Introducción

Las grandes extensiones de tierras de más de 200 mil hectáreas que nos rodean fueron ocupadas por Bunge y Born a principios de 1900. En una época vendieron una parte del norte a los Roseo de La Fidelidad y después otra a Eurnekian, quedándose ellos con La Leonor de Comega. Son las tierras que les sacaron a sangre y fuego a los ancestros de los pueblos originarios con leyes de exterminio que cumplió el general Victorica. ¹

El textual que pertenece a una organización campesina e indígena de Pampa del Indio, Chaco, resume el objetivo de este artículo: relacionar el genocidio constituyente² ocurrido en nuestro país (aquellas campañas militares que asesinaron a miles de pobladores originarios y que nunca fueron discutidas desde el propio estado nacional) con las escasas respuestas que encuentran las comunidades cuando sus demandas se refieren al pedido de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra. Derechos que, incluso, ya se encuentran legislados en diferentes niveles.

Para el Estado, la propiedad de la tierra es un límite de lo que puede ser factible de reconocimiento a los pueblos originarios. Cuando las comunidades indígenas –en este caso, el pueblo toba del Chaco- realizan sus reclamos por territorio dejan de ser visualizadas por el Estado como sujetos plenos de derecho.

Vale mencionar que las campañas militares sobre los territorios indígenas no sólo no fueron resueltas por el estado nacional, sino que existieron distintos episodios disciplinadores como las matanzas de Napalpí (1924) en Chaco o La Bomba (1947) en Formosa (ambas perpetradas bajo los gobiernos democráticos de Marcelo T. de Alvear y Juan D. Perón respectivamente) que siguieron sosteniendo una relación asimétrica de fuerzas y una amenaza armada efectiva sobre las posibilidades de resolución de los conflictos. Estas formas de utilización del terror influyen directamente sobre la negación a discutir la propiedad de la tierra por parte del Estado y sobre los modos de resistencia de las comunidades indígenas.

Estas formas de disciplinamiento avalan la inversión que Foucault hace de Clausewitz al afirmar que:

(...) la política es la continuación de la guerra por otros medios”, es decir que la situación de exclusión en la que hoy se encuentran estas comunidades tiene como hitos fundacionales las campañas militares, las políticas de sometimiento y su incorporación al modo de producción capitalista. Los cuales no deben pensarse sólo en términos de un genocidio originario y constituyente, sino como un proceso histórico cuyas prácticas sociales genocidas se siguen reproduciendo en el presente a través de un sistema hegemónico de negación, invisibilización y explotación. (Delrio et. al., 2007)

Militares y patrones construyen el Chaco

Rever esos procesos fundacionales nos va a permitir analizar, a la luz del presente, cómo la ocupación de las tierras originarias cruza estructuralmente la relación actual entre el estado argentino y las comunidades indígenas.

El modo en que se desarrolló el modelo agropecuario y la tenencia de la tierra a través de un doble proceso de campañas militares y expansión capitalista se tradujo en la exclusión política de los pueblos indígenas y en que sus demandas fundamentales se relacionen desde ese momento con la recuperación de los territorios usurpados.

Durante las diferentes campañas militares al Chaco, comenzadas a mediados de 1860 en forma de avanzadas y sistemáticamente a partir de 1884, se llevaron a cabo distintos modos de apropiación de la tierra, pasando de manos indígenas a manos fiscales en un primer momento, y de propiedad fiscal a privada después.

Pero si la acción de conquistar implica apoderarse de un espacio, de un territorio, la presunción lógica y previa de esta afirmación es que esas tierras eran previamente ocupadas por otros, y que por lo tanto, su apropiamiento incluyó a quienes las habitaban. Y para someter a los sujetos que pisaban esos suelos, se ejecutaron diferentes modos de utilización de la violencia: avanzadas militares, transformación en mano de obra semiesclava, envío como soldados para formar parte de guerras fronterizas haciendo de guías y realizando los trabajos pesados de las tropas (Figallo, 2001), inclusión en los mismos ejércitos de las campañas, encierro en reducciones y misiones, deportaciones a otros campos de concentración como Isla Martín García y/o la disolución de familias por el envío de mujeres o chicos a trabajar para familias aristocráticas porteñas.

