Introducción

La responsabilidad estatal sobre la muerte de personas jóvenes ha sido recurrentemente señalada y denunciada en los más diversos contextos históricos y geográficos. No obstante, lo que se define como “responsabilidad estatal”, personas “jóvenes”, así como los modos de denunciar y demandar, se configuran históricamente de maneras particulares.

Durante los últimos 30 años, ha sido recurrente en la historia argentina la intervención de agrupamientos sociales articulados en torno al parentesco con víctimas de la violencia de estado¹ que reclaman justicia². Estos agrupamientos responsabilizan por las muertes a funcionarios estatales y destacan la juventud de las víctimas.

A fines de 2004, la noche del 30 de diciembre, se produjo un incendio en el boliche República de Cromañón durante un recital de rock. Pese a que había sido habilitado tanto por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad como por inspectores dependientes de la Subsecretaría de Control Comunal del gobierno local, al momento del incendio el boliche no cumplía con los requisitos de seguridad señalados en las normas que regulan la actividad³. La cantidad de personas que habían ingresado esa noche sobrepasaba ampliamente su capacidad, establecida en 1031 espectadores: diversos testimonios mencionan entre 2800 y 6000 asistentes al recital. En el techo estaba dispuesta una aislación acústica de material inflamable, que despidió abundante humo tóxico en cuanto se encendió por contacto con un artefacto de pirotecnia. Además, las puertas de emergencia estaban cerradas por dentro con candado.

Como resultado de todas estas condiciones murieron 194 personas, la mayoría de ellos jóvenes, y cientos o tal vez miles (el dato no se conoce con certeza) de los sobrevivientes cargan con daños físicos crónicos debidos a la inhalación de los gases tóxicos que produjo la combustión.

La noche del 30 de diciembre, numerosas personas se arrimaron a las inmediaciones del boliche buscando a sus seres queridos que habían ido al recital. La afluencia continuó los días subsiguientes: algunos continuaban la búsqueda, otros reclamaban justicia. Más allá de sus motivaciones, lo cierto es que los manifestantes se congregaron en la Plaza Miserere, a metros de Cromañón. Algunas de estas personas fueron ocupando la calle del boliche, donde dejaron fotos, zapatillas y otros objetos pertenecientes a las víctimas, así como mensajes dirigidos a ellas, velas e imágenes religiosas. Estos objetos fueron conformando un espacio que hoy denominan el Santuario.

El 31 de diciembre de 2004 tuvo lugar una primera manifestación en la cual reclamaron justicia. De ella participó un numeroso grupo de personas que marcharon hacia el centro político del país y de la ciudad: la Plaza de Mayo. La movilización se reiteró al día siguiente. A estas primeras marchas las sucedieron numerosas convocatorias que se prolongaron en el tiempo hasta la actualidad.

Si bien algunas de las personas que se movilizaron a comienzos de 2005 podían conocerse, especialmente a partir de haber asistido, ellos mismos o sus hijos, a otros recitales de Callejeros -la banda de rock que diera el concierto aquel 30 de diciembre- la mayoría no tenía relaciones entre sí. Sin embargo, con el tiempo fueron estableciendo vínculos a partir de encontrarse en manifestaciones, dependencias estatales, hospitales, oficinas de abogados y otros ámbitos. Algunos difundieron convocatorias a juntarse, debatir, pensar qué hacer ante lo sucedido. Con el tiempo, se fueron conformando grupos de familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón⁴.

La nominación de las víctimas como los pibes de Cromañón, la autoadscripción de los demandantes como familiares, ciertas prácticas recurrentes en sus movilizaciones y las denominaciones de los grupos, me llevaron a analizar cómo los discursos y las prácticas de estas personas recuperan una genealogía relacionada con el surgimiento de organismos de derechos humanos⁵, en su mayoría a fines de la década del 70, y por las múltiples organizaciones que desde finales de los 80 se consolidaron para demandar contra la violencia policial, a partir de hechos conocidos como casos de “gatillo fácil”⁶. De manera articulada, analizaré las referencias que los propios sujetos hacen a dichos procesos y, retomando estudios previos sobre el tema, me centraré en los modos en que familia y política se entraman en el caso que estoy estudiando.

La hipótesis que guía este análisis propone que el proceso asociativo desarrollado a partir del incendio del boliche República de Cromañón se desarrolló en el marco de un espacio delimitado por los dos procesos históricos mencionados, en los cuales se conformaron demandas articuladas en torno al parentesco y centradas en el reclamo de justicia ante muertes por las cuales de alguna manera se responsabilizó al “estado”. Sostengo que el lenguaje de parentesco, las referencias a estos procesos y también las alianzas con algunos de sus actores protagónicos constituyeron recursos movilizados por parte de familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón para construir sus propias demandas en el marco de un conflicto político históricamente configurado.

