La extorsión es una arma cargada de "futuros"

20/04/2016

Estanislao Malic y Genaro Grasso

Las recientes indagatorias a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Econom

ía, Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli por la venta de futuros de dólar previa al 10 de diciembre muestra otro intento del macrismo de judicializar una política económica autónoma y soberana. La cual, además, es llamativamente conocida por cualquier banquero central y que no tiene antecedentes de haber llegado a tribunal alguno en el mundo. La misma persiguió el objetivo de limitar las presiones devaluatorias, evitando un alza brusca de las tasas de interés, y contener los fuertes impulsos de inflación cambiaria que se percibían previa asunción del entonces electos presidente Mauricio Macri.

El instrumento en el centro de la disputa es el futuro de dólar, un instrumento financiero derivado de la cotización que tendrá el tipo de cambio oficial en los próximos meses. El mecanismo por el cual opera es sencillo: el comprador de un futuro de dólar pacta con el vendedor un tipo de cambio a un determinado plazo, digamos $15,50 a tres meses por ejemplo. A la fecha de vencimiento del contrato, si el valor de la divisa estadounidense es de $17,50, el vendedor deberá entregar $2 al comprador; si vale $13,50, la relación se invierte y es el comprador del futuro el que deberá realizar el depósito en la cuenta del vendedor. Es de destacar que dicho pago se realiza en moneda local y no en dólares. Esta herramienta se puede utilizar tanto para especular como para cubrir operaciones de comercio exterior.

En pleno escenario electoral, frente a la incertidumbre producto del tipo de cambio que establecería el gobierno entrante, los precios de los contratos a futuro se dispararon. Muchos querían cubrirse de futuras devaluaciones. Los importadores particularmente deben hacerlo, en caso contrario su opción es aumentar los precios de forma exorbitante para asegurarse tener los pesos necesarios para afrontar en el futuro un tipo de cambio totalmente desconocido. La respuesta del Banco Central no se hizo esperar, así como compra y vende dólares a fin de estabilizar su cotización, lo mismo hizo con los dólares a futuros: vendió para contener las presiones alcistas y mantener las variables macroeconómicas estabilizadas. Un tipo de cambio (presente o futuro) descontrolado es la principal fuente de inestabilidad y crisis en un país periférico como Argentina. Insistimos, esta operatoria no compromete las reservas, ya que la totalidad de la operatoria se realiza en pesos.

El argumento del juez Claudio Bonadío para acusar a la ex presidenta, a Kicillof y Vanoli es la defraudación contra la administración pública. Según los denunciantes de Cambiemos, Federico Pinedo y Mario Negri, la compra de los futuros se podría haber realizado al precio en el que se operaban en Nueva York ($15,50) y así evitar pérdidas en el patrimonio del BCRA ante una eventual devaluación.

En la denuncia, hay varias cuestiones teóricamente erradas que reflejan todo un modo de pensar la política económica en el macrismo. Para comenzar, a pesar de su nombre, un banco central no es un banco, y no es su obligación reportar ganancias o poseer un patrimonio neto positivo. En última instancia, la distribución de utilidades del BCRA es sólo una forma de financiamiento en pesos del Tesoro Nacional, al igual que los tan criticados adelantos transitorios. Pero tampoco hay alguna razón macroprudencial para poseer patrimonio neto positivo: el Banco Central de Chile, reconocido por sus supuestos logros en cuanto al combate de la inflación, solo ha tenido patrimonio neto positivo en 2 años (2001 y 2002), desde 1997 a la fecha, con gobiernos progresistas y conservadores por igual. En la actualidad, el patrimonio neto es de -1.975.000 millones de pesos chilenos (lo cual significa poco y nada, ¿alguien conoce una empresa que tenga la capacidad de emitir billetes como lo hace la principal institución monetaria?).

