Golpe a golpe. 1958/1966
La expansión del cooperativismo de crédito encendió las alertas en los sectores de la banca financiera concentrada. El rol del BCRA y la lucha de las entidades nucleadas en el IMFC.
A poco del inicio del proceso de expansión del cooperativismo de crédito, comenzaron las acciones destinadas a dificultarlo, las que se plasmaron en campañas difamatorias e intentos normativos restrictivos. La primera reacción pública conocida provino de la Asociación de Bancos del Interior de la República Argentina (ABIRA), que envió en 1960 un Memorando al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el que expresaba que «es público y notorio que en el país se desarrollan actividades netamente bancarias, sociedades de crédito que, sin estar autorizadas a funcionar como bancos, reciben depósitos de dinero, que manejan y mueven en forma similar a las cuentas corrientes bancarias.
En consecuencia, por las razones precedentes, estas entidades deben ser sometidas íntegramente al régimen legal bancario o, en caso contrario, deben ser liquidadas». La solicitud se apoyaba en las disposiciones del BCRA impulsadas por la reforma bancaria de 1955, que eran restrictivas para la actuación de las cooperativas de crédito: establecían, por ejemplo, que el BCRA podía declarar sujetas a sus disposiciones sobre política monetaria y crediticia a las empresas de ahorro y capitalización y «a las entidades financieras que actúen como intermediarias del crédito».
Como respuesta, el IMFC presentó un Memorial al Banco Central donde distinguía los fines del cooperativismo y los de la banca privada. A la par, en la provincia de Santa Fe, centro neurálgico en esos momentos del nuevo cooperativismo de crédito, se libraba un enfrentamiento en el terreno fiscal: el ministro de Hacienda, Economía e Industria de la provincia introdujo modificaciones al Código Fiscal para gravar impositivamente a las cooperativas.
En respuesta, el IMFC inició una campaña en apoyo de un anteproyecto de Ley de Fomento del Cooperativismo santafesino que se basaba en declarar «de bien público» a las entidades, por el que estas quedaban exentas de todos los impuestos provinciales y el gobierno se obligaba a facilitarles los trámites de obtención de personería jurídica.
El Instituto organizó también, en abril de 1961, una Reunión Nacional de Cooperativas de Crédito para trazar un Plan de Acción por desarrollar para la difusión, defensa y consolidación del cooperativismo de crédito. Pese a todo, el 3 de agosto de 1961 se dictó un decreto destinado a reglamentar las actividades de las cooperativas de crédito. Sus principales disposiciones eran, entre otras, obligación de inscribirse en un registro denominado «de Entidades Financieras no Bancarias del BCRA» y prohibición de uso en su denominación, documentación y papelería de las palabras «banco», «depósito», «ahorro» u otros términos característicos de las operaciones bancarias. Ante el activo reclamo del movimiento cooperativo encabezado por el IMFC, la reglamentación fue suspendida.
El año 1962 terminó en medio de un nuevo conflicto abierto por la resolución 57/62 de la Dirección Nacional de Cooperativas, que sentaba un precedente contradictorio al ceñir al cooperativismo de crédito a las normas dictadas por el BCRA para los bancos comerciales, al mismo tiempo que se basaba en la Ley de Cooperativas para recortar el porcentaje de interés que las cajas de crédito podían cobrar a sus asociados, lo que les generaba una imposibilidad de competir con aquellos. Ante esto, el Instituto sugirió a las cooperativas preexistentes no aplicar la normativa mientras encaraba un amplio plan de lucha.
Nuevo escenario
Algunas cosas cambiaron tras las elecciones celebradas en setiembre de 1963, en las que había triunfado la fórmula encabezada por Arturo Illia y Carlos Perette, activo defensor del cooperativismo. Para reforzar sus reclamos, el IMFC convocó, en junio de 1963, a la Primera Asamblea Nacional de Cooperativas de Crédito para tratar la resolución 57/62 de la Dirección Nacional de Cooperativas, considerada lesiva para el desarrollo de las cajas de crédito. Esta impulsó la creación de una Comisión Permanente Nacional Pro-Defensa del Cooperativismo, constituida por representantes de cooperativas de todas las actividades y de todo el país. En el acto en conmemoración del Día Internacional del Cooperativismo, realizado en la ciudad de Buenos Aires el 19 de julio, intervinieron, entre otros, Illia y Perette, expresando públicamente su apoyo al movimiento.