Las reflexiones que constituyen este artículo forman parte del material más amplio que conforma mi tesis de licenciatura en antropología social.⁷ La misma fue resultado de un proceso que involucró la realización de trabajo de campo etnográfico articulado con análisis de fuentes secundarias, siempre en discusión con bibliografía específica, tanto clásica como reciente. En cuanto al trabajo de campo, incluyó observación participante de actividades públicas organizadas por familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón, así como entrevistas. Entre otras instancias, participé de movilizaciones, actos, muestras de fotografías, paneles de discusión, charlas y una multiplicidad de actividades.

En primer lugar, recuperaré algunas discusiones en torno a las relaciones entre los lazos de parentesco –con víctimas jóvenes- y algunos procesos de demanda en Argentina. En segunda instancia, veremos cómo los grupos articulados en torno a Cromañón construyen una genealogía en la cual el parentesco con las víctimas resulta el principal hilo que teje (simbólicamente) la continuidad histórica. Luego veremos cómo esa genealogía habilita la construcción y legitimación de posicionamientos y demandas. Para finalizar, propondré que, al tiempo que construyen sus propias demandas, los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón otorgan nuevos sentidos a algunas categorías de importancia en el lenguaje político argentino, como la de derechos humanos, y amplían con ello el espectro de temas (que en un proceso político particular se definen como aquellos) por los que “el estado” debe hacerse responsable.

Algunas discusiones sobre los lazos de parentesco con víctimas jóvenes como status político

Desde hace ya más de 30 años, la historia política argentina ha estado atravesada por la intervención de agrupamientos sociales articulados en torno al parentesco con víctimas -jóvenes- de la violencia de estado. A fines de la década del 70, en un contexto de gobierno dictatorial que secuestraba y asesinaba personas en forma sistemática, surgieron agrupamientos más o menos formalizados que demandaban fundamentalmente la aparición con vida de quienes habían sido desaparecidos. Entre las personas que conformaron estos agrupamientos, se destacaron quienes se posicionaron para ello como familiares, en especial las madres.

Los nuevos agrupamientos establecieron un conjunto de demandas en torno a los derechos humanos y dieron lugar a la conformación de un espacio político amplio y heterogéneo que incluyó organismos articulados en torno al parentesco junto con otros cuya adscripción principal refiere a otras dimensiones como la identificación política. Algunas de estas asociaciones se originaron en la dictadura militar, o bien fueron posteriores pero su génesis remite a la denuncia de ese proceso. Tales son los casos de Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, HIJOS, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Otras tienen en cambio un origen histórico anterior, pero se integraron a la misma trama, como sucedió con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Además, algunos de estos agrupamientos surgieron con posterioridad y orientados desde el inicio a denunciar no sólo los crímenes de la dictadura, sino también otros cometidos en democracia. Todas estas asociaciones y otras como el Servicio de Paz y Justicia, Liberpueblo o el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos conforman el amplio espacio de los organismos de derechos humanos.

Por otra parte, en las décadas del 80 y 90 se sucedieron una serie de casos de muertes ocasionadas por actos de violencia policial, que adquirieron notoriedad pública bajo la denominación de casos de gatillo fácil. Las actividades de denuncia de los distintos casos, como movilizaciones, acciones legales, vigilias y otras, dieron lugar a la conformación de un movimiento de demandas e intervenciones en torno a la violencia de estado, conformado por un conjunto heterogéneo de agrupamientos. Pita (2005), quien ha investigado extensamente este campo, refiere cómo las más antiguas de estas asociaciones a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y a la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social, es decir policial, judicial o institucional (sus siglas son COFAVI) ⁸. Con posterioridad se crearon otras asociaciones.

Estos procesos fueron objeto de diversos análisis desde las ciencias sociales relativos a las relaciones entre política y parentesco, destacando cómo las demandas de familiares de víctimas de la última dictadura militar proyectaron una memoria familiar y privada hacia la escena pública, politizando esos vínculos e impugnando al gobierno dictatorial.⁹ Entre otros aspectos, se destacó la importancia que cobró la apelación a los vínculos familiares para la atribución de legitimidad a la palabra pública en la formulación de demandas, al punto que “la ‘verdad’ fue identificándose con la voz del ‘afectado/a directo/a’”.¹⁰

Desde la antropología se ha cuestionado el modo en que estos estudios naturalizan la familia y su lugar en relación con la dicotomía público-político vs. familiar-privado. Una línea que se centró en el movimiento de derechos humanos propuso una mirada del parentesco como “instrumento en la articulación de relaciones sociales y políticas en el interior de la nación”.¹¹ Esta investigación encontró que en los relatos de los militantes las fuentes de sus prácticas aparecen asociadas a los lazos sanguíneos con los desaparecidos. Y en esta naturalización de la militancia, en esta “magia reificadora del parentesco”¹² encuentra la eficacia de expresar lazos políticos como si fueran sanguíneos. Esto permitió mostrar cómo, apelando al lenguaje del parentesco, organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y otras interpelaron al estado identificándose con la nación.

