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Cooperativismo

Aspectos críticos al ALCA como modelo de integración

Por una integración propia - Aspectos jurídicos críticos al ALCA como modelo de integración del capital y enfoques alternativos

Por Dr. Javier Echaide
askerrikasko@yahoo.com.ar

Introducción

Pretendemos exponer aquí una breve reseña de los principales aspectos jurídicos que atañen a un modelo específico de integración que se enseña tanto a la región como al mundo como único e inequívoco para establecer las relaciones entre las Naciones, los Estados y sus pueblos.
Ese modelo de integración es un modelo que se desarrolla en la actual fase del capitalismo, al que se le denomina indistintamente como Globalización o Mundialización, salvo puntuales excepciones. El modelo de integración al cual nos referimos carece de nombre específico, pero lo reconocemos como hijo directo del desarrollo de las políticas neoliberales planeadas durante los ´70, activadas desde la década del ´80 con la “restauración conservadora” (Reagan-Thacher) en los países centrales, y maximizada en la década de los ´90 en todo el planeta.
Sin embargo, y pese a evidenciarse que los efectos de dichas políticas han causado estragos en el bienestar y el nivel de vida de la mayoría de las poblaciones donde fueron aplicadas, el modelo de integración neoliberal parece permanecer -aunque criticado- quizá por carencia de alternativas reales que les sean opuestas. Las referencias y análisis hacia este modelo de integración, sin embargo, no han anclado en el hecho de que los niveles de integración a los que se remiten ejemplos como el de la Comunidad del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea, el MERCOSUR, la ALADI, o mismo la Unión Europea (UE) se basan en tipos de integración del capital como centro centrífugo y punto de partida para estos avances. Lo mismo ocurre para otros tipos supuestos de “integración” como pueden ser el ALCA, los tratados de libre comercio (TLCs) bilaterales o miltilaterales o mismo los acuerdos que se están negociando dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Qué es qué en los tratados de integración?

Primeramente debemos identificar a los que son tratados de integración de los que no lo son. De seguido, analizar qué tipo de integración establecen y sobre qué parámetros para poder continuar en el análisis sobre los efectos hacia las poblaciones de las regiones afectadas y, finalmente, su conveniencia o no y, en tal caso, comenzar a pensar en un modelo de integración alternativa a ella.
Un tratado internacional en materia de integración es un acuerdo negociado, firmado y ratificado por Estados (Estados Parte) que deciden regular sus relaciones internacionales con el fin de establecer un área territorial de aplicación (que generalmente se restringe a la región de los territorios nacionales de los Estados Parte). Estas relaciones internacionales abarcan una multiplicidad de ámbitos: el político, el migratorio, el laboral, el tributario, el aduanero, el cultural, el militar, el económico y el comercial, entre tantos otros. Llama entonces la atención que sean denominados “de integración” tratados que solamente regulan o se abocan a la materia de comercio entre países o a cuestiones estrictamente económicas. Estos, como el ALCA por ejemplo, no son acuerdos de integración propiamente dichos -aunque sus negociadores y muchos especialistas pretenden presentarlos como que sí lo son- ya que solamente se detienen a regular multiplicidad o no de materias que no por ello implican con intervenir en el desarrollo histórico de dos o más países con el objetivo de formar una unidad entre ellos.

Para poder diferenciar las cosas y hablar claro, existen cuatro niveles o estadios que van desde una interacción comercial más fluida hacia una “integración”. Estas cuatro etapas son: los tratados, áreas o zonas de libre comercio en el escalón primero y más bajo; la unión aduanera en el segundo; la comunidad económica en el tercero y por ultimo se encuentra la unión de Estados. Para clarificar, aquí ofrecemos un cuadro con las principales características y ejemplos de lo que mencionamos.

Estadio de integración Características básicas Ejemplos
Tratado, área o zona de Libre Comercio Su materia generalmente es meramente comercial. Su objetivo es llevar los aranceles aduaneros a nivel cero para fomentar el comercio entre sectores y/o empresas de países diferentes. Actualmente existen acuerdos de libre comercio que comienzan a incorporar otras materias a su cuerpo normativo. No se trata de una integración en sí, sino de favorecer, ampliar o abrir las vías comerciales para las empresas entre dos o más países. Comunidad del Carbón y el Acero (formada entre Francia y Alemania) actualmente inexistente; Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); Área de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA -en inglés-); tratados de libre comercio bilaterales (TLCs); o multilaterales (como el CAFTA entre EEUU y Centroamérica); etc.
Unión Aduanera Su materia puede ser meramente comercial o puede incorporar ir más allá además de los temas aduaneros. Se distingue del tratado de libre comercio porque establece aranceles cero entre los Estados Parte y además ofrece aranceles comunes frente a Terceros Estados. Mercado Común del Sur (MERCOSUR)*; el BENELUX (bloque formado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo) actualmente incorporado a la UE; la Comunidad Andina de Naciones (CAN)*; etc.
Comunidad Económica Establece una política macroeconómica común para todos los Estados miembros y forma distintas instituciones para la resolución de conflictos para cada caso en particular (tribunales arbitrales ad-hoc). Es una integración interestatal (entre Estados) que conservan su soberanía individualmente sin constituir una soberanía superior o supra-estatal. Comunidad Económica Europea (CEE) actualmente inexistente.
Unión de Estados Establece una integración supra-estatal con una soberanía propia y superior a la de los Estados que la componen. Posee características especificas como la de libre circulación o movilidad de personas dentro del territorio de la unión, nacionalidad común, moneda común, e instituciones comunes (Parlamento o Tribunales de Justicia comunes). Unión Europea (UE)**.

* El MERCOSUR es una unión aduanera imperfecta, esto es dado que sus características no resultan técnicamente suficientes como para llegar a tener plenamente las propiedades de una unión aduanera en plenitud. Lo mismo ocurre con la Comunidad Andina.
** La UE es quizá el ejemplo más avanzado de integración hoy en el mundo. Sin embargo no llega a ser una unión perfecta de Estados, ya que aún no llega a tener las características plenas de una unión total de Estados. Por ejemplo posee una moneda común (el Euro), pero no posee aún una nacionalidad común (que sería la nacionalidad europea) dado que sus ciudadanos conservan la calidad de ciudadanos de los Estados Miembros (se es italiano, español, alemán, polaco). Sí se posee un pasaporte común. Estas cuestiones restringen la libre movilidad y circulación de personas por el territorio de la UE. Ha constituido su Parlamento Europeo y su Comisión Europea (especie de Poder Ejecutivo).