A medida que se producía el avance militar, el estado fue pactando con las comunidades indígenas a través de tratados nunca cumplidos y desconocidos unilateralmente. La prenda era la aceptación de las comunidades indígenas a integrarse a la civilización (en las condiciones definidas por los militares) a cambio de la creación de reservas en zonas cada vez más fronterizas. Una de ellas fue la otorgada por Marcelo T. de Alvear en 1924 de 150.000 hectáreas en la zona de confluencia de los ríos Teuco y Bermejo (hoy conocida como Interfluvio) y que recién fue entregada efectivamente en 1999. Muchos ancianos de la zona hablan frecuentemente de estos pactos con los militares. El corrimiento de las comunidades indígenas cumplía su objetivo de dejar grandes extensiones liberadas para ser utilizadas por empresas forrajeras, madereras y algodoneras.

Para Martínez Sarasola una de las diferencias entre las campañas a Patagonia y Chaco es que en este último caso, la población indígena fue en gran parte absorbida por el frente colonizador en expansión y fue incorporándose a las nuevas actividades económicas de la zona. La proletarización y la pérdida de los territorios produjeron un doble proceso de reordenamiento territorial y modificación abrupta en el modo tradicional de vida.

Las avanzadas militares coincidieron con el “descubrimiento” de la mano de obra indígena. Desde el comienzo del envío de milicias a la región, muchos indígenas fueron remitidos a trabajar a Salta y Jujuy en los ingenios azucareros. Primero en la zafra y después en el mismo Chaco, “los obrajes (la zafra en este caso) proporcionaron el primer contacto sostenido con el hombre blanco, la transformación al papel de peón asalariado y la obligación a obedecer a los patrones”. (Tola, 2000)

Hacia la década del 10, el intento de disciplinamiento y sometimiento buscó su estocada definitiva a través de una institución estatal llamada “Reducción”. El decreto que crea la Reducción Estatal de Napalpí en el Chaco (y también la de Fray Bartolomé de las Casas en el actual territorio de Formosa) tenía entre sus objetivos conservar en un espacio de encierro el factor económico que eran los indígenas y al mismo tiempo, al trasladar a los sujetos libres a las reducciones, los territorios “liberados” podían ser transformados en tierras fiscales y vendidos a privados.

Rememoradas en los relatos de las comunidades como campos de concentración, el sistema de las reducciones ofrecía tierras (sin título de propiedad) para una producción mínima de subsistencia, mientras que le permitía a los terratenientes vecinos tener mano de obra disponible en las cercanías de sus campos e incorporaba a los nuevos obreros en el disciplinamiento económico a través del círculo: trabajo-pago en vales-compra en tiendas del establecimiento-deuda-trabajo-pago de la deuda-trabajo.

Este sistema evidenció sus reales objetivos de disciplinamiento y control social cuando tobas y mocovíes de la Reducción de Napalpí se organizaron en protesta por las condiciones de vida a las que eran sometidos y la respuesta del Estado fue el envío de la gendarmería y de un avión del Aero Club Chaco. El 19 de abril de 1924 el cruel ataque de las fuerzas de seguridad terminó con la muerte de más de 500 tobas y mocovíes, aunque la cantidad no pudo precisarse ya que las persecuciones duraron varios días y muchos de los cuerpos enterrados en fosas comunes, en lo que se conoció como la “Masacre de Napalpí”.

