Por Diego Mansilla

Sobre todo en la difícil situación energética en la que nos encontramos, importando enormes cantidades de gas natural a precios exorbitantes y con la importación de petróleo y naftas como una posibilidad cada vez más cercana.
La expropiación de la mayoría accionaria de YPF permite recuperar el control estatal de recursos estratégicos que nuestro país había entregado.
Esta medida marca un interesante cambio de rumbo en la política hidrocarburífera del kirchnerismo, que no había realizado modificaciones en la estructura heredada de los noventa y que la “Ley Corta” sólo profundizó.
Debemos comprender que no fue la mala operación de los españoles de Repsol o la entrada del Grupo Petersen lo que nos llevó a la actual situación (aunque su política de maximizar los beneficios y descapitalizar YPF mediante la distribución de la totalidad de los dividendos contribuyó a acelerar la debacle). Lo que se está demostrando es el fracaso del modelo implementado en los noventa de concesiones a empresas privadas con libre disponibilidad y sin ningún tipo de regulación estatal. No se entiende, en este sentido, la necesidad de mantener a Eskenazi como socio privado, ya que nada aportó desde su llegada.
Queda por discutir el modelo de gerenciamiento que tendrá la nueva YPF y cuánto será lo abonado a Repsol.
El monto de expropiación, que según el mencionado artículo 10 de la Ley N° 21.499 implica reconocer el “valor objetivo del bien”, deberá basarse en el Patrimonio Neto (diferencia entre Activos y Pasivos) y no en la valuación de las acciones en los mercados accionarios (que depende de la especulación financiera).
De esta forma, la empresa tiene un valor “de libro” de unos 18.735 millones de pesos (unos 4200 millones de dólares), de los que deben deducirse los pasivos ambientales que deja la empresa por su mala gestión. No se debería, en cambio, abonar en efectivo dicho monto (como indica esa ley) sino que los pagos deben surgir de las propias ganancias de YPF, una vez que se reintegren las reservas que fueron depredadas.
Es interesante el hecho de que las provincias con reservas sean propietarias de parte del capital accionario con la obligación de mantener su participación por 50 años, evitando lo sucedido con la privatización de YPF, cuando todas las provincias se apresuraron en vender sus acciones a precios irrisorios.
La recuperación del control de YPF tiene que ser apenas la punta del iceberg de una modificación estructural del sector energético, si queremos que los hidrocarburos estén al servicio de los argentinos y su desarrollo económico.
La nueva YPF debe volver a ser un referente del sector, invirtiendo en nuevas reservas y marcando la política energética nacional.