A partir de un análisis del régimen político de Venezuela y del liderazgo popular de Hugo Chávez Frías entre 1999 y 2015, este artículo polemiza con quienes han definido aquél proceso como autoritario. Por el contrario, recupera aquella experiencia para repensar las tensiones que alberga el propio concepto de “democracia representativa” y la alternativa de una “democracia radical” como la que, a su modo, se ensayó en Venezuela.

La democracia representativa, el régimen político ilustrado y moderno par excellence, sintetiza dos formas políticas distintas: la democracia, como gobierno directo del pueblo, y la representación, como acción delegada que alguien realiza en lugar de otro. Del roce entre ambas vertientes aparece una tensión que ha estado presente en las discusiones políticas y académicas desde el origen mismo de la filosofía y la ciencia política. Esta tensión surge a partir de la disyuntiva constitutiva de la democracia representativa: mientras que en tanto régimen político fundamenta su legitimidad en la soberanía popular, las instituciones que definen su funcionamiento remarcan la separación e independencia entre representantes y representados, y, por ende, refuerzan mecanismos indirectos y débiles en términos de participación ciudadana.

El propio concepto de democracia representativa supone una contradicción ontológica, en tanto la representación implica que se excluya al pueblo de la toma de decisiones –en menor o mayor medida, de una u otra forma–. Los mecanismos de participación ciudadana surgen precisamente con el propósito de achicar dicha distancia. Instancias como el control sobre el comportamiento de los representantes y la influencia e intervención por parte de la ciudadanía en el proceso ordinario de elaboración de leyes y/o en las reformas constitucionales, son modos que permiten a los gobiernos –en el marco de regímenes democrático-representativos– incorporar y ampliar la noción de soberanía popular, más allá de la participación de mínima canalizada a través de los procesos electorales previstos. Ahora bien, ¿hasta qué punto los instrumentos de participación popular resuelven la contradicción ontológica o instituyen una idea diferente de democracia? ¿En qué medida resultan ser complementarios o disruptivos de la democracia representativa?

En la historia, estas tensiones y contradicciones inherentes al mismo concepto de democracia emergieron junto con aquellos casos de gobiernos que propusieron modificaciones institucionales en aras de una mayor participación popular. En América Latina, durante la década del noventa y la primera del siglo XXI, algunos gobiernos buscaron modificar las instituciones de la democracia representativa. Con el objetivo de contrarrestar las crisis y los cuestionamientos que diversos sistemas políticos atravesaron a lo largo de la etapa neoliberal, se propusieron institucionalizar distintos mecanismos para incrementar la influencia, la decisión directa y el control por parte de la ciudadanía. Estas fuerzas políticas compartían, a su vez, la pertenencia al proceso que se rotuló bajo la expresión nueva izquierda. De izquierda, en tanto se contraponía al neoliberalismo económico hasta entonces vigente. Nueva –en un sentido descriptivo, más que valorativo–, en alusión a constituir el movimiento de izquierda inmediatamente posterior al quiebre político marcado por la caída del muro de Berlín –en 1989– y el fin de la revolución sandinista –en 1990.

Estos cambios propiciaron discusiones teóricas y veredictos contrapuestos respecto del mayor involucramiento político por parte de la ciudadanía. Pero, paradójicamente, los discursos reivindicativos u objetores de estas transformaciones compartieron el fundamento: la defensa de los valores democráticos. Este denominador común, a la vez que antagónico, es producto de las diferentes acepciones posibles del concepto de democracia. Nos proponemos indagar sobre estas a partir de un análisis del régimen político de Venezuela en torno al liderazgo popular de Hugo Chávez Frías (1999-2015). La elección del caso nos permite, por un lado, cuestionar la definición de este proceso como autoritario, al ser caracterizado por la manipulación desde arriba por parte del líder y, por el otro, considerar hasta qué punto se consolidó (o no) la idea de democracia radical, entendida como aquella en la que la participación directa desplaza las instituciones representativas.