El riesgo que corren los enfoques sociológicos de naturalizar la autoadscripción como familiares de los sujetos, también fue señalado por una investigación antropológica centrada en organizaciones de víctimas de casos de gatillo fácil. Desde esta línea, se destacó la necesidad de analizar los valores y sentidos en relación con los cuales se construye la apelación a los lazos de sangre para dar cuenta de la legitimidad de las demandas formuladas.¹³ En ese sentido, se sostuvo que en la construcción del familiar como actor político operan, por un lado, una construcción simbólica acerca de los vínculos familiares considerados como el ámbito en el que se suspende el interés económico, que los posiciona como actores políticos sin más interés que la justicia. Por otra parte, opera una racionalidad afectiva que estructura las relaciones familiares otorgando autoridad a las decisiones e intervenciones públicas de los actores. Este estudio halló que la categoría de familiar es central en la construcción de autoridad moral de los grupos.

La apelación al parentesco en procesos de demanda fue analizada también en estudios sobre el caso Cromañón. Algunos trabajos consideraron que la familia como el motor principal de la exigencia de rendición de cuentas al estado.¹⁴ Aquí la reflexión sobre la familia y las víctimas aborda un aspecto religioso centrado en el santuario. Pero en este análisis la familia no es sólo la familia tradicional, porque en el mundo juvenil identificado con el rock existen “familias rockeras”, que unen a quienes participan del ambiente del rock en lazos percibidos como familiares. De esa familia participaban en algún sentido el dueño de Cromañón y Callejeros, la banda que daba el recital la noche del incendio. Así, la relación empresa-asalariados-usuarios es vista como una relación interpersonal mezcla de familia y amigos; las relaciones socioeconómicas son concebidas como particulares y morales, y quedan fuera del ámbito de lo político. Desde esta lectura se consideró que estos sentidos de familia coadyuvaron a la despolitización del proceso.¹⁵

Estos aportes han sido recuperados desde un abordaje etnográfico del caso Cromañón. Desde esta mirada, la familia Cromañón se constituye como comunidad naturalizando los vínculos de sangre que operan como fundamento de esa construcción. Al mismo tiempo, en esta comunidad se oponen política y familia con sentidos recíprocos y en espejo: la primera es el ámbito propio de la racionalidad más pura (en sentido weberiano), de las alianzas coyunturales; de las relaciones marcadas por el interés y la especulación. Por el contrario, en la segunda priman los lazos permanentes y las relaciones afectivas. De este modo, cuando los familiares intentan explicar los posicionamientos divergentes de los distintos grupos, aunque los reconocen, los consideran secundarios en relación con el hecho de que la muerte de sus hijos los igualó a todos.¹⁶

En síntesis, mientras algunos estudios asumieron los vínculos familiares como fundantes de la actividad política de las víctimas y de la conformación de asociaciones, varios autores cuestionaron que se dieran por sentados estos vínculos y en cambio los analizaron como construcciones simbólicas, fundamentalmente morales, que operan en las prácticas de los sujetos posicionándolos de modos diversos, legitimándolos, habilitando alianzas, etc.

La propuesta que intento desplegar en este trabajo recupera los aportes reseñados para pensar estos vínculos como construcciones simbólicas cuyo uso por parte de los familiares está modelado por el espacio social y político que se construyó en torno al proceso estudiado, y también por la historia en la que se inscribe, en la cual el posicionamiento como familiar es una posibilidad disponible, un recurso que constituye parte del repertorio¹⁷ de las víctimas en el procesamiento de distintos acontecimientos. Sin negar su dimensión moral, sostengo que los modos en que los participantes de las actividades vinculadas con Cromañón hacen uso de las referencias a los procesos de confrontación y demanda, tanto de los organismos de derechos humanos, como de aquellos articulados en torno a casos de gatillo fácil, son al mismo tiempo indicadores de la matriz histórica que enmarcó el procesamiento de las pérdidas y daños sufridos, y de la estrategia de demanda que construyeron para confrontarlos.

Por otra parte, los dos procesos estudiados tienen en común entre sí y con el que nos ocupa la juventud de la mayor parte de sus víctimas: sobre la última dictadura militar, el informe de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas¹⁸ consignó que, de las personas que habían sido desaparecidas y cuyas denuncias pudo recabar, el 81% tenían entre 16 y 35 años. En cuanto a los crímenes ocurridos en democracia, de acuerdo con un informe elaborado por la CORREPI en el año 2009¹⁹, de las “personas asesinadas por el aparato represivo del estado” entre 1983 y 2009, el 51% correspondían a casos de gatillo fácil. A su vez, sobre el total de las víctimas, el 68% tenía entre 15 y 35 años al momento de ser asesinados. Respecto del incendio de Cromañón, allí murieron 194 personas. De las víctimas fatales sobre las cuales he podido averiguar su edad, 151 (es decir, el 78% sobre el total) tenían en diciembre de 2004 entre 13 y 29 años.

Más allá de los impactantes números, que de por sí señalan una característica común sobre la cual es necesario continuar reflexionando, me interesa destacar la idea de juventud como elemento destacado en la manera en que fueron denunciadas esas muertes. En todos estos procesos, las demandas enfatizaron que las víctimas eran jóvenes como si eso constituyera una suerte de agravante en tanto la muerte joven representa lo inesperado, lo innecesario, el futuro interrumpido, los sueños coartados. De otra parte, la demanda de justicia fue y es protagonizada por sus madres y padres (o por sus abuelas), es decir: por sus mayores.

