Desde el año 2012, los trabajadores del programa Orquestas Infantiles y Juveniles, dependiente de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, vienen denunciando distintas medidas que se implementan y que, afirman, apuntan a su destrucción:

• Quita de subsidios a las cooperadoras para la compra y reparación de instrumentos y otros insumos;

• Reducción en las viandas que reciben los chicos durante los ensayos;

• Dilación en la aplicación de la Ley 3623/2010 que establece el pase a planta de los trabajadores del proyecto;

• Cancelación de conciertos y falta de apoyo para presentaciones internacionales.

Desde la Subsecretaría de Equidad Educativa presentan argumentos para llevar adelante estas medidas, como la centralización del gasto para reducir costos o la política de “vida saludable” para disminuir las raciones de comida (se ha cambiado un sándwich que recibían los chicos como refrigerio por una barra de cereal y una fruta).

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Respecto a la aplicación de la Ley 3623/2010, a fines de 2012 se firmó la resolución 700/12 que pasa a planta transitoria a los trabajadores del programa, aunque dicha resolución deja afuera a 35 de ellos. Ana Ríos (Secretaria Gremial de UTE) en declaraciones a la prensa informa que desde el Gobierno de la Ciudad justifican la medida argumentando que estos trabajadores no son considerados docentes ya que se desempeñan como “asistentes técnico-pedagógicos”. Sin embargo, la Ley 3623, los incorpora en su artículo 2. Por su parte, desde la cartera educativa informan que “se está trabajando en el tema”.

Los trabajadores y estudiantes del proyecto manifestaron su preocupación ante estos hechos haciendo público su reclamo mediante conciertos que desarrollaron ante el Ministerio de Educación porteño y la Jefatura de Gobierno. A pesar de ello, la Subsecretaria de Equidad Educativa, Soledad Acuña, no los ha recibido. La principal causa de esta preocupación es el retiro del Estado y la contratación de ONGs en el área Socioeducativa (política que ya se ha dado en otras áreas - como la de Atención de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) para el dictado de talleres que hoy realizan los trabajadores no reconocidos.

El proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles tiene 16 años y en ellas participan alrededor de 1.700 niños y adolescentes de los barrios más vulnerables de la Ciudad. Sus objetivos apuntan a la inclusión en la cultura de sectores que de otra forma estarían alejados de esta posibilidad, apuntando a la formación y expresión musical, además de ser una herramienta para la permanencia en el sistema educativo. Las orquestas han sido reconocidas por numerosas figuras nacionales e internacionales de la cultura, dado la calidad de las mismas, fruto del esfuerzo de sus trabajadores por sostener el proyecto a pesar de las medidas que van en detrimento de él. El mismo Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, manifiesta el éxito del proyecto, sin embargo las medidas que vienen tomando desde 2012 apuntan a su vaciamiento.

¿Por qué hablamos de vaciamiento? No es justificable mediante argumentos de eficacia en el gasto y reducción de costos que los insumos para que las orquestas funcionen lleguen con demora a las instituciones, tampoco es justificable que los niños y adolescentes que participan hoy reciban una comida disminuida, siendo que para muchos de ellos posiblemente sea la comida más importante del día. Tampoco puede justificarse con argumentos falaces la precarización laboral en la que se mantiene a muchos de sus trabajadores ya que la Ley 3623 los reconoce; en este sentido, la decisión tomada de no incorporarlos a la planta funcional podría llevar a su alejamiento, rompiendo así equipos de trabajo conformados entre los compañeros y con los mismos estudiantes.

Las decisiones políticas no son ingenuas, ni responden a la impericia de los funcionarios, sino que se enmarcan en un proyecto político. Sabemos que el neoliberalismo ha desplegado y despliega su poder de diversas maneras, encontrando resistencias y grietas que van conformando un escenario complejo. Hablamos de librar la batalla cultural partiendo de la idea de que en cada momento histórico hay fuerzas sociales enfrentadas que representan diversos intereses. Unos, defendemos lo público como aquello que es de todos y para todos, pensamos en términos de derechos sociales e interpelamos al Estado como el encargado de elaborar políticas que sean de carácter universal ya que es quien debe garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Otros conciben a la política pública, antes reservada al Estado, como una relación donde también intervienen las organizaciones privadas, y a la educación como una oportunidad. El temor a pensar que las ONGs aparecerán una vez más (ya que de ello hay sobrados antecedentes) se basa en la forma de hacer política de esta ideología, al igual que el mantenimiento en la precariedad e incertidumbre laboral de numerosos trabajadores. Las medidas destinadas a destruir el programa de Orquestas de la Ciudad es una forma más de negar derechos a una parte de la población: el derecho a la cultura y a la educación, también el derecho a permanecer en las escuelas.

Una más. La comunidad educativa se manifiesta y denuncia. La escuela pública, la escuela de todos, lucha y resiste.

Analía Peralta.

Observatorio de Políticas Educativas.