río Mississipi,  hasta el actual territorio de Costa Rica; incluyendo las capitanías generales de Cuba, Filipinas y Guatemala; donde –en razón de su composición étnico-racial— tuvo un enorme y contradictorio impacto la gesta emancipadora encabezada por Hidalgo. 
Tal participación popular y de los pueblos originarios de ese virreinato se amplió después de su fusilamiento (1811); pero sobre todo cuando asumió el liderazgo del movimiento y de las plurales fuerzas independentistas el también clérigo, José María Morelos; quien en el Supremo Congreso Internacional de América (efectuado en septiembre de 1813) “presentó un programa revolucionario de 23 puntos conocido como ‘Sentimiento de la Nación’. En ese histórico documento el líder insurgente profundiza las medidas de  Hidalgo al abogar por la abolición de la esclavitud y el sistema de castas,  la liquidación de todos los gravámenes feudales y la desigual distribución de la riqueza. Morelos también se pronuncia por el principio de la soberanía popular, el libre comercio y la proclamación de la independencia, propuesta que el Congreso secundó al declarar la separación de España (6 de noviembre de 1813) y al aprobar medidas contra la explotación feudal y la discriminación racial”. Algunas de esas medidas fueron incluidas en la primera carta fundamental de “la América Mexicana” aprobada por la Asamblea efectuada el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Sin embargo, esta no incluía las medidas revolucionarias proclamadas por Hidalgo y Morelos, “pues sus autores eran en su mayoría criollos letrados atraídos al campo patriota por los esfuerzos de [Ignacio López] Rayón para moderar el tono de la revolución”. 
Fue entonces que, aprovechando esas inconsecuencias, el ejército realista, reforzado con la llegada masiva de tropas españolas y la movilización contrarrevolucionaria de la parte alta de la sociedad criolla, así como aprovechando las divisiones existentes en las fuerzas patrióticas amenazó la existencia del Supremo Congreso Internacional de América. “Obligado a proteger a los diputados de los intensos ataques enemigos, Morelos fue hecho prisionero en Texmalaca (Puebla) el 5 de noviembre y fusilado el 22 de diciembre de 1815. Su muerte y la dislocación del ejército rebelde en pequeñas partidas insurgentes permitió el casi absoluto restablecimiento del poder colonial en México”. Hechos que, sin dudas, determinaron el “estancamiento” durante varios años de la ejemplar revolución social y de liberación nacional (sin paralelo en el resto de Hispanoamérica) que desde 1810 se venía desarrollando en el Virreinato de Nueva España, la prolongación por varios años más de las gestas independentistas que se desarrollaban en Suramérica, así como, finalmente, el carácter “monárquico-conservador” que asumió la proclamación, en 1821, de la “primera independencia” de México y de las actuales repúblicas centroamericanas.     
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Las nefastas consecuencias que tuvo ese desenlace seudo-independentista, contrarreformador y contrarrevolucionario para el devenir posterior de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, así como para el resto de Hispanoamérica han sido tratadas prolijamente por la historiografía crítica elaborada tanto dentro, como fuera de nuestro continente. Ello me libera de la responsabilidad de abordarlas en esta ocasión. Sin embargo, a los efectos de esta contribución me parece imprescindible resaltar que esa y otras experiencias de las contiendas por la primera independencia de la América anteriormente española ya demostraron la incapacidad de los representantes políticos, militares, religiosos e intelectuales de los sectores hegemónicos de sus clases dominantes para conducir hasta sus últimas consecuencias las luchas por la liberación nacional, social y cultural que, desde  entonces hasta hoy, se han desplegando en América Latina y el  Caribe. 
Igualmente demostraron la importancia de la unidad de todos los sujetos sociales, políticos y étnico-culturales de raigambre popular implicados en esas multiformes luchas. Sin desconocer el carácter continental que estas tuvieron, también se demostró la importancia de que los representantes políticos y militares, estatales o no estatales, de esos sujetos resolvieran de manera acertada y según sus circunstancias específicas, todos los problemas políticos, sociales, ideológico-culturales y militares, internos y externos implicados en cualquier revolución o reforma político-institucional, económico-social y étnico-cultural genuinamente democrática e independentista. La irresolución de esos problemas estuvo entre las causas de las sangrientas contrarrevoluciones o contrarreformas dirigidas a restaurar el sistema de dominación interno y externo previamente existente. O, en los casos en que este fue derrotado, a sustituirlo por nuevas formas de dominación y explotación tanto internas, como externas.        
Lecciones que –junto a otras que puedan inferirse de los párrafos anteriores— debemos asimilar todas y todos los y las que continuamos luchando por la “segunda, verdadera y definitiva independencia”, en este nuevo y tal vez decisivo ciclo de la dinámica entre la reforma, la revolución, el reformismo, la contrarreforma y la contrarrevolución que ha caracterizado la historia latinoamericana y caribeña. En razón de las complejas circunstancias internacionales y hemisféricas en que se desarrolla esta dinámica (acentuadas por las superpuestas crisis que afectan a la humanidad, así como al sistema y la economía mundo), en este esperanzador ciclo independentista, reformador y revolucionario, tal  vez como en ninguno de los precedentes, resulte imprescindible recordar el vigente llamado que, en la última década del siglo XIX, José Martí le realizó a todas las naciones (incluidas las originarias) de Nuestra América:
Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, según lo acaricie el capricho de la luz, o lo tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes.

México D. F., 10 de noviembre del 2008