Por Luciana Mignoli, periodista e investigadora del Departamento de Comunicación del CCC
Me ofrecen un megáfono para hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Inmediatamente, la memoria me trae recuerdos de radios abiertas en plazas públicas, donde nos encontrábamos para decir, contar, bailar, gritar. Y el megáfono, ahí solito, como herramienta que pasaba de mano en mano para construir juntos.
Ahora lo tengo en la mano y me quema. Me quema y me enciende la posibilidad de amplificar, a través de este medio, lo que pienso, lo que siento y que lo vivo en relación a este debate. Un debate que me atraviesa el cuerpo. El mío y el nuestro como sociedad, como colectivo. Porque si hoy estamos debatiendo este tema es porque hombres y mujeres le pusieron el cuerpo a esta causa durante muchos años. Innumerables organizaciones vienen exigiendo desde la restitución democrática una nueva norma que regule las comunicaciones. Y esa batalla a algunos les costó la vida. Como a Mario Bonino.
La ley vigente es un decreto que no sólo formó parte de un aparato genocida sino que sirvió para consolidar un modelo político y económico, modelo de concentración de capitales que se profundizó en la década del ´90 y que permitió la monopolización del espectro radiofónico.
Ese espectro se nos presenta intangible porque estamos hablando de ondas que no podemos ver. Si debatiéramos territorio o alimentación, claramente podríamos decir que se trata de temas que integran nuestra soberanía como país. Pero esas ondas también son públicas. Nos atraviesan a todas y a todos. Ondas por las que transmiten emisoras de radio y de televisión y que son nuestras, que nos pertenecen. A las que tenemos derecho a debatir quién y cómo las usan. Qué identidades construyen y qué objetivos persiguen.
Vemos hasta el hartazgo a medios que se jactan de ser “la voz de la gente”. Que se pretenden inclusivos porque te permiten enviar una foto. “Periodistas” que sólo son propaladora/es del pensamiento hegemónico o que, en el mejor de los casos, piensan que pueden ser “la voz de lo que no tienen voz”. Para que nada ni nadie se apropie de nuestra palabra, la estrategia es clara: construir comunicación propia, como venimos haciendo desde los medios comunitarios hace muchos años.
La concentración no sólo es económica y material, sino también simbólica. Y es el campo de los discursos desde donde podemos construir otros mundos posibles, desde donde podemos hacer una “resistencia semiótica” al modelo imperante. La ley es un instrumento valiosísimo que va en ese sentido: entiende a la comunicación como un derecho y no una mercancía; como un servicio público y no sólo como una actividad comercial.
La sanción de la ley es indispensable, pero no garantiza en sí misma la materialización de un sistema democrático de medios. Porque democratizar las comunicaciones implicaría también lograr una democracia económica. Su posible sanción no va a cambiar el mapa de medios de la noche a la mañana. No alcanza con permitir legalmente que los sectores sociales puedan tener sus propios medios, si no se instrumentan los mecanismos para tener el acceso económico y formativo que hoy no están disponibles.
Pero tampoco podemos permitir que se dilate más, que los legisladores no debatan, que los medios desinformen. Por primera vez en casi 30 años, esta discusión está en la agenda pública. Ya nadie puede desconocer que necesitamos un nuevo marco jurídico (no sería “políticamente correcto”). Así que espero, que al igual que tantas y tantos trabajadores, periodistas y organizaciones; que diputadas/os y senadoras/es le pongan el cuerpo al debate y sancionen una ley que nos represente, nos incluya y nos potencie.
* Periodista, investigadora y docente universitaria
*Publicado en el Suplemento Las 12, de Página 12, del 9 de octubre de 2009.
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