La genealogía en actos

A- Marchar

Tal como mencioné en la introducción, desde que se produjo el incendio comenzaron a realizarse movilizaciones desde Plaza Miserere hasta Plaza de Mayo. Los primeros días se realizaron varias, algunas en días contiguos, o con apenas dos días entre una y otra. Con el tiempo, fueron regularizándose los días 30 de cada mes. En estas marchas y en otras actividades organizadas por los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón, se llevan a cabo una serie de prácticas que llamaron mi atención por ser muy similares, en términos formales y estéticos, a las que suelen verse en manifestaciones que denuncian los crímenes de la última dictadura militar o bien los cometidos por efectivos policiales. Asimismo, noté en varias oportunidades la presencia de familiares de víctimas de otros acontecimientos, generalmente vinculados a hechos de violencia institucional. Estos primeros elementos me llevaron a pensar estas prácticas con relación a las de los organismos de derechos humanos y las de los familiares de víctimas del gatillo fácil.

En las marchas por Cromañón numerosos participantes portan pancartas, remeras o banderas con las fotos impresas de las víctimas fatales, usualmente acompañadas del nombre de la persona retratada y eventualmente de la palabra “justicia” o de un mensaje de afecto hacia esa persona. Estas insignias se asemejan notoriamente a las que se portan en las movilizaciones realizadas por los organismos de derechos humanos o las víctimas del gatillo fácil. Entre los emblemas utilizados en las marchas de los días 30, se destaca una extensa bandera argentina que lleva las fotos de las víctimas del incendio junto a palmas de manos estampadas con pintura. Esta bandera es muy similar a aquella que está siempre presente durante las marchas de aniversario del último golpe de estado perpetrado por los militares, en la que están impresas palmas de manos y fotos de muchas de las víctimas del terrorismo de estado, y que es transportada en la misma posición que la de las víctimas de Cromañón.

Lo que estoy intentando mostrar es cómo los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón actualizan con sus prácticas las experiencias de los agrupamientos que reclaman diferentes aspectos vinculados con los dos procesos históricos mencionados²⁰. En este apartado me propongo iluminar cómo en el caso Cromañón la puesta en juego reiterada de prácticas que remiten a los procesos de demanda referidos otorga sentido a las prácticas y reclamos de los familiares.

Ahora bien, durante la marcha del segundo aniversario pude observar un intento de diferenciación de los familiares respecto de otros agrupamientos. Las marchas realizadas los días 30 de diciembre son notablemente más concurridas. En ellas participan mayor cantidad de organizaciones gremiales, estudiantiles, partidos políticos y otras, por lo que se modifica la presencia de banderas e insignias. No obstante, los grupos de Cromañón marchan con las mismas insignias de siempre, y eventualmente con alguna bandera que podría portar una consigna ideada para ese aniversario en particular. En esa oportunidad, desde el escenario donde se desarrollaba el acto de apertura de la marcha se indicó reiteradas veces lo siguiente:

A continuación, mientras actúan las murgas, se va a ir armando la columna. La marcha la va a encabezar la bandera larga que siempre llevamos los familiares en horizontal, junto con la bandera negra que tenemos hoy en el escenario, atrás de los familiares van otras víctimas de impunidad, y después pueden marchar todas las demás organizaciones. (Registro de campo, 30/12/2006 - Marcha a 24 meses de la “Masacre de Cromañón”).

Esta indicación acerca de cómo disponerse para marchar fue reiterada más de una vez durante el acto por las dos personas que lo coordinaban. El orden establecido pone en evidencia una jerarquización de los manifestantes en la cual el carácter de víctima otorga legitimidad y el de víctima de Cromañón una legitimidad mayor. En este sentido, la centralidad otorgada al carácter de víctimas de los sujetos demandantes constituyó una posibilidad para los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón de legitimarse a sí mismos apelando a la legitimidad reconocida socialmente con anterioridad a otras víctimas. Esta apelación también se expresa en múltiples invitaciones a participar en actos y marchas relacionadas con el caso Cromañón que les fueron extendidas tanto a familiares de víctimas de casos de gatillo fácil, como a referentes de organismos de derechos humanos²¹.

Por otra parte, en la construcción de la familia Cromañón parecen haberse enfatizado más los lazos generados por la patermaternidad. Este lenguaje contribuye a la recuperación de una genealogía política por los familiares de Cromañón como modo de construcción de los grupos y sus prácticas. En el contexto del conflicto que estoy analizando, la actualización de la estética de las marchas de organismos de derechos humanos y de víctimas de casos de gatillo fácil habilitó de algún modo la construcción de una historia, una genealogía para sus propias demandas.