Los actuales acuerdos de libre comercio firmados (como el NAFTA -entre EEUU, Canadá y México-, el TLC bilateral entre Chile y EEUU, o el CAFTA -entre EEUU y la región de Centroamérica-) o negociándose (como el ALCA) no son tratados de integración propiamente dicha, sino que se permanecen solamente en ese primer nivel de los cuatro que ofrece el modelo hacia una integración tal cual se nos presenta en este esquema único.
Hay algo que previamente debemos quebrar, y es el mito de que son los Estados los que comercian entre sí, idea que conlleva a imaginar que un tratado de libre comercio firmado por Argentina y otro país cualquiera significa una integración (primer concepto errado) en términos de naciones (segundo concepto errado) del país signatario junto con el nuestro. Si fuera un Estado el que comercia con otro Estado, los beneficios de ese comercio serían patrimonio público y deberían engrosar las arcas de ese Estado. Si fuera así, la ciudadanía también tendría un poder de decisión indirecto respecto del destino de esos fondos públicos, de acuerdo con la designación que se efectúe dentro del presupuesto nacional sancionado por el Congreso, cuyos representantes son elegidos directamente por el voto popular. No ocurre ello cuando se produce el comercio internacional, pues es una empresa o un individuo el que realiza tal actividad y por ende el que percibe sus ganancias y las retiene para sí. La única posibilidad de que la ciudadanía -fragmentada en individuos particulares, no como sujeto social colectivo- pudiera tener alguna injerencia sobre las ganancias comerciales de una empresa, aunque fuere de manera indirecta, sería comprando acciones de la compañía en cuestión; cosa que no siempre es posible (depende del estatuto de la sociedad, de si las acciones de la empresa se encuentran a la venta y de si se tratan de acciones con poder de voto en la asamblea de asociados, de acuerdo con la normativa del derecho comercial). En todo caso, lo que en definitiva podría el Estado hacer a posteriori de ello es reclamar el tributo correspondiente por la actividad desarrollada, pero ese es ya otro tema que incumbe localmente al Estado del que se trate y sus contribuyentes, una cuestión impositiva interna, y no a un tema sobre integración internacional.

El segundo tema a tratar, es que en la actualidad estos tratados de libre comercio generalmente exceden a lo que se refiere el ámbito meramente comercial (por ende son algo más que de libre comercio), pues abarcan o pretenden abarcar temas de propiedad intelectual, agricultura, cuestiones medioambientales, laborales, de servicios, de inversiones, como también regulan o intentan regular los mecanismos de solución de controversias que pudieran causarse. Esto último, no es algo que debe extrañarnos demasiado, debido a que los acuerdos internacionales suelen colocar cláusulas que eventualmente contengan algún mecanismo de solución de conflicto entre las partes que lo firman, como el sometimiento de las eventuales demandas entre las partes signatarias a una jurisdicción determinada . Pues bien, no solamente tratados como el ALCA poseen estos mecanismos de solución de controversias de “Estado vs. Estado”, sino que también incluye mecanismos que van más allá y regulan las controversias entre “empresas vs. Estado” ante la eventualidad que alguna empresa inversora en un estado extranjero (mencionado a lo largo del acuerdo como inversionista) pudiera demandar al Estado “anfitrión” frente a la afectación de sus intereses de rentabilidad de la inversión realizada. Pero esto lo analizaremos más adelante.
De esta manera nada estipulan estos tratados mal identificados con una integración plena (y creemos que esta confusión no es casual) por ejemplo en cuanto a la nacionalidad o ciudadanía de las personas que viven dentro de los territorios de los países miembros de esos acuerdos. No existe una “ciudadanía ALCA” o un “pasaporte NAFTA” que regule -y sobre todo permita- el libre paso fronterizo (movilidad dentro del área o zona afectada al tratado) de las personas que habitan en los territorios de los Estados miembro, y que les otorgue derechos y los hagas responsables de las obligaciones correspondientes como ciudadanos . En lo que atañe a la entrega de cartas de ciudadanía o de pasaportes y visas, seguirán siendo tan restrictivas como lo son hoy para los países impulsores de estos acuerdos .

Es común ver visiones erradas o que falsean la noción de integración cuando hallamos que, por ejemplo, “El MERCOSUR como unión aduanera imperfecta se halla estancado en una etapa de transición (...) [y que] Para resolver estos problemas se requiere que los gobiernos de la región (...) ejerzan una opción clara entre profundizar el MERCOSUR para alcanzar un mercado único integrado al mundo o reformularlo en Zona de Libre Comercio” (los resaltados son nuestros). Si el MERCOSUR es una unión aduanera imperfecta -lo cual es técnicamente correcto- y si se encuentra estancado -lo cual puede ser también una opinión acertada-, su salida hacia delante jamás podría significar transformar dicha unión aduanera en una zona de libre comercio, pues ello supondría retroceder en los estadios hacia una integración regional. Creemos que este tipo de visiones corresponden con la idea de beatificar al libre comercio como impulsor de las relaciones económicas (y de todo tipo) entre los Estados, lo cual es algo profundamente equivocado. Las relaciones entre países, primero, pueden superar por mucho a lo estrictamente económico y, segundo, pueden tomar modelos y caminos diferentes a los propuestos por el libre comercio -algo que ha sido probado históricamente desde el siglo XVIII-. Vemos con ello cómo es que la idea de liberalización está tan instalada que se presenta como alternativa única de integración regional y hasta mundial (globalización), dicho esto por las supuestas voces más autorizadas sobre la materia, académicos, profesionales, políticos, etc.

¿Quién es quién en la integración?

Pero hasta ahora no se ha dicho del sujeto principal dentro de las relaciones de poder que imperan e instauran este modelo de integración. ¿Quién es el que integra, para qué se integra y para quién se integra?