Otro de los modos de apropiación del territorio indígena, contemporáneo a campañas militares y reducciones fue a través de la figura del colono. La instalación de colonos “blancos” para el desarrollo agrícola tuvo como contrapartida la asignación de tierras. En las primeras dos décadas del siglo XX las tierras entregadas a “blancos” fueron 2.500.000 hectáreas, lo que representa el 25% del territorio provincial, con concesiones de 40.000 a 80.000 ha. (Giordano, 2005)

Territorios Sociedad Anónima

Están destrozando los montes. Nosotros consumimos lo que está dentro nada más que para subsistir. Esta gente corta los rollos de quebracho colorado y blanco, palo blanco, lo cortan todo y después arrasan con todo el monte, plantan soja y le echan veneno. A los tres años la sementera no tiene más fuerza para producir. El monte protege el suelo, pero si hacen esto, después vienen las consecuencias.³

El territorio es concebido de dos modos opuestos: mientras para el Estado la tierra se visualiza como un bien basado en la propiedad privada, para las comunidades indígenas los territorios refieren a una ocupación ancestral del terreno y a una forma de relacionarse que los cruza en tanto sujetos para y con la naturaleza.

Para el tipo de formación estatal capitalista la tierra es una mercancía y el régimen de propiedad determina el régimen político y administrativo de toda nación (Mariátegui, 1928). Desde este supuesto, Mariátegui plantea la contradicción de fondo y por lo tanto la superficialidad de cualquier enfoque que no considere el “problema indígena” como un problema económico y social.

La manera en que el Estado comprende a los pueblos originarios como factor económico (en tanto mano de obra) se potencia con el régimen de propiedad privada e individual y al negar el reconocimiento y propiedad de la tierra comunitaria y colectiva, las comunidades quedan en una situación de fragilidad que retroalimenta la situación de asimetría en cuanto a su inclusión en el mercado de trabajo.

Un joven toba de la ciudad de Castelli, Chaco, se refirió a lo complejo de esta problemática y contó que al no tener acceso a la tierra la mayoría de los hombres de su comunidad se ven obligados a aceptar diferentes tipos de trabajo golondrina, mal pagos y en lugares alejados de su familia lo que afecta a cualquier posibilidad de organización indígena ya que hay épocas en las que todos deben marchar a trabajar en otras zonas y cualquier intento de asociación se diluye.

Hasta hace poco más de una década, los conflictos por la tierra tenían por un lado a las comunidades y organizaciones indígenas y por el otro a los terratenientes vinculados a los respectivos estados (Mariotti, 2004). Desde hace un tiempo esta situación se complejizó por la transnacionalización de las relaciones económicas en los sectores rurales que generaron la aparición de nuevos actores sociales vinculados al capital extranjero (Cargill, Monsanto) y organizaciones no gubernamentales con financiamiento de los países centrales, o ligadas a organismos de financiamiento internacional (Banco Mundial, BID, FMI), cuya disputa por la destrucción del medio ambiente tiene un alcance que excede las fronteras nacionales.

La Unión Campesina, una de las organizaciones indígenas de Pampa del Indio, describe en un comunicado el modo de apropiación de la tierra que se está llevando a cabo por empresas privadas:

(...) la soja trajo mucho sufrimiento a los pueblos del campo y principalmente a los originarios. Avanzan los desmontes de miles y miles de hectáreas, se desalojan las comunidades, se desvían los ríos, se contaminan las aguas. Se gastan los suelos y crecen los terratenientes y los pules sembradores y cada vez más extranjeros se quedan con más tierra. En Pampa del Indio testaferros de Eurnekian le están alquilando de a 25 hectáreas a compañeros originarios.⁴

La proliferación de tierras dedicadas al monocultivo en el centro de la provincia y a la ganadería en la región oeste se multiplican en forma constante desde hace años. De acuerdo a los datos del Instituto de Colonización, el Estado chaqueño pasó de tener 3.500.000 de hectáreas fiscales a 650.000 en diciembre de 2007. Estas tierras fiscales que debían ser asignadas a ocupantes tradicionales (indígenas o criollos campesinos) fueron vendidas a empresarios madereros y sojeros. Se estima que por lo menos la mitad de esas tierras se habría malvendido y se encuentra en manos de Sociedades Anónimas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ⁵ .

Si se compara el peso de las tierras fiscales sobre la superficie total del Chaco, se observa este proceso de privatización del territorio. La provincia tiene un total de 10 millones de hectáreas, de las cuales en el año 1994 el 35% eran tierras fiscales y en la actualidad ese porcentaje se redujo al 6,5%.