El 30 de julio de 1964, sin embargo, el Banco Central sancionó las «Normas básicas aplicables a las entidades financieras no bancarias», donde definía a las cooperativas como «personas de existencia visible o ideal que, sin ser bancos, recurran al ahorro público o al mercado de capitales de cualquier naturaleza, modalidad y denominación», aclarando que «recurren al ahorro público quienes reciben o soliciten en forma pública o colectiva fondos de terceros para su empleo en actividades de financiación». También explicitaba que las cooperativas «no podrán abrir y mantener, como depositarias, cuentas de efectivo que participaren de la naturaleza de la cuenta corriente bancaria. Y determinaba, nuevamente, que las entidades no usaran en su denominación, documentación, papelería y propaganda, las palabras banco, depósito, cuenta corriente, cheque y sus derivadas». Esto tampoco fue acatado por el IMFC, que pronto denunció las medidas y sostuvo reuniones con funcionarios nacionales para defender su actividad.
En junio de 1965, el Banco de la Nación Argentina dispuso prohibir a su clientela la negociación de cheques librados por cooperativas de créditos sobre sus cuentas corrientes de otras plazas, la supresión para las cooperativas de una serie de servicios que el banco tenía habilitados y dejar sin efecto disposiciones que autorizaban a las cajas de crédito para actuar en carácter de corresponsales del Banco. Un mes después, el Banco anunciaba la deter-minación de cerrar las cuentas corrientes de las que fuesen titulares cooperativas de crédito.
Una vez más, la respuesta fue rodearse de organizaciones sociales, instituciones y personalidades para defender la continuidad de la experiencia cooperativa. Cámaras de diputados provinciales se expidieron a favor de apoyar al movimiento y se organizaron actos masivos. En setiembre de 1965, ABRA decidió solicitar a todos los bancos que cerraran las cuentas corrientes de las cooperativas de crédito. A esto le sucedieron meses de campañas de prensa contra las entidades nucleadas en el IMFC, basadas fundamentalmente en la «acusación» de izquierdismo de sus dirigentes y de estructurar las actividades del movimiento cooperativo en función de intereses ajenos a los de sus asociados.
Más restricciones
El 4 de noviembre de 1965 nuevas normas del BCRA establecieron una vez más que tanto las cooperativas de crédito como las secciones del mismo rubro de las cooperativas de consumo, de producción, de trabajo, entre otras, deberían inscribirse en el Registro de Entidades Financieras no Bancarias, quedando al arbitrio del Central su aceptación o no. El IMFC estructuró nuevamente una estrategia de alianzas con organizaciones y sectores de la sociedad civil, así como con aquellas esferas del Estado sensible a las demandas del movimiento. Paralelamente, apeló a la movilización de los asociados de las cajas de crédito. El 3 de noviembre se realizó un multitudinario acto en el Club Atlanta de Buenos Aires. Al día siguiente, sus directivos fueron recibidos en audiencia por el presidente de la República y el 9 de diciembre, por resolución de presidente Illia, el directorio del Banco Central recibió a los integrantes del Consejo de Administración. A fines de enero de 1966, y luego de gestiones del ministro de Economía de la Nación, el BCRA accedió a la suspensión solicitada «hasta tanto finalicen los estudios de las diversas sugestiones tendientes a solucionar el problema del cooperativismo de crédito». Meses después, el gobierno de Illia fue derrocado por la dictadura de Carlos Onganía y dio inicio a un nuevo capítulo, aún más difícil, en la historia del cooperativismo de crédito.
Extracto del texto «BCRA y cooperativismo de crédito. Una relación conflictiva» (2008), de Daniel Plotinsky.
Revista ACCION. Segunda quincena, febrero 2017.
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