Por Lorena Putero

En el año '44 en la Argentina se sanciona el estatuto del peón que garantizaba salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de abrigo, espacio e higiene en el alojamiento del trabajador. Esta ley como muchas otras fueron derogadas durante la última dictadura militar, lo que devolvió a las estancias sus antiguas prácticas semi-serviles y paternalistas que provenían de la era colonial. En estas últimas semanas tuvimos pruebas de que esa situación continúa agravándose.

A través de pocos medios de comunicación se han dado a conocer en distintas provincias, las condiciones de trabajo a los que son sometidos los trabajadores rurales  por grandes empresas agropecuarias, como NIDERA S.A., que en muchos casos se asemejan a la servidumbre. La respuesta de los sectores de capital concentrado del ámbito rural, vino de la mano de Hugo Biolcati, representante de la Sociedad Rural Argentina e integrante de la mesa de enlace, definiendo en una entrevista realizada por María O´Donnell y Edgardo Alfano (en el programa de radio Tempranisimo) que estos actos son “un tema puntual que no se puede generalizar de esa manera y tampoco se puede ante un problema tan acuciante como el que tienen los productores de trigo”, frase que pone en evidencia el debate de los productores de trigo es sobre el margen de ganancia y no sobre condiciones de trabajo y subsistencia de las personas.

Siguiendo esta línea podemos ver que los primeros “hechos puntuales” se dieron a conocer en noviembre de 2010, con las condiciones de salubridad de las granjas de la Empresa “Nuestra Huella”, líder en el mercado de productos avícolas y con clientes como Carrefour. La empresa imponía niveles de productividad a los que un solo trabajador le era imposible arribar en las condiciones previstas por esta. Con ello, el trabajador – jefe de hogar, estaba obligado a incorporar a la familia, mujer e hijos, a las tareas de cría y cuidado de animales. Por este trabajo familiar, el hombre percibía el ingreso, a costa del sometimiento de la familia completa a condiciones insalubres. Estas prácticas habían sido denunciadas por la organización social “La Alameda” que lucha contra el trabajo esclavo e insalubre, pero salió a la luz cuando  Ezequiel Ferreyra, de 6 años, uno de los niños que trabajaba allí con su familia, enfermó gravemente y murió de un tumor en la cabeza a raíz de la manipulación indebida de agroquímicos.  Esta misma organización afirma que aún existen 200 niños trabajando en las mismas condiciones.

En el mes de diciembre, salieron a la luz más “hechos aislados”en el diario Página 12, único diario que denunció la problemática. Uno de ellos fue la visibilización de más de 300 personas trabajando en condiciones de servidumbre, desconociendo sus formas de cobro de ingresos por su trabajo, con importantes carencias de salubridad en las actividades y, en algunos casos, con retención de los documentos personales. Estos “hechos aislados” ubicados en la Provincia de Buenos Aires implicaron a las empresas agrícolas NIDERA S.A. de San Pedro (130 trabajadores), Southerns Seeds Prod. ubicada en el Paraje La Luisa (69 trabajadores) y en Ramallo (35 trabajadores),  y Satus Ager ubicada en Arrecifes (179 trabajadores), y fueron responsabilizadas por las condiciones en las que los trabajadores contratados desarrollaban las actividades. Recién ante estas evidencias, intervino la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que se sumo a los allanamientos y descubrió más de 500 trabajadores en condiciones parecidas en la localidad de Ramallo.

También se han pronunciado al respecto, los movimientos campesinos que no ven estas prácticas como “hechos aislados”. El Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR) denunció la existencia de trabajo en condiciones de servidumbre en zona fronteriza por parte de hermanos paraguayos. Los establecimientos ganaderos de la provincia de Formosa, como la empresa Caminos Ganaderos, traen a los trabajadores de forma ilegal al país y con las mismas prácticas ya descriptas.

