Por: Nicolas Gutman

La prohibición de instalar salmoneras en el canal de Beagle abrió un capítulo más en la discusión ambientalismo/desarrollismo que seguramente será olvidado en breve, ni bien surjan nuevos proyectos y frentes de conflicto en los territorios y ecosistemas de nuestro país. Sin embargo la discusión planteada desde el neo-desarrollismo repite una y otra vez los mismos argumentos sin terminar de responder a las complejas características que tiene cada proyecto en particular, y muchas veces replegándose en generalidades, veamos.

La prohibición de instalar salmoneras en el canal de Beagle abrió un capítulo más en la discusión ambientalismo/ desarrollismo que seguramente será olvidado en breve, ni bien surjan nuevos proyectos y frentes de conflicto en los territorios y ecosistemas de nuestro país. Sin embargo la discusión planteada desde el neo-desarrollismo repite una y otra vez los mismos argumentos sin terminar de responder a las complejas características que tiene cada proyecto en particular, y muchas veces replegándose en generalidades, veamos.

En primer lugar, está el uso peyorativo de etiquetas como “ambientalistas bobxs o falopa”, a lxs argentinxs que por ejemplo se oponen a la instalación de una mina aurífera a solo seis kilómetros de un pueblo que vive del turismo, deportes de invierno y servicios, para volar montañas con dinamita, regarlas con cianuro y llenar de enormes camiones a la única ruta que conecta las comarcas de la zona, por cierto una de las más hermosas del continente. La comunidad, haciendo ejercicio de instrumentos de la democracia, organizó plebiscitos fuertemente resistidos por el poder político provincial; votando 8 de cada 10 habitantes por vivir sin minas. Esas son las reglas de la democracia que muy pocas veces, como fue en el caso de Esquel, favorecieron la decisión de una mayoría de la comunidad por sobre los intereses de una empresa transnacional y sus socios locales.

También están lxs argentinxs que se oponen a que se siga destruyendo uno de los mayores humedales del continente para hacer más barrios cerrados y privados. Estos barrios con enormes extensiones para muy pocxs habitantes; construidos sobre ecosistemas frágiles pero generadores de servicios ecosistémicos indispensables para millones de personas que viven en el AMBA; son además fuentes inagotables de noticias por hacer picadas ilegales con Ferraris dentro de sus perímetros amurallados, o por impedir que las mujeres que limpian sus enormes casas con lanchas y amarraderos, se suban a las combis de la única empresa que circula en las urbanizaciones implantadas sobre el humedal, recreando un apartheid criollo de las clases acomodadas argentinas en sus pequeñas acciones de racismo cotidiano.

Esto es un tipo específico de desarrollo, el de la especulación inmobiliaria y las rezonificaciones hechas para beneficiar a los amigos del poder, que compran enormes extensiones de ecosistemas únicos e irremplazables a precio vil; con conocimiento y no pocas veces participación directa redireccionan la construcción de infraestructura pública que revaloriza y viabiliza los emprendimientos inmobiliarios; para después cambiar las reglas de juego y amasar grandes fortunas. Uno de los últimos proyectos urbanísticos sobre el humedal del Delta del Tigre, prescindiendo de la metáfora, se llama Colony Park.

“Ambientalistas bobxs” parece pintar una imagen de pequeños grupos de luditas retrógradxs e ignorantes que viven a contrapelo en un mundo desarrollado y moderno, y el prohibicionismo es una de sus últimas herramientas rudimentarias. Todo proyecto agrícola, industrial o extractivo se puede y se debe hacer; no existen consecuencias si se aplica la ciencia, los controles y las regulaciones; no hace falta discutir el tipo de producción, las externalidades que genera, el tipo de tecnología elegida, los impactos ambientales acumulativos, las actividades existentes que desplaza, la degradación de la naturaleza o las condiciones y la calidad de los trabajos que generarán. Quiénes se van a llevar las ganancias o van a fugar los dólares a través de precios de transferencia o directamente a sus off-shore en Panamá, Uruguay o Luxemburgo, son meros detalles; en el desarrollismo criollo para muchas de estas preguntas se responde una y otra vez: no hay que prohibir, hay que hacer las cosas bien, con regulación y controles.  

