Por Luciana Mignoli, periodista e investigadora del Departamento de Comunicación del CCC
Me ofrecen un megáfono para hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Inmediatamente, la memoria me trae recuerdos de radios abiertas en plazas públicas, donde nos encontrábamos para decir, contar, bailar, gritar. Y el megáfono, ahí solito, como herramienta que pasaba de mano en mano para construir juntos.
Ahora lo tengo en la mano y me quema. Me quema y me enciende la posibilidad de amplificar, a través de este medio, lo que pienso, lo que siento y que lo vivo en relación a este debate. Un debate que me atraviesa el cuerpo. El mío y el nuestro como sociedad, como colectivo. Porque si hoy estamos debatiendo este tema es porque hombres y mujeres le pusieron el cuerpo a esta causa durante muchos años. Innumerables organizaciones vienen exigiendo desde la restitución democrática una nueva norma que regule las comunicaciones. Y esa batalla a algunos les costó la vida. Como a Mario Bonino.
La ley vigente es un decreto que no sólo formó parte de un aparato genocida sino que sirvió para consolidar un modelo político y económico, modelo de concentración de capitales que se profundizó en la década del ´90 y que permitió la monopolización del espectro radiofónico.
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“El gobierno venezolano pone fin a la inquisición mediática de la corporación”
El Gobierno de Venezuela decidió dar por cerrada 34 emisoras radiales que se encontraban en estado irregular. La medida traspasó las fronteras del país caribeño a través del lobby mediático que tituló la noticia “En Venezuela se limita la libertad de expresión”. Los informes no aclaran que el 78% del espectro radioléctrico venezolano está en manos privadas utilizando el aparato mediatico políticamnete manipulando la información fomentando en numerosas ocaciones la zozobra de los ciudadanos.
Por Alejandro Aymú, periodista e integrante del Departamento de Comunicación del CCC*
¿En que consiste la medida del Presidente Chávez de no renovar la licencia a las 34 radios venezolanas?
El 78% del espectro radioeléctrico nacional está en manos privadas, ellos controlan el espectro radioeléctrico. Son al rededor de 2000 emisoras en Venezuela, 244 estaban irregulares por lo que tienen que ponerse a derecho. El gobierno lo que ha hecho es 1) tratar de poner a derecho emisoras irregulares que están concentradas en su mayoría en Caracas donde se saturan los diales y entonces hay un grupo de emisoras regulares que en muchas zonas de Caracas no se escuchan porque hay emisoras ilegales que están ocupando la frecuencia. 2) coincide que esas emisoras irregulares son fuentes de negocios. No son sólo medios de comunicación sino que son medios con un fin comercial. La otra coincidencia para estas 34 es que todas son antichavistas. De ahí se agarra la Sociedad Interamiericana de Prensa y otros para acusar de que es una medida cohercitiva, estatista contra enemigos o adversarios políticos pero resulta que la realidad es más compeja, de las 244 hay una cantidad menor pero importante por el peso que tiene de emisoras chavistas en estado irregular.
Por ejemplo la cadena de emisoras “Rumberas” es muy importante, varias de las emisoras de esa cadena funcionan bien pero otras son ilegales. 34 emisoras de las 244 fueron informadas para que se pongan a derecho y entonces darles su conseción o no. Estas 34 nunca acudieron a CONATEL, que es como el COMFER de acá, porque son enemigas políticas del gobierno. Al no hacerlo quedan fuera de la Ley por eso se ordena que tienen que cerrar. La más importante es CBN, que es de un empresario muy importante. …Belfort, él es un antichavista. Que lo sea no es el problema, es su derecho, lo que sí es juzgable es que la mayoría, 7 de las 9 emisoras que tiene, están en estado ilegal. Ellos reclaman Ley para una cosa pero no reclaman Ley para sí mismo. Ahí está la contradicción.
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Procesando ...