Pregunta uno: ¿quien es el protagonista de los procesos de este modelo integración? La respuesta inmediata es: ¡los Estados! Pero en definitiva -y he aquí lo que deseamos polemizar- cabe preguntarse muy brevemente qué son los Estados.
Históricamente, los Estados son instituciones garantes del orden público establecido por la clase dominante. Para resumirlo en una oración: desde fines de la Edad Media, la constitución de los Estados Nacionales está directamente asociada a la formación de una clase burguesa capaz de centralizar y personificar la acumulación originaria de capital en un lugar geográfico determinado. Cuanto mayor fuera el lugar de influencia de dicha clase y del capital que representase, mayor habría de ser el territorio del Estado Nacional al que nos estemos refiriendo. La formación de ese capital originario y de esa clase burguesa determina históricamente -más allá de fechas enciclopédicas- el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, y el abandono del feudo como institución geográfico-política de detentación del poder y garante de las relaciones sociales que producían a la sociedad feudal; para adoptar una nueva forma de organización social cuyas necesidades debían ser correspondidas con nuevas instituciones y con cambios en el orden social establecido y en las relaciones de poder -es decir con un cambio revolucionario-. Dicha nueva institución hubo de ser el Estado-Nación.
Entonces, cuando permanentemente estemos hablando de “los Estados” estaremos sin duda alguna hablando de una forma de representación del capital para garantizar sus necesidades.
Así llegamos a la conclusión que el sujeto principal que media, necesita y pugna por extender más allá su influencia dentro de una región o zona determinada en las actuales condiciones del proceso social de producción, es el capital. Es por ello que desde el primero hasta el último de los pasos, nos enfrentaremos a cómo el capital avanza en sus necesidades de integrar mercados y otros capitales (es decir que veremos estrictamente como se avanzan desde las relaciones económicas), y recién tendremos las cuestiones políticas, sociales, culturales y laborales dentro de los estadios más avanzados de integración (las relaciones políticas entre Estados, las cuestiones de ciudadanía, derechos sociales, etc).

Pregunta dos: ¿para qué se producen los procesos de integración? Una vez que hemos analizado que el sujeto esencial dentro de los procesos de integración es el capital -representado en las instituciones públicas por el Estado-Nación-, la razón que les da nacimiento resulta algo más evidente: para favorecer la acumulación de esos capitales que propulsan dicha integración. Esto es: incrementar ganancias.
Teniendo en cuenta lo que antes mencionábamos sobre quienes establecen las relaciones comerciales (que son las empresas y no los Estados), resulta lógico llegar a la conclusión que el objetivo de la integración es aumentar las ganancias del capital; pero específicamente del capital actor del comercio internacional. Esto equivale por oposición, a reconocer que el pequeño-capital (una PyME) que sea incapaz todavía de poder trascender las fronteras de su Estado-Nación, no podrá participar económicamente de los beneficios de las transacciones comerciales que surjan de los procesos de integración instalados. De hecho, quizá sea el “perdedor” frente a la competencia establecida con los capitales más concentrados y robustos provenientes del extranjero. Aparecen así relaciones asimétricas entre los capitales exportadores y aquellos que no lo son. Los beneficiarios de los tratados de libre comercio han de ser específicamente ciertos capitales exportadores.
Cabe entonces focalizar sobre quién es el sujeto de los derechos y libertades que se determinan en los acuerdos de libre comercio, cuando lo que se libera para su circulación son los bienes, los servicios y los capitales, pero no las personas. ¿Qué clase de integración corresponde a acuerdos que limitan la libertad de movilidad de las poblaciones -sujetos esenciales de toda integración, dado que la población es un elemento esencial y constitutivo de todo Estado- mientras que permite la libre movilidad del capital. Evidentemente el sujeto receptor de los derechos y libertades establecidos en los tratados de libre comercio es el capital y no los ciudadanos.

Pregunta tres: ¿para quién se realizan los procesos de integración? Acabamos de contestar esta pregunta. Empero, la interrogación que surge seguido a ello es: ¿a quien representa entonces el Estado cuando firma un acuerdo de libre comercio? Formalmente el Estado representa a los habitantes de la Nación y sus ciudadanos; pero vemos pronto que su personificación real corresponde a la de los capitales nacionales -o instalados en el país, en el caso de las empresas transnacionales (ETN)- con poder suficiente como para ejercer presión sobre las negociaciones y relaciones que se establecen en dichos acuerdos. En consecuente, el Estado firma en conveniencia de las empresas y corporaciones interesadas porque son las que presionan para que firme. Ahora sí, volvemos a preguntar: ¿a quién representa el Estado al momento de firmar un acuerdo de libre comercio?
Esta es otra cuestión interesante para plantear: la representación de los gobiernos cuando se negocian y firman los compromisos establecidos en estos tipos de acuerdos internacionales. El interés general y el bien común son entelequias que quedan rezagadas frente a la muy tangible conveniencia de las corporaciones de maximizar ganancias. Y desde ya descartamos argumentos en defensa de la “teoría del derrame” o de que un aumento en las ganancias empresariales posibilitaría una mayor recaudación fiscal que se reflejaría en un incremento de los fondos públicos destinados para la población, puesto que estas grandes empresas generalmente son las que más evaden en temas impositivos o fuerzan para que se modifique la legislación local para poder actuar a voluntad sin tener conflictos con la ley . En cuanto a la “teoría del derrame” liberal, creemos que tras lo sucedido con el modelo neoliberal en los ’90 en Argentina, sobran los ejemplos para comprobar que resulta inaplicable en los hechos: la concentración de capital a partir de la liberalización significó un aumento exacerbado de desocupación, un quiebre del sector productivo nacional, una pauperización de los estándares de vida, y un deterioro inusitado del mercado de consumo interno.
Vemos más claro que nunca que la representación real del Estado al momento de negociar y comprometer a la ciudadanía en el cumplimiento de obligaciones contraídas en los tratados de libre comercio -puesto que las indemnizaciones por el incumplimiento de estos acuerdos provendrán de los fondos públicos resultante del aporte de los contribuyentes- es a favor de los intereses del capital más concentrado y no de los intereses de la población en general. Es la ejemplificación más cabal de la concentración de ganancias en torno a las corporaciones y la socialización de las pérdidas hacia la sociedad en general.

Crítica al modelo capitalista neoliberal de integración

Hasta aquí hemos visto que el presente modelo de integración surgido a partir de los tratados de libre comercio, tiene como actor principal al capital, gira en torno a su acumulación y beneficia exclusivamente al capital más concentrado. Esto resulta así debido a que se trata de un modelo de integración del capital y para el capital. Los aspectos sociales, políticos, ciudadanos, culturales, etc., que hacen a la población en general, quedan para los estadios más ulteriores dentro del proceso. Por lo tanto, hace falta repensar el modelo completo de integración a partir de un análisis crítico de esta aparente única alternativa.

Particularmente en lo que atañe a los aspectos jurídicos de este tipo de tratados de libre comercio que nos presentan como integradores a nivel regional, se pueden mencionar una variedad de temas.