B- Nombrar

Algunos familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón se congregaron en varios agrupamientos. Unos concentraron sus esfuerzos en acciones de protesta y en la difusión de sus reclamos; otros se preocuparon más por la marcha de las causas judiciales que investigaron las causas del incendio y las muertes que ocasionó; también hubo otros que centraron su trabajo en acompañar a los sobrevivientes. Más allá de estas particularidades, los grupos, al tiempo que mantenían una agenda propia, fueron elaborando otra común y conformaron un espacio de reunión al que denominaron Articulación de Familiares, Amigos y Sobrevivientes de Cromañón, donde coinciden desde entonces los grupos y las personas no agrupadas.

Así como el formato y la estética de las marchas permiten identificar conexiones entre las prácticas de las víctimas de Cromañón con las de otros procesos de violencia de estado señaladas, en este apartado veremos cómo esa misma identificación puede observarse en las denominaciones de los agrupamientos conformados. A continuación, haremos un breve repaso de los grupos conformados.

Memoria y Justicia por Nuestros Pibes es el nombre del grupo del cual permanecí más cerca durante mi trabajo de campo. Remite al Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, impulsado por organismos de derechos humanos en ocasión del 25° aniversario del golpe de estado de 1976 y que desde esa fecha articula acciones de distintas organizaciones en relación con la misma temática. El grupo al cual seguí surgió luego de una convocatoria realizada por la abuela de una víctima fatal de Cromañón. Ella es desde hace décadas militante por los derechos humanos y como tal había participado en muchas oportunidades del mencionado Encuentro, de modo que la elección del nombre para el nuevo agrupamiento no puede pensarse desvinculada del anterior. Al menos para ella, se trataba de un nombre conocido, y tenía algunos sentidos asociados (es decir que formaba parte de su repertorio).

Paralelamente se conformó el grupo Nunca más Cromañón, cuya denominación remite al informe publicado por el Estado Nacional sobre las investigaciones realizadas para informar el juicio a la Junta Militar propiciado en el contexto de la transición democrática durante la década del 80.

Otro de los grupos se denominó Hermanos de las Víctimas, es un nombre más genérico. Si bien existe un agrupamiento llamado Hermanos de detenidos-desaparecidos, entiendo que la relación puede pensarse tanto de este modo como en relación con un énfasis puesto en la autoadscripción de sus miembros como familiares de víctimas. Es en este último sentido que interpreto la elección de nombres que hicieron otros grupos como Familias por la vida, Asociación de Padres con Hijos Asesinados en Cromañón (APHAC), o la Articulación de Familiares, Amigos y Sobrevivientes de Cromañón²².

En esta sección del apartado hemos marcado que las denominaciones de los grupos refieren a las organizaciones y demandas vinculadas con la última dictadura militar y, más generalmente, a aquellas articuladas en torno al parentesco con víctimas de la violencia de estado. En la anterior, mostré cómo en algunas prácticas como las marchas mensuales por Cromañón, se actualizan sentidos vinculados a las víctimas de esa misma violencia, tanto en dictadura (las impulsadas por los organismos de derechos humanos) como en democracia (las de las asociaciones de víctimas del gatillo fácil).

El análisis de las prácticas, discursos y modos de denominarse a sí mismos permite ver que los sujetos seleccionan prácticas y símbolos de maneras tales que confieren sentidos a sus demandas, a partir de inscribirlas en una genealogía conformada por los procesos articulados en torno a la lucha por los derechos humanos, y la denuncia del gatillo fácil. Como vimos, ambos procesos colocaron al “estado” en el centro de las responsabilidades y a los jóvenes como víctimas principales. Puestos en acto en las manifestaciones de los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón, los símbolos movilizados actualizan sentidos que contribuyen a la legitimación del sujeto que demanda como víctima y específicamente en su carácter de familiar. A continuación, veremos cómo la inscripción de sus propias prácticas en esta genealogía les permite a los familiares posicionarse en una disputa y colabora a construir sus demandas.

Sobre la cuestión de la responsabilidad estatal: corrupción, impunidad y derechos humanos

En este punto, me dispongo a analizar los modos en que la genealogía construida por las víctimas de Cromañón se entramó en la disputa en torno a las responsabilidades por lo ocurrido en el incendio. A tal fin, reseñaré brevemente algunos elementos destacados en las denuncias realizadas por las víctimas, para luego mostrar cómo las apelaciones a los derechos humanos funcionaron como nociones legitimadoras de las cuales intentaron apropiarse los distintos sectores para posicionarse en el conflicto. De un lado, se movilizaron en tanto síntesis de las demandas de un espacio político de acción privilegiada de los familiares. De otro, se apeló a la trayectoria personal para ensayar una defensa.

Inmediatamente sucedido el incendio comenzó la discusión y la búsqueda de explicaciones para lo que había sucedido, y sobre todo para la cantidad de muertes que el incendio había provocado. La cuestión central a resolver era si había, y en ese caso quién o quiénes eran, responsables del desastre. Entre los acusados, los distintos actores mencionaron a la o las personas que encendieron la bengala que originó el incendio; a los músicos que habrían incitado o permitido el uso de bengalas en ese espacio cerrado; al manager de la banda por su responsabilidad en la organización del evento y en la cantidad de entradas vendidas; al dueño del boliche por estos mismos cargos y porque se sospechaba que había sobornado a policías y bomberos para eludir controles; a él y al empleado encargado de la seguridad del boliche por tener cerrada con candado la puerta de emergencia.

