Por Pablo Imen*

La tragedia (anunciada) de la calle Mendoza es una consecuencia inevitable de la política pública de Macri, consagrada a asegurar los derechos de los especuladores inmobiliarios. Expresa una línea de continuidad con el (des)compromiso gubernamental en materia de infraestructura escolar, que transita entre el descuido y el negociado.

Si algún mérito puede atribuirse al (des)gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una perseverante consistencia con sus políticas de vaciamiento del espacio público y crecientes prebendas para el sector privado.

Detengámonos un instante en la política de “(sub)Desarrollo Urbano”. Es menester, si queremos hacer un análisis riguroso, indicar que las prácticas gubernamentales de descuido de la arquitectura de la Ciudad no comienzan con el actual Jefe de Gobierno, aunque Mauricio Macri potenció a niveles inéditos el nivel de descontrol sobre demoliciones y destrucciones en el territorio arriesgándose a cambiar por completo el panorama de la Ciudad en los próximos dos años de gobierno privatizador.

Como denuncia el periodista Sergio Kiernan en la edición de Página 12 del domingo 15 de agosto, durante “los dos primeros años del gobierno macrista se levantaron con permiso de obra- nadie sabe cuánto se hizo sin esos permisos- cuatro millones y medio de metros cuadrados de obra nueva”.

Cuando vemos el funcionamiento del dispositivo gubernamental queda clara la orientación de esta política: un número insignificante de inspectores, multas irrisorias, negligencia en los controles, nombramiento de funcionarios superiores de supina ignorancia sobre el tema, obstrucción a iniciativas legales que pongan límite a la construcción especulativa, destrucción de viviendas que constituyen un patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. En la última semana, ésto ha dado como resultado otra tragedia, como fue la caída de un entrepiso en el bar Beara, el cual ya había sido clausurado 2 veces (2008 y 2009), en uno de los casos por negarse al “procedimiento inspectivo”, y en el otro por funcionar como local bailable sin la habilitación correspondiente.

El periodista Kiernan relata un ejemplo ilustrativo: “En abril de 2008, un ‘empresario’ pidió permiso para destruir una casa histórica en la esquina de Bolívar e Independencia. El pedido asombró hasta al más gastado funcionario municipal, ya que el lugar tenía cuatro prohibiciones. Resulta que era la casa de Luis Benoit, el diseñador de la ciudad de La Plata, con lo que era Monumento Histórico Nacional y estaba catalogada por la Ciudad. Además, estaba en pleno San Telmo, área de protección histórica. Y, cuarto elemento, el pedido era para demoler la hermosa casa y hacer un estacionamiento ramplón, un uso que está prohibido directamente por el Código de Planeamiento Urbano para esa zona. El ‘empresario’ no se asustó e insistió con el pedido hasta que le explicaron que ni en sueños podría demoler el edificio y mucho menos abrir un estacionamiento. A fines de mes, el dueño de la casa Benoit hizo su truco final. Un llamado telefónico avisó a la Guardia de Auxilio del peligro de derrumbe de la fachada. Los guardias acudieron y comprobaron que no existía peligro alguno, recorrieron el edificio y se fueron, dejando como corresponde una copa de la actuación. Con el papel en mano, el especulador corrió al scanner y  se inventó un bonito permiso de obra trucho, que colgó en las alturas del andamio, donde fuera difícil leerlo. El jueves 1º de mayo, feriado profundo, una topadora destruyó la casa de apuro. Para la mañana del viernes se llevaban los últimos escombros. El tema fue un escándalo y los funcionarios se sintieron personalmente burlados, con lo que tronó el escarmiento. Al dueño del terreno le avisaron que nunca le darían la licencia para el estacionamiento y que sólo se podría construir dos tercios de lo demolido, de acuerdo con la ley de patrimonio. Al arquitecto que había recomendado la destrucción del edificio le cancelaron la matrícula en la Ciudad, lo mismo que a la empresa de demoliciones. Como la ley de patrimonio marca un castigo simple de metros cuadrados de menos, el lote sigue vacío. Pero el arquitecto rápidamente recuperó ante un juez su matrícula - por la libertad de trabajo - y la empresa de demoliciones  ni se molestó en darse por enterada. Las multas fueron tan bajas, que el principal costo del asunto fueron los honorarios de los abogados.”