En materia de Derechos Humanos, por ejemplo, cabe tener en consideración que todos estos tipos de acuerdos de libre comercio no contemplan los pactos internacionales sobre DDHH firmados. En este sentido suelen contraponerse los intereses corporativos a los derechos humanos consagrados, como lo son en los casos de deforestación de bosques para el aprovechamiento del recurso de la madera en favor de la actividad económica de una empresa y las consecuencias medioambientales devenidas de dicha deforestación y del proceso de tratamiento de la madera que suelen contaminar los ríos de la zona de la explotación. La empresa incurre en irresponsabilidad y debe o bien detener la actividad contaminante y reparar los daños, o bien resarcir a los perjudicados con una indemnización. Como por lo general tales actividades suelen ser altamente rentables, las empresas suelen preferir pagar las indemnizaciones pertinentes y no cesar la actividad ni descontaminar nada. Conclusión: la contaminación persiste, continúa afectando a los ya perjudicados y a otros, y no se detiene el proceso in crecento de contaminación ambiental. La lógica mercantilista imperante hace que estas cuestiones sean resueltas por un tema de costos y no por el amparo de los derechos de las poblaciones.
Así encontramos que, en la cotidianeidad, se consideren “derechos de primera” a los económicos, de propiedad, comerciales, etc. y “derechos de segunda” a los derechos humanos, sobre la sanidad medioambiental, ecológicos, etc. Está demás aclarar que el cuerpo normativo es único y que por ende no existen derechos de primera y de segunda, y mucho menos que dentro de una posible jerarquización de derechos sean los económicos y patrimoniales los que se encuentren en la cúspide de la pirámide .
Algunos tratados de integración más avanzados (no los de libre comercio) incluyen la denominada “cláusula democrática”, pero también sería interesante que dichas cláusulas garantizasen mecanismos efectivos de participación activa y directa de la ciudadanía en la vida democrática de dichos países para garantizar el sistema político democrático de gobierno.

Sobre las disposiciones medioambientales y de recursos naturales, es necesario considerar los pactos internacionales en materia de derecho internacional, como el Protocolo de Kyoto, que no ha sido firmado por potencias impulsoras de estos tratados de libre comercio como es en el caso de Estados Unidos.
Pero lo que es menester establecer es que la finalidad de estas integraciones deben estar dadas en el marco de la obtención de calidad en el desarrollo de los pueblos integrados. Esto es algo no visto hasta el momento en ningún tratado de integración y mucho menos en un tratado de libre comercio. Pero este desarrollo debe ser sustentable en los términos de perdurabilidad y -como decíamos- de calidad: el desarrollo económico no puede ser consecuencia de la depredación de los recursos naturales.
Otras instituciones -como la Oxfam o la Alianza Social Continental- ya se han referido a la política del “doble rasero”. Otros autores se han refiero a ella como bajo otras denominaciones -como el economista Paul Krugman y su “Standard Doble”-. En cualquier caso la referencia ha sido la misma: que para garantizar el desarrollo de los países centrales se han protegido políticas proteccionistas o “benefactoras” que han sido atacadas o desmanteladas en los países en vías de desarrollo, y al mismo tiempo se ha recomendado la utilización en la periferia de las políticas más agresivas para la extracción de recursos hacia los países desarrollados y que han resultado altamente perjudiciales para los niveles de vida de las poblaciones en el anteriormente denominado “Tercer Mundo”.

La libertad del capital y la precarización de la fuerza de trabajo

En materia de cuestiones de trabajo, la flexibilización de la mano de obra ha hecho estragos en los niveles de bienestar de las poblaciones que recién mencionábamos, pero también ha provocado la completa desarticulación del derecho laboral y su pase dentro de las esfera del derecho civil privado en materia contractual. La flexibilización laboral ha sido aun más aguda sobre la mano de obra femenina, lo cual ha servido para “emparejar” -hacia abajo, claro está- los costos laborales que acarrea el emplear a una mujer en comparación con el hecho de emplear a un varón .
Otro aspecto de los tratados que, como el ALCA, pretenden incorporar reglamentación para restringir su concepción de “libre” comercio es respecto de las disposiciones laborales que aseguran el cumplimiento de las normativas internacionales de la OIT. Esta intención de plasmar los estándares internacionales sobre condiciones laborales, principalmente forzada por los sindicatos norteamericanos, es noble. Pero también sabemos que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y debemos recordar que los estándares de la OIT tanto como los nacionales que pretenden fijarse dentro del ALCA son pisos mínimos de los derechos de los trabajadores y no techos de los mismos; además de no invalidar el mecanismo perverso en cuanto a indemnizaciones del cual nos referiremos en breve.
Pero quizá lo más notable sea el establecimiento de topes indemnizatorios en 15 millones de dólares estadounidenses que se fijan en el ALCA para los trabajadores. Claro está que en el capítulo de inversiones no es establece tope alguno para las indemnizaciones que habrían de percibir las empresas transnacionales por eventuales violaciones a la garantía de las inversiones en el ALCA. Con ello, mientras el trabajador puede percibir hasta u$s 15 millones por una violación al acuerdo, las ETN pueden percibir indemnizaciones equivalentes a 11 veces el PIB de una nación, como es el actual caso de Costa Rica que ha sido demandada por la petrolera estadounidense Harken Energy Corporation por la suma de u$s 57.000 millones ante el CIADI, más de seis veces el PIB de Costa Rica (que es de unos u$s 8.884 millones anuales) y once veces superior al presupuesto anual de su gobierno.
Probado resulta que a mayor movilidad del capital también sea mayor la inestabilidad del trabajo. El hecho de que la flexibilización sirva como elemento para la atracción de inversiones es peligroso para estabilizar el empleo, porque las empresas, en la constante búsqueda de obtener mayor rentabilidad reduciendo los costos de la mano de obra, pueden trasladar sus líneas de producción o de ensamble a países donde la flexibilización laboral sea cada vez mayor. Esto no solamente precariza las condiciones de trabajo en los lugares donde se flexibiliza, sino que además precariza también la situación de empleo en los países donde antes este capital inversor creaba fuentes de trabajo. Mientras que en un lado de bajan los derechos laborales, en el otro se genera desempleo.