También fueron acusados agentes estatales de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos las autoridades del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) por su desempeño la noche del 30 de diciembre, los funcionarios de la morgue por el de su área, algunos agentes de Control Comunal, la Policía y el Cuerpo de Bomberos por la habilitación y el control del boliche. Y, centralmente, fue acusado el Jefe de Gobierno en su calidad de autoridad superior de todos aquellos funcionarios estatales identificados como responsables. Otros agentes fueron señalados como implicados aunque en menor medida, tales fueron los casos del ministro del Interior -en su carácter de jefe político de la Policía Federal-, del Secretario de Cultura de la Ciudad, y otros.

Algo parecía claro: la magnitud del daño podía haberse evitado. Pero los hechos habían sido otros, y entre las víctimas se fue instalando o construyendo una idea de que Cromañón había sido el resultado de una serie de procesos que ponían en evidencia cómo en distintos niveles y agencias estatales, así como para algunos actores privados, los negocios, los intereses económicos, habían primado por sobre el cuidado de la vida. Desde esta lectura, la corrupción fue el término utilizado para sintetizar un conjunto de acciones diversas tales como vender más entradas de las permitidas para el local, cerrar la puerta con candado para que nadie pudiera entrar sin pagar, sobornar (y aceptar sobornos) para conseguir una habilitación o eludir controles; designar funcionarios amigos del gobierno de turno no idóneos, o priorizar las relaciones con empresarios de espectáculos por sobre los controles del sector, entre otras.

Desde los días posteriores al incendio, algunas de las personas que confluyeron en Plaza Miserere vivaron una consigna que con el tiempo se convirtió en emblema de sus demandas. La consigna musical afirmaba:

“Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo,

ni una bengala, ni el rock and roll,

a nuestros pibes los mató la corrupción”.

La discusión sobre las responsabilidades de funcionarios estatales comenzó al día siguiente del incendio, y fue sostenida en el tiempo como denuncia por los familiares, tanto en sus discursos y documentos como en el marco de acciones judiciales. Especialmente, reclamaban que quien ocupaba el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera juzgado por distintos actos, entre los que se destacaban las modificaciones que durante su mandato había introducido en el cuerpo de inspectores de la Ciudad, y el procedimiento de emergencias aplicado la noche del 31 de diciembre de 2004, que él debía comandar. Por su parte, el funcionario procuraba desvincularse de esas acusaciones. En este marco, los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón comenzaron a demandar el Juicio Político contra aquel funcionario, el cual fue finalmente llevado adelante y derivó en la destitución del acusado.

La descripción del proceso de juicio político y su análisis pormenorizado demandarían mayor espacio del que disponemos en esta ocasión²³. No obstante, resulta relevante mencionar que en torno a este proceso se movilizaron activamente símbolos y alianzas que actualizaban también las vinculaciones con los organismos de derechos humanos. De una parte, a la hora de confrontar sus acusaciones, el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra denunció que detrás de las demandas de las víctimas, y de las declaraciones de la oposición, se estaba gestando un “golpe institucional”. El funcionario había sido fiscal en el histórico juicio a las juntas militares desarrollado por el estado argentino en el contexto de la transición democrática, y convocó para actuar como su abogado defensor en el Juicio Político a otro de los profesionales que habían actuado como fiscales en esa misma causa. Asimismo, fue acompañado, y apoyado públicamente por referentes de asociaciones reconocidas como Abuelas de Plaza de Mayo. En el caso del funcionario, esta apelación era parte de un intento por desligarse las acusaciones: pretendía mostrar que, lejos de haber cometido acciones violatorias de los derechos humanos, era él quien sufría un “golpe” de estado, y para sostenerlo buscaba exhibir el apoyo recibido de parte de referentes del tema.

En cuanto a las víctimas, también acudieron a estas organizaciones. Apoyados en su carácter de madres y padres, así como también en algunos casos en tanto abuelas y abuelos, buscaron relacionar su disputa con aquella sostenida por los organismos de derechos humanos de modos concretos. Por un lado, los invitaron a sus actos y pronunciamientos públicos. Por otro lado, participaron activamente del principal evento anual de la lucha por los derechos humanos: la marcha del 24 de marzo, en la que se conmemora el aniversario del golpe militar. En esa marcha realizada anualmente se lee un documento consensuado por los distintos actores participantes en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. De este modo, al tiempo que expresan su solidaridad con las demandas formuladas en esas movilizaciones, los agrupamientos allí reunidos visibilizan sus reclamos ante un conjunto más amplio de actores y ante un público también más numeroso.

