Compartimos con nuestros lectores y lectoras la disposición N° 15-2012 del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la cual se informa la decisión de integrar y fusionar grados y cursos de escuelas de educación primaria, media y técnica.

Esta disposición, de fecha 29 de Febrero del 2012, ha provocado múltiples resistencias por gran parte de la comunidad educativa, que van desde abrazos a las escuelas, pancartas, carpas, movilizaciones y marchas, entre otras iniciativas.

¿Por qué consideramos que esta medida es cuestionable?

Porque lo que subyace bajo los términos “fusión” e “integración” que utiliza el macrismo es una visión empresarial de la educación, en términos de reducción de costos para la maximización de beneficios. El cierre de cursos que contengan una baja cantidad de estudiantes implica una nueva organización de la comunidad educativa, en la que tanto docentes como estudiantes verán alterados sus roles dentro de esta. Se pretende reubicar a los y las estudiantes en una escuela que el macrismo considere (no necesariamente es la propia ya que depende de la cantidad de secciones que haya por curso), sin importar el sentido de identidad de los tales respecto al lugar de estudio, el barrio del cual es parte, la lejanía del hogar, la época del año en que se toma la medida y sin garantizar fehacientemente la fuente de trabajo de los docentes que estaban frente a cada curso antes de la fusión.

Porque esta medida expresa una vez más la política avasallante contra la escuela pública, donde se toman medidas sin considerar a los actores involucrados y donde se trasluce que los estudiantes y maestros son considerados  como objetos posibles de insertarse en el lugar donde mejor le parezca a la gestión.

Porque mientras el gobierno pretende cerrar cursos de la escuela pública, aumenta los subsidios a las escuelas privadas. Este punto no solamente resulta inadmisible desde el punto de vista de la (in)justicia social que pone de manifiesto. Se agrava con medidas concretas que rozan la ilegalidad manifiesta. Recientes denuncias acerca del otorgamiento de predios para escuelas privadas como la Oakhill School, donde estudian los hijos del Ministro Bullrich- es un ejemplo contundente y nada metafórico.

Porque con esta medida pretende mostrar a la opinión pública que sobran escuelas y grados, cuando esto no es así y a su vez, muchos establecimientos se encuentran en paupérrimas condiciones edilicias dependiendo de las zonas en las que se ubican: mientras se cierran cursos y grados, en la zona sur de la Ciudad faltan aulas por la
cantidad de estudiantes que hay en cada barrio.

Porque el macrismo utiliza argumentos como los de mejorar la calidad en el aprendizaje o el de asegurar el ejercicio del derecho a la educación, para luego referirse a la educación como un servicio: si es un servicio, no es un derecho. De esta forma, el macrismo se posiciona en la línea ideológica de quienes creen que hay que pagar por la educación, mientras que si se habla de derecho a la educación, se remite a que debe ser universal (para todos y todas), exigible, inherente a toda persona, integral (porque para ser garantizado el derecho a la educación deben verse garantizados otros derechos, como el de la salud, la vivienda, la identidad, etc) y con un Estado que debe ser garante de asegurar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Porque la apertura de aulas para nivel inicial no puede depender del cierre de cursos de otras áreas o niveles, tal como da a entender la disposición.

Porque la integración de cursos no es condición necesaria para desdoblar las aulas saturadas en zona sur, sino que la solución pasa por construir escuelas
y habilitar más aulas y no menos.

Como marcamos en notas anteriores, sobran los motivos para decir que la política educativa del gobierno macrista a través de sus iniciativas y acciones tiende a la privatización y mercantilización de lo que es un derecho: el Derecho a la Educación. Así, se observa cómo sistemáticamente avanza contra la educación pública en la Ciudad; y como todo proyecto político conlleva un proyecto educativo, cabe preguntarse  ¿qué futuro hay en una Ciudad en la que se pretende privilegiar a los que más tienen?

Compartimos con ustedes la disposición N° 15 y allí podrán sacar sus propias conclusiones…

Para ver la disposición haga click aquí Disposición 15/2012