Pero no solamente las cuestiones de la fuerza de trabajo tienen que ver con el derecho laboral; también involucran a la movilidad de la mano de obra en la zona integrada y al movimiento migratorio. Sobre ello debe prestarse singular atención en que la inmigración deviene como consecuencia directa del movimiento de capitales.
En una región donde la inversión (o lo que es lo mismo, el capital) se traslada a otros lugares siguiendo el patrón de la flexibilización y reducción de costos de la producción, no es descabellado reconocer que la mano de obra desempleada que quedó como despojo al paso de ese capital que se trasladó también intentará moverse hacia los lugares donde los niveles de vida y salarios sean superiores y donde existan oportunidades de empleo. Los campesinos peruanos y bolivianos se van a las ciudades; los citadinos peruanos y bolivianos se van a Argentina; los argentinos se van a España; los españoles se van a Alemania; y así... Los empleos de más baja categoría son cubiertos por personas provenientes de otros sitios. A mayor movilidad del capital, mayores serán las corrientes migratorias; por lo que el liberalizar el capital y restringir el movimiento de mano de obra es lo mismo que el cocinar un pollo en una olla a presión: en algún momento el pollo estará listo... A eso se le debe sumar “ingredientes” como el aumento de la población mundial, como también de la brecha entre países ricos y pobres. Estas diferencias no tendrán otro destino mas que el aumento inevitable de los niveles de migración de las naciones pobres hacia las ricas a nivel regional y mundial.
De hecho el querer controlar a como fuere la migración regional sin importar que sea efecto de los movimientos de capital, es una forma también de prevenir posibles focos de resistencia y movilización social. Esta contención social migratoria se hace evidente mediante la persecución/represión del inmigrante (sobre todo del indocumentado) y mediante las restricciones en las fronteras .
Contrariamente a lo establecido, las políticas migratorias no deben criminalizar al inmigrante sino enfrentar internacionalmente las causas de expulsión de sus países de origen, implementando apoyo internacional para impulsar un desarrollo sustentable y justo. Esa ha de ser la forma de “controlar” la migración regional: evitar que existan millares de exiliados por razones económicas, que en el caso sudamericano superan ampliamente a la cantidad de exiliados por razones políticas.

El rol del Estado y el sector exportador

El modelo económico vigente reduce la intervención del Estado dentro de la economía, pero éste sigue existiendo para privilegiar el papel de promotor del sector exportador y del capital financiero. Al privilegiar la exportación, los trabajadores y la mayoría de la población local dejan de ser considerados como consumidores estratégicos, y con ello su empobrecimiento ya no afecta a los sectores de punta del capital, porque sus potenciales consumidores siempre se hallan por fuera de las fronteras. Por ende no les interesa lo que ocurra con el nivel de consumo interno. Al privilegiar el capital financiero y el sector exportador se descuida la economía real, la producción, y con ello la capacidad de generación de empleo y de bienestar de la población local. Inclusive se compromete la existencia de un mercado de consumo interno favorable.
Contra eso, el Estado debe tener un papel activo en la planificación y la política económica. Pero el Estado debe ser a su vez un núcleo receptivo y de fomento de la participación ciudadana. El sistema democrático debe transformarse en una democracia participativa que acerque las instituciones a la población y no una democracia representativa que se arrogue la palabra del pueblo.
A su vez, cualquier acuerdo internacional vinculante debe ser sometido a ratificación de la soberanía popular, pues esto conlleva una modificación supranacional de las condiciones jurídicas a las que se atiene la legislación interna -dado que muchas veces los tratados fijan dicha legislación-. Estos tratados no pueden anular el derecho de los pueblos a su soberanía ni menoscabar la obligación de los Estados de preservar y fortalecer dicha soberanía ni su bienestar.
Si la participación en la economía mundial exige un sector exportador fuerte, ello no debe menospreciar o descuidar el mercado interno generador de empleo, dado que su importancia radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de sus niveles de vida se vuelve entonces en una necesidad económica para ampliar el mercado interno y no solamente una exigencia de justicia.

Los argumentos de los promotores del libre comercio han sostenido que el aumento del acceso a los mercados (apertura de fronteras y de las economías) resultan inevitablemente en crecimiento y prosperidad para los países: “Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras... La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico” (Cumbre de las Américas de Miami, 1994). La realidad ha demostrado que el libre comercio puede traer impactos devastadores sobre los productores locales, aparejando la bancarrota de sectores completos de la producción y un aumento severo en el desempleo.
Lo que sí crece, en todo caso, son las exportaciones y los beneficios de ese sector específico que, como dijimos, posee interés no en el mercado local ni en el consumo nacional -y por ende no se preocupa en los estándares de bienestar de la población local- sino en el mercado de consumo de los lugares donde exporta. La idea que impera es que la liberalización -esto es, la eliminación de barreras comerciales (básicamente aranceles)- es el camino para llegar a estos nuevos y mejores estándares; todo ello sin tomar en cuenta el nivel de desarrollo de los países, las consecuencias en los mercados nacionales o los intereses nacionales particulares. El principio dominante de estas negociaciones ha sido el concepto de “trato nacional” de bienes, servicios y capitales extranjeros; lo cual significa que los Estados locales deben tratar a los inversionistas extranjeros, sus inversiones y productos como han de tratar a sus contrapartes nacionales. Esta noción prohíbe subsidiar las producciones locales para sostenerlas frente a la competencia e importación extranjera. Dichos subsidios son prohibidos bajo la interpretación de que “distorsionan el comercio”. Empero, muchos de los sectores subsidiados dan empleo y generan consumo interno. Por ende, se trata de un puja de intereses entre los sectores productivos y los sectores exportadores extranjeros.
No obstante la prohibición de subsidios locales, no se restringen los subsidios para la exportación . Esto es: no permitir el sostenimiento de las ramas de producción local, pero sí deprimir los precios de costo de los productos que irán para la exportación. De esta forma se garantiza el dumping de productos para lograr la inundación de bienes importados en mercados locales. Evidentemente los sectores beneficiarios de estos acuerdos son los sectores exportadores. La idea es generar producciones para afuera, pero no para el consumo nacional, dado que los mercados internos se hallan tan empobrecidos que no resulta prioritario establecer si es rentable producir para las poblaciones locales (un ejemplo cabal de ello es el último libro del jefe de la delegación negociadora de la Cancillería Argentina en el ALCA y frente a la UE, Martín Redrado, titulado “Exportar para Crecer”).
Creemos que debe haber una estrategia de desarrollo multifacética que no trate al mercado externo como único motor para el crecimiento y la prosperidad. Debe ser valorado apropiadamente el papel de los mercados nacionales en la generación de un circulo virtuoso que eleve los niveles de vida de las poblaciones y que intensifique su bienestar económico y social. Al vincular el bienestar económico al bienestar social, se elevará inevitablemente el nivel de vida de la mayoría. La lucha contra la pobreza y la justicia social no son solamente demandas éticas, sino que se han convertido ya en impulsoras del desarrollo.
Las importaciones necesarias son financiadas por medio de un sector de exportaciones fuerte y competitivo. Sin embargo, mientras las fuerzas del mercado tienden a eliminar productores no competitivos, la liberalización comercial no crea por sí misma una capacidad competitiva. La competencia sanciona empresas con bajos niveles de productividad, pero no hace nada para generar dicha productividad. En este sentido, resulta conveniente reemplazar la lógica de competencia por porciones del mercado y transformarla en una lógica de cooperación entre naciones.