Este ejemplo debe contrastarse, por lo demás, con la reducción sustantiva del presupuesto para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, la interrupción de proyectos de construcción estatales para viviendas populares, el recorte de fondos presupuestados a cooperativas de viviendas, algunas que tenían el terreno y otras que debían continuar la construcción.

Y por las escuelas

 A pesar del estado lamentable de las escuelas que admitió el primer ministro de Educación de Mauricio Macri - el inefable Mariano Narodowsky - pueden detectarse algunas decisiones de política de orientación muy clara.

Durante el bienio 2008-2009 se utilizó el 45% del presupuesto aprobado para infraestructura. Pero además, se redujo el monto asignado, ya que mientras en 2008 había previstos 317 millones de pesos para mejoras edilicias, en 2009 se disminuyó de 246 a 209 millones (que, por su parte, sólo se ejecutaron en un 20% para construcciones y ejecuciones). Y en 2010 se aprobó un gasto de 145 millones.

Un rasgo característico de la gestión es la oscuridad informativa, en la medida en que no hay claridad en los datos, no están desagregados por escuelas. Además de gastar poco y mal, se denunció la lentitud de las obras. A modo de ejemplo, en 2010 en el primer trimestre sólo se había ejecutado el 2% de los recursos asignados. En términos concretos: no se han realizado obras nuevas de escuelas ni se finalizaron obras ya iniciadas por las gestiones anteriores.

La Defensoría del Pueblo tiene contabilizadas 55 escuelas con problemas de gas. Y la Unión de Trabajadores de la Educación denunció 146 escuelas con problemas graves de infraestructura general.

La enumeración de las necesidades es extensa: se señalan fallas en los sistemas eléctricos por falta de mantenimiento - con paredes electrificadas -; bombas de agua sin funcionar; falta de gas y reemplazo por caloventores que hacen saltar las llaves térmicas; filtraciones en los techos, caídas de mamposterías, patios, aulas y baños inundados; rebalse de los desagües pluviales; pisos hundidos; escaleras; baños y aulas clausuradas sin refacción; vidrios rotos o existencia de vidrios en lugares prohibidos por la normativa; fallas en las salidas de emergencia; humedad en los cimientos; calderas sin funcionar; peligro de derrumbe en varias escuelas; espacios inutilizados por permanencia de material de obra; apuntalamientos riesgosos para los alumnos como el caso paradigmático del Mariano Acosta.

Las consecuencias de esta situación son de una gravedad indisimulable. Hay riesgos físicos evidentes, se afectan los procesos de aprendizaje y los vínculos; suelen suspenderse las clases por obstáculos estructurales lo que a menudo conspira contra la continuidad de los estudios de niños y jóvenes.

Lo notable es que frente a este escenario el gobierno de Mauricio Macri ha duplicado el aporte estatal a las escuelas privadas.

Si algo habrá que reconocerle a Mauricio Macri es su envidiable consistencia en una política que recupera las peores facetas del modelo neoliberal-conservador que en Argentina hizo eclosión en diciembre de 2001.

La privatizacíón del espacio público, el vaciamiento de la acción estatal y el desarrollo de una política represiva y punitiva constituyen elementos fundamentales de un gobierno que reveló su profunda imposibilidad de resolver problemas de la ciudadanía. Aristóteles señalaba que la “democracia” era el gobierno del mayor número a favor de los más débiles.

La política pública del macrismo ha concebido al gobierno como una empresa privada, y viene reconfigurando a la Ciudad como un escenario de profunda desigualdad e injusticia. El balance no puede ser más lamentable, y el desafío es resistir y unirnos entre quienes pensamos una Ciudad para todas y todos, sin patéticos exclusivismos ni inadmisibles exclusiones.

*Pablo Imen, Lic. en Ciencias de la Educación, Secretario de Investigaciones del CCC, miembro del Departamento de Educación del CCC y docente universitario.