Como contraparte, la burocratización de los procesos de reconocimiento y entrega de las tierras choca contra la velocidad del capital y su visión utilitaria. Si bien hay un reconocimiento discursivo de los derechos indígenas, estas reparaciones simbólicas no tienen su contraparte en el plano material.

La noción de territorio adquiere un fuerte componente de conflictividad ya que, como plantea la antropóloga Diana Lenton (Lenton, 2008), para el caso de las demandas mapuches en zonas petroleras, los territorios ricos parecieran que deben ser eximidos de las demandas indígenas. En esas provincias de la Patagonia ante cada disputa por la propiedad de tierras “ricas” en petróleo, turismo o minería, las comunidades son negadas en su carácter étnico para poder reclamarlas.

Con los nuevos métodos de siembra directa y los nuevos tipos de semillas que pueden ser utilizados en zonas de escasas lluvias como Chaco, los dueños de la tierra usufructúan los campos para el cultivo de soja. Esta revalorización de los terrenos transforma la discusión sobre la legitimidad de la propiedad de las tierras ya que, como afirma Lenton, el discurso sobre la importancia del desarrollo económico supera al del reconocimiento de las comunidades indígenas. Si bien la existencia y legitimidad de las comunidades trasciende el reconocimiento del Estado, su legalidad para discutir y reclamar públicamente sus derechos queda sujeta a la visualización y por tanto, negación, que las agencias estatales proponen como instrumentos de presión (Lenton, 2008).

Durante el acto de entrega de 1.104 hectáreas a la Asociación Civil Cacique Taigoyic en la zona de Campo Cacique, Pampa del Indio, Víctor Gómez, dirigente toba, planteó:

(...) la urgencia de regularizar los 62 títulos pendientes que están en Colonización y que el Gobierno Provincial respete la Constitución y establezca un programa de entrega de tierras a las familias que aún no tienen. No puede ser que nosotros como originarios de esta tierra estemos mendigando tierra y que terratenientes que están destruyendo los montes tengan más de 40 mil has para negocios que los benefician sólo a ellos" e hizo referencia a la Estancia Don Pano de Eurnekian y a las tierras que posee la empresa Comega S.A.⁶

La lógica del terror

La conquista del Chaco no sólo fue física y material, sino también simbólica. La conquista militar se llevó adelante con el objetivo de anexar territorios y ampliar las fronteras pero también de resolver “qué se debía hacer” con los sujetos que ocupaban esas tierras. Para avanzar sobre sujetos, sobre comunidades, ya no alcanzan las armas sino que se hace imperiosa la utilización de las palabras, de los discursos, de construir una nueva historia, victoriosa, que “cuente” la lógica dominante.

¿Hay motivos para pensar que ese proceso histórico iniciado a partir de esas campañas militares, hoy no tiene consecuencias sobre las comunidades indígenas? ¿Por qué no debería seguir operando a través de otros canales o tecnologías de poder?

Daniel Feierstein propone pensar al Estado moderno como una figura que encarna un sistema de poder que reconstruye, y por lo tanto destruye, relaciones sociales. Un sistema que tiene una lógica que actúa a través de tecnologías de poder que no sólo sirve para el control de las poblaciones, sino también construir un tipo particular de identidad de la sociedad sobre la que opera (Ferierstein, 1999). La construcción de hegemonía de un Estado se asienta entonces en la producción de efectos sobre la vida cotidiana de cada uno de los individuos de esa sociedad y sobre un sistema particular de representación del mundo que crea y recrea a su modo y semejanza.

Esta hegemonía, sostenida además por el poder de las armas que detenta el Estado, ya manifiesta al genocidio como una posibilidad. Los que no son visualizados como semejantes, son pasibles de recibir una acción aleccionadora del Estado. El nivel de violencia y el órgano ejecutor de esa acción será determinado por la sensación de amenaza que el Estado perciba.