Salud, educación y otras prestaciones públicas como derechos de la población

En materia de salud y educación, como otras cuestiones que tienen que ver con la dignidad y la calidad de vida humana (como el acceso al agua potable, el medioambiente sano y limpio, etc.) es necesario subrayar que son un derecho y no un servicio, y que por ende no pueden ser mercantilizables. Esto es una premisa básica de donde partir para entender el concepto de las demandas sociales respecto de estos temas.
Estas prestaciones que son indispensables para la vida y el desarrollo humano no pueden depender de la capacidad monetaria para pagarlos. El que así sea lleva oculto un genocidio que apunta a eliminar las posibilidades de educación de los más pobres, a matarlos mediante enfermedades evitables o, mismo, mediante la inaccesibilidad de agua potable para vivir. Asimismo, la educación es un elemento fundamental en la formación de la cultura e identidad nacional; desarrolla la libertad de discernimiento y, consecuentemente, la posibilidad de accionar para poder cambiar el orden de cosas. Restringir el acceso a la educación para los sectores populares es sencillamente excluirlos de que ejerciten un rol activo en el rumbo de su futuro y el de su país, y es convertir a millones de seres humanos en ganado para el arreo de los discursos dominantes que mayormente van en su contra de sus intereses de clase.
No sobra denunciar las presiones que existen por parte de numerosas multinacionales para que estos derechos sean considerados como servicios mercantiles, y así ser objeto de liberalización dentro de acuerdos como el ALCA o el AGCS (OMC). No podemos desatender entonces estos tópicos de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio “expandidos”, como el ALCA, cuyas consecuencias comúnmente son llamadas “NAFTA-plus” u “OMC-plus”.

Aspectos sobre las inversiones

Ya hemos dicho que los tratados que proponen la integración bajo el libre comercio -como el NAFTA, el ALCA, etc.- y organismos como la OMC y sus acuerdos -como el Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS)-, exigen como premisa básica e inherente la cláusula de trato nacional para la circulación de mercancías, servicios y capitales. Esto significa que no se deberá otorgar un trato menos favorable a algo proveniente del extranjero en comparación con algo producido internamente en los países. Esta premisa implica, por ejemplo, liberar la circulación de los capitales golondrinas, la prohibición de poner requisitos de desempeño y contienen mecanismos que permiten a las ETN demandar a los Estados nacionales por medidas que disminuyan sus ganancias.

Por otro lado, la inversión extranjera directa (IED) no es una inversión proveniente del sector público de los países desarrollados. Los que invierten son las empresas, no los Estados. El sector público de los países desarrollados (los Estados de las potencias centrales) generan las condiciones para que sea el sector privado (las empresas y mayormente las ETN) las que realicen esas inversiones. Entonces, las IED no poseen el fin de aportar al desarrollo de las economías subdesarrolladas, sino que tienen la finalidad única y ultima del lucro de la empresa inversora.
Por su parte, los capitales golondrinas poseen, con su libre movilidad, un gran poder para desestabilizar las economías locales e incluso regionales más desprotegidas. Precisamente son las economías más atrasadas las que se ven forzadas por las presiones extranjeras a “abrirse” y liberalizarse cada vez más. Entonces se genera un círculo vicioso entre “economía empobrecida - liberalización de capitales - especulación financiera - economía más empobrecida” que hace cada vez más necesario tomar medidas para el control del movimiento de capitales especulativos, como es por ejemplo el establecer un impuesto a las transacciones financieras (conocido como Tasa Tobin).
Las IED deben darse en un marco de cooperación internacional entre Naciones. Esa es la verdadera integración. No en una relación desde un sector privado desarrollado y transnacional hacia un mercado de trabajo flexibilizado (expoliado) y bajo en costos. Eso no solamente se aleja sensiblemente de una igualdad en niveles de trato entre las economías, sino en cuestiones de justicia, soberanía y equidad.
Es necesario condicionar las IED para que jueguen un papel activo, no solamente en la creación de empleo (que eso lo hace cualquier inversión), sino en generar las condiciones macroeconómicas para el desarrollo de las economías periféricas. Las inversiones no se deben determinar a la precariedad de la mano de obra o al desmantelamiento de la propiedad pública o estatal en materia de sectores estratégicos como el petróleo y recursos naturales, educación, salud, vivienda, etc.

En otro orden de cosas, debemos oponernos a que se incorporen definiciones amplias del término “inversión”, como también limitar estrictamente el concepto de “expropiación” y evitar la inclusión de otros como “medidas que equivalgan a la expropiación” o “equivalentes a expropiación” en las inversiones internacionales y en los acuerdos comerciales. Ello abre la puerta para que las ETN demanden masivamente a los Estados por montos siderales, al tiempo que elimina la noción del riesgo empresario, contradiciéndose con una de las reglas básicas del propio capitalismo.

El tema de inversión dentro de este tipo de acuerdos también incluye las finanzas. Pero no deseamos abordar directamente este tópico de acuerdo a las ponencias que pueden surgir del panel especialmente dedicado a tales efectos. Baste con remitirnos en la importancia de evaluar la temática de la deuda externa a la luz de lo regulado constitucionalmente en su art. 75 incisos 4 y 7, donde atribuye al Congreso Nacional la atribución de contraer empréstitos contra la Nación y el de “arreglar” la deuda nacional; lo aplicable en torno a la doctrina de la deuda odiosa, dado que el dinero prestado no fue utilizado en beneficio del pueblo, a quien ahora se le exige que lo devuelva; la cuestión sobre los intereses usurarios elevados unilateralmente por los acreedores en la década de los ochenta, así como las negociaciones leoninas llevada a cabo por el FMI y el Grupo del Bco. Mundial para entregar nuevos préstamos para pagar deuda a condición de modificaciones legales en materia de trabajo, de quiebras, de cuestiones medioambientales, de privatizaciones en el sector público, etc; y considerando la causa “OLMOS, Alejandro s/ Denuncia” (Expte. Nro. 7723/98) sentenciada el 13/07/2000 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Juez Dr. Jorge Ballesteros; desde el año 2000 en manos del Congreso Nacional para su análisis.