En 2006 los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón decidieron ir a las reuniones preparatorias de la movilización y proponer que entre las principales demandas se incluyeran sus consignas. Especialmente sostuvieron la consigna “Cárcel a Ibarra, Chabán y a todos los responsables de la masacre de Cromañón”, que centraba las acusaciones en quien fuera Jefe de Gobierno de la Ciudad al momento del incendio y en Omar Chabán, empresario a cargo del boliche República de Cromañón. La consigna fue tratada en aquellas reuniones, y encontró resistencias de algunos actores:

Lo del 24-03 fue muy duro, nos mataron. ¿Sabés lo que es tener que discutir con los organismos? Fue muy difícil, en las reuniones porque teníamos que escuchar lo que teníamos que escuchar, y acá porque se enojaban… (Clara, Registro de campo 30/04/2006, Marcha a 16 meses de Cromañón)

Luego de largas discusiones, lograron que la consigna fuera incorporada aunque no entre las de mayor jerarquía. El documento que leyeron los familiares de Cromañón al finalizar la marcha del 30 de marzo del mismo año, a seis días de la anterior, permite advertir la relevancia que adquirió para ellos, en ese contexto, la confluencia con las organizaciones participantes de la movilización por el aniversario del golpe de estado:

Pelear contra la impunidad de ayer y de hoy, gobierne quien gobierne, es el tributo necesario a 30 años del golpe de estado genocida, uno de los hechos de mayor impunidad de nuestra historia. Por ello hemos estado presentes en el masivo acto del 24 de marzo (…). Como familiares, hemos mostrado nuestra tolerancia al aceptar, en el marco de un debate con más de 300 organizaciones, que la consigna de Justicia por Nuestros Pibes no estuviera entre las principales convocantes, aunque sí en el importante documento acordado que se leyó en la plaza, nuestra plaza, la de los que reclamamos y luchamos. Los 30.000 desaparecidos estaban presentes, y sentimos que nuestros pibes también. Porque Cromañón es uno de los nombres fuertes de la impunidad de hoy (...).

Es para luchar contra las impunidades de hoy que intentamos el crecimiento de un amplio movimiento anti impunidad, donde invitamos a integrarse a todas las organizaciones, y en particular a familiares de las víctimas de gatillo fácil, violencia institucional, corrupción empresarial, etc. (“Documento de los 15 meses: Destitución y vamos por más”)

Lo que estaba en juego no era solamente la visibilización de la demanda, sino algunos aspectos del proceso mismo: en el contexto de una marcha (la del 24 de marzo) que realizaba reclamos al estado centrados en los derechos humanos, la inclusión de esta demanda posicionaba los reclamos entre los asuntos por los que el estado debía responder, y abonaba así la denuncia de que entre las responsabilidades por Cromañón, algunas cabían a funcionarios estatales.

Al mismo tiempo, la inclusión de esta demanda incorporaba la corrupción a las prácticas que podían resultar violatorias de los derechos humanos. Esto era a su vez reforzado por la apelación a la idea de impunidad, término que expresó una de las principales denuncias impulsadas por los organismos de derechos humanos, especialmente durante la década del 90, luego de la sanción de las leyes denominadas de Obediencia Debida y de Punto Final²⁴. Cabe destacar que la cita es del año 2006, cuando apenas comenzaban a reiniciarse los juicios por los crímenes de la última dictadura militar y la impunidad continuaba siendo uno de los principales objetos de denuncia de los organismos. En tal contexto, colocar “la impunidad de ayer y de hoy” en un mismo plano favorecía el sentido de continuidad histórica entre las demandas, contribuyendo así a legitimar el reclamo de reconocimiento de la responsabilidad estatal por medio del juicio a los funcionarios denunciados, es decir, el reclamo de justicia.

Palabras finales

En mi tesis de licenciatura he sostenido que, a través de dispositivos como las marchas, los familiares se indexan a sí mismos con un contenido que los acerca a las demandas de los organismos de derechos humanos, y a aquellas que denuncian prácticas y casos de violencia institucional. Pero sucede que al mismo tiempo les indexan a éstos características nuevas por la inclusión en su espectro del caso Cromañón. Dicho de otro modo, establecen una relación entre sus propias demandas y aquellas que se formulan en los actos referidos. Esta relación se construye de varias maneras: por un lado a partir de una referencia simbólica elaborada mediante la forma de sus prácticas. Como vimos, la estética de estas actividades presenta muchas semejanzas con aquella que puede observarse en las marchas impulsadas por familiares de víctimas de actos de violencia policial, así como en las marchas que se realizan anualmente en conmemoración del último golpe de estado militar. Pero al mismo tiempo la relación se construye con invitaciones a dirigentes de otras organizaciones a participar de las marchas por Cromañón, llevando la demanda de justicia a manifestaciones convocadas por otros reclamos, es decir, no sólo emulando sino también compartiendo prácticas y escenarios. En palabras de una madre:

Nuestra pelea nosotros decimos que es básicamente una pelea de DDHH hoy. (…) Estamos reclamando un estatuto dentro de los que queremos ser. Porque además, en definitiva, las condiciones generadas en el país por la dictadura, y la matanza que produjo, generó el país que tenemos, y produjo Cromañón. No es que no tiene nada que ver. (Entrevista a Patricia, 18-02-09).