Las prácticas que están llevando adelante grandes empresas agropecuarias no son nuevas, sin embargo, cada vez se visibilizan más. En el año 2008 en pleno conflicto por la aplicación de las retenciones, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MOCASE) denunciaba en un comunicado, nunca difundido por los medios de comunicación monopólicos, pero que circuló vía correo electrónico, páginas de internet de los movimientos sociales y el Diario Página 12, que: la concentración, el desmonte y los desalojos llevan a las familias a dejar sus pequeñas producciones y migrar a las ciudades o quedar merced de los explotadores sin escrúpulos; como así también los problemas de desempleo y salud ocasionados por una tecnificación y utilización de agroquímicos, ambos centrados en aumentar los rendimientos de la tierra y la acumulación de la ganancia, en detrimento de la erosión y contaminación de los recursos naturales, que impacta directamente en la producción de alimento saludable y las condiciones del trabajo. Se suma a estas problemáticas, que la explotación de los trabajadores del campo, donde el 75% trabaja en negro (Ministerio de Trabajo de la Nación), tiene como agravante que el salario que obtienen en diversas ocasiones no lo reciben en dinero, sino que se les paga con la comida y la vivienda a precios que el patrón decide. Pese a la información que circuló el MOCASE, sobre la nocividad del modelo de acumulación agropecuario, una vez más gana el capital concentrado y se pone por sobre la vida de las personas, las condiciones de trabajo, la sustentabilidad del medioambiente y la erosión de las bases materiales de la vida, la acumulación de la ganancia. Las grandes empresas agropecuarias que se presentan como paladines del crecimiento económico no toman en cuenta que, en muchos casos, son responsables del crecimiento de la pobreza, del aumento de la precariedad del trabajo y el desgaste y contaminación de la naturaleza.

Por ejemplo, para Ernesto Ambrosetti, economista del Instituto de Estudios Económicos de la Rural (IEE), “Muchos productores tienen la voluntad de blanquear a sus empleados, pero estos se niegan porque dicen que de ese modo perderían los beneficios de planes sociales que cobran” según argumentó a Tiempo Argentino (03 de agosto de 2010). Frente al planteamiento de Ambrosetti, proponemos otra lectura de la realidad: el trabajador quiere preservar el plan social, cuando éste es el único ingreso estable que tiene la familia para subsistir, ya que la oferta de trabajo en el sector rural es temporaria, mal remunerada y en condiciones precarias, que lleva a los trabajadores a no querer perder lo más seguro que tienen. Así también se pone en evidencia cuánto le pagan a los trabajadores rurales por sus 12 horas de trabajo al sol como para que necesiten un plan social. Los mismos que cuestionan las decisiones de los trabajadores que reciben la asignación universal por hijo, entendido como un derecho adquirido, o accede a un programa de ingreso y trabajo como el Argentina Trabaja, y que sostienen que “ya no quiere trabajar nadie”, proponemos otra reflexión: ante los degradantes ingresos que “intentan” satisfacer necesidades básicas, el trabajador “ya no quiere aceptar  trabajar en condiciones infrahumanas”.

Es central que el Estado intervenga en esta problemática y participé conjuntamente con movimientos sociales en la lucha contra el trabajo esclavo, que impacta en la calidad de vida de las personas. En este sentido la iniciativa de presentar una ley para encuadrar a los peones rurales temporarios es necesaria y fundamental (propuesta rechazada en estos días por la Mesa de Enlace y la UATRE) Sin embargo, este no es un problema sólo del campo, en las zonas urbanas también se evidencian casos de talleres clandestinos o trabajo precario en el sector de la construcción, que son noticias permanente en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Estos hechos que han causado muerte y problemas de salud a los trabajadores, se debe a que en los últimos 40 años las estrategias de las empresas capitalistas a nivel mundial, tendieron a la reducción de los costos vía precarización del trabajo: empleos desprovistos de cargas sociales, sin jubilación, ni acceso a la salud, sin protección laboral y de riesgos del trabajo, con contratos inestables, de corta duración, desarticulación de los sindicatos y relaciones de autoempleo que obligan a la inscripción en el monotributo, responsabilizando a los trabajadores sobre sus condiciones. Esta situación de por sí inestable es aún mas grave en el trabajo rural, sector que siempre ha sido víctima de las peores abusos.

Por lo expuesto, es necesario reflexionar y debatir sobre el modelo económico y social que queremos: 1. un modelo de libre mercado y acumulación de la ganancia que explota al hombre y la naturaleza, como pilares de la sociedad; o 2. un modelo basado en la reproducción de la vida, la centralidad del trabajador, mejores condiciones de trabajo, cuidado de la naturaleza como base material de la vida, redistribución de la riqueza, etc. No es tarea sencilla revertir décadas de neoliberalismo y modificar la estructura de poder. Si es importante resaltar el rol del Estado en el cambio de correlación de fuerzas y la viabilidad de llevar adelante un proyecto con las características mencionadas.

Podemos plantearnos una discusión más profunda aún, y es la necesidad de “repensar la economía” de recuperar el sentido de la economía para convertirla en un sistema de instituciones y prácticas que incluya a toda la sociedad, como sujetos de derechos. Por ende, la equidad e igualdad en las condiciones de vida, de trabajo y de obtención de ingresos, son aspectos que juegan un rol central.