También debemos mencionar que los tratados de libre comercio por definición impiden los controles nacionales sobre el capital financiero, inclusive si ello fuera para promover y garantizar la estabilidad financiera (función basal del FMI de incumplimiento constante). El caso argentino es un exponente claro de lo que estamos hablando. Se garantiza así la circulación y fuga de los capitales a nivel continental, convirtiendo a la economía de la región en un gran casino. Se vuelve necesario reestructurar el sistema de Breton Woods y sus instituciones, dado que se ha demostrado que, tras 60 años (cantidad de años suficientes como para “jubilarse”), no se ha garantizado ni la estabilidad financiera -finalidad del FMI- ni se ha erradicado la pobreza -finalidad del Grupo del Bco. Mundial-. En cambio su accionar ha afectado en forma perjudicial el bienestar de los pueblos.

Las demandas judiciales de las empresas contra los Estados Nacionales

Pero sin duda alguna, la novedad que estos tratados de libre comercio establecen es que, pese a quedarse solamente en es primer estadio dentro de los tipos de acuerdos que van desde las relaciones comerciales hasta una integración plena, instauran un sistema de resolución de las controversias que pudieran darse dentro de ese ámbito. Estos mecanismos de resolución de controversias pueden ser de “Estado vs. Estado” o de “empresa vs. Estado”. Es entonces la primera vez que estos tratados incluyen mecanismos que permiten interponer demandas a entes que no resultan ser parte de ese tratado. Quienes son parte de los tratados de libre comercio, y sujetos de derecho internacional, son solamente los Estados. Por ende, el contemplar mecanismos de resolución de controversias entre partes del NAFTA, del ALCA o de los acuerdos UE-MERCOSUR es absolutamente normal. Pero no cuando quienes demandan a los estados son las empresas y corporaciones, que precisamente no resultan ser partes de los acuerdos en los que pretenden ser amparados. Con ello vemos, una vez más, cómo los tratados de libre comercio son solamente para el interés de las ETN y no a favor del interés de los estados o del interés público.

Comúnmente se suele identificar el tema de las demandas de las empresas contra los Estados dentro de los capítulos de resolución de controversias. Esto sí ocurre en el NAFTA, por ejemplo; pero no así en el ALCA. En el tratado del Área de Libre Comercio de las Américas, el Capitulo de Resolución de Controversias se refiere solamente a las cuestiones Estado-Estado sobre diferencias en la interpretación de cláusulas. Podríamos suponer que los borradores del ALCA no resultan ser tan amenazantes contra los Estados nacionales, pero estaremos equivocados. Si deseamos hallar el tema de resolución de controversias empresas-Estado, lo podremos encontrar al final del Capitulo de Inversiones. Y esto tiene plena lógica: en el mismo capítulo donde se regula la liberalización de las inversiones se garantizan los mecanismos pertinentes para protegerlas.

Un claro ejemplo de las consecuencias de estos mecanismos jurídicos que sirven de cepo para las políticas económicas que pretenden imponerse con los acuerdos de libre comercio, está dado en el NAFTA y en su Capítulo 11 del tratado. Actualmente existen 8 demandas contra EEUU, 6 contra Canadá y 10 contra México. De todas ellas la mayoría tiene que ver con cuestiones medioambientales o de recursos naturales (10 del total de casos), mientras que solamente 3 implican cuestiones estrictamente comerciales . Según los estudios realizados por la Trufts University de EEUU, se estima que la ampliación del Capítulo 11 del NAFTA al ALCA habilitaría a las empresas transnacionales a efectuar reclamos de hasta u$s 32.000 millones anuales.

Los tribunales arbitrales del NAFTA y los que se establecerían en el ALCA están copiados de los tribunales ad-hoc del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que opera bajo los auspicios del Banco Mundial y que fue creado en 1966. estos tribunales se componen por tres arbitros: uno elegido por la empresa demandante (parte actora), uno por el Estado demandado y el tercero es elegido por los dos árbitros seleccionados. Este último oficiará como presidente del tribunal. La normativa para resolver el conflicto es el acuerdo firmado por la ETN y el Estado y la jurisdicción que establece se encuentra por fuera de la competencia del Estado demandado, por lo que todo aquello normado por las constituciones nacionales o por las leyes vigentes es inaplicable al caso. El toque final lo da el hecho que el proceso del CIADI es cerrado y no rinde cuentas a nadie, y los fallos de estos tribunales establecidos son inapelables, lo cual constituye una flagrante violación al debido proceso.
Lo emergente es que hasta hace poco las cantidad de demandas había sido muy limitada. Sin embargo, en los últimos 5 años se presentaron más casos que en los 31 años anteriores. Antes solamente se dirimían disputas contractuales privadas, hoy se ha registrado una verdadera explosión de casos asociados a tratados de inversiones. En consecuencia, el sistema de resolución de conflictos ha tenido un doble propósito: mayor concentración para las ETN y garantizar las demandas contra los Estados por millonarias sumas de dinero que deberán ser abonadas por sus habitantes, es decir nosotros. No hay publicaciones sobre los procesos, tampoco se permite la participación de terceros interesados bajo la figura del amicus curiae; o sea que en realidad el tribunal no resuelve de común acuerdo los conflictos, no se trata de mediar entre las partes, sino un proceso judicial bajo otra denominación. Ello ocurre porque el título de proceso judicial involucra principios y derechos que no se respetan en estos mecanismos (como la doble instancia, el debido proceso, la cosa juzgada, etc.) como tampoco se somete el procedimiento a jurisdicción alguna mas que el del tribunal mismo.
Este tipo de proceso, que solamente tiene para dirimir los conflictos a los tratados que les dan origen y que establecen de antemano las garantías de las inversiones, equivale a someterse a juicio con el verdugo como jurado, juez y acusador.

Los inversionistas extranjeros (es decir las ETN) obtienen dentro de los tratados de libre comercio más derechos que los ciudadanos y las empresas locales, poniéndose en posición privilegiada para percibir ganancias mayores. No importa si las actividades de las ETN fueran violatorias de las leyes locales o internacionales, los mecanismos de solución de controversias establecidos constituyen vías a disposición de los inversionistas para eludir sus obligaciones económicas o las normativas legales. Si deben pagar compensaciones por los daños causados -tomemos el caso de los daños medioambientales, por ejemplo-, pueden pasar la factura de su conducta ilegal a los contribuyentes, y muchas veces por montos mucho mayores. Es de esta forma como estos mecanismos se tornan en armas potencialmente poderosas a favor de la concentración de capital, ya no mediante la actividad económica en sí misma, sino mediante una verdadera “industria del juicio”.
Consecuentemente, las políticas públicas de los Estados se congelarán por temor a tener que indemnizar a las grandes empresas por sumas que verdaderamente pueden comprometer el patrimonio público y el futuro de las próximas generaciones. La deuda externa es un juego de niños comparado con este mecanismo de saqueo.