A diferencia de lo que sucedió en el resto de los países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, en Venezuela no hubo un período de quiebre de la democracia representativa a manos de dictaduras militares. El restablecimiento del régimen democrático en 1958 significó que la mayoría de los estudios comparados sobre política en América Latina considerasen la democracia venezolana como la más estable y gobernable de la región. Los arreglos entre las principales fuerzas políticas (Acción Democrática –AD–, Comité de Organización Política Electoral Independiente –COPEI– y Unión Republicana Democrática –URD–), conocido como el “Pacto del Punto Fijo”, permitieron sentar las bases de un modelo social excluyente, pero eficiente en tanto logró un sistema político estable en su conjunto. Fundada sobre este acuerdo entre las élites de los principales partidos políticos y la distribución de las rentas petroleras, la democracia venezolana acumulaba el período de tiempo con elecciones ininterrumpidas más largo de toda la región.

Pese a estar en la vereda contraria respecto del mandato autoritario, el proyecto venezolano de modernización social fundado en la democracia mostró signos tempranos de estancamiento. La particularidad del caso consistió en un proceso de deterioro de las instituciones democráticas y de los actores políticos predominantes, debido a su falta de capacidad para resolver las crisis socioeconómicas que atravesó Venezuela durante la década de 1980. El carácter meramente procedimental de la democracia, es decir, las elecciones como la única variable, y la inviabilidad del sistema político acordado por los principales partidos políticos, llevó a la búsqueda de una democracia más sustantiva. Los intentos de golpe de Estado, las rebeliones civiles y de distintas facciones militares, las protestas y disturbios sociales, el elevado nivel de abstención electoral y la remoción a través de juicio político de un presidente constitucional son sólo algunos de los hechos acontecidos que, sin dudas, indicaban el fin de una época.

El quiebre de este proceso de convulsión política lo puso la asunción de Hugo Chávez en 1998, apoyado por su partido Movimiento Quinta República (MVR) –posteriormente rebautizado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–. Uno de los pilares de su campaña presidencial había sido la reforma de la constitución, a la cual presentaba como el primer paso hacia la refundación del Estado. Sin embargo, la posibilidad de tratar y aprobar la reforma constitucional quedaría trunca debido al contexto: se trataba, en ese momento, de un gobierno sin mayorías legislativas propias. En consecuencia, el líder venezolano optó por convocar a un referendo popular, mediante el que se decidiera la conformación de una Asamblea Constituyente –a partir de entonces, la práctica de referendo sería utilizada de manera recurrente para legitimar sus decisiones.

La nueva constitución, aprobada mediante un referendo el 16 de diciembre de 1999, reconfiguró institucionalmente al régimen político venezolano. Dio inicio formal a la República Bolivariana de Venezuela. Disolvió la Corte Suprema de Justicia y creó el Tribunal Supremo con nueva conformación. Eliminó el Congreso de la República de Venezuela y edificó un poder unicameral: la Asamblea Nacional. Agregó dos esferas a la tríada clásica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: el poder electoral y el poder moral republicano. Estableció que la democracia venezolana es participativa y protagónica. Para lo cual se incorporaron al texto constitucional: los diferentes tipos de referendo popular (consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio), las iniciativas legislativas, las asambleas y los consejos locales de planificación pública. Este conjunto de ideas conformó un nuevo proyecto político-institucional, que contrasta con la imagen de una democracia exclusivamente procedimental y con las tradicionales instituciones representativas. Configuró una democracia alternativa a la forma predominante en el resto de América Latina y otras regiones del mundo.

En simultáneo, la nueva constitución fortaleció la autoridad presidencial. En primer lugar, a partir de la facultad para seleccionar y remover al vicepresidente, y de disolver la Asamblea Nacional si esta decidiese recusar tres veces (en un mismo mandato y sin éxito) al vicepresidente de la Nación. En segundo lugar, mediante la aprobación de la reelección presidencial y la extensión del mandato de un período de cinco a otro de seis años. Finalmente, si bien existía en la constitución previa, se reforzó un mecanismo de decisión unilateral: las Leyes Habilitantes, por medio de las cuales el poder legislativo autoriza la emisión de decretos con rango y fuerza de ley sobre determinadas áreas específicas, cediendo por completo sus facultades legislativas sobre las mismas.

