Política y sociedad

La noche del 19 de agosto pasado, en la Villa 31, dos adolescentes fueron baleadas por un suboficial de la Prefectura Naval. Una de ellas, de 17 años, fue asesinada por el prefecto que alegó en su defensa que una de ellas le apuntó con una escopeta recortada. La noticia no terminó allí ya que después del hecho la ira de un grupo de vecinos del barrio estalló contra la prefectura y luego contra la infantería, que junto a la policía se presentaron en la escena para “reforzar la seguridad”. Casi como de costumbre en ninguno de los relatos periodísticos detallaba con precisión las circunstancias que rodean al hecho, así como tampoco apareció la supuesta escopeta que llevaba una de las jóvenes. Es más, el arma que había visto el prefecto era una escopeta de fabricación casera, también llamada “tumbera”, y otras versiones dicen que era simplemente un cabo de madera atado a un caño.

Un mes después comienzan a aclararse los hechos, que parecen dar la razón a quienes afirmaban que era otro caso de gatillo fácil. Pero un mes después los detalles reales del incidente ya no importan. La opinión pública es saciada inmediatamente si existe cualquier motivo o causa que sirva de justificación de la acción del prefecto. Detrás de cada batalla de la “lucha” contra la “inseguridad” hay siempre un sinfín de historias difusas y versiones encontradas. Todas esas historias mediáticas resumen la pobreza en sus epifenómenos y todas las acusaciones conducen a la supuesta vida ociosa e inmoral del pobre; en los blogs y en la calle, el “vecino” clama venganza contra la “paquera”, “falopera”, o en general contra los “negros”,”pobres” y “vagos”.

Más allá  de los pormenores del discurso y la opinión pública, para cualquier ojo crítico los números de la “inseguridad” levantan sospecha: en la Provincia de Buenos Aires, entre 1998 y 2008, la tasa de encarcelamiento se duplicó y ahora alcanza a los 183,5 presos cada 100.000 habitantes*. En diciembre del año pasado el total de presos en territorio bonaerense, el terreno más fértil para el negocio de la (in)seguridad, casi llegaba a los 28.000* (entre penales y comisarías). Estos números nos hablan de la población más vigilada con 40.000 agentes privados que casi equiparan a los 50.000 de la bonaerense, la mayor fuerza de seguridad del país**. Más de 1.300 agencias privadas de seguridad venden sus servicios y reclutan personal sólo en Capital y Provincia de Buenos Aires, y más de 10.000 videocámaras de seguridad han sido instaladas en todo el país en lo que va del 2009**.

La industria de la delincuencia es un negocio multimillonario. Y detrás de todo gran negocio hay siempre un buen plan de ventas y una publicidad efectiva, es por eso que el matrimonio entre pobreza y delincuencia no es ninguna arbitrariedad periodística. Para las constructoras y las empresas de seguridad donde se depositan los residuos de las fuerzas policiales, el índice de criminalidad interesa más que las oscilaciones del MerVal y el dólar: el negocio crece si la violencia cotiza en alza. En este mercado el vecino temeroso que disfraza la propia opinión con el discurso de la inseguridad es el mejor cliente y la mejor propaganda.

* Datos del Informe sobre los DDHH en Argentina del 2009 realizado por el CELS disponible en: www.cels.org.ar

** Datos tomados de www.clarin.com.ar y www.lanacion.com.ar