Otras cuestiones jurídicas

Es importante recordar que en materia de integración existe la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) que involucra a México, Cuba y toda Sudamérica excepto las Guayanas. Todos los acuerdos de libre comercio y distintos tratados de integración a nivel sudamericano deben inscribirse dentro de la ALADI (tal es el caso del MERCOSUR, por ejemplo). El eventual advenimiento del ALCA debería inscribirse también dentro de este ámbito, con la salvedad que ni los países de Centroamérica, ni EEUU, ni Canadá, ni la mayor parte de las Antillas pertenecen a la ALADI; con la particularidad que Cuba (país miembro de la ALADI) no sería parte del ALCA.
A todo ello se agrega el hecho de la existencia de diferentes sistemas de derecho en el continente entre los países anglosajones, que poseen el sistema del common law (británico), y los latinos, cuyo sistema de derecho deriva del derecho francés y del español comúnmente denominado “derecho continental” (europeo). Ambos sistemas difieren seriamente, ya que mientras el primero se basa principalmente en sus precedentes jurisprudenciales, el segundo se basa en un cuerpo normativo (es decir en la existencia de leyes escritas). La complementariedad de ambos sistemas jurídicos en un área de integración continental americana sería un frustrado intento de querer hacer cuajar dos sistemas jurídicos incompatibles, o si no permitir la coexistencia de dos tipos de derechos cual en plena época romana, lo cual equivaldría a retroceder 2000 años en la historia del derecho.

Algunas conclusiones propositivas

Solamente para agregar a lo ya desarrollado, diremos que debe formarse una auditoria permanente por la Comisión Interamericana de DDHH, establecida por la Convención Interamericana de DDHH (Pacto de San José de Costa Rica), para que indague sobre los impactos de la integración económica. De igual forma se debe examinar detenidamente tanto los términos para definir taxativamente el concepto de inversión como restringir a su mínima expresión -si no bien eliminar- los de “confiscación regulatoria”, “expropiación”, “medidas equivalentes a expropiación”, etc.
Desde ya debemos oponernos a los mecanismos de resolución de controversias que fijan jurisdicciones supranacionales o extra-nacionales para resolver litigios entre empresas privadas (nacionales o extranjeras) y el Estado Nacional. Esos litigios deben ser resueltos en las jurisdicciones locales donde se radiquen las inversiones, y sus demandas deben ser presentadas ante los tribunales nacionales. Así, se garantiza la competencia nacional de los juzgados locales que deben atenerse a la legislación local y a lo dictado por las constituciones políticas de los Estados y no a lo regulado por tratados comerciales que afectan a la soberanía de los pueblos.
Para acceder a una jurisdicción supranacional, deberemos en todo caso formar dichos ámbitos supranacionales primero con jurisdicciones supranacionales y competencias delegadas desde los Estados. Esto implicaría formar las instituciones como un Tribunal Regional con raíces en el derecho de las constituciones políticas de los estados integrados o mismo comenzar a discutir en torno a una Constitución Regional, lo cual implica empezar a debatir sobre el poder político. En cambio, el pretender resolver controversias dentro de la jurisdicción establecida por los tratados de libre comercio que garantizan los intereses del capital concentrado en detrimento de los de la sociedad, es una farsa.
Ante los eventuales conflictos jurídicos entre las corporaciones y las leyes nacionales en materia de propiedad intelectual y patentes -que no hemos analizado aquí por cuestiones de espacio-, se deberá determinar que sean también las jurisdicciones locales y el sistema jurídico internacional vigente los que regulen y diriman estas cuestiones. No cabe la posibilidad de que estos acuerdos comerciales puedan establecer los tribunales arbitrales mencionados, que para definir los conflictos se atengan a los textos de los acuerdos que precisamente garantizan a priori la plena rentabilidad del capital en contra de los derechos ciudadanos, y mucho menos que sus fallos resulten además inapelables.

Para poder diferenciar otros modelos de integración del neoliberal, debe dársele una orientación política, en el sentido de otorgarle a los procesos de integración una pretensión diferente al simple logro de los objetivos de rentabilidad del capital. Esta orientación debe estar determinada en lograr una mejor calidad de vida de la población que se integra (a nivel regional, continental o global). Debe igualmente poseer una orientación social en sentido de que debe priorizar el interés de la sociedad por sobre el de las corporaciones involucradas en el comercio regional. Por ende esta orientación social no puede ser abstracta, sino que debe apoyarse en una fuerte participación ciudadana para que sea la misma sociedad la que sea capaz de definir el rumbo de su propio destino, y no limitarlo a las negociaciones gubernamentales que, entendemos, exceden la delegación por el voto popular a la aplicación de un simple programa de gobierno, sino que se trata muchas veces de la continuidad de políticas de Estado que se diseñan durante varios mandatos; sin perjuicio de recordar las críticas antedichas en cuanto a la dudosa representación de la soberanía popular de los Estados en los ámbitos de negociación y en las obligaciones contraídas en los acuerdos de libre comercio firmados.

El tipo y modelo de integración debe ser además un tipo y modelo propios en un doble carácter. Por un lado no debe ser un modelo de integración “importado” de otras regiones o de grupos de países que, por el momento, no corresponden históricamente con el origen de nuestra región sudamericana: un continente subyugado desde la colonización por las potencias europeas a las que se sumó la hegemonía norteamericana a partir de la Doctrina Monroe que identificó a la región como su patio trasero (backyard). Debemos desarrollar un modelo de integración que corresponda histórica, cultural y socialmente con las características regionales de Sudamérica (en primer término) y de toda Latinoamérica (en segundo).
Pero asimismo debe ser una integración propia respecto del sentido humano. Y esto contrapone el modelo de integración del capital para sí. En otras palabras, debemos desarrollar una integración de los sujetos colectivizados y que se encuentre a favor de sus propios intereses. Sólo así habremos de resignificar el sentido de propiedad sobre nuestro destino y del derecho innegable que tenemos como seres humanos de poder construirlo. Hoy el futuro se construye en base a la lógica de acumulación, concentración y centralización de capital; y es naturalmente aquél el actor principal dentro de ese escenario.
Paulatinamente debemos favorecer las condiciones que converjan en un proceso de integración que tenga como epicentro al hombre y a la mujer como sujetos centrales para adquirir derechos y contraer obligaciones en esa integración. Es necesario entonces, y advertidas las consecuencias que la aplicación de las políticas neoliberales -valiendo para ello la experiencia argentina como exponente más claro- imaginar nuevos modelos de integración basados en otros principios y en otras lógicas para poder comenzar a idear en el plano de lo concreto una integración ecuánime en beneficio equitativo para todas y todos.
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