Así, prohibir es anti moderno, ignorante, de gente común que no entiende nada de las urgencias de la balanza comercial, la recaudación fiscal, el imperativo de crecer, el dólar. Finalmente quienes levantan el guante del neodesarrollismo en los medios y el debate público siempre terminan en el papel, twitter o frente a las cámaras desgarrándose por los dólares, o mejor dicho la falta de estos. Lo increíble es cómo funciona la legitimación de todo proyecto con una futura lluvia de dólares e inversiones y el resto se reduce a la fórmula “hacerlo bien”. El macrismo de los CEOs basado en la cooptación del Estado por cuadros corporativos y discursos promercado y de lluvia de dólares logró lo contrario, la mayor quiebra de PyMEs y la menor inversión extranjera directa en décadas. Las promesas y las inversiones ya están muy desvalorizadas.

Lxs fueguinxs son ambientalistas bobxs, no entienden que el país importa 45 millones de dólares para el sushi palermitano, dólares que se pierden y que no solamente nos podríamos ahorrar implantando una especie exógena y exótica en uno de los ecosistemas más prístinos del planeta: podríamos exportar entre 60.000 a 600.000 millones de dólares de salmón, argumentan lxs neodesarrollistas en los medios. Parece que la desesperación por los dólares nos está impidiendo hacer cuentas más terrenales, o quizás acuáticas. 

¿Implantar un PBI de la Argentina en el canal del Beagle? Con más de un siglo de desarrollo, la pesquería marítima de la Argentina en uno de los caladeros más ricos del planeta y más de 3.000 kilómetros de costa exportan no más de 1.800 millones de dólares anuales y solo en sus mejores años; y aun así casi colapsamos la pesquería de la merluza-hubbsi por sobreexplotación.

Prohibir es una palabra que choca de frente con cierta idea de libertad; el desarrollo y la innovación no pueden florecer en un mundo de prohibicionistas. Sin embargo, vivimos rodeadxs de prohibiciones de todo tipo impuestas a través de las leyes y normas. Estacionar y conducir en Buenos Aires es una verdadera hazaña, cientos de cámaras nos vigilan las patentes, la velocidad y cada cuadra está regimentada por colores, carteles, prohibiciones o permisos, reforzados por una flota de grúas de dos empresas que están desde hace años muy flojas de papeles, y las multas exorbitantes generan una recaudación que no sabemos a ciencia cierta a dónde va. En la capital del país guardián de las libertades planetarias no se puede pintar el frente de la casa del color que uno quiera; en Washington DC hay que pedir un permiso y la ciudad tiene una paleta de colores permitidos y colores prohibidos.

Pero vayamos a las prohibiciones relacionadas a la actividad industrial y productiva. El fracking está prohibido completamente en Francia, Alemania, Suiza, Bulgaria, Sudáfrica, en Burgos, La Rioja y Cantabria en España, en los Estados de New York, Vermont, Oregon, Pennsylvania y New Jersey en Estados Unidos; y están en períodos de moratoria en Dinamarca, Uruguay y Gales en el Reino Unido, entre otros. En Argentina Vaca Muerta es uno de los yacimientos por fractura hidráulica (fracking) más grandes del planeta: la discusión democrática sobre el tipo de desarrollo y los derechos vulnerados de la comunidad Mapuche de Neuquén te la debo.

En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 169 periodo de sesiones en Boulder, Colorado, se centró en los impactos que genera el fracking en los derechos humanos y colectivos, con paneles y presentaciones de todos los países del continente. Las sesiones se hicieron en un Estado históricamente minero no muy lejos de Grand County, donde a 3.250 metros sobre el nivel del mar en zona de deshielos y naciente del Río Alamosa la empresa de capitales canadienses Galactic Resources Limited comenzó a explotar en 1984 la mina de oro Summitville Gold Mine para extraer oro de baja ley por el método de lixiviación por cianuro.