El otro argumento es el de los potenciales beneficios del arbitraje: según Pinedo, Negri y Bonadío, los grandes bancos y las cerealeras podrían comprar futuros en el mercado local a $10,60 con vencimiento a marzo, y vender en el mercado de Nueva York a $15,50, por lo que se llevarían grandes ganancias a costa del Central, que tendría que emitir $70.000 millones. No es correcto, sin embargo, que las empresas hayan podido realizar tal arbitraje, al momento de realizarse la política citada las restricciones cambiarias impedían explícitamente esta operatoria. La empresa que deseara “arbitrar” entre Nueva York y Buenos Aires, debería comprar un futuro en la plaza local, comprar dólares en el mercado spot, fugarlos a Manhattan y utilizarlos para pagar el resultado del contrato vendido en el exterior, algo que no se podía realizar. Si hubo esta clase de operaciones, la justicia debería estar persiguiendo a la empresa que la realizó, en vez de atacar la política económica. Aún hoy existen costos administrativos, de transacción y limitaciones para operar en ambos mercados. En estos días, el futuro en Nueva York a 12 meses es de $18,25, mientras que en Buenos Aires es de $14,72. Si realmente hubiera arbitraje, sería imposible una diferencia de precios de $3,50 entre los dos precios.

Por último, es importante recordar que ni Kirchner, ni Kicillof y ni Vanoli devaluaron (cabe destacar que tampoco resultaba indispensable hacerlo). Para que puedan ser culpables de defraudación de la administración pública, deben haber cometido el delito por el cual se los acusan. Pero el gobierno anterior dejó el poder el 10 de diciembre sin haber devaluado, en línea con la curva de contratos de futuros. La actuación del anterior gobierno pudo ser objetable para la oposición, pero fue consecuente con su política económica.

¿Por casa cómo andamos?

La judicialización de una decisión soberana por parte de un gobierno abre las puertas para cuestionar las medidas del macrismo. Según los denunciantes, el problema es que el BCRA podría haber ganado más con la devaluación. Bajo el mismo argumento, y teniendo en cuenta que el salto cambiario mejoró el patrimonio del Central, ¿por qué no poner el tipo de cambio en $50 y obtener más ganancias? ¿Por qué en vez de eliminar las retenciones a la minería no se las duplicaba, para ganar $6.600 millones anuales? ¿Por qué no aprovecha el Central la diferencia de futuros para comprar a $14,70 y vender en Nueva york a $18,25 y obtener la diferencia? ¿Por qué devaluó inmediatamente y no esperó tres meses a que los contratos a futuro pactados por la gestión de Vanoli vencieran? Si el mercado bancario llegó a aceptar tasas del 28% de Letras del Banco Central (Lebac) y ofrece tasas aún menores a los ahorristas de plazo fijo, ¿por qué no sitúa las tasas de Lebac entre 28% y 29%, ahorrándose unos $4.300 millones en los últimos 3 meses? ¿Por qué el Banco Central pide dinero prestado emitiendo letras si no lo necesita para nada? Así se hubiera ahorrado $32.000 millones. ¿Por qué no ahorrarnos U$S 12.500 millones de deuda evitando pagarle a los fondos buitre?

Todas esas decisiones no se pueden judicializar porque son parte de la política económica del nuevo gobierno. Una política que sólo se puede contar en éxitos: la devaluación, la quita de retenciones, el tarifazo, la desregulación del sistema financiero y de la compra de dólares lograron una aceleración de la inflación que supera el 40% interanual, 100.000 nuevos despidos con 300.000 puestos de trabajo en riesgo, 1,5 millones de nuevos pobres y una caída de 5,8% de las ventas minoristas según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Todo ello afirmado en el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo: U$S12.500 millones para pagarle a los buitres, U$S5.000 millones de repo con la banca internacional, U$S1.250 millones para la provincia de Buenos Aires y U$S1.000 millones para YPF. Para peor, sin pagos de deuda significativos las reservas internacionales están en niveles inferiores a septiembre de 2015.

Tal vez, perplejos porque la realidad económica no responde como esperaban, rezan porque un juez pueda indicar como deberían (parar ellos) funcionar las variables. Quizás fallando en contra de la inflación la misma desaparezca.

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