Nuestra Gente

Página / 12 - Lunes 13 de julio de 2009

Econimía › Temas de debate: Política habitacional para los sectores populares

Revisar los programas

Por Valeria Mutuberría Lazarini *

En los últimos años, el crecimiento del Producto Bruto Interno ha mostrado tendencias alentadoras, acompañado de un crecimiento en diversos sectores, entre ellos el de construcción y servicios inmobiliarios. A partir de esta situación pretendemos plantear algunos puntos para reflexionar sobre las condiciones habitacionales actuales. Un análisis general de la situación permite señalar que el crecimiento económico aún no tiene efectos en el mejoramiento de las condiciones urbanas de la población, refiriendo al acceso, gestión y calidad de la vivienda, el suelo y los servicios públicos urbanos, que afectan a la sociedad en su conjunto.

Un tema importante y recurrente es el aumento considerable del precio de los alquileres por diversos aspectos -revalorización de las propiedades, escaso acceso a recursos para la compra de vivienda, entre otros- y que generan un importante impacto en el ingreso de los hogares. Asimismo, un alto porcentaje de los ingresos del hogar va destinado a cubrir necesidades alimentarias y al consumo de servicios públicos urbanos, por este motivo, a medida que la situación del hogar se precariza, mayor es el impacto en el presupuesto.

Por otro lado, en las últimas décadas la población en las villas y asentamientos precarios se ha incrementado notoriamente, al igual que su densificación, y la ampliación de la cobertura de servicios no tuvo impactos positivos en cuanto a la calidad. Estos aspectos impactan en la salud, la educación y las capacidades de trabajo de las personas.

Se añade la situación de estigmatización y segregación que sufren quienes viven en las villas, asentamientos y barrios humildes. En abril, el intendente de San Isidro construyó un “muro” en los límites con el municipio de San Fernando, con la finalidad de separar los barrios humildes y frenar la entrada de “delincuentes” al barrio de La Horqueta, bajo el discurso de la “inseguridad”. También ha sido noticia pública la existencia y acción de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que ha ejercido con total violencia los desalojos en la ciudad de Buenos Aires de aquellas familias y personas que viven en casas tomadas, en situación de calle y cartoneros, sin dar respuesta con planes de reubicación y de protección para esta población.

No debemos dejar de mencionar la situación de acceso a los servicios públicos, que luego del proceso de privatización, la provisión aún muestra ser ineficaz e ineficiente. A partir de estas condiciones, el acceso se restringe a los “clientes” con capacidad de pago para costear obras de infraestructura y consumo, generando desigualdades en la condiciones de vida de la población.

Es importante mencionar las respuestas que ha dado el gobierno nacional en materia de políticas habitacionales, que cuentan como principal objetivo a poblaciones de bajos recursos y en emergencia habitacional. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ssduv) se desarrollan distintos programas, como son: Plan Federal de Vivienda, Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), Plan de Emergencia Habitacional (conocido como “Techo y Trabajo”), entre otros.

Para alcanzar la mayor cantidad de población que vive en condiciones de precariedad, se deberían revisar los mecanismos administrativos y de redistribución de los programas habitacionales. Asimismo, la generación de estrategias de participación en el diseño de programas habitacionales contribuiría a una mejor respuesta de atención a las necesidades de la población implicada. En las últimas semanas el lanzamiento de créditos para viviendas otorgados por el Banco Hipotecario con fondos de la Anses generó expectativas entre aquellas personas que carecen de los recursos para acceder a la vivienda. Pese a ello, sólo acceden a este crédito sectores de ingresos medios de la población que cumplen con los requisitos de precalificación.

Otras formas de resolución son las experiencias asociativas cuyo objetivo es la resolución colectiva de las necesidades habitacionales. No les ha sido fácil su de-sarrollo, dado que cuentan con escasos o nulos recursos por parte del Estado y no existe normativa acorde que las regule. Un aspecto importante a reflexionar es el grado de mercantilización de las condiciones habitacionales: la vivienda y el suelo se compran y venden en el mercado a un precio determinado por la oferta y demanda, con el componente que en los últimos años se ha tornado una mercancía de especulación financiera; los servicios públicos urbanos están en su mayoría privatizados, y sólo acceden los “clientes” que pueden pagar la instalación y el consumo. La mercantilización a ultranza de las condiciones habitacionales tiene serios impactos en la calidad de vida, limitando el ejercicio del derecho a la salud, educación, desarrollo de capacidades de trabajo, entre otros.

* Economista-Magister en Economía Social. Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.