Desde 1984, por ocho años la empresa desechó ilegalmente residuos tóxicos que incluían cianuro, metales pesados, cobre, manganeso, hierro, zinc y cadmio; pero 1992 fue un año de lluvias y tormentas de nieve sin precedentes y excepcionales en la zona; como las que ahora se volvieron habituales por el cambio climático, y que afectaron fuertemente la infraestructura y especialmente los diques de relave. Ese año la empresa se declaró en quiebra y abandonó la mina; el Estado de Colorado tuvo que pedir auxilio al gobierno federal para contener y prevenir que rebalsaran los diques artificiales de relaves de millones de toneladas con cianuro y metales pesados en una zona proclive a deslizamientos, avalanchas y movimientos de superficie y que ya estaban en peligro estructural debido a la presión de las nevadas y tormentas. Desde ese momento el gobierno lleva gastados más de 2.350 millones de dólares para reforzar los diques y proveer de agua potable a perpetuidad a todo Summitville, ya que el río y las napas quedaron permanentemente contaminadas y son tóxicas para el consumo humano y animal; por lo que su uso está prohibido.

Lo curioso es que nadie fue presx, ni siquiera las multas e infracciones fueron cobradas ya que Galactic Resources se declaró en quiebra antes de hacer pública la grave situación estructural de la mina. Cinco años después con el mismo directorio pero ya en Canadá, Galactic Resources estaba evaluando nuevos proyectos mineros en Honduras y Perú. 

En Argentina, que tiene un nuevo Código Minero desde 1997, la normativa de cierre de minas se extravió. Se trata de la normativa más importante en el ciclo de vida de una mina, y la que obliga legalmente a quienes explotaron para su beneficio enormes recursos a dejar el territorio en el mejor estado posible o pasarle la factura al Estado y hacer un pagadios; esa que es parte fundamental de la famosa y obvia solución del neodesarrollismo a cualquier planteo, la de que hay formas de hacer las cosas bien con regulaciones y ciencia, esa misma hace un cuarto de siglo te la vengo debiendo.    

El poder del “ambientalismo bobo” es saber leer entre líneas. Lxs que vivimos en Argentina sabemos que no hace mucho ministrxs y empresarixs hacían gala en la televisión de tener dinero no declarado en el exterior. En cada investigación global de paraísos fiscales sus nombres completaban páginas enteras. Vivimos en un mundo donde impunemente se aprieta y encarcela; industrias contaminan a la vista de todxs y bosques nativos protegidos por ley son quemados, talados y recategorizados constantemente.

El ambientalismo es una práctica de amor con nuestro territorio, la naturaleza y las comunidades en un país embarrado por una política violenta, egoísta y siempre sedienta de dólares. Uno se pregunta por qué algunxs neodesarrollistas se obsesionan con los dólares que se pierden importando salmón o eligiendo otras actividades por sobre la minería a cielo abierto; y se hacen lxs distraídos para hablar de la ley de Entidades Financieras de la dictadura; por ahí se escapan todos los millones de dólares anuales de importación de salmón cada día, pero es más fácil ser durxs con ambientalistas bobos que con el sector financiero.

En el espectro del desarrollo tiene que existir una punta que sea la prohibición y otra la permisividad total, y entre el infinito de grises que hay de prohibir a permitir existirán tensiones y debates, pero la prohibición es una forma de ejercer política pública que está en todos lados, en todos los países y que es legítima. Se prohíbe por ejemplo utilizar amianto en la construcción, extraer petróleo en zonas árticas de Alaska o usar redes de arrastre para pesca en varios países. Las zonificaciones y prohibiciones fueron, son y serán parte del ordenamiento territorial, económico, socioambiental y político.

