Los y las integrantes del Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación expresamos nuestra preocupación y más enérgico rechazo ante la represión sufrida por lo/as compañeros/as de Villa Soldati, y por las declaraciones discriminatorias de Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros funcionarios porteños.
En algunas declaraciones de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires se legitiman discursos donde se vincula de manera prejuiciosa y xenófoba a la delincuencia y el narcotráfico, con la población de origen extranjero. Estas palabras generan violencia y representan un serio obstáculo al cumplimiento de los derechos humanos.
Cabe recordar que la Ley de Migraciones 25871 del año 2003 (reglamentada en 2010) considera a la migración como un derecho humano y establece que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
Además rechazamos la complicidad de los medios de comunicación que des-informan bajo la falsa dicotomía “vecinos y okupas” discriminando y estigmatizando a un sector social víctima de políticas excluyentes como la subejecución de los presupuestos de las áreas sociales.
Por Cesar A. Zubelet, periodista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. (Artículo publicado en Miradas al Sur del 6-6-10)
En la última reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Aruba, Guillermo Zuloaga, presidente y uno de los accionistas fundamentales de Globovisión, había hecho referencia al Golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez del 11 de abril del 2002 afirmando “nosotros estamos en contra de lo que se realizó en aquel momento, si se hubieran hecho bien, quizás tuviéramos una Venezuela distinta hoy” y responsabilizó al líder bolivariano de “disparar y echarle plomo a los venezolanos”, durante el quiebre constitucional que coloco a Pedro Carmona como presidente por 48 horas.
Al respecto, la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz, señalo que el empresario mediático podría haber incurrido en “los delitos de ofensa o vilipendio, y de divulgación de información falsa”; e informó que sus dichos fueron denunciados por la Asamblea Nacional ante el Ministerio Público por tratarse de un “irrespeto a la primera autoridad venezolana y un atentado contra el propio Estado”. Por estas razones detuvieron y tras declarar en el Tribunal de Caracas, fue puesto en libertad pero con la prohibición de salir del país, Guillermo Zuloaga.
Globovisión, no solamente apoyo el golpe de estado en Venezuela en el 2002, sino que en Honduras, desde que se destituyo al Presidente Manuel Zelaya, minimizo y oculto las manifestaciones realizadas por las fuerzas políticas y sociales contra el nuevo gobierno dictatorial, avalando la salida obligada del mandatario constitucional; y por el contrario amplifico y difundió las concentraciones de los sectores golpistas.
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Por Alejandro Aymú *
El debate sobre una ley de servicios de comunicación audiovisual visibilizó a nuevos sujetos que hasta hoy siguen bajo las sombras de las grandes corporaciones mediáticas y sus negocios. Su aparición en el debate les otorga una legitimación que incomoda al “establishment” mediático, que les asigna un lugar marginal y estigmatizante.
Ingresamos al siglo XXI con un estallido social que los medios masivos reflejaron en sus programaciones, mediatizando un fuerte reclamo popular a la clase política bajo el lema “que se vayan todos”. En este escenario de rupturas los medios de comunicación eran testigos de la urgencia popular. Frente a esas fragmentaciones sociales y simbólicas comenzó a hacerse más evidente que hacía falta un replanteo de un sistema que políticamente se estrellaba contra el suelo. Hoy vemos que el que se estrella es el sistema financiero y que arrastra al político a tomar una postura clara frente a los representados. Las corporaciones financieras que operan en vastos sectores de la economía, conformando grupos económicos que manejan más de un rubro en la producción pero que responden a una misma sociedad también tienen sus aparatos mediáticos que actúan como poder.
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Intervención de Beatriz Chisleanschi, integrante de la UTPBA, en el debate sobre el proyecto de Ley para modificar la sanción por calumnias e injurias.
En principio quiero extender un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras del Departamento de Comunicación del CCC que siempre tienen en cuenta a la UTPBA a la hora de poner en debate y discusión temas que conciernen a la comunicación y al ejercicio profesional del periodismo, que, en sus diversas aristas, en definitiva siempre confluye en un mismo punto que es el Derecho Social a la Información. Un derecho que, a nuestro criterio es un derecho humano básico, integral e inter-conexo con otros derechos, por el cual los ciudadanos puedan conocer la información pública pero no sólo aquella que se produce desde la órbita del Estado, sino también la información privada que por su carácter estratégico de interés público afecta de distintos modos al conjunto de la sociedad, comprometiendo su desarrollo y futuro.
Pero hoy nos convoca uno de esas aristas, la que refiere a Calumnias e Injurias y que justamente atenta contra ese Derecho Social.
En principio considero importante subrayar que cualquier debate o análisis que se de en este sentido, apela a una mirada más amplia que cualquier mirada profesionalista, me refiero a una mirada más democrática, decididamente social y solidaria y no apenas corporativa.
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Procesando ...
