El futuro de la minería

29/08/2017

Por Julieta Godfrid * y Diego Murguía **

La atracción de inversiones extranjeras, especialmente para el sector minero metalífero, aparece en la retórica del gobierno actual como una llave maestra para destrabar el crecimiento económico. La nueva política minera de comienzos del 2016 (liberación del mercado de cambios y capitales, quita de retenciones, etc.) reforzó las condiciones macroeconómicas en pos de atraer inversiones mineras. A su vez, algunas instituciones del sector fueron favorecidas como por ejemplo el Servicio Geológico Minero Argentino cuyo presupuesto se duplicó, y se incentivaron programas de infraestructura como el Plan Belgrano y el túnel de Agua Negra, de especial interés para el sector minero.

Una consecuencia parcial de dichas medidas es el aumento en el presupuesto de la exploración minera en Argentina: se espera que en 2017 (según las proyecciones del gobierno) el mismo sea de 56 millones de dólares, duplicando el monto de 2016 (23,8 millones), si bien aún un presupuesto muy reducido en comparación a Chile (615 millones en 2016) o Perú (373 millones en 2016). Decimos parcial porque, entendemos que el aumento en el 2017 de los presupuestos de exploración en Argentina se explica, en cierta medida, por la dinámica global: frente a una caída continua entre 2013 y 2016, se espera que los presupuestos globales en exploración se mantengan estables o suban hasta un 10 por ciento. En cuanto a inversión en nuevas minas hubo un leve crecimiento durante el 2016 y 2017 mediante inversiones en proyectos que estaban en fase avanzada como Cerro Moro, San Nicolás y proyectos de litio. 


El gobierno nacional se ilusiona con alcanzar una inversión de 25.000 millones de dólares en los próximos 8 años, superando ampliamente el monto invertido en el período 2007-2015 (10.000 millones). Para ello la Nación y las provincias (excepto Chubut, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero) firmaron en junio el nuevo Acuerdo Federal Minero, el cual se plantea, entre otros objetivos, el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de las relaciones con las comunidades y la gestión ambiental. Sin embargo, resulta difícil imaginar cómo se alcanzarán esta “metas” cuando muchos de los gobiernos firmantes no han garantizado, desde el inicio de los emprendimientos, las condiciones institucionales mínimas para generar e implementar mecanismos de consulta popular y control ambiental acordes a la escala y complejidad de dichos proyectos.

La cuestión socioambiental sigue siendo un tema central no resuelto en la Argentina. El cumplimiento de la ley de glaciares y ambiente periglacial presenta un conflicto legal de magnitud para varios de los proyectos avanzados de mayor envergadura como son Pascua-Lama, Constelación, Los Azules, el Pachón, entre otros. Los últimos accidentes ambientales en Veladero como la cuestión estructural de las filtraciones del dique de colas en Bajo de la Alumbrera son un reflejo de la debilidad institucional y falta de transparencia en los organismos provinciales de control ambiental. Otras cuestiones que reflejan la conflictividad en el sector son la prohibición de la actividad minera metalífera en siete provincias, el escaso desarrollo en localidades cercanas a las minas, entre otras. 

Desde el inicio de las mega-explotaciones, las comunidades locales han intentado por vías institucionales (amparos, demandas penales, etc.) expresar sus cuestionamientos respecto de la actividad, los cuales, en su mayoría, han sido sistemáticamente desoídos. A pesar de la persistencia de conflictos socioambientales, los gobiernos insisten en la promoción de la actividad sin garantizar las condiciones institucionales donde la ciudadanía pueda participar de modo significativo durante la toma de decisiones, por ejemplo durante una evaluación de impacto ambiental. Así cabe preguntarse cuál es el futuro del modelo mega-minero. La falta de transparencia en la gestión de los recursos minerales pone en jaque las garantías democráticas y también la estabilidad del sector minero.

* Departamento de economía política y sistema mundial del Centro Cultural de la Cooperación.

** Instituto Interdisciplinario de Economía Política, FCE-UBA/CONICET.

Compartir en

Añadir nuevo comentario

Image CAPTCHA