Si en todo Estado de derecho existe un Estado de policía, cuanto más amenazado se sienta el Estado de derecho más violenta será su reacción. La distancia entre el Estado de derecho real y el Estado de derecho democrático ideal la determina la forma en que está contenido el Estado de policía (Zafaroni, 2001).

Como denuncia un anciano toba:

(...) acá la policía de Pampa del Indio sigue tratando a muchos como animales, por eso tenemos que aprender de derecho, conocer la Constitución Nacional y Provincial. Para que cuando nos meten preso a alguien podamos discutir. Ya sacamos a tres comisarios que castigaron a chicos de 9 y 7 años. A uno le quisieron quebrar un dedo. Ahora estamos más organizados y la cosa cambia. La policía nos respeta más. La ley es una defensa de nosotros pero la tenemos que saber utilizar, como cuando tratan mal a las mujeres en los hospitales.

La discriminación y la forma en que son consideradas las comunidades tobas de la zona y sus reclamos también afectan el tipo y modo de represión. Los escritores tobas Juan Chico y Mario Fernández en su libro sobre la matanza de Napalpí entrevistaron a diferentes ancianas/os de la zona. Uno de los casos es el de Rogelia López que describe las condiciones de existencia en esa reducción:

Mi papá siempre me contaba lo de la Colonia Aborigen⁷ porque él trabajaba en Napalpí en el año 1916. El decía que había muchos milicos. Por eso mi papá abandonó. Y los criollos buscaban a los aborígenes pero la gente no quería salir del monte porque era monte alto y ellos peleaban por la tierra y no le querían a los blancos, porque los milicos mataban a nuestra gente. Sí, mi papá trabajaba en Napalpí pero después se fue a Salta, a las cañas.

Los distintos eventos represivos que sucedieron a la campaña al Chaco todavía funcionan como productores de terror; y este terror se relaciona con el modo de operar del accionar estatal cuando las demandas indígenas rebasan ciertos límites establecidos desde el propio Estado como lógicos y aceptables. Los autores relatan que aún hoy, muchos ancianos de la zona no quieren hablar sobre la masacre por temor: “ustedes son muy jóvenes y tienen que tener mucho cuidado porque no saben en lo que se están involucrando y puede ser peligro”. Esa memoria colectiva que en muchos casos se mantiene a través de la tradición oral para evitar el olvido también tiene su contraparte en que vehiculiza las formas del terror como acción disciplinadora.

Foucault agrega una particularidad del Estado moderno que es funcional para que la desaparición de grupos sociales pueda ser contenida por ese mismo Estado que promueve la igualdad: el racismo (Foucault, 1993). Esta idea fuerza sobre la que se construye el Estado moderno va a permitir legitimar la matanza generalizada. El avance militar sobre los territorios poblados por esos “no normales” ya encuentra su debida justificación y esos otros patológicos pueden ser legítimamente eliminados. Por lo tanto, el racismo justifica también la clausura de la memoria propuesta por el Estado para no discutir sobre el modo en que fueron apropiados los territorios indígenas y la manera en se reconstruyeron discursivamente nos solo las campañas militares, sino a las propias comunidades.

Esa clausura, hoy sigue operando desde el poder y su lógica racista continúa reproduciéndose en el sentido común. Este año apareció en un diario formoseño una nota firmada por delegados escolares y docentes, criticando “los beneficios” que reciben las comunidades indígenas:

Nos preguntamos ¿los aborígenes sólo tienen derechos y reclamos?, ¿no tienen ninguna obligación para con la sociedad? ¿todo para ellos es gratis? ¿por qué en salvaguarda de la "cultura" los instan a no crear hábitos de higiene personal y comunitaria? ¿Por qué se los induce a ser especuladores y oportunistas? ¿Por qué se los acostumbra a vivir de las dádivas? Tienen una Ley del Aborigen y muchísimas acciones del Gobierno, que intenta brindarles igualdad de oportunidades y posibilidades, a veces más que a la población blanca. Viven reclamando, cuestionando y violentando el normal desarrollo de las actividades institucionales y áulicas. Sin embargo, no envían a sus hijos a la escuela, no les importan los horarios, no dejan que se les inculquen hábitos y valores que son indispensables para vivir en comunidad⁸.

