Por Martin Burgos

Los datos que están saliendo a la luz desde distintas cámaras industriales y de servicios parecen contundentes: este primer trimestre conoce caídas en la producción y en las ventas que ponen en riesgo la continuidad de varias empresas Pymes y una amplia destrucción del empleo. Contrariamente a otras variaciones en la producción ocurridas en los últimos años, como la crisis mundial en 2008/2009 o la devaluación de 2014, este gobierno parece más preocupado por manejar la situación macroeconómica que generó la devaluación y sus consecuencias inflacionarias que por atender el problema de las pymes y de los trabajadores.

Una de las claves para entender el momento actual de las Pymes es la conjunción de una serie de políticas económicas: a la reducción del mercado interno consecuencia de las medidas inflacionarias tomadas por el gobierno (devaluación, quita de retenciones y tarifazo) se le agrega la apertura de las importaciones y el fin de las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importaciones), el aumento de los costos (principalmente debido a los aumentos de alquiler, de costos importados y de energía) y la dificultad del acceso al crédito por el aumento desmesurado de las tasas de interés (que también implican un aumento del costo financiero por deudas tomadas a tasas variables). Estas medidas “pro-mercado” se toman en un contexto internacional que es desfavorable en general desde 2008, pero que empeoró desde la crisis histórica que conoce el mercado brasileño, con caídas de su PBI de más de 4% el año pasado y que seguramente se repetirá este año.

Ante este panorama, las Pymes se ven obligadas a diversificar sus negocios hacia dos caminos a los cuales los lleva el gobierno actual: por un lado reemplazar su producción nacional por productos importados, aprovechando su red de comercialización y la apertura comercial, y por otro lado financiarizar sus activos ante las altas tasas de interés ofrecidas. Esta financiarización ya se vislumbra en la caída de los plazo fijo de empresas ocurridas durante el primer trimestre, las que seguramente se mudaron a la compra de LEBAC ofrecidas por el gobierno a una tasa anual de 38%. Este nuevo diseño de negocio derivado de las políticas adoptadas hasta ahora está dando a luz a un modelo económico en la cual lo productivo tiene cada vez menos lugar y donde el desempleo vuelve a ocupar un lugar entre las principales preocupaciones de los argentinos.

Este contexto de caída de la demanda, junto al aumento de los costos y la apertura de las importaciones configuran el peor de los mundos para las Pymes industriales y los trabajadores, del cual ya podemos sacar algunas lecciones. La primera es que las Pymes están íntimamente vinculadas con el mercado interno, que es alimentado por el salario, las jubilaciones y el gasto público. Por lo tanto aparece una relación muy contradictoria entre el trabajador y el empresario Pyme, que los clásicos de la economía ya habían advertido en el siglo XIX: el costo laboral de las empresas es, a su vez, su principal demanda, y por lo tanto la búsqueda de mejora competitiva reduciendo ese costo puede terminar hundiendo su demanda y generar inestabilidad y crisis en el sistema. Esta contradicción quedó plasmada en el pedido casi unánime de los empresarios Pymes por una devaluación durante la campaña presidencial para lograr mejorar su competitividad, que redundó en esta realidad de ajuste y crisis que vivimos luego de ocurrida la devaluación. Seguramente las cámaras del sector -mucho más prudente al respecto durante el año pasado- deberían realizar una mayor tarea de formación económica para sus afiliados, para que sepan ubicar donde se encuentran ubicado sus intereses económicos.

Esta lección también sirve para la literatura económica actual, en la cual parece que esta contradicción entre demanda y competitividad vía costo laboral no terminó de plantearse siquiera como interrogante. No hace falta mencionar la falta de interés de los economistas ortodoxos en la cuestión, aún a los que están en la función pública. Más interesante aún es que numerosos economistas heterodoxos sostuvieron que el éxito económico del kirchnerismo radicó -entre otras razones- en que fue un modelo de “tipo de cambio alto”, e incluso que el retraso del tipo de cambio constituía un problema. El error de origen, sin lugar a dudas, es pensar que la devaluación del 2002 fue el inicio del crecimiento económico, cuando la causa debería buscarse más bien en el default de la deuda externa posterior a las jornadas de 19 y 20 de diciembre de 2001, constitutiva de una victoria popular poco reivindicada. En esa lectura, la devaluación es el contraataque del poder económico más concentrado, permitiendo un aumento de la pobreza del 30 al 50% del total del la población.

Resulta sin dudas de interés saber qué perspectivas nos espera hacia el tan ansiado “segundo semestre”. Sin dudas habrá una recuperación de la demanda merced a tres factores: por un lado, las paritarias conseguidas aunque sean por debajo de la inflación esperada de 40% para este año, permitirán una recuperación parcial del poder de compra de los trabajadores. Por otro lado, el gobierno deberá retomar las obras públicas suspendidas en diciembre, lo que impulsará el sector de la construcción y las industrias conexas. En tercer lugar, la cosecha hará ingresar divisas hasta julio que garantizan un tipo de cambio estable y por lo tanto, una mejora de los salarios en dólares.

Claro que esto no es el set de variables que quisiera el gobierno actual, más apegado a la idea de un tipo de cambio alto -idea que prevalece en es el sector agropecuario, aliado clave. Pero terminada la cosecha, parece primordial que el gobierno consiga dólares para financiar la fuga de capitales hasta fin de año. Si la apuesta es hacia lo financiero (deuda pública o inversiones de cartera), entonces necesita un tipo de cambio bajo para asegurar la salida sin riesgo del capital. Sin dudas la puja entre el sector financiero y el sector agropecuario, los dos pilares sectoriales de este proyecto neoliberal, definirá el sesgo económico del modelo. En el 55, el 66 y el 76, luego de alguna intentona del sector agropecuario vía devaluación, siempre terminó prevaleciendo el sesgo financiero o de las empresas transnacionales para lograr un tipo de cambio bajo. En los noventa, el modelo de tipo de cambio bajo predominó con el apoyo de las privatizadas. Es de esperar por lo tanto que esta puja al interior del bloque de poder la termine ganando el sector financiero, lo que para el gobierno sería conveniente: de lograr prevalecer el sector agropecuario, una nueva devaluación nos volvería a colocar en el punto inicial de esta aventura, en el cual el segundo semestre sería muy parecido al primero.