Sin embargo, la estrategia política característica de la gestión chavista no fue otra que aquella que la fundó y brindó legitimidad desde un principio: la movilización popular. Esta herramienta fue revalorizada a raíz del fallido golpe militar y huelga general del sector petrolero contra Chávez en 2002-2003. A nivel institucional se propuso empoderar a la ciudadanía mediante diversos instrumentos de participación directa en lo político, tales como los referendos; las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente; el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos, como los Círculos Bolivarianos. En definitiva, todos mecanismos para someter múltiples proyectos a consideración popular. La movilización popular y las instancias institucionales de carácter participativo fueron herramientas políticas centrales desde el primer momento de la asunción presidencial de Hugo Chávez. Su liderazgo se fortaleció mediante su apelación a la refundación política, a la transformación progresiva hacia una democracia más radical, participativa y protagónica, y al empoderamiento de las bases sociales en la toma de decisiones. Los Consejos Comunales, en este punto, se consolidaron como instituciones democráticas que, mediante el accionar directo de los miembros de las diferentes comunidades, lograron resolver diversos problemas en los barrios más carenciados. En este sentido, favorecieron la restitución en la agenda pública de ciertas demandas y desigualdades históricas de sectores de la sociedad previamente excluidos.

En paralelo a estos avances populares que trascienden la lógica tradicional de la democracia representativa, se desarrollaron también otros que limitaron en parte al modelo participativo. Por un lado, específicamente nos referimos a mecanismos institucionales de carácter unilateral, o sea, aquellos que evitan las negociaciones entre poderes independientes del Estado. Por caso, la habilitación y utilización de Leyes Habilitantes constituyó un claro tipo de acción delegativa, es decir, la toma de decisiones concentrada, legitimada en la representatividad política pero más apartada del involucramiento ciudadano. Por otro lado, la tarea gubernamental de superar los faccionalismos y los conflictos asociados al partido oficialista llevó al fortalecimiento de la faceta más hobbesiana: el representante electo actúa y los electores se convierten en audiencia pasiva ante sus decisiones. Este factor atenuó la incidencia efectiva de los Consejos Comunales en determinados momentos, limitando su esfera de acción al nivel local. En la práctica, este hecho fue un ejemplo claro de cómo, en pos de alcanzar determinados objetivos de gobierno, se desestimaron los mecanismos de participación popular.

El régimen político venezolano (1999-2015) puede definirse, entonces, como híbrido debido a la pugna existente entre los proyectos antagónicos de democracia protagónica y participativa, y de tipo delegativo. Si bien esta última característica fue abordada desde análisis peyorativos del populismo, a partir del foco en la manipulación desde arriba por parte del líder, resulta innegable el rol que tuvieron los Consejos Comunales en su contribución hacia la consolidación de un régimen de carácter más participativo y plural. El caso venezolano permite ilustrar la utilización estratégica de herramientas institucionales vinculadas a diferentes modelos de democracia. Según cuáles fueran el contexto y los objetivos políticos, los mecanismos participativos pudieron ampliar o menoscabar la legitimidad popular de determinadas decisiones. Así, puede comprenderse al régimen chavista a partir de la idea de un péndulo, en el que el grado de relevancia de cada dimensión de la democracia estuvo determinado por el contexto político.

En el marco de una democracia representativa en crisis, a partir del liderazgo de Chávez el régimen venezolano alcanzó ciertos componentes de decisión popular de carácter directo. Durante su gestión se buscó involucrar a la ciudadanía en materia de legislación y proceso político colectivo para revitalizar lo que pensadores como García Linera y Zabaleta Mercado han definido como una democracia aparente y fosilizada, y en aras de una democracia comunitaria. En absoluto se trata de un juego de suma cero entre las diferentes instancias características de las dos vertientes democráticas, la procedimental-representativa y la protagónica-participativa, sino que las herramientas de involucramiento popular deben constituirse de forma tal que actúen de manera sinérgica con las instituciones representativas, acrecienten los márgenes de legitimidad política del régimen democrático en su conjunto y exijan al sistema político la capacidad de construir un orden social más justo y equitativo.