El discurso racista de esos docentes que apela a una comparación uniformadora donde se los marca negativamente desde el cómo deberían ser para merecer las ayudas estatales, donde se los define como esos otros “que cuestionan el normal desarrollo de las actividades institucionales”, es una variante matizada de las salutaciones que los vecinos de Quitilipi le hicieron al Gobernador Centeno cuando se consumó la matanza de Tobas y Mocovíes en Napalpí:

Los que suscriben, vecinos caracterizados de este pueblo, considerando los hechos recientemente ocurridos entre fuerzas policiales del territorio y el malevaje indígena envalentonado que tanto trabajo ha dado últimamente a las autoridades locales cometiendo innumerables hechos delictivos; ha resuelto manifestarle su aprobación al Sr. Gobernador (Carrera, 1984).

Estos halagos a la acción disciplinadora del gobierno a través de la matanza generalizada también tienen una marcación negativa que en este caso, piden la desaparición física de esos otros salvajes.

De las técnicas concentracionarias, en misiones y reducciones con técnicas de poder centradas en el cuerpo, que proponían la distribución espacial, la división en lugares cerrados y la vigilancia, se pasó a nuevas estrategias de control. El paso de un tipo de sociedad de disciplinamiento a la sociedad de control (Deleuze, 1991) produce nuevas formas de dominación pero no olvida a aquellas. Las comunidades que son sujetas a estas nuevas tecnologías de poder son las que ayer fueron víctimas de las campañas militares, de los lugares de encierro y su memoria colectiva recoge ese recuerdo como un terror que somete y regula.

Este nuevo control opera sobre las masas controlando y, si hace falta, castiga (Foucault, 1993). La sociedad de disciplinamiento opera en lugares abiertos, a través de la economía, la tecnología, la burocracia. Cuando parece que para todos es posible acceder, cuando todo es de libre acceso, el poder tiende la trampa que regula para quiénes los bienes de consumo se encuentran disponibles y para quiénes no.

Se denuncia en un comunicado de la Unión Campesina:

Ellos alambran todas las tierras fiscales. Y, encima, cuando fumigan con su avioneta también nos fumigan en nuestra cabeza, nos envenenan a nosotros y a la tierra. Son prepotentes, invasores. Hoy pretenden un exterminio silencioso que avanza desde el norte de El Impenetrable, de muertes por tuberculosis, desnutrición y mal de Chagas y una política que, como se ve, pretende que abandonemos el campo.⁹

Olvido, clausura y negación

El modo que tiene una sociedad para no hacerse cargo de un genocidio es a través del olvido. Ese olvido que se produce en el momento de realización simbólica y que en el caso de la dictadura argentina de 1976 funcionó a través del “por algo habrá sido”, el indulto o el “fuimos todos”. Son estrategias que lo que tratan de clausurar es la pregunta sobre el propio rol en el proceso genocida¹⁰.

La construcción historiográfica que demonizó a los pueblos originarios, los textos escolares que los exterminó hablando de ellos con verbos en pasado, las políticas de disciplinamiento que a través del trabajo, el desconocimiento estatal de sus formas de propiedad colectivas de la tierra -base cultural y la exigencia primera de las organizaciones indígenas- son ejemplos del presente que permiten afirmar que las prácticas genocidas, en tanto intento de destrucción de prácticas sociales de un grupo étnico, nacional o político, se siguen llevando a cabo.

Como ya se ha dicho, no es necesaria la utilización del poder de policía, si se lo mantiene como amenaza y posibilidad mientras se ejecutan acciones que violan y omiten derechos ya consagrados a los pueblos originarios. La constante y cada vez más ominosa reproducción de la pobreza en las comunidades tobas del Chaco, descansa en la consecución política de esa guerra previa (no reconocida) y en una desigual relación de fuerzas donde la maquinaria estatal despliega sus tecnologías de poder que continúa sometiendo a los pueblos originarios.