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En 1982, en plena dictadura, Chubut estaba gobernada por el contraalmirante Niceto Echauri Ayerra. Después de una reunión en Buenos Aires con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri volvió a la provincia para poner en marcha un proyecto de “captura, matanza e industrialización del pingüino de Magallanes” en Punta Tombo, por la empresa japonesa Hinode Penguins y un socio local, Gustavo Larrea. Se autorizaba la matanza y faena de 48.000 pingüinos por temporada en una planta que realizaría la captura, cuereado, deshuesado y conservación en frío, y como siempre se hablaba incesantemente de los puestos de trabajo que se iban a crear, en realidad unos 30 en total. La maquinaria periodística hablaba de la calidad proteica única de los pingüinos: “un producto elevadísimo en aminoácidos”, cacareaban los diarios y revistas de la dictadura, “no existe otro que contenga los 8 aminoácidos esenciales como la carne de pingüino”. El Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras -INIDEP-, en un triste capítulo de su historia bajo la dictadura, declaró a los medios que los pingüinos eran una plaga y su faena una forma de control y negocio. El Instituto, que es hoy el de más prestigio en el hemisferio Sur, había sido creado con fondos aportados por la cooperación japonesa.

El negocio oculto bajo la fachada del engaño de la carne de pingüino y sus aminoácidos fue la industrialización de la piel para la fabricación de guantes de golf en Japón. Esa fue una lucha ambiental pionera de la Patagonia, que en un hilo intergeneracional une la costa con la cordillera chubutense. La mercantilización extrema de la naturaleza genera ecocidios y empuja a la humanidad a estar en guerra constante con su ambiente, con su casa común; si trae dólares lo mismo da arrasar con el Amazonas, transformar pingüinos en guantes de golf y humedales en pistas de patinaje sobre hielo y salas de cine.

Hablar de controles o fiscalización como entelequias y no hablar de las puertas giratorias de los espacios de control y gobernanza del Estado es un debate sin carne, ¿de qué control ambiental real podemos hablar en un país en donde un ministro rebajado a secretario de ambiente se sacaba selfies vestido de árbol en medio de gravísimos incendios forestales? Nunca, antes o después de su gestión al exsecretario de ambiente y desarrollo sostenible se le escuchó decir algo que contuviese un mínimo destello de conocimiento sobre el tema ambiental en un mundo que está inmerso en una crisis climática sin precedentes. En otras selfies veíamos al funcionario-árbol a la par de sus colegas, quienes no terminaban de levantarse de las poltronas de sus oficinas corporativas y ya juraban como ministrxs de las áreas a las que supuestamente debían regular.

Si todo se pudiera hacer bien y prolijamente con solo invocarlo por twitter la realidad del delta del Paraná sería otra; ahí están durmiendo y acumulándose desde hace años los más de diez proyectos de ley de humedales. 

Cuando quieran cuerear pingüinos, fugar y contrabandear soja y dólares mientras nos fumigan con agrotóxicos, y destruir el delta para hacer picadas en Ferrari, acá estamos lxs ambientalistas bobxs; no comemos sushi en Palermo o quizás muchos sí lo hagan; hacer una disección clasista de quienes conforman un inmenso grupo heterogéneo que incluye desde filántropxs millonarixs con corazones verdes a militantes barriales, gobernadorxs, intelectuales o jubiladxs es innecesario, la lista es inmensa: solo hay que participar un día cualquiera en una marcha en Esquel, un piquete en un pueblo humilde de La Rioja, una asamblea en Ushuaia, una reunión en la facultad de derecho de la UBA, un zoom de una ONG cosmopolita o una reunión de jóvenes por el clima; los señalamientos etarios y de clase sobre quiénes son lxs ambientalistas ingenuxs hablan más de lxs que los enuncian que de la realidad.  Y aun si un día cometemos el pecado capital de comer un sushi roll en Salta, seguiremos militando por la defensa de los bienes comunes naturales y nuestros territorios. 

LINK A LA NOTA: https://nuclear.com.ar/2021/09/28/ambientalistas-bobxs/