Lo que he tratado de mostrar es de qué manera el posicionamiento como familiares habilitó, para las víctimas de Cromañón, un campo de alianzas y debates, así como la inclusión (no sin tensiones) de sus reclamos en un espectro más amplio y socialmente reconocido de organizaciones que luchan por la justicia y los derechos humanos. Entre esas organizaciones, algunas intentaron resistir la inclusión de las demandas de las víctimas de Cromañón. En cambio, otras hicieron un reconocimiento expreso de esta inclusión, como fue el caso de la Asociación de Ex –Detenidos-Desaparecidos, invitada a participar con un representante en un panel de debate sobre el tema “Cromañón y los derechos humanos”:

Alicia presenta distintas definiciones de DD.HH., según todas ellas la diferencia entre delito común y violación de los DD.HH. pasa por la intervención del Estado. Entonces, sostiene que es evidente cómo en la masacre de Cromañón se violaron muchos DD.HH., y que se siguen violando los DD.HH. de los familiares y de los jóvenes que quieren disfrutar del rock. (Registro de campo 24-07-2007. Ciclo de charlas “Pensar Cromañón”).

El reconocimiento realizado por Alicia no solamente incluye a las víctimas de Cromañón entre las personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados sino que explicita un punto importante: lo que les otorga ese estatuto es la responsabilidad estatal que dio lugar a esa vulneración.

Tanto este registro de campo como el relato del apartado anterior sobre la inclusión de la consigna propuesta por los familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón en el documento del 24 de marzo de 2006, o bien los actos y otras instancias compartidas, muestran cómo en los modos en que se exhibieron las referencias a la lucha por los derechos humanos, se pusieron en juego elementos del repertorio de esa lucha, y se construyeron y movilizaron alianzas con referentes de otras organizaciones; no solamente situaron a las víctimas de Cromañón en una genealogía, sino que al mismo tiempo produjeron efectos sobre la genealogía construida. En otras palabras, las iniciativas de las víctimas de Cromañón incorporaron nuevos sentidos a las nociones de derechos humanos, familiar y responsabilidades estatales, especialmente por medio de la incorporación de la corrupción como práctica capaz de producir una modalidad de violencia estatal que resulta de privilegiar el lucro privado por sobre el cuidado de la vida, y especialmente de las vidas jóvenes.

Este intento por incluir la corrupción entre las causales de violación a los derechos humanos fue parte de la estrategia mediante la cual los grupos conformados a partir de Cromañón fueron abonando la construcción de su posicionamiento como víctimas frente al estado, y relacionadamente su demanda de justicia. Es decir que esa genealogía, construida de la mano del posicionamiento como familiares, conformó el modo en que este evento dramático fue procesado social y políticamente, constituyó para los actores un recurso en la disputa política, y al mismo tiempo actualizó los sentidos que adquieren hoy, en Argentina, los derechos humanos, las responsabilidades del estado, y la justicia.

Referencias bibliográficas

• Isacovich, P. Sobre el dolor, la furia y la justicia. Etnografía del procesamiento político del caso Cromañón. Facultad de Filosofía y Letras –UBA-, Buenos Aires. Tesis de Licenciatura en Antropología Social defendida en diciembre de 2009.
• Jelin, E. “Víctimas, familiares y ciudadanos/as: las luchas por la legitimidad de la palabra”. En: Cadernos Pagu N° 29. Campinas: Julio/Diciembre de 2007.
• Manzano, V. De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete: Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social. Facultad de Filosofía y Letras –UBA-, Buenos Aires. Tesis de Doctorado en Antropología Social defendida en marzo de 2007.
• Murillo, S. Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón. CLACSO, Buenos Aires, 2008.
• Pita, M. “Mundos morales divergentes. Los sentidos de la categoría de familiar en las demandas de justicia ante casos de violencia policial”. En: Estudios en Antropología Jurídica. Derechos humanos, tribunales y policías. Argentina y Brasil. Antropofagia, Colección de Antropología Social; Facultad de Filosofía y Letras. Buenos Aires, 2005.
• Tilly, C. “Acción colectiva”. En: Apuntes de investigación. CECyP, Buenos Aires, 2000.
• Vecchioli, V. “La Nación como familia. Metáforas políticas en el movimiento argentino por los derechos humanos.” En: Frederic, S. y G. Soprano (comp.) Cultura y política en etnografías sobre la Argentina. Universidad Nacional de Quimes, Bernal, 2005.
• Vezzetti, H. “Activismos de la memoria: el “escrache””. En: Revista Punto de Vista N° 62, Diciembre. Buenos Aires, 1998.
• Zenobi, D. “Sentimos lo mismo pero pensamos diferente”. “Familia” y “Política” en la naturaleza contradictoria de la categoría de “familiar de víctima”. En: Actas de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores. IIGG, FCS, UBA, Buenos Aires, 2007.

Notas