Chico y Fernández hacia el final de su libro se refieren a los distintos legisladores que pelean arduamente por esos productores criollos que no pueden pagar sus deudas y se conmueven con sus alpargatas rotas y por el futuro de sus hijos. No es una comparación que aluda a una pelea de pobres contra pobres, no es el sentido de la pregunta que ellos se hacen y que hago mía: ¿Alguien se preguntó alguna vez de quién eran estas tierras, cómo se desalojó a sus dueños y cómo se los condenó a muerte?, ¿y (en ese caso) no se pensó en sus hijos?

Creo que la pregunta propone pensar el modo en que fue construido lo que hoy se llama Chaco y lo que hoy que se llama Argentina. Una pregunta que refleja modos diferentes de acción estatal. Una pregunta que bucea en el pasado para encontrar los olvidos del presente. Una pregunta que el Estado nacional aún no se hizo.

Bibliografía

• Carrera, Iñigo Nicolás. (1984) Campañas militares y clase obrera, Chaco, 1870-1930. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
• Chico, Juan y Fernandez, Mario. (2007) “Napalpí. La voz de la sangre”. Subsecretaría de Cultura del Chaco.
• De Gori, Esteban, Gutierrez, Marina. (2005) Fronteras y Genocidio: Violencia y represión como política de Estado en Argentina a fines del siglo XX. Buenos Aires, Mimeo.
• Deleuze, Gilles. (1991) “Posdata sobre las sociedades de control”. Disponible en http://www.catedras.fsoc.uba.ar/rubinich/biblioteca/web/adeles.html
• Delrio, Walter; Lenton, Diana; Musante, Marcelo; Nagy, Mariano; Papazian, Alexis y Raschovsky Gerardo. (2007) “Reflexiones sobre la dinámica genocida en la relación del Estado argentino con los pueblos originarios”, Segundo Encuentro Internacional Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas, Universidad Nacional de Tres de Febrero.
• Feierstein, Daniel. (1999) “Igualdad autonomía, identidad: las formas sociales de construcción de ‘los otros’”, en Tinieblas del crisol de razas, Buenos Aires, Cálamo de Sumer.
• -----. (2000) Seis estudios sobre genocidio, Buenos Aires, Eudeba.
• -----. (2007) El genocidio como práctica social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
• Figallo, Beatriz. (2001) Militares e indígenas en el espacio fronterizo chaqueño. Disponible en lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/FigalloBeatriz.pdf
• Foucault, Michel. (1993) “Del poder de soberanía al poder sobre la vida”, en Genealogía del Racismo, Buenos Aires, Altamira.
• Giordano, Mariana. (2005) Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño. Buenos Aires, Ediciones al Margen.
• Lenton, Diana. (2008) “Acuerdos y tensiones, compromiso y objetividad: el “aporte antropológico” en torno a un conflicto por territorio y recursos entre mapuches, gobiernos y capitales privados”. Ponencia IX Congreso Argentino de Antropología Social. Posadas, Misiones 2008
• Lois, Carla. (1999) La invención del desierto chaqueño. Scripa Nova Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Disponible en www.ub.es/geocrit/sn-38.htm.
• Mariategui, José. (1928) 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional. Ediciones de Cultura Peruana.
• Mariotti, Daniela. (2004) “El conflicto por la tierra de las comunidades aborígenes Kollas (Argentina) y Mapuche/Pehuenche (Chile): discursos globales en escenarios locales”, en Ruralidades Latinoamericanas. Identidades y Luchas Sociales.
• Martínez Sarasola, Carlos. (2005). Nuestros Paisanos, los indios, Buenos Aires, Emecé.
• Tola, Florencia. (2000) Relaciones de poder y apropiación del «otro» en relatos sobre iniciaciones shamánicas en el chaco argentino.
• Disponible en http://jsa.revues.org/document1849.html.
• Zaffaroni, Eugenio. (2001) “La lógica del carnicero”. Conferencia dictada en el marco del XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología realizado en Guarujá. Brasil. Disponible en http://www.derechopenalonline.com

Notas