Por Carla Degliantoni

El Decreto N° 1.602 dio origen en la Argentina a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), medida de un alto carácter progresivo y cuyos  beneficiarios son los niños y jóvenes menores de 18 años.

La AUH consistió en la extensión de un derecho que poseían solo los trabajadores registradores, a través de la asignación familiar por hijo, cuyo objetivo era y sigue siendo otorgar al trabajador un plus de dinero proporcional a la cantidad de hijos que tenían a su cargo, garantizando un ingreso mínimo al hogar independientemente de las horas trabajadas.

Dadas las características del mercado laboral argentino- informalidad del 35% y desocupación del 7%- la extensión de la asignación familiar por hijo a aquellos trabajadores no registrados y desocupados tiene un alto carácter progresivo, ya que les otorga a aquellas familias con hijos un ingreso fijo que antes no poseían.

Cabe destacar que el mayor impacto de la AUH fue en aquellas familias con hijos bajo la línea de indigencia, reduciendo significativamente dicho índice y también tuvo alcances sobre el índice de pobreza, pero en una menor proporción.

Entones, lo que se observa es que los principales beneficiarios de esta medida son las familias con hijos de escasos recursos y la AUH funciona como un estabilizador de ingresos ante la volatilidad que los mismos presentan para este tipo de familias (trabajo no registrado, temporario, etc).

Si embargo, en un contexto inflacionario la AUH pierde su poder de compra y por ende la planificación del hogar entorno a este ingreso se reduce. Es por ello que nos parece importante garantizar el poder de compra de esta política y que la misma no dependa de de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, como sucede hoy en día.

Para ello, se podrían pensar en soluciones como la que se han implementado con las jubilaciones, las cuales se ajustan dos veces por año según lo que dice la Ley que lo reglamenta. De aplicarse un sistema parecido a las asignaciones familiares, se garantizaría el ajuste de la misma ante la variación de precios y ya no dependería de la voluntad, hasta ahora muy positiva, del Poder Ejecutivo.